Los objetivos de las políticas de inmigración

AutorLaura Miraut Martín
Cargo del AutorUniversidad de Las Palmas de Gran Canaria

Los objetivos de las políticas de inmigración 1

1. Introducción

Las políticas de inmigración de los países receptores intentan cumplir algunos objetivos que suponen visiones distintas del problema inmigratorio. Esas visiones distintas dan lugar a regulaciones diferentes según cuál o cuáles son los valores que se quieren realizar. Son visiones que se toman siempre, sin embargo, desde el punto de vista del país de acogida. Esto hace que en general favorezcan más los intereses de sus nacionales en perjuicio de los intereses y expectativas de quienes deciden cambiar su lugar de residencia para buscar un futuro mejor para ellos mismos y para sus familias. El inmigrante es así entendido como un sujeto ajeno que no tiene legitimidad para decidir sobre los temas que más le afectan, aunque puede ser beneficiado en ciertos casos por una actitud generosa y desprendida por parte de los nacionales del lugar. También es posible que sus expectativas se adapten a las necesidades o intereses de estos últimos, por ejemplo, en el caso de la existencia de necesidad de mano de obra para trabajar en ciertos puestos que no son deseados por los nacionales del país de acogida. En estos casos se da una convergencia de intereses entre unos y otros sujetos, pero eso no impide que son los intereses de los nacionales del país de acogida los que se tienen en la mayoría de las ocasiones más en cuenta y se entiende que han de quedar satisfechos con las regulaciones legales de la inmigración.

Esta situación choca con el hecho de que las políticas inmigratorias se encuentran con problemas que afectan, algunas veces de manera muy directa, a los derechos humanos que, como derechos comunes a la especie humana sin distinción de fronteras ni de razas, se entienden universales. El afectar estos derechos hace que en algunas ocasiones las políticas inmigratorias superen la visión restrictiva y cerrada del interés nacional para aproximarse al interés general. Pero es siempre una aproximación limitada y condicionada por la no afectación de la situación previa de quienes van a convivir con los nuevos visitantes.

Los nacionales del país de acogida aspiran así a no sentir afectada su seguridad, su nivel de vida y los fundamentos básicos de su civilización. Esto hace que las políticas inmigratorias atiendan prioritariamente a la menor afectación de estos objetivos prioritarios de la sociedad de acogida. También aspiran a que la llegada de la población inmigrante no les cree una situación incómoda desde su papel de personas sensibles con las necesidades y los derechos básicos de los recién llegados. Es, sin embargo, una situación que no toma como regla la adopción del punto de vista del otro, sino sólo la del punto de vista del nacional del país de acogida en relación a su postura hacia los demás. Esto hace que las políticas inmigratorias queden condicionadas por el objetivo de eliminar la mala conciencia del nacional del país de acogida para lo cual muchas veces se apoyan en la imposición de un determinado modelo de vida y de realización personal de quienes pretenden incorporarse al nuevo país. Modelo que no tiene por qué considerarse sin embargo superior a los demás. Modelo que no tiene por qué considerarse sin embargo superior a los demás.

La seguridad, el nivel de vida, los fundamentos básicos de la civilización propia y la preservación de la conciencia personal con respecto a la situación de los demás son los objetivos fundamentales que tienen en cuenta las políticas inmigratorias. Los tres primeros son en general objetivos confesados por los inspiradores de la regulación jurídica del proceso inmigratorio. El último se presenta normalmente bajo la forma de atención a los derechos y necesidades básicos del inmigrante, cuando en realidad se apoya en una visión ajena de sus derechos y necesidades y en una visión restrictiva de los mismos, porque sólo se considera la atención a los derechos y necesidades cuya no satisfacción afecta de manera significativa provocándoles un malestar personal a las conciencias de los nacionales del país de acogida. La acentuación de unos u otros objetivos marca líneas importantes de distinción entre las políticas inmigratorias. Esto explica la necesidad de señalar el significado y legitimidad precisos de cada uno de estos objetivos y de decidir si los mismos pueden justificar o no medidas que atenten contra los intereses prioritarios de los inmigrantes.

2. Los objetivos declarados

2. 1. La seguridad

Uno de los prejuicios más comunes con respecto a los problemas de la inmigración es que la llegada de los inmigrantes trae con ella un deterioro de la seguridad personal de los nacionales. Es un prejuicio que se explica por el hecho de que el inmigrante que abandona su país de origen lo hace normalmente empujado por una motivación económica, para abandonar un estado de necesidad vital que le hace buscar horizontes más esperanzadores2. Su llegada al país de acogida se produce en esa situación de carencia económica que si no es resuelta con la ocupación de un puesto de trabajo en condiciones satisfactorias lleva casi automáticamente a la marginalidad y a la delincuencia.

La limitación de acceso a quienes van a disponer de un puesto de trabajo y de una remuneración digna elimina en su raíz la situación que fomenta la marginalidad y la delincuencia, pero reenvía el problema al país de origen. Porque en una situación de indigencia personal como es la situación ampliamente extendida en el país de origen es lógico que los individuos se enfrenten entre sí por el reparto de la poca riqueza que puede haber. En realidad la paz y la seguridad sólo se restablece cuando la situación de precariedad es tan absoluta que no hay nada por lo que combatir. Pero en estos casos el restablecimiento de la paz no hace sino simbolizar la generalización del deterioro extremo de la dignidad personal de los afectados.

De este deterioro también somos responsables los habitantes del primer mundo. Porque nuestra riqueza se ha producido muchas veces a través de la explotación de los países del tercer mundo y por el reparto injusto y desequilibrado de los bienes entre los diferentes países. Está justificado por tanto proponer un deber general de solidaridad que tiene como primer paso la aceptación del inmigrante en nuestras comunidades y la dotación de unos servicios mínimos para que pueda desarrollar en ellas su vida con dignidad. Los inmigrantes ya se sienten discriminados porque tienen que abandonar su país de origen perdiendo en gran medida en la búsqueda de un futuro que se les presenta sin embargo incierto sus vínculos afectivos, culturales y familiares. Se encuentran en una situación de "refugiados económicos" que "es, cuando menos parcialmente, responsabilidad nuestra"3.

La discriminación se hace más intensa si además de estar obligados a abandonar su país de origen no encuentran en el país de acogida una situación que les permita satisfacer sus necesidades adecuadamente. La realización de ese deber general de solidaridad es el principio esencial para evitar las situaciones de injusticia y de inseguridad que se piensa origina la llegada de los inmigrantes, olvidando que muchas veces el origen último está en dos causas combinadas: la situación económica que le lleva al inmigrante a asumir la pesada carga de abandonar su país de origen como una necesidad para su mismo desarrollo personal y el tratamiento que el recién llegado encuentra en el país de acogida, olvidando sus habitantes su responsabilidad en el hecho mismo de la inmigración. En este sentido, el restablecimiento de la seguridad exige medidas coordinadas de distinto tipo.

  1. - Por un lado, dar al inmigrante un bienestar mínimo que le permita vivir dignamente. Hay que eliminar que la situación del inmigrante sea una situación de necesidad, reconociéndole el mínimo vital que le tiene que corresponder siempre como ser humano. Si no es así estaremos ante un estado de necesidad que justificará las conductas atentatorias contra los bienes ajenos. El inmigrante se encontraría exento de responsabilidad como sujeto que vulnera el ordenamiento jurídico creando la situación de inseguridad que tanto preocupa a la sociedad de acogida. En esa situación de exención de responsabilidad no tiene sentido que se le señale con el dedo como agente causante de la inseguridad. Habrá que ir a las razones últimas que explican y justifican desde el punto de vista del inmigrante la realización de las acciones trasgresoras del orden establecido produciendo la situación de inseguridad.

    El inmigrante, igual que sucede con el nacional del país de origen que se encuentra en un estado de necesidad, no puede ser acusado de actuar del único modo que puede actuar como ser humano obligado a satisfacer sus necesidades vitales mínimas. Las responsabilidades por la creación de la situación de inseguridad que muchas veces se dice que acompaña a la inmigración se encuentran en realidad en quienes pudiendo evitarlo permiten que la situación del inmigrante sea una situación de estado de necesidad4. No en quienes sufren una situación que más que como responsables les afecta como víctimas. Lo demás es no tener una visión realista del problema.

  2. - En segundo lugar, hacer partícipe al inmigrante de un proyecto común en el que piense que puede obtener ventajas. El recién llegado aceptará mejor las reglas del juego que presuponen la paz social y el respeto a las normas del país de acogida si ve a esas reglas como la plataforma eficaz para su progreso personal. Cuantas más expectativas encuentre el inmigrante en el país de acogida más respetuoso será con el orden establecido. En este punto más que realizar una acción de beneficencia con el recién llegado proporcionándole los más elementales medios de subsistencia digna, se trata de crear la base para que sienta que el ordenamiento jurídico del país de acogida le garantiza oportunidades vitales que no puede desaprovechar situándose al margen del sistema.

    La experiencia...

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