Operaciones vinculadas

 
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Debido a la expansión del comercio internacional y al crecimiento de las empresas multinacionales, la regulación fiscal de los precios de transferencia se ha convertido en un factor determinante para la tributación de los grupos empresariales.

Con el fin de adaptar el obsoleto régimen de las operaciones vinculadas, establecido en el articulo 16 de la Ley del Impuesto de Sociedades, a las Directrices de la OCDE y al Informe del Foro Europeo en materia de Precios de Transferencia ("European Union Joint Transfer Pricing Forum"), el Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal que, como decíamos en el capítulo anterior, fue aprobado por el Congreso de los Diputados el 29 de Junio de 2006.

Esta normativa, además de armonizar la regulación española con la regulación de los países de nuestro entorno, establece un nuevo régimen para los precios de transferencia entre empresas vinculadas en el que el contribuyente está obligado a valorar las operaciones según el precio de mercado lo que le permite, por consiguiente, enlazar con el criterio de valoración contable, especialmente cuando se implementen las futuras normas de valoración en dicho campo.

Por otro lado, esta normativa pretende fomentar los mecanismos de colaboración entre los contribuyentes y la administración tributaria, al flexibilizar el régimen de los acuerdos de valoración previos.

En relación con la valoración de las operaciones, el Proyecto establece un novedoso sistema por el cual el propio obligado tributario está obligado a valorar la operación de acuerdo con el precio de mercado. Para evitar posibles controversias, la normativa propuesta define expresamente el concepto de "valor normal de mercado" como el valor que se "habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre mercado", si existe mercado representativo; o, en su defecto, el precio derivado de aplicar los métodos previstos en esta normativa.

Por contraposición al sistema establecido por el actual artículo 16 de la Ley del Impuesto de Sociedades, en el cual es la administración quién debe valorar estas operaciones, este nuevo régimen invierte la carga de la prueba, estableciendo determinadas obligaciones de justificación de la valoración utilizada, y únicamente otorga a la administración la potestad de comprobar, en su caso, el importe fijado por el contribuyente.

Este cambio, en nuestra opinión, reduce la posibilidad de comisión de errores en materia de valoración de las operaciones, que en muchos casos se deben al desconocimiento de la administración tributaria de la realidad económica y del mercado en el que se desarrollan las mismas.

De acuerdo con el actual régimen de las operaciones vinculadas, la capacidad de la administración de valorar las operaciones está limitada puesto que sólo será posible ajustar dicha valoración cuando implique una tributación inferior en España o un diferimiento de dicha tributación. Esta restricción provocaba, en algunos casos, situaciones en las que, a pesar de haberse utilizado valores diferentes a los de mercado que pudieran implicar una mayor tributación, no era posible realizar los ajustes de signo negativo (menor ingreso, mayor gasto) que pudieran corregir la situación.

Por el contrario, la nueva normativa permite a la administración realizar las correcciones de valor en todos los supuestos en los que dichas operaciones no hayan sido valoradas a precio de mercado, no siendo necesario que esta inexactitud en el cálculo del valor lleve consigo una consecuencia fiscal negativa para la administración tributaria española.

Además, el Proyecto reconoce efectos a esta valoración administrativa en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las...

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