Participación y poder: de la legitimación al conflicto
| Autor | Pedro Ibarra |
| Páginas | 37-55 |
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El esfuerzo clarificador resulta inexcusable. La palabra «participación» encubre cada vez más -y más diferentes- conceptos; y cada vez más -contrapuestos y diferentes- intereses y estrategias políticas y sociales.
Las propuestas y demandas de participación surgen desde muy diversos frentes:
Sin duda el principal es el que proviene de la reflexión política directa. La de analistas, políticos y partidos o grupos políticos que critican la actual democracia y proponen nuevas formas de participación política; genéricamente se mueven en torno a la demanda de democracia participativa.
Pero también esta exigencia de participación proviene de otras filosofías sociales, de otros discursos emancipadores. Así, por ejemplo, desde el ecologismo, desde el desarrollo sostenible, se formula la exigencia de la participación ciudadana en la deliberación sobre cómo construir un mundo sostenible. Y la teoría de desarrollo humano afirma que uno de lo indicadores centrales de un auténtico desarrollo es el que hace referencia a la participación de pueblos y ciudadanos en la autodeterminación de su reivindicaciones y necesidades.
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¡Hasta el Banco Mundial habla de las bondades de la participación! Sin duda, esta institución no pretende empoderamientos populares (sólo busca más eficacia y eficiencia en la implementación de sus proyectos sociales) pero también, sin duda, ejemplifica que la participación «está de moda».
Cruzándose y mezclándose con las mencionadas perspectivas, están, además, aquellas propuestas que atienden más al sujeto, al quién en el protagonismo colectivo del proceso de participación.
Aquí deben incluirse no sólo los debates que desde el enfoque multiculturalista demandan poder especifico, participación cualificada para las culturas / comunidades diferenciadas dentro de los Estados Nacionales, sino muy particularmente a todas las demandas de autonomía de las comunidades indígenas; de cómo estas buscan participar como un sujeto distinto en la elaboración de las políticas nacionales.
Viejos y nuevos movimientos sociales demandan para sí participación en los nuevos espacios y redes públicas, en la gobernanza. Y finalmente los ciudadanos de a pie son apoyados desde la creciente literatura republicana; aquella que reclama para el ciudadano el ejercicio de la virtud cívica, su presencia en los foros públicos donde se dilucida el interés general1.
Todas estas propuestas constituyen el lecho sobre el que construiremos nuestras definiciones y alternativas. En ellas están muchas de estas opciones estratégicas. Pero no expresamente. Queremos construir modelos y genéricas líneas de intervención sin estar limitados por una filosofía participativa específica. Tampoco esto quiere decir que nos estemos inventando una teoría de la participación. Sólo se pretende ordenar y «depurar» lo que hay.
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Por otro lado, la exigencia clarificadora no sólo tiene motivos, sino que también, como apuntamos, tiene un valor funcional. Si las propuestas de participación política son respuestas a determinadas carencias, a determinados agravios o injusticias, es evidente que la concreta propuesta de participación que se formule dependerá de la específica carencia que consideremos relevante.
- Así, y como veremos, si el problema que preocupa a aquellos que demandan participación política es la ausencia de legitimación de determinadas instituciones políticas (o de determinados políticos o políticas), presentarán como ideales unos procesos participativos que traten de paliar tal o tales deslegitimaciones.
- Si, por el contrario, lo que se rechaza es la falta de soberanía operativa individual o de grupo social en el ejercicio o co-ejercicio de los procesos de decisión política, lo que se considerará más adecuado será la puesta en marcha de otras fórmulas de participación que nada tienen que ver con las formulas dadas para mejorar las insuficiencias en legitimación política.
Podríamos así afirmar que lo relevante a la hora de comparar las distintas propuestas participativas es, sobre todo, conocer los problemas que se tratan de solucionar a través de tales propuestas.
Antes de introducirnos directamente en los procesos causales de las estrategias participativas, podemos entenderlos mejor contemplando el espacio -institucional, social- donde surge la propuesta o demanda participativa.
En este sentido, podemos distinguir dos grandes procesos: participación por invitación y participación por irrupción.
En la participación por invitación son las instituciones políticas públicas las que ponen en marcha procesos de participación, invitando a ciudadanos y grupos sociales a incorporarse a los mismos.
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La iniciativa es, evidentemente, institucional y puede tener dos objetivos:
- Conseguir la legitimación de una determinada política pública que se pretende implementar. En la medida en que vecinos, asociaciones, grupos ciudadanos, etc., participen en la definición de esa política, la misma, en su fase ejecutiva, será presentada por las autoridades como entendida, apreciada y asumida por la población. Como legítima.
Aunque resulte obvio, conviene recordar que dichos mecanismos participativos legitimadores también están dirigidos a legitimar la imagen de autoridades y políticos en general, al margen de las concretas políticas públicas afectadas por los procesos de legitimación elegidos.
- Sin embargo, también resulta posible (y de hecho así se da en ocasiones) que el proceso participativo puesto en marcha por la institución política correspondiente tenga como objetivo la propia participación. Dicho de otra forma, que la política pública sea una política pública de participación. En tal caso, lo que se buscará es que, al hilo del debate de una específica política pública, ciudadanos y grupos sociales adquieran, en la práctica, más conciencia, capacidades y poder decisorio.
En la segunda opción, el sujeto impulsor y eventualmente protagonista es la sociedad civil; o, más exactamente, determinados colectivos, grupos o redes que se afirman como autónomos de las instituciones y que exhiben una decidida voluntad de poder y exigencia de transformación social.
En este supuesto, estos grupos irrumpen en el espacio público, definen procesos de participación y establecen condiciones para la presencia en los mismos de instituciones políticas o políticos.
Más adelante veremos cómo uno u otro protagonismo en la puesta en marcha suele corresponderse con unos y otros conjuntos de causas determinantes de las distintas opciones participativas.
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Sin embargo, ahora queríamos resaltar dos aspectos que nos resultarán útiles para esa ulterior reflexión.
En primer lugar, una u otra iniciativa (invitación o irrupción) están orientadas por la presencia y la actividad de la otra parte.
Así, considerando la estrategia de la irrupción, resulta impensable el surgimiento de un movimiento social protagonista radicalmente desvinculado de la actividad, discurso, o específica propuesta política de la correspondiente institución política.
Toda acción social colectiva dirigida a la exigencia de articular un proceso participativo transformador tiene como referencia, en mayor o menor grado, la acción (o la omisión) de una institución política; y, en consecuencia, tanto su surgimiento como grupo, como su propuesta de participación está, en mayor o menor grado, marcado por ese quehacer (o no hacer) de la institución política.
Si invertimos el proceso y consideramos el liderazgo o invitación de la institución pública, el resultado es parecido. La propuesta participativa hecha por la institución política estará influenciada y marcada por el grado de conciencia y movilización de ciudadanos y grupos sociales a los que va dirigida la propuesta.
En segundo lugar, esta interrelación obliga a matizar los análisis que en cada momento tengamos que hacer de los diversos procesos causales.
En la práctica, nos encontraremos con que las causas reales del desencadenamiento de un proceso participatorio casi nunca son «puras» y excluyentes, aún cuando sea evidente de quién es el protagonismo, quiénes son los actores promotores.
Los grupos sociales promotores no podrán evitar tener en cuenta (otra cuestión es la relevancia que se les dé) los intereses de las instituciones políticas cuyo espacio político decisorio tratan de invadir y compartir, y las administraciones públicas promotoras inevitablemente tendrán que incorporar a su estrategia los anhelos y conciencias colectivas de los diversos actores sociales invitados.
La política es sobre todo relación. La política -y avanzamos una reflexión posterior-...
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