El papel de la Economía Social y el proceso de desarrollo del Plan Europeo de recuperación económica

Afinales del mes de noviembre de 2008, la Comisión Europea lanzó el Plan de Recuperación Económica¹para una Unión Europea que vivía sacudida por los temores de un colapso del sistema bancario europeo y por una reducción de la actividad económica que se traducía y traduce en la destrucción de empleo. Uno de los objetivos de este Plan fue estimular la demanda y aumentar la confianza de los consumidores. Las conductas temerarias e irresponsables de varias entidades bancarias que, a la postre, se han revelado como las causantes de la crisis global que aún nos afecta, hacía necesario que el Plan pusiera las bases para mejorar la reglamentación y, sobre todo, la supervisión de las entidades financieras, tanto en Europa como en todo el mundo².

El Plan se centra además en poner los medios para detener la pérdida de empleos y en emprender las reformas estructurales de apoyo a la innovación y a la economía del conocimiento, «para que la economía europea se adapte a las exigencias de la competitividad y las necesidades del futuro», que son objetivos de la Estrategia de Lisboa.

Asimismo, el Plan incluye dentro de su agenda de crecimiento y empleo de la Unión Europea una apuesta por la lucha contra el cambio climático y por la seguridad energética mediante el fomento del uso de nuevas tecnologías, la creación de nuevos empleos «verdes» y la apertura de la economía europea hacia nuevas oportunidades en los mercados mundiales.

El Plan Europeo de Recuperación Económica se ha ido desarrollando e implementando a través de la acción coordinada de los Estados miembros, los cuáles han adoptado paquetes de medidas de acuerdo con la estrategia establecida en el Plan y también en otros foros económicos internacionales. Las respuestas a esta crisis mundial han requerido una reacción global no sólo en el seno de la Unión Europea sino también de ésta en coordinación con las Organizaciones internacio-Page 124nales, como por ejemplo la OCDE y la OIT, dentro del G-20, con países como Estados Unidos y también otras economías emergentes.

Las demás Instituciones Europeas como el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo han ido verificando el estado de situación de este Plan y su impacto en la denominada «Economía Real». El 24 de marzo de 2009 el Comité Económico y Social Europeo, como órgano consultivo de la Unión Europea, afirmaba en su dictamen sobre «Un Plan Europeo de Recuperación Económica» que «la economía social (–) se caracteriza por ofrecer respuestas innovadoras a las necesidades sociales, conjugando rentabilidad y solidaridad, generando empleos de calidad, reforzando la cohesión social y territorial, vinculando producción y desarrollo sostenible; potenciando, en definitiva, el ejercicio de la ciudadanía activa y de la responsabilidad social empresarial. Todos esos atributos, que hoy se tornan en elementos indispensables para superar la actual situación de crisis sistémica, hacen preciso otorgar a los agentes de la economía social un papel relevante en la gestión de la crisis y, por otra parte, obligan a la Comisión a incorporar en sus políticas y programas el impulso efectivo de este modelo social de iniciativa ciudadana».

En estas breves líneas se condensa el papel que las empresas de la Economía Social pueden jugar y juegan en la consecución del Plan de Recuperación Económica. Desde su puesta en marcha a finales del año 2008, este Plan ha sido un elemento clave para hacer frente a una situación de crisis económica sin precedentes desde la sufrida en el año 1929. Un Plan de respuesta de la Unión Europea que va a requerir el 5% del PIB durante los años 2009 y 2010.

La situación de dificultad que seguimos atravesando debe permitir abrir una reflexión no sólo, sobre las respuestas coyunturales que los Estados y las Instituciones internacionales deben adoptar para solucionar los problemas inmediatos, como ha sucedido con la inyección de dinero público en determinadas entidades bancarias para evitar su quiebra. Esta crisis debe servir para plantear el modelo de crecimiento económico y social que se desea para nuestras sociedades.

Este es un debate de mayor calado y de futuro que además llega en un momento especialmente importante en la construcción de la Unión Europea. Dos hechos van a marcar la agenda más inmediata de la Unión Europea. Por un lado asistimos a la supuesta ratificación del «Tratado de Lisboa» que debería servir para incrementar el papel político y económico que Europa quiere jugar como actor global. Y en 2010 se abre el debate sobre el futuro de la «Estrategia de Lisboa», que no ha obtenido los resultados esperados pero que sin duda ha contribuido a construir una Europa basada en la cohesión social. En este debate la Economía Social aporta sus propios modelos y soluciones, contribuyendo a varias de las prioridades establecidas por el Plan Europeo de Recuperación.

La Economía Social es una realidad incuestionable en la sociedad española y en la Unión Europea. En España se calcula que existen casi 48.000 empresas de todos los tamaños, que van desde grandes grupos empresariales a microempresas que están presentes en todos los sectores económicos. En 2008 la Economía Social facturó 115.069 millones de euros (10% PIB), representando el 12,4% de la población ocupada. En la Unión Europea la Economía Social representa el 10 % del conjunto de las empresas europeas, es decir, 2 millones de empresas que suponen un 6 % del empleo total (20 millones de personas).

Más allá de estos datos cuantitativos, lo realmente relevante de la Economía Social son los valores que priman en la gestión dePage 125estas empresas. Las empresas de Economía Social es una forma de emprender que, en equilibrio con criterios de competencia y competitividad, integra los valores de:

- Organización democrática.

- Primacía de la persona por encima del capital.

- Reparto de beneficios/resultados con criterios colectivos.

- Solidaridad con el entorno.

- Provocadora de cohesión social.

En España las Cooperativas, las Sociedades Laborales, las Mutualidades, las Empresas de Inserción, los Centros Especiales de Empleo, las Cofradías de Pescadores y las Asociaciones del sector de las personas con discapacidad responden a estos criterios. Sin embargo, para comprender el concepto de Economía Social no debe tomarse sólo en consideración la figura jurídica que puede adoptar la empresa, sino sobre todo la forma de actuar en el mercado, en la sociedad y en la economía de acuerdo con los valores señalados.

En la Economía Social resulta determinante el hecho de que estas empresas nacen de la acción colectiva de las personas para reaccionar solidariamente frente a los problemas sociales. Son empresas que se basan en el espíritu emprendedor y en la participación de las personas en la gestión de un proyecto económico ofreciendo una solución a un problema común y compartido, ya sea el acceso a un empleo o a un servicio básico. Y este planteamiento tiene sus consecuencias. En el modelo de empresa de Economía Social el riesgo es compartido entre todos los que se embarcan en un proyecto, trasladando a todos por igual el fracaso o el éxito. Esta forma de emprender es muy diferente de algunos planteamientos empresariales en los que cuando hay beneficios, estos se privatizan, pero cuando hay pérdidas, éstas se colectivizan lo cuál se traduce en el despido de trabajadores o en recortes sociales.

La diferencia fundamental de estas empresas con las tradicionales se basa en que en la Economía Social se gestiona de acuerdo con un espíritu democrático, lo que traslada una connotación de colectividad, de solidaridad, de implicación y de creatividad. Son estos valores que hacen aún más importante a esta forma de hacer empresa que es la Economía Social, en estos momentos de crisis económica, financiera y, también, de carencia de acceso al trabajo.

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) es la máxima entidad representativa de los intereses de la Economía Social en el Estado Español. CEPES se constituye en 1992 y es una confederación de ámbito estatal, cuyo carácter intersectorial la convierte en la máxima institución representativa de la Economía Social en España, constituyéndose como una plataforma de diálogo institucional con los poderes públicos.

CEPES, como organización aglutinadora de las diversas actuaciones económicas existentes bajo el concepto de Economía Social, integra a 26 organizaciones³. Todas ellas sonPage 126confederaciones estatales o autonómicas y grupos empresariales específicos, que representan los intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades, Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo de personas con discapacidad y Cofradías de Pescadores, con más de 200 estructuras de apoyo a nivel autonómico.

CEPES existe como portavoz único, integrador y vertebrador de todas las organizaciones confederadas; se define como un agente económico y social, que actúa en el mercado y repercute en la sociedad con su actuación, con personalidad propia y defendiendo un modelo de empresa, con valores específicos propios.

La filosofía de trabajo de CEPES es promover la acción unitaria de las diferentes formas de Economía Social, de manera que ésta tenga capacidad para exponer su punto de vista en la definición de políticas públicas. Por ello la misión de CEPES, y así se recoge en su Plan Estratégico, es:

- Ser la Organización representativa de la Economía Social en España, referente indiscutible, integrador y portavoz de las inquietudes y propuestas, al tiempo que agente central de su visibilidad y reconocimiento.

- Un factor dinamizador de esta específica realidad empresarial en España. Interlocutor válido y sistemático ante los Poderes Públicos para la construcción de Políticas Públicas.

- Impulsor de esta forma de hacer empresa en la Unión Europea, así como en Latinoamérica y el mediterráneo.

Las Instituciones Comunitarias vienen prestando cada vez más atención a la Economía Social. El Parlamento Europeo considera que la Economía Social es una de las piedras angulares del modelo social europeo⁴ y ha manifestado que es un agente clave para el logro de los objetivos de la Estrategia de Lisboa⁵ puesto que contribuye a rectificar desequilibrios fundamentales del mercado de trabajo: desempleo, inestabilidad en el trabajo y exclusión de los desempleados. El Parlamento ve en la Economía Social un actor que permite mejorar la empleabilidad y la creación de empleos que normalmente no se deslocalizan. También ha destacado su capacidad para apoyar el empleo femenino, así como el establecimiento de servicios asistenciales y de proximidad (como servicios sociales, sanitarios y de previsión social), la creación y mantenimiento de tejido social y económico, contribuyendo así al desarrollo local y a la cohesión social.

Son estos algunos de los factores que el sector empresarial de la Economía Social aporta a la recuperación de la confianza en los mercados y a la definición de un crecimiento fuerte, sostenido y equilibrado⁶, basa-Page 127do en la transparencia, la innovación, la creación de empleo y el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad, tal como se acordó en la Cumbre del G-20 del pasado mes de septiembre de 2009.

En España, que participó en esta Cumbre, también se ha abierto un debate similar al respecto. En el debate sobre el Estado de la Nación del pasado mes de mayo de este año, el Presidente del Gobierno de España llamó a la Economía Social a participar más intensamente en la definición de un nuevo modelo productivo. Desde CEPES se ha respondido a este llamamiento y se ha trasladado al Gobierno diferentes propuestas y aportaciones con el fin de ser parte de la solución, lo cuál implica también contribuir a los objetivos del Plan Europeo de Recuperación Económica.

La Economía Social es un actor social y económico que está presente en todos los sectores económicos. Si bien existen grandes grupos, el tejido empresarial de la Economía Social está mayoritariamente compuesto por PYMES que carecen por lo general de recursos para hacer frente a esta situación compleja. Estas empresas requieren por tanto de medidas específicas de apoyo que desde CEPES se han enviado al Gobierno con el objetivo de frenar la destrucción de empresas y empleo.

En el mes de septiembre año 2008 CEPES fue una de las primeras organizaciones en presentar al Gobierno español una batería de medidas para paliar la crisis en empresas de Economía Social que ha golpeado virulentamente a nuestro sector en España. Hasta el año 2007 la Economía Social había dado pruebas de su buena «salud» generando empresas (3.000 empresas entre los años 2004 a 2007) y empleo (325.000 empleos en el mismo período). Esta tendencia se invirtió radicalmente durante el año pasado, destruyéndose empresas en la Economía Social en menor intensidad que en el resto de los sectores, pero con un impacto negativo. Por primera vez en 20 años se calcula que cesaron su actividad en el 2008 un número importante de empresas de Economía Social (5.568 empresas) y se perdieron más de 46.600 empleos. A pesar de ello, también debe destacarse que la Economía Social ha sido un actor generador de empleo en España. Durante 2008 y el primer trimestre de 2009 la Economía Social había sido capaz de crear 3.108 nuevas empresas y 20.430 empleos. El Balance es por tanto más optimista y la empresa de Economía Social sigue siendo una «fórmula atractiva para el emprendedor». Además, la facturación de las empresas españolas de Economía Social en el 2008 se ha incrementado en un 13,30% con respecto al período anterior.

En septiembre de 2008 las primeras medidas propuestas por CEPES se centraron especialmente en facilitar el acceso al crédito. En concreto se proponía incentivar a las entidades financieras a reducir el exceso de garantías exigidas o a promover alternativas de financiación mediante créditos blandos (préstamos a largo plazo, fondos de inversión empresarial o capital riesgo...) para sus proyectos de calidad, modernización y expansión. La firma de un Convenio entre los Ministerios de Industria y de Trabajo e Inmigración de España para la puesta en marcha de un programa de asistencia financiera para las empresas de Economía Social ha sido uno de los instrumentos creados para facilitar la incorporación de socios en las cooperativas y sociedades laborales. Estos préstamos se conceden bajo condiciones más favorables que las del mercado financiero. De ellos se pueden beneficiar las PYMES de Economía Social que incorporen a desempleados que se acojan a la modalidad de pago único de la prestación por desempleo.

Asimismo, y en lo que se refiere a la promoción del espíritu empresarial en Europa talPage 128como establece el Plan de Recuperación, no sólo deben reducirse las cargas administrativas para las PYME y las microempresas. También se debe procurar a las empresas de la Economía Social condiciones de equivalencia competitiva y de fomento, similares con las otras empresas⁷, que les permitan desarrollar sus actividades. En particular, CEPES propuso medidas que permitieran a las sociedades cooperativas tener un tratamiento contable y fiscal que tenga en cuenta la naturaleza de este tipo de sociedades, así como una comparabilidad con el resto de empresas que actúan en el mercado. De manera que no se provoque una desmotivación en la creación y mantenimiento de este tipo de sociedades. En concreto se ha solicitado al Gobierno español la aplicabilidad de la reducción de 5 puntos en el Impuesto de Sociedades a las empresas cooperativas que creen y/o mantengan el empleo, tal y como se ha previsto para el resto de sociedades.

Asimismo, sería conveniente generar sistemas fiscales que favorezcan la concentración empresarial así como la creación y la continuidad de las empresas de Economía Social, para fomentar la acumulación de capital o para impulsar la creación de empresas, primando legal y fiscalmente la autofinanciación. A este respecto, la Comisión Europea ha lanzado la iniciativa de instaurar un nuevo instrumento de micro-financiación para el empleo y la inclusión social de los desempleados y de los grupos más desfavorecidos de Europa, como los jóvenes, a través de las microempresas y la Economía Social. Esta iniciativa está en línea con el apoyo a la creación de nuevas empresas de Economía Social generadoras de empleo, mediante una política de incentivos a la inversión para empresas formadas principalmente por colectivos que presentan dificultades de acceso al mercado laboral. Sin embargo, desde CEPES se considera que de este tipo de medidas deben beneficiarse junto a los jóvenes o desempleados mayores de 45 años, los colectivos de mujeres, las personas con discapacidad, los inmigrantes y los parados de larga duración.

Los mecanismos de acompañamiento a los emprendedores son también necesarios de manera que se facilite asesoramiento técnico, la actualización profesional intensiva y la mejora de cualificaciones, tal como se prevé en el Plan de Recuperación Económica de la Comisión.

A nivel estatal, también sería relevante la puesta en marcha de bonificaciones temporales de las cuotas de la Seguridad Social a las cooperativas por la incorporación de trabajadores por cuenta ajena como socios indefinidos, haciendo por tanto atractivo al emprendedor la participación en estos tipos de empresas de Economía Social.

A lo largo de 2009 los efectos de la crisis se han traducido en un incremento constante del nivel de desempleo, que se ha pasado de dos millones de personas a finales de 2007 a alcanzar los cuatro en la recta final del año 2009. En mayo de este año, CEPES presentó una nueva batería de medidas para el mantenimiento y creación de empleo, así como otras de carácter fiscal, económico y legislativo. Alguna de las propuestas se ha concretado en la adaptación de medidas legislativas. Es el caso de la eliminación del plazo de 24 meses para poder percibir la capitalización por desempleo para entrar a formar parte como socio de una cooperativa o de una sociedad laboral, tal como se prevé en el Real Decreto de medidas urgentes de empleo destinado a autónomos, cooperativas y sociedades laborales aprobado el mes de agosto de este mismo año. Junto a esta medida, la segunda bateríaPage 129de medidas enmarcaba otra serie de propuestas que abarcaba tres grandes aspectos:

1. Dentro de las medidas para el mantenimiento y la creación de empleo destacan:

   - La aplicación efectiva de la cláusula social para acceso a los concursos públicos basados en compromisos efectivos. (creación de empleo, desarrollo local, redistribución de los excedentes, –). En concreto se plantea la reserva a centros especiales de empleo de personas con discapacidad del 6% de los contratos del sector público, con arreglo a la disposición adicional séptima de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

   - La ampliación a otros tipos de cooperativas de la posibilidad de afiliarse al Régimen de Autónomos. Hoy únicamente se pueden afiliar las Cooperativas de Trabajo Asociado y las Comunidades de la Tierra.

   - Permitir la contratación de trabajadores por las cooperativas agrarias que presten labores agrarias en las explotaciones de sus socios agricultores.

   - Flexibilizar la aplicación de los presupuestos transferidos a las CC.AA., destinados a creación de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo para que puedan ser destinados al sostenimiento de los mismos.

   - El lanzamiento de subvenciones públicas para la contratación de trabajadores en inserción.

   - Eliminar la restricción para la aplicación del Contrato temporal de fomento de empleo para aquellas personas que durante los 24 meses anteriores a su entrada en la empresa de inserción hayan tenido algún tipo de contrato de trabajo.

   - Implantar medidas de impulso a la actividad económica en el sector del transporte por carretera; potenciar el papel de las empresas de la Economía Social en el sector de la dependencia y en el de «0 a 3 años».

2. Medidas de carácter económico y financiero:

   - Aplicación lineal en el régimen fiscal de las cooperativas de todas aquellas deducciones que se aplican para el resto de empresas.

   - Aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social y de impuestos, sin recargos y durante un periodo de un año, para empresas en situaciones de crisis.

   - Apertura de una nueva Línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) cuyo objetivo sea financiar el capital necesario para que un socio pueda requerir para aportar el capital social necesario a la empresa.

   - Garantizar hasta el 90-100% los avales concedidos por las Sociedades de Garantía Recíproca; desbloquear la restricción en la contratación de pólizas de seguros que están experimentando las cooperativas agrarias.

   - Incremento de la subvención del coste salarial del 50% al 75% del Salario Mínimo Interprofesional en los Centros Especiales de Empleo.

   - Agilizar el pago de las subvenciones públicas a los Centros Especiales de Empleo de personas con discapacidad.

3. Medidas de reforma legislativa:

   - Analizar las reformas legislativas necesarias en las distintas leyes, de cada «familia» de la Economía Social, de tal forma que se modifiquen para mejorar su competitividad y viabilidad.

   - Aprobación de la Ley de Economía Social.

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   La actitud de la Economía Social sigue siendo propositiva y proactiva para aportar soluciones. Como se ha indicado, la Economía Social puede aportar estas soluciones gracias al modelo de empresa que representa. Desde CEPES se ha vuelto a insistir en la necesidad de reforzar las medidas a favor de la Economía Social que se resumen en las siguientes propuestas:

   - Desarrollar planes de recuperación empresarial en empresas de Economía Social con dificultades o que actúen en sectores en crisis, o en un mercado más tradicional y competitivo, con el fin de evitar que puedan quedar sin trabajo los emprendedores y de suavizar la sensación de fracaso, especialmente en el medio rural por sus negativas repercusiones en el desarrollo de la capacidad de emprender.

   - Potenciar el desarrollo de empresas de Economía Social en sectores emergentes, como el de las personas dependientes o el sector de 0 a 3 años, apostando por la educación y la formación como vector estratégico clave de futuro y por la inversión en I+D+i como factor de mejora de la calidad y prosperidad de los servicios y productos a través de los polos tecnológicos de innovación o de las Universidades.

   - Abrir nuevas líneas de financiación para facilitar el acceso de las empresas al crédito.

   - Trabajar en las modificaciones legislativas necesarias para el desarrollo de las Empresas de Economía Social.

   - Diseñar nuevas políticas innovadoras de empleo, apoyando además el desarrollo de proyectos en el ámbito de las energías renovables y lucha contra el cambio climático.

   - Apoyar la creación de nuevas empresas de Economía Social que generen empleo, mediante una política de incentivos a la inversión para empresas formadas principalmente por colectivos que presentan dificultades de acceso al mercado laboral.

   Todas estas propuestas son el resultado de un proceso de reflexión entre todos los actores de la Economía Social que forman parte de CEPES, canalizando sus iniciativas y estableciendo vías de diálogo con los poderes públicos con el fin de contribuir, especialmente, a la creación de empleo y a las medidas de fomento del desarrollo, medidas a favor de los intereses comunes de las diferentes formas de Economía Social.

   Desde CEPES se está trabajando para que el marco legal regulatorio de las empresas y de la política de competencia se promueva de forma coherente, la Economía Social a fin de lograr la igualdad de condiciones entre todos los diferentes tipos de empresas teniendo en cuenta las características de cada uno⁸.

   Actualmente CEPES ha alcanzado un cierto nivel de reconocimiento institucional, participando en diferentes órganos consultivos del Estado con el fin de defender la otra forma de emprender que es la Economía Social. CEPES cuenta con representantes en el Consejo Económico y Social, que es el órgano consultivo del Gobierno para la elaboración de la normativa en materias socioeconómicas y laborales, y en el Comité Económico y Social Europeo, al que se ha hecho referencia en puntos anteriores. También CEPES participa en foros consultivos donde se elaboran las disposiciones legales o reglamentarias que afecten a entidades de la Economía Social, como es el Consejo para el Fomento de la Economía Social, y en otros comités relacionados con las políticas empresariales como el Observatorio de la Pequeña y MedianaPage 131Empresa o el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de la Empresa. También CEPES forma parte del Consejo de Cooperación al Desarrollo contribuyendo al fomento del tejido productivo de los países beneficiarios de la cooperación estatal desde el modelo de empresa de Economía Social.

   En todos ellos la opinión de la Economía Social es tenida en cuenta en la definición de políticas públicas que se ha visto además completada con la implicación de CEPES en la Subcomisión de Economía Social del Congreso de los Diputados de España, encargada de estudiar la situación de las empresas de Economía Social así como en la Subcomisión de Responsabilidad Social del Congreso de los Diputados.

   Un hecho de especial relevancia para nuestro sector empresarial es la iniciativa legislativa lanzada por el Gobierno español para aprobar la Ley de Economía Social. Este marco legislativo es importante puesto que permitirá dar reconocimiento jurídico al concepto de empresa de la Economía Social, afirmando su calidad de agente social que debe ser admitido en los foros de decisión económica, laboral y del diálogo institucional, donde se aplican las políticas de formación, de empleo, el desarrollo social y el fomento de las PYMES.

Las medidas adoptadas por los Estados han frenado el desplome de la Economía pero el proceso de recuperación continúa incompleto⁹. En el caso de España, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una caída interanual del PIB del 3,8% para 2009 y otra del 0,7% para 2010. En cuanto al desempleo, la OCDE considera que a pesar de signos crecientes de recuperación, el desempleo en España seguirá aumentando en los próximos meses, pudiendo alcanzar el 20% en 2010.

Se trata de un contexto por lo tanto complicado y lleno de incertidumbres, que requieren medidas de coyuntura, que respondan a las urgencias del momento. Pero este proceso debería complementarse con otro más amplio que permita reflexionar sobre el futuro del modelo económico en la Unión Europea.

Especial interés tiene este debate en víspera de la revisión de la Estrategia de Lisboa que tendrá que permitir a la Unión Europea adecuar su capacidad de respuesta al nuevo contexto social que durante los próximos años va a estar marcado por la crisis económica y financiera.

La revisión de la Estrategia de Lisboa se inicia durante la Presidencia Española del primer semestre del presente 2010, lo cuál es una gran oportunidad para aportar desde la Economía Social sus propuestas. De hecho, en el marco de esta Presidencia se celebrará una Conferencia Europea de Economía Social en Toledo, los día 6 y 7 de mayo de 2010, cuyo gran objetivo es analizar la contribución de la Economía Social europea a la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

Para la Economía Social española, las prioridades relevantes a las que las empresas de la Economía Social pueden contribuir a dicho debate son:

- la creación de empleo,

- la inversión en capital humano,

- la lucha contra la exclusión social,

- la innovación.

Estos cuatro elementos son determinantes para asegurar el pleno empleo y reforzar la cohesión social en todos los territorios y Estados de la Unión Europea.

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Las políticas para el mantenimiento y la creación del empleo deberían ganar un mayor protagonismo, siendo dos de los elementos fundamentales del desarrollo económico y social de la Unión Europea tal como las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de junio de 2009 han puesto de manifiesto¹⁰. En este sentido, el Comité Económico y Social Europeo ha destacado el papel relevante de la Economía Social en la creación de empleo y en el desarrollo de la mentalidad empresarial en interés de la sociedad y de las innovaciones sociales¹¹. Asimismo, el Comité ha destacado la capacidad de la Economía Social para facilitar la integración laboral de las mujeres, por lo que ha solicitado que la Economía Social sea apoyada por los Gobiernos locales y regionales en el impulso a esa labor¹². Por ejemplo, la presencia de la mujer en las empresas de la Economía Social española es significativa. En las cooperativas (46% mujeres y 54% hombres) y en las empresas de inserción (48% mujeres y 52% hombres) está prácticamente igualada. En los centros especiales de empleo la diferencia es mayor, no obstante, están mejor situadas que en las empresas tradicionales del mercado ordinario (38% mujeres y 62% hombres)¹³.

La Economía Social también ha contribuido en gran medida al desarrollo territorial y a la generación de empleo a nivel local en la Unión Europea. Las cooperativas agrarias y agroalimentarias en España se han configurado como un elemento clave para el desarrollo del sector agroalimentario. Más de un millón de socios, 4.000 entidades, grupos empresariales líderes en sus respectivos productos, 30% de la producción final agraria comercializada y 100.000 empleos dan cuenta de la importancia de estos actores de la Economía Social que, con frecuencia, constituyen el único tejido empresarial existente en amplias zonas del medio rural y que son la principal fuente de creación de capacidades emprendedoras en zonas rurales en declive, donde lo que está en peligro no es solo la posibilidad de muchas personas de vivir en su lugar de origen sino también el abandono y degradación de espacios y de recursos de gran valor social y ecológico.

Como ha puesto de relieve el Informe sobre la Economía Social en la Unión Europea del Comité Económico y Social Europeo, no sólo las cooperativas agrarias sino también las de trabajo asociado, crédito e integración, las asociaciones y otras entidades de Economía Social tienen un gran potencial para activar procesos de desarrollo endógeno en zonas rurales y renovar la competitividad de territorios. Igualmente el Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha destacado cómo la Economía Social contribuye a la cohesión territorial, puesto que «este sector genera empleo de calidad y contribuye al desarrollo sostenible ya que vincula el empleo al territorio, dinamiza las zonas rurales, crea capital social y anticipa los procesos de reestructuración sectorial y territorial»¹⁴. El desarrollo sostenible de los territorios es una de las grandes políticas europeas en la que, tal como ha puesto de manifiesto el Comité de las Regiones, la Economía Social desempeña un papel esencial puesto que contribuye a la cohesión social, a la formación de capital social, a la integración social, a la generación de empleo y a la creación de empresas a nivelPage 133local¹⁵. En el actual contexto de globalización, donde los procesos de deslocalización de actividades productivas desafían constantemente a los territorios, los actores de la Economía Social sitúan en la sociedad civil las riendas del proceso económico generando un mayor anclaje de las empresas y una mayor autonomía de los territorios para definir su propio modelo de desarrollo.

Otro aspecto relevante de la futura estrategia debería seguir siendo el refuerzo de la Educación y la Formación a lo largo de la vida. La Declaración de Lisboa del 2000 ya ponía el acento en la necesidad de generar mecanismos de coordinación de los sistemas de educación y formación entre los Estados miembros, con el fin de mejorar el nivel y calidad del empleo, ofreciendo oportunidades de aprendizaje y formación para los jóvenes, adultos parados y ocupados que corren el riesgo de ver sus cualificaciones desbordadas por un proceso de cambio rápido. La educación y la formación deben servir para asegurar que todos los ciudadanos europeos tienen una igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y al empleo.

Debería ser una prioridad que se incremente la importancia de incluir el espíritu empresarial en el sistema educativo, en especial en los programas escolares, para que las capacidades básicas que necesitan los empresarios sean promovidas desde el principio de la educación de los niños¹⁶, contribuyendo de esta manera a la canalización de la innovación y de la fuerza creativa a favor de la creación de empleo. Las empresas, incluidas las de la Economía Social, se identifican como un camino hacia una integración efectiva en la sociedad y en el trabajo, con el fin de generar más crecimiento y mejores empleos, lograr la cohesión social y combatir la exclusión social, tal como ha puesto de manifiesto el Comité Económico y Social Europeo¹⁷.

En cuanto a la exclusión social, las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros¹⁸ definen a la Economía Social como un factor a potenciar para promover la inserción profesional de las personas desfavorecidas, lo cuál encaja con el planteamiento de la Estrategia de Lisboa de 2000 de considerar el acceso al trabajo como la mejor salvaguardia contra la exclusión social. En España las empresas de inserción, las cooperativas de iniciativa social y los centros especiales de empleo son un ejemplo de la acción empresarial a favor de la inserción a través del empleo de colectivos en riesgo de exclusión y de personas con discapacidad.

En el marco de la Economía Social y para dar respuesta a la inclusión de colectivos en exclusión en el mercado laboral, destacan más de 413 Centros Especiales de Empleo que dan trabajo a 67.329 personas con discapacidad. Por otro lado está la figura de las empresas de inserción que integran a otros colectivos en exclusión (ex drogadictos, ex presidiarios, minorías étnicas, etc.). El número de empresas activas de este tipo son 189 que dan empleo a 4.063 personas, de las cuales, 2.382 son personas en situación de exclusión social. En cuanto a las cooperativas de iniciativa social, España cuenta con 1.700 entidades que gestionan de manera no especulativa recursos básicamente públicos desti-Page 134nados a la atención a las personas, desarrollando actividades terapéuticas, sanitarias, residenciales, de atención domiciliaria, educativas, culturales, recreativas, de integración laboral, de defensa de personas o colectivos con especiales dificultades de integración.

La Comisión Europea ha reconocido en varias ocasiones la importancia de la Economía Social en la incorporación al mercado laboral de las personas desfavorecidas o que tienen una capacidad de trabajo reducida¹⁹, poniendo de relieve cómo la Economía Social presta servicios sociales no atendidos por la economía de mercado.

La promoción de la innovación se ha convertido en un factor de la competitividad de las empresas europeas ante los desafíos y oportunidades que plantea la globalización, por lo que deberá seguir siendo uno de los factores fundamentales de la futura estrategia de la Unión Europea.

Tomando como referencia las reflexiones de la Comisión Europea sobre la innovación, ésta consiste en la producción, la asimilación y la gestión con éxito de la novedad no sólo en los ámbitos económicos sino también sociales²⁰. Esto implica que junto a la necesaria «innovación tecnológica», existe una «innovación organizativa» que engloba desde nuevos modelos de empresa pasando por los «nuevos métodos de organización del trabajo en ámbitos como la gestión de la mano de obra (con acciones positivas que impliquen a todos los empleados para conseguir que la organización de trabajo se convierta en una fuente colectiva de innovación), hasta la distribución, las finanzas o la fabricación». Por ello, los modelos de innovación a reforzarse deberán tener en cuenta también estos aspectos sociales en los que las empresas de Economía Social cuentan con importantes experiencias, puesto que, tal como dice el Comité Económico y Social, la innovación en la administración de la política social debería incluir las diversas organizaciones de Economía Social (como las cooperativas), que pueden aproximar la prestación de servicios a las comunidades de usuarios, con una supervisión reglamentaria adecuada²¹.

Todos estos factores inciden en gran medida por incrementar los niveles de cohesión social. En este sentido, las empresas de Economía Social son un claro ejemplo de cómo la racionalidad económica y el progreso social son compatibles. De cómo la eficiencia empresarial puede convivir con la responsabilidad social. Desempeñan un papel esencial en la economía, al permitir la creación de empleo de calidad, el refuerzo de la cohesión económica y territorial, la generación de capital social, el fomento de la ciudadanía activa y la solidaridad, además de apoyar el fomento del desarrollo sostenible y de la innovación social, medioambiental y tecnológica.

En concreto, son varias las prioridades que deberían ser tenidas en cuenta en la Revisión de la Estrategia de Lisboa:

Celebramos durante estos meses la caída hace veinte años del muro de Berlín. Este hecho histórico simbolizó la desaparición del modelo comunista que dio paso a una «reunificación» alemana y a la consolidación de otro proyecto político: la Unión Europea. Veinte años más tarde, es interesante constatar que la crisis económica y financiera que se está sufriendo, muestra la necesidad de que nuestras sociedades sigan evolucionando. El modelo económico basado en la liberalización ha sido puesto en duda por la falta de responsabilidad y por algunas conductas, generando una pérdida de confianza en los mercados y en la gestión que hasta ahora se venía aplicando en la economía y las finanzas.

Se está atravesando una crisis de valores sociales y empresariales en las sociedades más avanzadas, donde las actitudes temerarias del beneficio a corto plazo han afectado al bien colectivo. La actual crisis del sistema ha provocado que tal como se acordó en la Cumbre de Pittsburg en el G-20 se ha decidido «poner en práctica un nuevo modelo de crecimiento sostenible que fomente el trabajo sobre métodos de medición a fin de tener mejor en cuenta las dimensiones sociales y ambientales del desarrollo económico».

Todo esto anima a proponer otro modelo productivo basado en una empresa sostenible, competitiva y transparente. Las empresas de Economía Social tienen mucho que aportar a este debate desde sus valores y principios porque son un ejemplo claro de cómo la racionalidad económica y el progreso social son criterios compatibles.

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[1] Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo «Un Plan Europeo de Recuperación Económica». COM (2008) 800 final, Bruselas, 26.11.2008.

[2] Consejo Europeo de Bruselas 18 y 19 de junio de 2009.

[3] Los Socios de CEPES: - 14 Organizaciones Nacionales AFEM: Asociación FEAPS para el Empleo CCAE: Confederación de Cooperativas Agrarias de España CERMI: Comité Español de Representantes de Minusválidos CNEPS: Confederación Española de Mutualidades COCETA: Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado CONCOVI: Confederación de Cooperativas de Viviendas de España CONFESAL: Confederación Empresarial de Sociedades Laborales FAEDEI: Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción FNCP: Federación Nacional de Cofradías de Pescadores HISPACOOP: Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios ONCE: Organización Nacional de Ciegos de España UCOTRANS: Unión de Cooperativas de Transporte UECOE: Unión Española de Cooperativas de Enseñanza UNACOMAR: Unión Nacional de Cooperativas del Mar - Organizaciones Autonómicas CCC: Confederación de Cooperativas de Cataluña CCE: Confederación de Cooperativas de Euskadi CEPES-ANDALUCIA: Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía FECOMA: Federación de Cooperativas de Madrid CEPES EXTREMADURA: Confederación de entidades para la Economía Social y autónomos de Extremadura - 7 Grupos empresariales específicos de la economía social MCC: Mondragón Corporación Cooperativa GRUPO ASCES: Asociación para la cooperación de la Economía Social) GRUPO CLADE FUNDOSA GRUPO GRUPO ATLANTIS SCIAS: Grupo de Asistencia Sanitaria UNIDE: Unión de Detallistas Españoles

[4] Informe sobre un modelo social europeo para el futuro» (13,07,2006.- A6-0238/2006).

[5] _A6-0015/2009. Informe sobre Economía Social (2008/2250(INI)).

[6] Conclusiones del G-20 de Pittsburg. Septiembre 2009.

[7] Conclusiones de la Conferencia Europea «La Economía Social como instrumento de integración y cohesión social», asumidas por los representantes de las Administraciones de los Estados miembros presentes en la Conferencia (Bélgica, Grecia, Francia, Italia, Luxemburgo, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia, Reino Unido y España), así como por las organizaciones del sector de la Economía Social representadas por la CEP-CMAF.

[8] Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Distintos tipos de empresa». 1 de octubre de 2009.

[9] Conclusiones de la Cumbre del G-20.

[10] «Debe concederse máxima prioridad a contrarrestar los efectos de la crisis en el empleo ayudando a las personas a mantener su trabajo o a encontrar otro nuevo».

[11] Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Espíritu de empresa y Estrategia de Lisboa» (Dictamen de iniciativa).

[12] Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Empleabilidad y espíritu de empresa. El papel de la sociedad civil, los interlocutores sociales y los organismos regionales y locales desde el punto de vista del género». DO C 256 de 27.10.2007

[13] Fuente: CEPES.

[14] Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Cuarto informe sobre la cohesión económica y social». DOUE C 120 16.5.2008.

[15] Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «Asociaciones entre las autoridades locales y regionales y las organizaciones socioeconómicas: contribución al empleo, al desarrollo local y a la cohesión social». C 192, 12.8.2002.

[16] Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Pensar primero a pequeña escala» «Small Business Act» para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas COM(2008) 394 final, 25.6.2008.

[17] Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Por un nuevo Programa europeo de acción social» DOUE C27, 3.2.2009.

[18] Decisión del Consejo, de 12 de julio de 2005, relativa a las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros. Diario Oficial n° L 205 de 06/08/2005.

[19] Recomendación de la Comisión sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral y Comunicación de la Comisión-Propuesta de informe conjunto sobre protección social e inclusión social.

[20] Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Política de la innovación: actualizar el enfoque de la Unión en el contexto de la Estrategia de Lisboa. Bruselas, 11.3.2003. COM (2003) 112 final.

[21] Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Un mercado único para la Europa del siglo XXI». DOUE C 77 31.3.2009.

[22] Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Pequeñas y Medianas Empresas: la clave para lograr más crecimiento y empleo. Revisión intermedia de la Política Moderna de la PYME. COM(2007) 592 final, 4.10.2007.

[23] Dictamen 242/2000 del CESE sobre «Economía Social y mercado único» (punto 8.3.1). También DO C 117 de 26.4.2000, página 57. La Comisión Europea distingue entre «ayudas estatales» y «medidas generales», situando entre éstas últimas «los incentivos fiscales destinados a las inversiones medio ambientales, en investigación y desarrollo o formación [que] sólo favorecen a las empresas que llevan a cabo tales inversiones, sin que por ello sean necesariamente constitutivos de ayudas estatales» (Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (DO C 384/03 de 10.12.1998, punto 14). En toda la Unión Europea las grandes empresas son las que mas desarrollan actividades de I+D; por ejemplo en España el 27,6 % del total de grandes empresas realizan I+D, mientras que entre las empresas de menos de 250 empleados sólo el 5,7 % de las mismas realizan I+D según datos del año 2007 www.ine.es.

[24] Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «capacidad de adaptación de las PYMES y de las empresas de la Economía Social a los cambios impuestos por el dinamismo económico». C 120, 20.5.2005.

[25] Celebrada en el marco de la Presidencia Francesa de la Unión Europea.