El pago de las pensiones públicas de jubilación a las generaciones prolijas: propuestas jurídicas y económicas

AutorMiguel Gutiérrez Bengoechea
Páginas131-153

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I Aspectos financieros de la seguridad social en España

En un Estado de Bienestar Social como España, la protección social de la vejez, ocupa el capítulo más importante de las transferencias en los Presupuestos Generales del Estado.

El hecho de que estemos en un Estado de Bienestar mediterráneo en el que los servicios públicos, como la sanidad o educación son gratuitos y funcionan de forma eficiente, implica un aumento en la esperanza de vida de la población española y con ello el envejecimiento de la misma al igual que el resto de los países de la Unión Europea.

Esta situación ha provocado que en los últimos años la Seguridad Social presente déficits en sus cuentas públicas y haya tenido que recurrir a los remanentes acumulados para hacer frente al pago de las pensiones públicas.

No obstante, debido a una serie de factores que inciden negativamente en la financiación de la Seguridad Social como consecuencia de la crisis económica internacional que están atravesando todos los países desarrollados parece difícil que España pueda mantener el poder adquisitivo asociados a las pensiones públicas y, por ende, del indicador de Bienestar Social relacionado con las prestaciones de la Seguridad Social.

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Entre los factores que han incidido negativamente en el sostenimiento de las pensiones públicas tendríamos que destacar por importancia el desempleo laboral como consecuencia de varios factores, internacionales e internos, que han actuado de forma simultánea. Esta situación de alto desempleo se ha generado por la concurrencia de la crisis financiera internacional y la del sector inmobiliario en España a partir de 2006. A esta situación hay que añadir el hecho de que muchas empresas con tecnología puntera en los sistemas de producción están sustituyendo la mano de obra por la robotización de los sistemas productivos.

Esta situación ha llevado a que los poderes públicos a través del legislador hayan introducido medidas de carácter laboral y fiscal tratando de que el sistema público de pensiones sea sostenible y que las pensiones públicas sean suficientes para garantizar el bienestar social de las personas jubiladas.

Actualmente, todos los países que siguen un sistema de reparto de la seguridad social, que consiste fundamentalmente en que lo que se recauda por las cotizaciones de las personas en situación laboral activa se reparte entre las personas que están en una situación de inactividad laboral como consecuencia de la jubilación, están haciendo ajustes económicos para garantizar el pago de las pensiones.

Esta situación es propiciada de forma coyuntural por la crisis económico-financiera de carácter mundial que todos los países de la eurozona están aún sufriendo y de forma estructural por la variación experimentada por el factor demográfico.

En el aspecto coyuntural, la recesión económica conlleva repercusiones en los mercados laborales, que lógicamente debilita el segmento de población en edad de cotizar. Además, las reformas laborales de los países de la Unión Europea tienden a flexibilizar el mercado laboral impulsando la contratación temporal y abaratando el despido del trabajador. En términos monetarios esta situación se traduce en salarios más bajos que inciden negativamente en el montante de las cotizaciones de los trabajadores y, con ello, en el sistema de financiación básico de las pensiones públicas.

A este panorama, no muy halagüeño, hay que añadir que estamos asistiendo en los países desarrollados a un envejecimiento exponencial ligado, como se ha expuesto, al incremento en la esperanza de la vida y a la disminución de la natalidad.

En este sentido, en el año 1900 la esperanza de vida en España era aproximadamente de 35 años y en la actualidad es de 82 años y las previsiones del Instituto Nacional de Estadística es que la esperanza de vida para el año 2050 sea de 90 años1. Además, en España para ese año se producirá un incremento de la población dependiente donde el 73 por ciento de los hombres y el 90 por ciento de las mujeres cumplirán los 80 años2.

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Este mayor incremento en la esperanza de vida es causado por diversas circunstancias propias de un Estado de bienestar entre las que hay que destacar, la mayor calidad en la alimentación y a una sanidad cada vez más especializada3.

Como contraposición, la tasa de natalidad europea ha descendido notablemente debido a factores que podemos clasificar en objetivos y subjetivos.

Los factores objetivos estarían conectados con el incremento del paro, la bajada salarial de los trabajadores de la eurozona y el hecho de la incorporación de la mujer al mercado laboral, todos estos factores inciden en que las mujeres retrasen la edad en la que deciden ser madres.

En el aspecto subjetivo, se está dando el fenómeno de que las personas con cierto bienestar social, donde los dos cónyuges están trabajando, tienden a ser más egoísta desde un punto de vista patrimonial y son reticentes a perder calidad de vida en la crianza y educación de un hijo. Por otra parte, muchas personas no ven con buenas perspectivas el futuro laboral que podrían tener sus hijos, lo que les coarta en la decisión de ser padres.

II Problemas con el sistema de reparto de la seguridad social en España

La situación descrita pone en entredicho el sistema de seguridad social diseñado en España en la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 que consiste en que las aportaciones a la seguridad social de los trabajadores en activo se reparten entre la población jubilada. Este sistema exige una fuerte vinculación del pensionista con el trabajador a través de un contrato social entre generaciones por lo que es esencial un equilibrio entre población ocupada y jubilada que está igualmente ligado a la relación existente entre natalidad y mortalidad4.

En la década de los 60 y hasta 1975 se incrementó la natalidad de forma muy significativa, conociéndose como la generación del baby boom. En España nacieron 14 millones de niños, 4.5 millones más que en los 20 años siguientes y 2.5 millones más que en los 20 años anteriores. Con este hecho demográfico, el sistema se aseguraba su sostenibilidad porque bajo un sistema económico con un crecimiento estable ese aumento exponencial de la población ocuparía puestos de trabajo y las cotizaciones financiarían a la población jubilada. Además, la esperanza de vida era más corta porque no existía en la sanidad los avances tecnológicos como en los momentos actuales y la alimentación de calidad no estaba al alcance de toda la población.

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Sin embargo, esta situación que inicialmente fue favorable para la economía española amenaza con poner en peligro el sostenimiento de las pensiones públicas. En primer lugar porque desde 1975 hasta el año 2004 el número de nacimientos empezó a descender hasta alcanzar 1.3 niños por mujer5. En segundo lugar, esta situación de desequilibrio demográfico como consecuencia de la futura jubilación de la generación del baby-boom incidirá coyunturalmente (al menos durante 15 años) en el pago de las pensiones. Al ser un problema temporal se exigen soluciones extraordinarias salvo que la situación económica en los próximos años dé un giro radical con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en torno al 3 por ciento.

Debido a lo expuesto anteriormente, en la actualidad, en un Estado de Bienestar social en el que la calidad de vida ha mejorado notablemente para toda la población, se observa, una inversión de la pirámide poblacional, es decir, se está produciendo un ensanchamiento de la parte alta de la pirámide que se corresponde con la población jubilada y un estrechamiento en la base de la pirámide que se corresponde con la natalidad. Esta situación provoca que la tasa de dependencia configurada como el ratio de afiliados a la seguridad social dividido por los pensionistas esté disminuyendo de forma alarmante obligando al gobierno a compensar las desviaciones entre los ingresos y gastos de la seguridad social con el remanente que aún tiene la seguridad social española provenientes de años en los que había superávit por la alta tasa de empleo respecto al desempleo, por la menor esperanza de vida de la población española y por la entrada de la población inmigrante.

Sin embargo, las previsiones sobre los parámetros expuestos, no son favorables: en primer lugar para el año 2022 si el comportamiento demográfico sigue la misma tendencia, la tasa de dependencia será de un 58% lo que significa que de cada 10 personas trabajadoras habrá 6 que estarán en situación de desempleo y en 40 años la tasa de dependencia será del 100 por ciento, es decir, habrá un trabajador activo por cada trabajador inactivo6.

El problema del envejecimiento como expresa SUAREZ CORUJO no sólo representa un desafío para el pago de las pensiones públicas sino que tiene impactos en el gasto público de otras partidas presupuestarias como por ejemplo la sanidad y las de dependencia fundamentalmente. Así, el gasto en sanidad se incrementaría en aproximadamente 1.3 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto desde el 6.5 por ciento en 2010 al 7.8 por ciento en 20607.

A esta situación habría que añadir la ineficacia del mercado laboral en España durante más de un lustro para absorber la demanda de empleo de jóvenes licenciados o graduados universitarios. Esta última situación provoca lo que se denomina fuga de talentos a países extranjeros, sobre todo, a Estados del norte de Europa generando un gran valor añadido en estos territorios, habiendo asumido España,

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el coste de su formación8. Pero lo más preocupante, es que se ha perdido una generación de potenciales cotizantes que dejará de financiar...

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