Participación ciudadana y capital social en el País Vasco

AutorRafa Ajangiz
Páginas283-297

Page 283

Tenemos buenas razones para promover la participación ciudadana en la definición e implementación de las políticas públicas. Para empezar, la participación tiene, en sí misma, un valor educativo; no hace falta remontarse a Rousseau o Tocqueville para argumentar que participar es la mejor escuela de ciudadanía. En segundo lugar, la participación puede aportar múltiples valores añadidos a la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas. La creciente complejidad de los asuntos públicos se resuelve mejor entre todos y todas: mejora la calidad de la información, la capacidad de diagnóstico, la identificación de alternativas, de métodos y formas para llevarlas a la práctica y, lo que resulta aún más interesante, la corresponsabilización de la ciudadanía en la implementación de esas políticas y la sostenibilidad de sus productos. En tercer lugar, políticamente hablando, es mucho más responsable -y democrático- incorporar a una ciudadanía cada vez más formada y competente si de verdad queremos navegar con soltura y tino en estos tiempos de riesgo e incertidumbre que tan bien ha descrito Beck (1998).

A todo ello debe añadirse que la participación ciudadana puede convertirse en un buen remedio para el desasosiego o desafección democrática que afecta a la salud de todas las democracias occidentales y se traduce en un creciente aburrimiento, escepticismo e incluso cinismo sobre las virtudes de la democracia y las instituciones representativas. Las encuestas sitúan a los partidos políticos entre las instituciones menos valoradas y los ciudadanos y ciudadanas suspenden sistemáticamente a casi todos sus líderes. Y lo que es peor, asistimos ya a una progresiva caída de la participación electoral con dimensiones muy preocupantes en el ámbito local, que es precisamente donde podría darse una cercanía mayor entre representante y representados. Esta situación, recogida en el Informe del Comité Director para la Democracia Local y RegionalPage 284 del Consejo de Europa (2002), ha empujado al Comité de Ministros del Consejo de Europa a recomendar diversas medidas para promover la participación de los ciudadanos en la vida pública en el ámbito local (Rec 2001/19).

Esta recomendación no hace sino refrendar la reacción existente en muchos países europeos para remediar esta crisis (Pino y Colino, 2003). Uno de los ejemplos más representativos es el Reino Unido. Con una participación en las elecciones locales por debajo del 40%, su gobierno decidió hace diez años poner en marcha un ambicioso plan de participación ciudadana en las políticas públicas locales; de alguna manera, ha entendido que los problemas de la participación se resuelven con más participación. Este impulso institucional ha tenido como resultado la generalización de mecanismos y experiencias de participación en todo el país (Birch, 2002); la participación ciudadana es hoy una política pública de primer nivel desarrollada por la poderosa Oficina del Vice-primer Ministro.

Este impulso institucional tiene otra motivación conexa, la de reactivar un capital social cuyo declive está afectando negativamente a la eficacia misma de las políticas públicas en general y, muy especialmente, de las políticas que vertebran el Estado de Bienestar. En un contexto de creciente dominio de los intereses particulares de las personas en relación a la construcción comunitaria del interés general y, sobre todo, de distanciamiento y magra colaboración con los servicios públicos, no sólo resulta complicado satisfacer a esa mayoría que resulta imprescindible para el sostenimiento de esas políticas sino que, además, cuesta cada vez más mantener la calidad mínima exigible para esos servicios; el objetivo de best valué (for equal cost) resulta inalcanzable.

Era, es necesario recuperar las virtudes cívicas de antaño, recuperar a la ciudadana y ciudadano republicanos, concernidos por lo público, capaces de anteponer los intereses de la comunidad a los suyos propios, y dispuestos a comprometerse, a poner de su parte y de su tiempo para su logro. Esta voluntad institucional de renovar la ciudadanía y el capital social, de construir sociedad en suma, y hacerlo con, a través de la participación ciudadana, reifica la función capacitadora de las instituciones públicas (enabling state) en el nuevo contexto de gobernación o aceptación de un gobierno y gestión compartida entre distintas instancias públicas y privadas de los bienes y servicios de interés público.

Un ejemplo de esta misión capacitadora es la herramienta CLEAR de evaluación de la política pública de participación ciudadana. EstaPage 285 herramienta parte del supuesto de que esta política pública gana en eficacia cuando: a) la ciudadanía puede (can do), tiene las competencias y habilidades necesarias para participar; b) la ciudadanía quiere participar (like to), se siente implicada, motivada, concernida por el interés común de la comunidad o lugar; c) la ciudadanía tiene oportunidad de participar (enabled to), existen medios y espacios para ello; d) se pide (asked to) a la ciudadanía que participe, individual o colectivamente, en esos espacios; y e) existe devolución (responded to), la ciudadanía comprueba que su participación ha sido tenida en cuenta y ha servido para cambiar o mejorar las cosas (Lowndes et alii, 2006). Nótese que todas estas acciones lo son desde el punto de vista de la institución o administración pública, que corresponde a ésta eliminar las barreras que impiden su desarrollo efectivo: formar, educar (educación para la participación); motivar, crear comunidad e identidad colectiva (desarrollo comunitario); ofrecer espacios y estructuras de participación (información, servicios de proximidad, mecanismos...); recabar proactivamente la participación (convocatorias, animación sociocultural...); y devolver (rendición de cuentas). Podrá contar para ello con la sociedad civil, pero en última instancia, y en el mejor de los casos, es la institución pública quien lleva el timón.

1. Capital social en el País Vasco

Esta misión capacitadora de las instituciones públicas choca inicialmente con la idea que tenemos, especialmente en el País Vasco, de que la nuestra es una sociedad de orientación comunitarista, bien vertebrada organizativa y reticularmente, con buenos índices de capital social. Putnam (2002) define capital social como «la densidad de las redes sociales y las normas de reciprocidad y confianza asociadas a ellas». Esta definición da lugar a cuatro dimensiones operacionalizables, dos se refieren a la base organizativa de la sociedad -asociacionismo formal vs. informal; lazos o relaciones fuertes vs. débiles-, y las otras dos al ámbito normativo de la reciprocidad y confianza -orientación externa vs. interna; homogeneidad vs. heterogeneidad-.

En general, los datos confirman -un ejemplo podría ser Mota y Subirats, 2000- que el País Vasco puntúa muy alto en asociacionismo formal de orientación externa, es decir, que la ciudadanía de este país destaca por apuntarse a aquellas asociaciones y grupos que defiendenPage 286 intereses de tipo público o general, persigue bienes para todo el mundo y no sólo -orientación interna- para sus miembros. Algunas personas advertirán, con razón, que no es oro todo lo que reluce y que ese tipo de capital social no va a más sino a menos. Efectivamente, existen signos que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR