La organización pública del deporte
| Autor | Antonio Calonge Velázquez |
| Páginas | 83-111 |
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En el presente capítulo se pretende dar cuenta de la organización administrativa del deporte o, expresado en otros términos, de lo que podemos denominar la Administración deportiva española. Pero, no sólo la actual o vigente, sino también de la precedente —aunque muy sucintamente— porque, de esta manera, podrá conocerse la evolución que ha experimentado la materia objeto de este trabajo y, así, ir conociendo la importancia que, desde el punto de vista de la acción de gobierno, ha ido adquiriendo el deporte en nuestro país. En fin, conocer la evolución de las estructuras orgánicas relativas al deporte es, sin duda, un buen índice de esa atención creciente por parte del Estado a esta materia.
La organización administrativa del deporte o, más ampliamente, la preocupación del Estado por el deporte es más bien reciente, como también lo es el fenómeno deportivo en sí, aunque nos remontemos a la Inglaterra del siglo XVIII para encontrar los orígenes del deporte moderno o, más allá, a las famosas Olimpiadas de la Grecia clásica e, incluso, se llegue a afirmar que, de algún modo, el deporte ha estado siempre presente en la vida del hombre. En concreto, del primer tercio del siglo pasado data la primera disposición orgánica de nuestro país que conocemos que tiene por objeto el deporte y que, por cierto, no aparece publicada en el Diccionario Legislativo de Alcubillas.
Para una mejor y más clara exposición de esta cuestión, parece conveniente que dividamos el tiempo transcurrido desde esa enunciada pri-Page 84mera disposición relativa al deporte hasta la actualidad en tres períodos de distinta importancia, características y duración.
El primero abarcará desde esa primera disposición dictada en materia de deporte hasta el régimen franquista y se caracterizará por la falta de atención de los poderes públicos al fenómeno deportivo o, dicho, de otro modo, el deporte todavía no había entrado en la consideración de los poderes públicos. Y, casi, tampoco en la de la ciudadanía en general.
El segundo comprenderá todo el régimen del general Franco, que se extiende, como es sabido, desde el final de la guerra civil (1939) hasta la muerte del dictador (1975) y que se caracteriza por su completa y absoluta politización. Esta fase vendría a ser el contrapunto de la anterior, pues ahora el deporte está fuertemente intervenido por los poderes públicos.
El tercero, que es el que actualmente vivimos, se extiende desde la transición política hasta nuestros días y se singulariza por el establecimiento de un modelo de organización deportiva que trata de compatibilizar la iniciativa privada con la intervención pública.
Se ha de significar que en el presente capítulo la exposición va a estar centrada, casi con exclusividad, en la Administración del Estado, aunque abordaremos —también— en un epígrafe final la organización pública del deporte en las Comunidades Autónomas, pero de manera resumida y esquemática, pues, sin desconocer que son estos Entes públicos territoriales los que disponen prácticamente de todo el haz de competencias sobre la materia, lo cierto es que referirnos a su organización administrativa deportiva sería limitarse a enunciar —incluso, de modo reiterativo— un número y denominación de Consejerías, Secretarías Generales y Direcciones Generales que, de otro lado, nada nos diría. No obstante, sí debe ser destacado que, si bien siempre se ha denunciado y criticado el mimetismo de las Comunidades Autónomas con respecto al aparato central del Estado a la hora de establecer su organización, en este caso no puede sostenerse esta afirmación, esto es, la organización administrativa del deporte en las entidades públicas territoriales autónomas creadas a partir de la vigente Constitución se ha separado —a mi juicio, de manera desafortunada— de la establecida por el Estado.
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El Estado mantuvo, como ha puesto de manifiesto el común de la doctrina, una actitud abstencionista hacia el fenómeno deportivo. «El sector deportivo ha sido constantemente abandonado por los poderes públicos» y «los problemas de ordenación jurídica del deporte han sido siempre de carácter secundario» (Bermejo, 1986: 8).
No va a ser sino hasta la época de la dictadura del general Primo de Rivera (1927-1930) cuando encontremos la primera norma que tenía por objeto la organización del fenómeno deportivo. Me refiero a un Real Decreto de 1927, por el que se creó el Comité Olímpico Nacional, que agrupaba a las federaciones deportivas existentes (Cazorla Prieto, 1979: 186).
La II.ª República española (1931-1936) tampoco dedicará atención alguna, desde el punto de vista organizativo, al deporte, aunque sí en el marco de la política educativa, pues impulsó de manera decidida el deporte y la educación física en la escuela pública. Es más, que el poder público era consciente de la importancia de la actividad físico-deportiva, lo demuestran las palabras pronunciadas, en 1932, por el Presidente D. Manuel Azaña,
La educación física de la juventud constituye una de las preocupaciones del Gobierno, que considera que la extensión del hábito deportivo es la base de toda política sanitaria. Tan sólo mediante el cultivo racional del músculo puede lograrse una juventud robusta que permita, con probabilidades de éxito, la lucha contra las enfermedades endémicas que minan la sociedad actual. Las asociaciones y federaciones deportivas deben olvidar un poco el deporte espectáculo para preocuparse del deporte función social. Deben sobreponerse al interés de club para atender al interés general, y puesto en contacto con las instituciones de la Instrucción Pública y Sanidad, y prestando su ayuda en las organizaciones obreras, pueden contribuir poderosamente al mejoramiento físico de la raza. Es indudable la necesidad de crear terrenos deportivos suficientemente dotados, accesibles a todos los ciudadanos
(publicado en el Diario As el 9 de agosto de 1932, y recogido por Polo del Barrio, 1988: 67. Cit. por Espartero, 1999: 159).
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A la vista de estas palabras, no puede por menos que evidenciarse, aunque medie casi medio siglo, la concomitancia de las mismas con el espíritu que insufló la constitucionalización del deporte y su posterior normativa de desarrollo. Pues debe recalcarse que, en el año 1932, se está hablando «del deporte función social».
Esta incipiente y rudimentaria organización administrativa del deporte (Bassols Coma, 1978: 376) no va a ser sustituida sino hasta la promulgación del Decreto de la Jefatura del Estado de 22 de febrero de 1941, por el que se crea la Delegación Nacional de Deportes, a la que se encomienda, según establece el artículo 3 de la norma citada, la dirección y representación del deporte nacional.
Durante todo este período el deporte va a caracterizarse por un dirigismo y una politización absoluta; por un marcado acento ideológico y de instrumentación política (Bassols Coma, 1978: 377). El artículo 1 del Decreto de 1941 comenzará manifestando que «La dirección y el fomento del deporte se encomiendan a Falange Española Tradicionalista y de las JONS», lo que «no parece muy técnico encuadrar en el Movimiento Nacional, institución por esencia política, las asociaciones deportivas, por esencia apolíticas» (Lluis y Navas, 1967: 390). El deporte español, como consecuencia del encuadramiento político al que se ve sometido durante todas estas décadas, vivirá una situación de «no derecho» (Bassols Coma, 1978: 377), esto es, al permanecer ubicado en el Movimiento Nacional la actividad deportiva, el deporte estará completamente al margen de la Administración pública y, por ende, del régimen jurídico público aplicable a sus actuaciones.
Esta situación del deporte y esta organización va a mantenerse prácticamente inalterable hasta la desaparición del Movimiento Nacional con el cambio de régimen operado por la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977. La norma más importante habida en materia deportiva durante el régimen franquista, la Ley 77/1961, de 23 de diciembre, de Educación Física y Deportes, no modifica ni la adscripción del deportePage 87 a este Ente ajeno a la Administración pública ni la organización de la actividad deportiva a cuya cabeza se sitúa la Delegación Nacional de Deportes que, en virtud de un Decreto de 17 de mayo de 1956, cambió su denominación por la de Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.
La aprobación de la última de las Leyes Fundamentales del Reino, la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, incidió en gran medida en las estructuras del Movimiento Nacional (Monge Gil, 1987: 80) hasta el punto de que abocaría a su desaparición.
A partir de la promulgación del Real...
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