Nueva normativa sobre el crédito al consumo

Páginas:23-46
RESUMEN

La crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto las contraproducentes prácticas que han realizado las entidades españolas en materia de crédito al consumo durante los tiempos de bonanza. Por este motivo, el Gobierno ultima una nueva normativa que trata de arrojar una mayor transparencia sobre este tipo de préstamos, que cuentan con una morosidad superior al 7%. El texto transpone al... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Page 23

El anteproyecto de ley de crédito al consumo, que deroga la normativa de 1995, obliga a las entidades financieras a informar al cliente de la cantidad total adeudada, cifra que supone la suma del importe del crédito y del coste total de la financiación. El nuevo requisito supone un duro golpe para las estrategias comerciales de las entidades especializadas en este tipo de préstamos, donde no es extraño que el cliente tome el dinero sin saber exactamente la cantidad que tendrá que devolver al banco en el plazo acordado. Otro aspecto destacado de la nueva norma es la cantidad de documentación que se le va a exigir a las entidades para la concesión de estos créditos, lo que puede ir en contra de una mayor transparencia.

El anteproyecto de ley se encuentra en este momento a debate. El Ministerio de Justicia ha enviado el borrador a los distintos agentes del mercado para que realicen sugerencias. Su aprobación está prevista para el próximo junio.

Page 24

ANTEPROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DE CRÉDITO AL CONSUMO (19 de Diciembre de 2009)

Exposición de motivos

Durante las tres últimas décadas el mercado del crédito al consumo ha experimentado un importante desarrollo, a la vez que sus agentes y las técnicas financieras han evolucionado con gran rapidez. Los primeros trabajos comunitarios en materia de crédito al consumo perseguían, básicamente, la armonización de las distorsiones de la competencia en el mercado común, aunque también se atendió a la protección social de la legislación crediticia.

Resultado de estos trabajos ha sido la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, que fue modificada por la Directiva 90/88 del Consejo, sobre todo en lo que se refiere a la fórmula matemática y la composición del porcentaje anual de cargas financieras. Esta normativa comunitaria fue adoptada antes de la ratificación del Tratado de la Unión que incorpora previsiones concretas a fin de que la acción de la Comunidad contribuya al fortalecimiento de la protección de los consumidores, con la obligación de tomar como base en sus propuestas un nivel de protección elevado. Por otra parte, el requisito de unanimidad en la adopción de las decisiones del Consejo, antes de la entrada en vigor del Acta Única Europea y la diversidad de los niveles de protección del consumidor en los Estados miembros, condicionaron el nivel de protección de la Directiva.

Ya en el año 1995, la Comisión, en el informe sobre la aplicación de la Directiva 87/102/CEE, propone modificar esta norma con el fin de adaptarla a la evolución de las técnicas financieras y elevar su nivel de protección del consumidor a la media de los Estados miembros. Con este propósito realiza una amplia consulta a las partes interesadas.

De los informes y consultas sobre la aplicación de esta norma comunitaria se desprende que existen diferencias sustanciales entre las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito del crédito al consumo, debido a que éstas, además de utilizar los mecanismos de protección del consumidor previstos en la Directiva, utilizan otros en función de las distintas situaciones jurídicas o económicas nacionales existentes.

Estas diferencias entorpecen el funcionamiento del mercado interior y reducen las posibilidades de los consumidores de acogerse directamente al crédito al consumo transfronterizo. Además de estas consideraciones de homogeneidad de las legislaciones nacionales de contenido económico, es necesario desarrollar un mercado crediticio más transparente y eficaz dentro del espacio europeo para promover las actividades transfronterizas, y garantizar la confianza de los consumidores mediante unos mecanismos que les ofrezcan un grado de protección suficiente.

Al ser numerosas las modificaciones que habría que introducir en la Directiva 87/102/CEE como consecuencia de la evolución del sector del crédito al consumo, y en aras de la claridad de la legislación comunitaria, se ha optado por derogar dicha Directiva y reemplazarla por la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo.

En la redacción de esta Ley, que tiene por objeto incorporar al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2008/48/CE y que deroga la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al consumo, han sido determinantes los siguientes dos criterios. De una parte, se ha de respetar la vocación de la Directiva que impone una armonización total, de forma que los Estados miembros no pueden mantener o introducir disposiciones nacionales distintas a las disposiciones armonizadas establecidas en esta norma europea, si bien tal restricción no impide mantener o adoptar normas nacionales, en caso de que no existan disposiciones armonizadas. La información normalizada europea sobre el crédito al consumo y, en particular la tasa anual equivalente correspondiente al crédito, calculada de idéntica forma en toda la Unión Europea, dota al mercado crediticio de una mayor transparencia, permite que las distintas ofertas puedan compararse y aumenta las posibilidades de los consumidores de acogerse al crédito al consumo transfronterizo.

Page 25

También se pretende conservar aquellas previsiones de nuestro derecho interno que ofrecen una mayor protección en el ámbito del crédito al consumo sin que vengan exigidas por la normativa comunitaria. Por ello, esta Ley recoge las previsiones de la Ley 7/1995 relativas a la oferta vinculante, a la eficacia de los contratos vinculados a la obtención de un crédito, al cobro indebido, a las acciones de cesación y a la penalización por falta de forma y por omisión de cláusulas obligatorias en los contratos.

En línea con el criterio de dotar al consumidor de una mayor protección, esta Ley extiende sus previsiones a determinados contratos de crédito que no están incluidos en la norma que se transpone. Es el caso de los contratos de crédito destinados a adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por construir, contratos de crédito cuyo importe total es superior a 75.000 euros, contratos de crédito gratuitos a plazo superior a un año y contratos de crédito garantizados con prenda.

La Ley se aplica a aquellos contratos en que el prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación. La consideración de consumidores se circunscribe a las personas físicas que actúan en un ámbito ajeno a su actividad empresarial o profesional.

La delimitación del ámbito objetivo de aplicación de esta Ley, así como la definición de los conceptos que en la misma se utilizan, responde al interés de adaptar la norma a la constante evolución de las técnicas financieras y a la conveniencia de que sus disposiciones puedan acoger futuras formas de crédito.

Con la finalidad de mejorar la información de los consumidores, la Ley incide en las actuaciones previas a la contratación del crédito. En concreto, regula de forma detallada la información básica que ha de figurar en la publicidad, comunicaciones comerciales y en los anuncios de ofertas que se exhiban en los locales comerciales en los que se ofrezca un crédito o la intermediación para la celebración de un contrato de crédito.

Asimismo, establece una lista de las características del crédito sobre las que el prestamista, y en su caso el intermediario de crédito, ha de informar al consumidor antes de asumir éste cualquier obligación en virtud de un contrato u oferta de crédito. Información precontractual que deberá ser facilitada en un impreso normalizado en los términos previstos en la Directiva. Además, obliga a los prestamistas y, en su caso a los intermediarios, a ayudar al consumidor en la decisión sobre el contrato de crédito que, de entre los productos propuestos, responde mejor a sus preferencias y su situación financiera. Esta ayuda se concreta en la obligación de explicar al consumidor de forma personalizada las características de los productos propuestos así como la información precontractual correspondiente, y de advertirle de los riesgos en caso de impago o de endeudamiento excesivo, a fin de que éste pueda comprender las repercusiones del contrato de crédito en su situación económica.

Particular interés reviste la introducción de nuevas prácticas responsables en esta fase de la relación crediticia, concretamente, la obligación del prestamista de evaluar la solvencia del prestatario con carácter previo a la celebración del contrato de crédito, para lo cual podrá servirse de la información obtenida por sus propios medios y de la facilitada por el futuro prestatario, incluida la consulta de bases de datos. Si bien la realización de esta evaluación es obligatoria siempre, su alcance queda a criterio del prestamista en función de la relación comercial entre éste y su cliente. Para garantizar la libre competencia entre prestamistas, las condiciones de acceso a las bases de datos sobre la solvencia patrimonial de los consumidores han de ser iguales para todos los prestamistas establecidos en la Unión Europea.

Estas bases de datos se rigen por la normativa de protección de datos de carácter personal, con la particularidad del derecho del solicitante de un crédito, al que éste le sea denegado en base a la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA