El objeto de control en la cuestión de inconstitucionalidad

Autor:Marta Fernández de Frutos
 
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El objeto de control en la cuestión de inconstitucionalidad

El análisis del objeto de control en la cuestión de inconstitucionalidad que se realiza en el presente Capítulo tiene como eje central la previsión del art. 163 CE de que la cuestión se planteará “cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución”. El objeto de la cuestión de inconstitucionalidad se encuentra así delimitado por un triple condicionamiento, la norma a cuestionar tiene que ser una norma con rango de ley, aplicable en el curso de un proceso, y de su validez ha de depender el fallo a adoptar.

Desde esta perspectiva se ha considerado que el estudio del objeto de control de la cuestión de inconstitucionalidad no puede limitarse a una relación de las normas que entrarían dentro de la categoría de “normas con rango de ley”, sino que el mismo exige hacer referencia a la necesidad de que esas normas sean aplicables en un proceso y que de su validez dependa la decisión a dictar en el mismo. Sólo de esta forma se alcanza una comprensión completa del objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, atendida la conexión directa entre la norma que el órgano judicial considera que puede ser contraria a la Constitución y el proceso en que dicha cuestión pretende plantearse.

El carácter concreto de la cuestión de inconstitucionalidad se manifiesta así inseparable de la definición de su objeto, puesto que la cuestión sólo cobra sentido a partir de la aplicación efectiva de las normas con rango de ley en la decisión de un proceso. La aplicabilidad y relevancia de la norma en un proceso condicionan de tal forma la posibilidad de que los órganos judiciales puedan cuestionar una norma con rango de ley, que sólo mediante el análisis de esas dos condiciones puede llegarse a un pronunciamiento respecto a las normas con rango de ley que pueden ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad.

Asimismo, sólo desde un examen del objeto de la cuestión de inconstitucionalidad directamente conectado con la necesidad de que la norma sea aplicable en un proceso y relevante para su decisión, se comprende el importante papel que corresponde a jueces y tribunales en orden a la determinación de las normas que son susceptibles de control por el Tribunal Constitucional a través de la cuestión de inconstitucionalidad, al ser dichos órganos a los que corresponde decidir que normas son aplicables y relevantes en el proceso ante ellos planteado. Sin perjuicio, obviamente, de que el Tribunal Constitucional pueda controlar, como en un posterior Capítulo se verá, la consistencia de los juicios de aplicabilidad y relevancia.

De acuerdo con lo que acaba de decirse, el examen del objeto de control en la cuestión de inconstitucionalidad en este Capítulo se estructura con el siguiente orden.

En un primer apartado se trata de establecer qué normas pueden ser objeto de control a través del procedimiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Dicha delimitación tiene como punto de partida el hecho de que el art. 163 CE establece que la cuestión se planteará respecto a “normas con rango de ley”. Se parte así de una situación compleja atendida la transformación del concepto de ley en el ordenamiento constitucional y la dificultad de ofrecer una definición de la noción “rango de ley”. Esto obliga a referirse a los conceptos tradicionales de rango y fuerza de ley, con el objeto de intentar llegar a alguna conclusión respecto al tipo de normas cuya constitucionalidad puede ser controlada por el Tribunal Constitucional. Asimismo, hay que tener presente que los art. 2.1.a) y 27.2 LOTC establecen las normas susceptibles de declaración de inconstitucionalidad a través de los procedimientos de control de inconstitucionalidad, por lo que es necesario pronunciarse sobre si dichos preceptos suponen una concreción del concepto “norma con rango de ley” previsto en el art. 163 CE.

Una vez realizada esa aproximación a las normas y actos que pueden ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad, corresponde, en un siguiente apartado, examinar cómo la necesidad de que las normas cuya constitucionalidad se pretende cuestionar hayan de ser aplicables en el curso de un proceso condiciona el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad. De acuerdo con ello, y desde una perspectiva objetiva de la aplicabilidad, se intenta llegar a una conclusión respecto a la posibilidad de que las normas y actos previstos en el art. 27.2 LOTC sean susceptibles de ser aplicados en el curso de un proceso. Así, en primer lugar, se establece cuándo puede considerarse que existe un proceso en el que sea posible plantear una cuestión de inconstitucionalidad, para a continuación examinar sí los Estatutos de Autonomía, determinadas leyes, los decretos-leyes en determinadas circunstancias, los actos con fuerza de ley, los Tratados Internacionales y los Reglamentos Parlamentarios son normas que puedan aplicarse en el curso de un proceso. No se hace referencia a la posible aplicación de los decretos legislativos en el curso de un proceso, porque estas normas con rango de ley no presentan peculiaridades en relación con su aplicabilidad, sino con su posible inaplicación por los órganos judiciales sin necesidad de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, siendo así examinados en el último apartado de este Capítulo.

El tercer apartado tiene por objeto el análisis de la aplicabilidad de la norma desde una perspectiva subjetiva y de la relevancia de esa norma para decidir el proceso. Por lo que se refiere a la aplicabilidad subjetiva hay que establecer cómo puede el juez, a la vista de las concretas circunstancias del proceso ante él planteado, determinar la aplicación en dicho proceso de la norma que pretende cuestionar. Asimismo se trata de pronunciarse sobre el significado de la relevancia, esto es, en qué sentido el hecho de que de la validez de la norma deba depender la decisión del proceso condiciona la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad.

Finalmente, el Capítulo se cierra con un apartado en el que se hace referencia a la existencia de determinados supuestos en que se excepciona el criterio general según el cual las normas con rango de ley aplicables y relevantes en un proceso no pueden ser inaplicadas por los órganos judiciales si previamente no han planteado la cuestión de inconstitucionalidad. Así, y dejando aparte el hecho de que a los jueces corresponde determinar si una norma con rango de ley ha sido derogada por otra posterior pudiendo inaplicar aquélla, se analiza el supuesto de las leyes preconstitucionales que pueden considerarse derogadas, en virtud de la Disposición Derogatoria Tercera de la Constitución, por los órganos judiciales, haciendo innecesario el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. De los Decretos legislativos, atendido que, de acuerdo con lo dispuesto en los art. 82.6 CE y 27.2.b) LOTC, se ha considerado que en función del vicio en que incurran pueden ser inaplicados por los órganos judiciales sin necesidad de plantear la cuestión. De las normas autonómicas dictadas en el ejercicio de competencias no exclusivas que en caso de conflicto con normas estatales podrán ser inaplicadas por los órganos judiciales de conformidad con el principio de prevalencia previsto en el art 149.3 CE. Por último, de las normas con rango de ley nacionales que sean contrarias a normas de derecho internacional o de derecho comunitario, puesto que ante este conflicto se presenta un problema de aplicabilidad y no de validez.

1. Las normas susceptibles de ser objeto de control en la cuestión de inconstitucionalidad

Este apartado se inicia con el examen del concepto de norma con rango de ley, atendido que es a dichas normas a las que se refiere el art. 163 CE como posible objeto de una cuestión de inconstitucionalidad. Se trata así de establecer si a través del debate constituyente, del texto constitucional y de la LOTC puede concluirse qué normas tienen dicho rango. A continuación, se hace referencia a la opción del legislador de establecer en el art. 27.2 LOTC las normas susceptibles de declaración de inconstitucionalidad a través de los procedimientos específicamente previstos para ello, el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, y de cómo dicha opción supone concretar la referencia genérica del art. 163 CE.

1.1. El concepto de norma con rango de ley

En primer lugar, es necesario definir qué debe entenderse por norma con rango de ley a los efectos de plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Para ello puede resultar de interés examinar el debate constituyente con el objeto de intentar extraer alguna luz respecto a las razones que llevaron a los constituyentes a utilizar dicho término en el art. 163 CE.

1.1.1. El debate constituyente sobre el objeto de control en la cuestión de inconstitucionalidad

Un primer aspecto que resulta significativo cuando se estudia el debate constituyente1 en relación con el objeto de control de los procedimientos de control de constitucionalidad es que los constituyentes en ningún momento, al menos por lo que resulta de la lectura de los debates, pusieron en conexión el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad con el del recurso de inconstitucionalidad.

Así, el art. 152.1.a) del anteproyecto establecía que el recurso de inconstitucionalidad tendría por objeto leyes y normas con fuerza de ley del Estado y de los Territorios Autónomos, mientras que el art. 154 disponía que el objeto de control de constitucionalidad en el ámbito de la cuestión de inconstitucionalidad sería una norma legal.

Durante el debate, el art. 152.1.a) fue objeto de diferentes modificaciones, incluyéndose entre las normas susceptibles de control los Tratados Internacionales y la jurisprudencia en cuanto fuese complemento del ordenamiento jurídico, pero finalmente el texto definitivo dispuso que el recurso de...

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