Cataluña

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Páginas	279-311

Esta ley continúa la reforma en el

marco normativo en materia de aguas,

iniciada en la Ley de acompañamiento

del presupuesto para 1999, que creó la

Agencia Catalana del Agua. Con la Ley

actual, se lleva a cabo una reordenación

de los principios y las competencias que

informan la actuación de la Adminis-

tración hidráulica, al reformar el régi-

men de planificación hidrológica y mo-

dificar la tributación sobre el agua, con

el fin de disponer del instrumento ade-

cuado a nuevos objetivos de política

hidráulica y posibilitar una respuesta

distinta a varios problemas que había

planteados.

En su parte introductoria, la Ley de-

termina cuáles son los principios básicos

a los que se tiene que someter la actua-

ción de la Generalidad en esta materia,

que parten de la consideración del agua

como un recurso natural escaso e indis-

pensable para el desarrollo armónico y

sostenible de las actividades económicas

que debe ser optimizado y que exige una

gestión eficiente mediante la introduc-

ción de técnicas de ahorro del agua y de

fomento de la reutilización planificada

de este recurso.

Determina de manera detallada cuá-

les son las competencias de la Generali-

dad en este ámbito. Considerando que

hay que tomar las decisiones en el nivel

más próximo a las situaciones concretas

de uso y degradación de este recurso, en

el título I, regulador de las competencias

locales, la Ley posibilita la creación de

entidades locales del agua (ELA), a las

que atribuye competencias y recursos

económicos de la Agencia Catalana del

Agua (ACA) y también de los entes lo-

cales, cuando proceda, en materia de

abastecimiento de agua y de saneamien-

to de aguas residuales para la gestión

más eficiente de los recursos hídricos; al

mismo tiempo que fomenta la consti-

tución de entidades locales del agua

para la gestión integrada en el ámbito de

cuenca o porción de cuenca fluvial.

Es preciso destacar la calificación que

se hace desde las ELA, como entidades

territoriales y funcionales a la vez, califi-

cación que parece contradictoria según

la concepción tradicional en derecho

administrativo de estos dos caracteres.

En este punto, la Ley incorpora un

compromiso entre las posiciones que

postulan la máxima intervención local

y las partidarias de la concentración

de competencias en la Administración de

la Generalidad. El resultado parece con-

ducir a una administración compartida

2. CATALUÑA

2.1. ACTIVIDAD LEGISLATIVA

DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA

A cargo de Joan Vintró

Ley 6/1999, de 12 de julio, de ordenación, gestión y tributación del agua

(DOGC núm. 2936, de 22 de julio de 1999; corrección de erratas en el

DOGC núm. 3003, de 27 de octubre de 1999).

Autonomies, núm. 26, diciembre de 2000, Barcelona.

o mancomunada entre los dos niveles, si

bien en el marco de un modelo bastante

abierto.

Teniendo en cuenta que hay que in-

crementar el control sobre las fuentes de

abastecimiento a poblaciones, el títu-

lo II reconoce a la Generalidad, como ti-

tular de las competencias de ordenación

del ciclo del agua, los instrumentos de

intervención necesaria para garantizar el

abastecimiento y la redistribución del

recurso y establece también las medidas

de protección de las redes básicas de

abastecimiento.

La Ley establece, en el título III, el

«sistema de saneamiento» como unidad

básica para la prestación del servicio in-

tegral de tratamiento y evacuación de las

aguas residuales y traslada su gestión a

las ELA que hayan asumido competen-

cias de saneamiento, y fija, al mismo

tiempo, un régimen sancionador especí-

fico. Las formas de gestión que pueden

utilizar las ELA son muy diversas, ya

que son todas las autorizadas por la le-

gislación local y, a grandes rasgos, po-

drían clasificarse en directas, en las que

la Administración asume por sí misma

la gestión y explotación del servicio —y

por tanto, los riesgos correspondien-

tes— y en indirectas, en las que la Ad-

ministración traspasa la explotación a

un particular interpuesto. Las ELA de-

sarrollan también la tarea de interven-

ción administrativa mediante el otorga-

miento de autorizaciones de vertido, la

inspección y la potestad sancionadora

(la sanción máxima puede alcanzar los

25.000.000 de pesetas). La ACA debe

atribuir a las ELA los recursos económi-

cos suficientes para la prestación eficien-

te de servicios.

Por su parte, la Agencia Catalana del

Agua mantiene la alta inspección y la in-

tervención administrativa del vertido

del sistema en el medio receptor.

Se establece un nuevo régimen de pla-

nificación hidrológica en el título V. A

estos efectos, se determinan unos ámbi-

tos de planificación. El distrito de cuen-

ca fluvial es la unidad básica de gestión.

La planificación la integra un conjunto

de planes y programas de base territorial

y sectorial, que tienen por objetivo al-

canzar la disponibilidad y la calidad del

recurso y la preservación de los ecosiste-

mas fluviales.

De estos instrumentos, el principal es

el Plan de gestión del distrito de Cuenca

Fluvial de Cataluña, que establece los

requisitos cualitativos, cuantitativos y

económicos de la utilización del recur-

so, los instrumentos necesarios para

proteger los sistemas hídricos y los crite-

rios para calificar un proyecto o una

obra hidráulica como de interés priori-

tario para la Generalidad. Dentro del

Plan se incluye un programa de medidas

que establece las actuaciones dirigidas a:

a) La obtención de un inventario de

los recursos hídricos en calidad y canti-

dad.

b) El abastecimiento de las poblacio-

nes.

c) La determinación, la recuperación y

la protección de los caudales ecológicos.

d) La recuperación, la protección y la

mejora de la calidad de las aguas.

e) La recuperación, la protección, la

conservación y la mejora de los ecosiste-

mas vinculados al medio hídrico.

f) El establecimiento de un registro

de zonas protegidas.

g) El control de captaciones y verti-

dos.

h) El ahorro, la optimización y la

mejora de la eficiencia del uso del agua.

i) La prevención y la defensa ante las

inundaciones.

j) El saneamiento y la depuración de

las aguas residuales, incluyendo la des-

carga de sistemas unitarios.

AUTONOMIES · 26

280

k) La reutilización del agua proce-

dente de estaciones depuradoras de

aguas residuales.

l) La gestión de los fangos proceden-

tes de sistemas públicos de potabiliza-

ción y de saneamiento de aguas residua-

les.

m) La previsión de los colectores bá-

sicos de aguas pluviales.

n) El análisis económico del ciclo del

agua, en general y por sectores, desglo-

sándolo, como mínimo, en doméstico,

industrial y agrícola.

o) La concreción del ámbito territo-

rial de las ELA calificadas.

p) El fomento de la difusión, la for-

mación y la sensibilización en materia

de ordenación y gestión del agua.

q) En general, la gestión de las masas

de agua.

El nuevo régimen de programación

atiende los objetivos de la planificación

y en él se determina la participación de

la Generalidad y, si procede, de las enti-

dades beneficiarias en la financiación de

cada actuación.

Además, la Ley crea en el título V,

como ingreso específico del régimen

económico-financiero de la Agencia Ca-

talana del Agua, el canon del agua, un

impuesto de carácter ecológico sobre el

uso de este recurso o la carga contami-

nante vertida.

La nueva ordenación del tributo pre-

tende dar satisfacción a los movimien-

tos sociales en favor de una rebaja del

precio de suministro doméstico de

agua y establece un marco legal defini-

tivo para los acuerdos alcanzados entre

los representantes de estos movimien-

tos y los de las administraciones impli-

cadas.

El canon del agua —el impuesto que

sustituye al canon de infraestructura hi-

dráulica, el incremento de tarifa de sa-

neamiento y el canon de saneamiento

de la Generalidad— queda afecto a la

actividad de la Agencia Catalana del

Agua y es exigible a todos los usuarios,

excepto las entidades públicas, por lo

que respecta a los usos que hacen de ella

para limpieza de calles o riego de par-

ques y jardines, en lo tocante a los usos

en caso de incendio o de catástrofe y en

lo referente al riego agrícola cuando no

hay contaminación. Esta última excep-

ción se establece a reserva de lo que pue-

da determinar la Unión Europea con

relación a la futura política agrícola co-

mún y a las directrices sobre política hi-

drológica.

Los principios tradicionales del orde-

namiento jurídico-tributario informan

el nuevo impuesto. Así, y por lo que

respecta a los usuarios domésticos, se

protege un nivel básico de consumo

atendiendo al número de usuarios de

agua de la vivienda. También se adop-

tan medidas transitorias que permiten

una adaptación en el tiempo al nuevo

impuesto.

Por último, el Ente de Abastecimien-

to de Agua, creado por la Ley 4/1990,

de ordenación del abastecimiento de

agua al área de Barcelona, se adscribe

al mismo departamento que la Agen-

cia Catalana del Agua, que asume sus

funciones de planificación, de asigna-

ción de recursos hídricos a la red de los

ríos Ter-Llobregat y de relación con los

entes locales para incorporarlos a la

red.

Xavier Muro

ACTIVIDAD NORMATIVA... 281

AUTONOMIES · 26

282

Ley 9/1999, de 30 de julio, de apoyo a las selecciones catalanas (DOGC núm.

2948, de 9 de agosto).

Esta es la primera Ley catalana —y

hasta la fecha, la única— aprobada por

el Parlamento de Cataluña a partir de

una iniciativa legislativa popular.

Sin perjuicio de que el Consejo Eje-

cutivo hubiera incluido, en principio,

una normativa similar entre las disposi-

ciones del proyecto que ha dado lugar

a la Ley 8/1999, de 30 de julio, de la

jurisdicción deportiva y de modifica-

ción de la Ley 8/1988, de 7 de abril,

del deporte, la propuesta que final-

mente vio la luz fue impulsada a través

de esta iniciativa legislativa popular

que obtuvo la adhesión de más de me-

dio millón de firmas, aparte de recibir

el apoyo explícito de las 4 diputacio-

nes, 36 consejos comarcales y 650

ayuntamientos.

Esta Ley se articula a través de la mo-

dificación de varios artículos de la Ley

8/1988, de 7 de abril, del deporte, y se

fundamenta en la competencia exclusi-

va de Cataluña en el campo del deporte

y del ocio, tal y como establece el artícu-

lo 9.29 del Estatuto de autonomía y

conforme al mandato que la Constitu-

ción española hace a los poderes públi-

cos para que fomenten la educación físi-

ca y el deporte y faciliten la utilización

adecuada del ocio.

Contenido material de la Ley

En el preámbulo de la Ley se recuer-

da que el deseo del deporte catalán de

disfrutar de representación internacio-

nal estable es un objetivo muy arraiga-

do en el tiempo, que contó con varias

manifestaciones significativas princi-

palmente durante el primer cuarto de

siglo.

Los artículos de la Ley 8/1988 objeto

de modificación son el 3, el 19, el 25, el

26 y el 46.

Respecto al artículo 3, donde se rela-

cionan los principios rectores que la po-

lítica deportiva de la Generalidad debe

tener presentes para garantizar el acceso

en igualdad de condiciones y oportuni-

dades al conocimiento y a la práctica del

deporte, se añade el de la participación

de las selecciones catalanas en ámbitos

supraautonómicos.

En cuanto a la modificación del ar-

tículo 19 de la Ley 8/1988, cabe señalar

que es la de mayor trascendencia jurí-

dica para el reconocimiento y normal

funcionamiento de las selecciones de-

portivas catalanas. Así como hasta la

aprobación de esta Ley el régimen jurí-

dico vigente se limitaba a establecer la

obligatoriedad de las federaciones de-

portivas catalanas de formar parte de las

federaciones españolas para participar

en competiciones estatales, el nuevo

apartado 1 de este artículo establece la

opción para las federaciones deportivas

catalanas de solicitar su integración

como miembros de las correspondientes

federaciones de ámbitos supraautonó-

micos a los efectos de participar, desa-

rrollar y organizar actividades deporti-

vas en tales niveles según lo establecido

en sus respectivas normas estatutarias y

su aplicación. Esta disposición se com-

plementa con el apartado 2, en virtud

del cual se otorga a las federaciones de-

portivas catalanas de cada modalidad

deportiva la representación del corres-

pondiente deporte federado catalán en

los ámbitos supraautonómicos, siendo

función propia de dichas federaciones la

creación, fomento e impulso de las se-

lecciones catalanas de las respectivas

modalidades o disciplinas deportivas. Es

decir, en virtud de esas disposiciones se

amplían las posibilidades de actuación

de las federaciones deportivas catalanas

que, como representantes del deporte

federado catalán, podrán solicitar su in-

tegración en las federaciones deportivas

internacionales, sin tener que formar

parte forzosamente de las federaciones

estatales.

La modificación del artículo 25 de la

Ley 8/1988, de 7 de abril, tiene por ob-

jeto regular aquellos aspectos implícitos

en la formación de las selecciones catala-

nas. En su apartado 3 se dispone que es

competencia de las federaciones depor-

tivas catalanas la elección de los depor-

tistas catalanes que deberán integrar las

selecciones catalanas. En este sentido di-

cho apartado determina que tienen la

consideración de deportistas catalanes, a

tales efectos, los nacidos en Cataluña y

quienes hayan adquirido la vecindad ci-

vil en ese territorio. Durante los trabajos

de la ponencia se discutió sobre la con-

veniencia o no de ajustar esta definición

a lo establecido en el artículo 6 del Esta-

tuto de autonomía, cuando señala que

gozan de la condición política de catala-

nes los ciudadanos españoles que, de

acuerdo con las leyes generales del Esta-

do, tengan vecindad administrativa en

cualquiera de los municipios de Catalu-

ña. Finalmente, como se ha visto, se im-

puso la tesis más restrictiva, que busca la

preservación de una mayor identidad

cultural de los integrantes de las selec-

ciones catalanas, al exigirles la vecindad

civil; ésta, como sabemos, a diferencia

de la administrativa, que se obtiene au-

tomáticamente por el empadronamien-

to en cualquier municipio catalán, se

adquiere por residencia continuada en

Cataluña durante dos años, con declara-

ción expresa, o durante diez años sin de-

claración en contra durante dicho plazo.

Otra de las novedades introducidas a

través de la modificación de este artículo

25 es la posibilidad que tienen las selec-

ciones catalanas de utilizar el himno y la

bandera de Cataluña en las competicio-

nes oficiales en que participen. Por otra

parte, en su apartado 5 se establece la

obligación de las federaciones catalanas

de fomentar, por razones históricas, cul-

turales, deportivas y de vecindad, en la

medida en que lo permitan sus respectivas

reglamentaciones competitivas, la coope-

ración y coordinación con las entidades

deportivas de países de lengua catalana, y

promover selecciones conjuntas.

Mediante la modificación del artículo

26 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, del

deporte, se establece una regulación

mucho más detallada de las actividades

y funciones que corresponden a la

Unión de Federaciones Deportivas de

Cataluña (UFEC) como entidad repre-

sentativa del conjunto de federaciones

legalmente constituidas e inscritas en

Cataluña. Entre las actividades y fun-

ciones atribuidas a la UFEC, en cuanto

a las selecciones deportivas podemos

destacar el fomento exterior y la promo-

ción de la actividad de las selecciones

deportivas o de los clubes deportivos

federados y de sus deportistas, la pro-

moción de la institucionalización de

competiciones y actividades interauto-

nómicas o internacionales que permitan

la proyección exterior de Cataluña, así

como velar por la institucionalización

de competiciones y actividades interau-

tonómicas o internacionales que permi-

tan la proyección de Cataluña como

país deportivo.

Por último, la Ley modifica el aparta-

do 1 del artículo 46 de la Ley 8/1988,

que pasa a ser regulado por medio de

dos apartados. En el primero la modifi-

cación producida se concreta en dos

puntos. Por un lado, si en el régimen

ACTIVIDAD NORMATIVA... 283

introducido por la Ley 8/1988 se pre-

veía que la Administración deportiva de

la Generalidad tenía por objeto, en el

campo del deporte de élite y de alto ni-

vel, impulsar, planificar y controlar la

formación integral y la mejora depor-

tiva continuada de los deportistas se-

leccionados, la Ley que nos ocupa con-

creta dichas facultades en «impulsar,

planificar, realizar el seguimiento y en

su caso gestionar […]». Por otra parte,

mientras en la Ley 8/1988 se preveía

que la Administración deportiva de la

Generalidad llevaría a cabo esa tarea,

entre otras, mediante el establecimiento

de regímenes de colaboración con orga-

nismos deportivos del Estado, la Ley

aprobada amplía esta posibilidad a otros

ámbitos, al disponer «el establecimien-

to del régimen de colaboración con los

correspondientes organismos deporti-

vos, cualquiera que sea su ámbito terri-

torial».

En el segundo apartado se introduce

un nuevo mandato a la Administración

deportiva de la Generalidad: el apoyo

a la participación de deportistas catala-

nes con discapacidades físicas, psíquicas

y sensoriales en competiciones de alto

nivel.

Constitucionalidad de la Ley

Es evidente que en la elaboración y

tramitación de la presente Ley se ha de-

bido tener muy presente que su redacta-

do no vulnerase el régimen de reparto

de competencias establecido en la Cons-

titución, sobre todo en cuanto a la posi-

ble implicación del artículo 149.1.3,

que reserva al Estado la competencia ex-

clusiva en relaciones internacionales. Se

ha jugado con una cierta ventaja, si bien

estéril hasta el momento, pues se conta-

ba con la experiencia de la Ley del Parla-

mento vasco 14/1998, de 11 de junio,

del deporte del País Vasco, impugnada

por el Gobierno del Estado ante el Tri-

bunal Constitucional. Se conocía, por

lo tanto, la argumentación jurídica con-

creta que se había aducido para tratar de

obstaculizar la citada Ley. Sobre la base

de todo ello, en el texto aprobado pode-

mos observar una serie de elementos

que, con mayor o menor fundamento,

forman parte de una estrategia jurídica

destinada a garantizar la constituciona-

lidad de la presente Ley.

Entre tales elementos, destaca que a

lo largo de la Ley se hable de ámbitos su-

praautonómicos, cuando ya en la Ley

8/1988, del deporte, se hacía referencia

a los ámbitos estatal e internacional y la

propia proposición de ley también lo

hacía así. De hecho, esta sustitución vie-

ne a ser una especie de maquillaje termi-

nológico de carácter meramente formal

y no supone modificación alguna desde

el punto de vista material respecto al

objeto real de la Ley, puesto que, en lo

identificado como ámbitos supraau-

tonómicos pueden incluirse tanto el in-

terautonómico como el estatal y el

internacional. De todas formas, la susti-

tución por la Ley de la palabra «interna-

cional» por la más genérica de «supraau-

tonómico» no es absoluta, ya que en el

preámbulo se habla abiertamente del

«deseo del deporte catalán de disfrutar

de representación internacional» y en el

propio artículo 4 de la Ley se está ha-

blando de la «institucionalización de

competiciones y actividades interauto-

nómicas o internacionales».

Otra de las estrategias ha sido obviar

cualquier disposición que pudiera atri-

buir a las federaciones deportivas la re-

presentación de Cataluña, a diferencia

de lo que hace la Ley estatal del deporte,

de 15 de octubre de 1990, cuando en su

artículo 33.2 establece que: «Las federa-

ciones deportivas españolas ostentarán

AUTONOMIES · 26

284

la representación de España en las acti-

vidades y competiciones deportivas de

carácter internacional […]».

En cambio, en la Ley aprobada por el

Parlamento se afirma que «las federa-

ciones deportivas catalanas de cada mo-

dalidad deportiva son las representantes

del respectivo deporte federado catalán

en los ámbitos supraautonómicos». Con

ello se intenta circunscribir la represen-

tación internacional del deporte catalán

al ámbito privado puesto que la Ley ca-

talana del deporte define a las federacio-

nes deportivas catalanas como entidades

privadas de interés público y social y, a

diferencia de lo dispuesto en la Ley esta-

tal del deporte respecto a las federacio-

nes deportivas españolas, en ninguna

parte se ha establecido que las federacio-

nes deportivas catalanas ejerzan por de-

legación funciones públicas de carácter

administrativo.

La tercera estrategia consistió en no

atribuir a las federaciones deportivas ca-

talanas la representación del deporte

federado catalán de forma exclusiva,

como hacía la Ley vasca 14/1998, de 11

de junio, del deporte del País Vasco. En-

tiendo que esta redacción no cierra la

puerta a que el deporte federado catalán

pueda estar representado a nivel inter-

nacional, en determinadas modalidades

deportivas, por las federaciones deporti-

vas españolas. Funciona como una espe-

cie de prevención ante la posibilidad de

que alguna federación internacional no

aceptara la integración de las federacio-

nes deportivas catalanas, de tal modo

que en todo momento esté garantizada

la presencia internacional del deporte

catalán, ya sea por medio de sus propias

federaciones o bien a través de las fede-

raciones españolas.

Todas estas estrategias jurídicas, que

sin duda se han traducido en un texto

más abierto y flexible que el vasco, no

han evitado la interposición de un re-

curso de inconstitucionalidad por parte

del Gobierno del Estado.

Ya durante la tramitación de la Ley

había sido cuestionada su constitucio-

nalidad. La Mesa del Parlamento, a ins-

tancia de más de una décima parte de

los miembros de la Cámara, integrantes

del Grupo Parlamentario Popular, de

acuerdo con los artículos 8, primero, y

9.1 de la Ley 1/1981, de 2 de febrero, de

creación del Consejo Consultivo de la

Generalidad, acordó solicitar dictamen,

en relación con el Dictamen de la Co-

misión de Cultura sobre la proposición

de ley tramitada. En concreto se cues-

tionaba la constitucionalidad de los ar-

tículos 2, 3.4, 3.5, 4 y 5. El Consejo

Consultivo, mediante el Dictamen 214/

1999, de 20 de julio, concluyó que los

artículos cuestionados, además de deter-

minados aspectos de coherencia y segu-

ridad jurídica, eran plenamente consti-

tucionales con excepción del artículo 3

de la proposición de ley, en el apartado

en que se establecía la obligatoriedad

para los deportistas catalanes de asistir a

las convocatorias de las selecciones cata-

lanas, por entender el Consejo que en el

Estado social y democrático de derecho

que consagra nuestra Constitución el

deporte es un derecho del ciudadano

que los poderes públicos tienen el deber

de fomentar pero en ningún caso se tra-

ta de un deber ciudadano.

Como hemos dicho, con posteriori-

dad a la aprobación y publicación de la

Ley fue interpuesto por el Gobierno del

Estado un recurso de inconstitucionali-

dad que se concreta en el párrafo prime-

ro del artículo 19.2 de la Ley 8/1988, en

la redacción dada por esta Ley 9/1999

cuando dispone:

«Las federaciones deportivas catala-

nas de cada modalidad deportiva son las

representantes del respectivo deporte fe-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 285

AUTONOMIES · 26

286

derado catalán en sus respectivos ámbi-

tos supraautonómicos».

A pesar de todo lo dicho, el abogado

del Estado entiende que este artículo atri-

buye a las federaciones catalanas la repre-

sentación en exclusiva de cada modalidad

deportiva a nivel estatal e internacional y

resulta inconstitucional por vulnerar las

competencias estatales en materia de cul-

tura y relaciones internacionales.

Habrá que esperar, pues, al veredicto

del Tribunal Constitucional. En cual-

quier caso, entendemos que la jurispru-

dencia constitucional respecto al alcance

de la competencia exclusiva estatal en re-

laciones internacionales, tal y como se ha

configurado en los últimos años a través

de las STC 1/1986, 153/1989, 17/1991

y 165/1994, limita la actuación estatal al

ius contrahendi, derecho a celebrar tra-

tados internacionales, ius legationis, de-

recho a la representación exterior del

Estado, así como a la creación de obliga-

ciones internacionales y a la responsabi-

lidad internacional del Estado, materias

todas ellas reguladas por el derecho in-

ternacional público. Respecto al papel

que constitucionalmente puede jugar el

Estado en el terreno de la cultura, cabe

recordar que las STC 49/1984 y 106/

1996 lo califican como secundario y

complementario al papel principal de

ordenación de la propia cultura que debe

poseer la comunidad autónoma y, en

ningún caso, la intervención estatal po-

drá anular las competencias autonómi-

cas específicas pretendiendo exclusivi-

dad o uniformidad.

Vicenç M. Santaló

Ley 10/1999, de 30 de julio, sobre tenencia de perros considerados potencial-

mente peligrosos (DOGC núm. 2948, de 9 de agosto; corrección de erro-

res en el DOGC núm. 3060, de 20 de enero de 2000).

La presente Ley ha sido aprobada en

un momento en que habían trascendido

a la opinión pública varios casos de pe-

rros que habían protagonizado graves

incidentes de agresiones a personas y a

otros animales, así como casos de peleas

ilegales de perros. Con la aprobación de

esta Ley se regula la tenencia de perros

que, por sus características, pueden ser

considerados potencialmente peligrosos

y se dota a la Administración de unos

instrumentos de respuesta efectiva ante

los casos de infracción de sus mandatos.

Según la presente Ley, tienen la consi-

deración de perros potencialmente peli-

grosos los que pertenezcan a una de las

siguientes razas, o a sus cruces: bullmas-

tiff, dóberman, dogo argentino, dogo de

Burdeos, fila brasileño, mastín napolita-

no, pit bull, de presa canario, rottweiler,

terrier staffordshire americano y tosa ja-

ponés.

También poseen dicha consideración,

pese a no pertenecer a ninguna de las ci-

tadas razas, los perros que hayan origina-

do episodios de agresiones a personas o a

otros perros, y aquellos que hayan sido

adiestrados para el ataque y la defensa.

El Gobierno deberá revisar periódica-

mente, mediante decreto, la incorpora-

ción o exclusión de alguna de estas razas

en función de la agresividad manifestada.

La Ley fija las medidas de seguridad

que deberán reunir las instalaciones en

que haya perros potencialmente peli-

grosos, estableciendo la obligación de

llevarlos atados y con bozal en los espa-

cios públicos y prohibiendo que sean

ACTIVIDAD NORMATIVA... 287

conducidos por menores de dieciséis

años.

En el registro municipal de animales

de compañía deberá incluirse un aparta-

do específico para los perros potencial-

mente peligrosos, en el que se hará cons-

tar la raza y demás circunstancias de

peligrosidad que puedan concurrir.

Como condición para la inclusión en el

correspondiente registro, los propietarios

de perros potencialmente peligrosos de-

berán contratar un seguro de responsabi-

lidad civil que cubra la indemnización

por los daños que estos animales provo-

quen a personas y a otros animales, pro-

hibiéndose que puedan adquirir perros

de tal naturaleza las personas meno-

res de edad, así como también las que ha-

yan sido privadas judicial o gubernativa-

mente de la tenencia de estos animales.

La cría de perros potencialmente peli-

grosos sólo podrá llevarse a cabo en cen-

tros autorizados e inscritos en el registro

oficial de núcleos zoológicos de Catalu-

ña, y aquellos animales que deseen utili-

zarse para la reproducción deberán su-

perar unas pruebas de comportamiento

que garanticen la ausencia de conductas

agresivas anómalas.

El adiestramiento de ataque y de de-

fensa sólo se autorizará en las activida-

des de vigilancia y de guarda de empre-

sas de seguridad y de los distintos

cuerpos de seguridad, y siempre por

profesionales que cuenten con la forma-

ción y conocimientos necesarios avalados

por titulación oficialmente reconocida.

En los casos de perros que presenten

comportamientos agresivos patológicos

no solucionados con las técnicas de

adiestramiento y terapéuticas existentes,

se considerará, bajo criterio facultativo,

la adopción de medidas como la castra-

ción o sacrificio del animal.

El cumplimiento de las obligaciones

establecidas en la Ley se refuerza con un

régimen sancionador que prevé la impo-

sición de multas desde 10.000 PTA para

las infracciones leves, hasta 5.000.000

de PTA para las muy graves, y que de-

ben graduarse teniendo en cuenta la

trascendencia social y el perjuicio causa-

do por la infracción cometida, el ánimo

de lucro ilícito y la cuantía del beneficio

obtenido por la comisión de la infrac-

ción, así como la reincidencia en la co-

misión de infracciones.

La imposición de cualquiera de las

sanciones establecidas por la Ley no ex-

cluye la responsabilidad civil de la per-

sona sancionada, ni la indemnización

que pueda serle exigida por daños y per-

juicios, según lo dispuesto en el artículo

1905 del Código civil. Si en el curso de

un procedimiento sancionador se apre-

ciase que los hechos objeto del expe-

diente pueden ser constitutivos de deli-

to o falta, la Administración trasladará

las actuaciones a la autoridad judicial

competente y dejará en suspenso el pro-

cedimiento sancionador hasta su resolu-

ción judicial.

Imma Folchi

Leyes promulgadas en Cataluña entre enero y diciembre de 1999.

Ley 1/1999, de 30 de marzo, de modifi-

cación de la disposición final cuarta de

la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la

intervención integral de la Administra-

ción ambiental (DOGC núm. 2861, de

6 de abril de 1999).

AUTONOMIES · 26

288

Ley 2/1999, de 30 de marzo, de creación

del Colegio de Detectives Privados de

Cataluña (DOGC núm. 2865, de 12 de

abril de 1999).

Ley 3/1999, de 26 de abril, de modifica-

ción de la Ley 16/1998, de 28 de diciem-

bre, de los consejos sociales de las univer-

sidades públicas de Cataluña (DOGC

núm. 2877, de 28 de abril de 1999).

Ley 4/1999, de 12 de julio, de modifica-

ción del artículo 8 de la Ley 1/1981, de

25 de febrero, de creación del Consejo

Consultivo de la Generalidad (DOGC

núm. 2931, de 15 de julio de 1999).

Ley 5/1999, de 12 de julio, de modifica-

ción de la Ley 5/1994, de 4 de mayo, de

regulación de los servicios de preven-

ción y extinción de incendios y de salva-

mentos de Cataluña (DOGC núm.

2936, de 22 de julio de 1999).

Ley 6/1999, de 12 de julio, de ordena-

ción, gestión y tributación del agua

(DOGC núm. 2936, de 22 de julio de

1999; corrección de erratas, DOGC

núm. 3003, de 27 de octubre de 1999).

Ley 7/1999, de 30 de julio, del Centro

de la Propiedad Forestal (DOGC núm.

2948, de 9 de agosto de 1999).

Ley 8/1999, de 30 de julio, de la juris-

dicción deportiva y de modificación

de las leyes 8/1988, del deporte, y

11/1984, de creación del organismo au-

tónomo Instituto Nacional de Educa-

ción Física de Cataluña (DOGC núm.

2948, de 9 de agosto de 1999).

Ley 9/1999, de 30 de julio, de apoyo a

las selecciones catalanas (DOGC núm.

2948, de 9 de agosto de 1999).

Ley 10/1999, de 30 de julio, sobre la te-

nencia de perros considerados poten-

cialmente peligrosos (DOGC núm,

2948, de 9 de agosto de 1999; correc-

ción de erratas, DOGC núm. 3060, de

20 de enero de 2000).

Decreto 332/1998, de 24 de diciembre,

por el que se limita el acceso de niños

y adolescentes menores de 14 años a

las corridas de toros y a determinadas

modalidades de combates y de luchas

(DOGC núm. 2798, de 4 de enero de

1999).

Acogiéndose al vigente marco legal, el

presente Decreto tiene como objetivo

prohibir el acceso de niños y adolescen-

tes menores de 14 años a las corridas de

toros y a los combates de boxeo. Asimis-

mo, se amplía dicha prohibición a de-

terminadas modalidades de combates y

luchas entre personas. También se regu-

lan, entre otras, las obligaciones de los

responsables de los establecimientos

donde se desarrollen las citadas activi-

dades.

Decreto 328/1998, de 24 de diciembre,

por el que se regula la identificación y el

Registro general de animales de compa-

ñía (DOGC núm. 2798, de 4 de enero

de 1999).

Con el sistema de identificación esta-

blecido por la Ley 3/1994 y por el pre-

sente Decreto, se incorporan los datos

de la persona responsable del animal en

el sistema de identificación, para aplicar

las correspondientes sanciones en los ca-

sos de abandono. En el Registro general

de animales de compañía se centraliza-

rán los datos de todos los animales de

compañía de Cataluña para conocer su

número, así como su localización en

Cataluña, facilitando la aplicación de

un programa de lucha sanitario en caso

de que se detecte alguna enfermedad de

importancia. Asimismo, permitirá el

control sanitario individual de cada uno

de los animales, gracias a la identifica-

ción individual establecida por este sis-

tema de identificación.

Decreto 333/1998, de 24 de diciembre,

sobre comercialización y venta de pan

(DOGC núm. 2798, de 4 de enero de

1999).

La presente disposición regula el co-

mercio al por menor de pan y sus deri-

vados, de acuerdo con la definición de la

correspondiente normativa técnico-sa-

nitaria, incluidos los establecimientos

donde se lleven a cabo procesos finales

de elaboración y/o cocción de dicho

producto. Se dispone que el incumpli-

miento de determinados preceptos del

presente Decreto dará lugar a las infrac-

ciones tipificadas en las leyes 1/1990 y

15/1983. Igualmente, se atribuyen fa-

cultades a los ayuntamientos para que

puedan corregir, en su caso, disfuncio-

nes en materia de orden público deriva-

das de la distribución de bebidas alco-

hólicas en establecimientos con horario

comercial libre, así como en materia

sancionadora.

Decreto 336/1998, de 15 de diciembre,

por el que se regulan las mesas locales de

2.2. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

A cargo de M. Eugènia Cuenca y Vicenç Aguado

Autonomies, núm. 26, diciembre de 2000, Barcelona.

empleo (DOGC núm. 2807, 18 de ene-

ro de 1999).

Se crean las mesas locales de empleo

dependientes del Departamento de Tra-

bajo con el fin de: a) facilitar informa-

ción al Consejo de Dirección del Servi-

cio Público de Empleo de Cataluña; b)

colaborar en la valoración y elaboración

de informes sobre los programas de po-

líticas activas que se desarrollan en su

ámbito, de conformidad con las funcio-

nes determinadas en el artículo 3 del

presente Decreto; c) prestar apoyo a las

funciones de las comisiones territoriales

del área de empleo del Consejo de Tra-

bajo, Económico y Social de Cataluña,

en sus respectivos ámbitos territoriales.

Decreto 325/1998, 24 de diciembre, por

el que se aprueba el Plan de contabili-

dad al que deben adaptarse las federa-

ciones deportivas catalanas (DOGC

núm. 2816, de 29 de enero).

El Plan de contabilidad adaptado a las

federaciones deportivas catalanas posee

la misma estructura del Plan general

contable aprobado por el Real decreto

1643/1990, de 20 de diciembre, y del ya

adaptado para las federaciones deporti-

vas españolas; este último es el que ha

servido de guía a la comisión redactora,

así como algunos aspectos que serán re-

cogidos en el futuro Plan para entidades

sin ánimo de lucro. El Plan consta de

cinco partes: a) principios contables;

b) cuadro de cuentas; c) definiciones

contables; d) cuentas anuales; e) normas

de valoración.

Decreto 7/1999, de 26 de enero, de mo-

dificación del Decreto 111/1996, de 2

de abril, por el que se aprueba el Regla-

mento de provisión de puestos de traba-

jo del cuerpo de mozos de escuadra

(DOGC núm. 2817, de 1 de febrero).

Se modifican algunos aspectos de la

regulación del concurso-oposición al

objeto de garantizar, entre otros, la se-

lección de los candidatos más idóneos.

Decreto 6/1999, de 26 de enero, por el

que se establecen las condiciones de

mantenimiento de los animales de com-

pañía (DOGC núm. 2817, de 1 de fe-

brero).

Sin perjuicio de la responsabilidad

subsidiaria del propietario, se desarro-

llan las obligaciones básicas de los po-

seedores de un animal de compañía, en

particular las condiciones relativas a alo-

jamiento, alimentación, medios de suje-

ción, mantenimiento en vehículos y

medidas de seguridad. Asimismo, se re-

gulan las funciones de inspección, vigi-

lancia y control del Departamento de

Agricultura, Ganadería y Pesca, así

como las de las demás administraciones

competentes.

Decreto 21/1999, de 9 de febrero, de

creación del Consejo Catalán de Forma-

ción Profesional (DOGC núm. 2826,

de 12 de febrero; corrección de errata en

el DOGC núm. 2865, de 12 de abril).

Se crea el Consejo Catalán de Forma-

ción Profesional como órgano de con-

sulta y asesoramiento, con carácter no

vinculante, del Gobierno de la Genera-

lidad, con la participación de las organi-

zaciones empresariales, sindicales y enti-

dades públicas implicadas, respecto de

toda la formación profesional, reglada y

no reglada, adscrito al Departamento de

Enseñanza. Este órgano es complemen-

tario del Consejo de Trabajo, Económi-

co y Social de Cataluña y del Consejo

Escolar de Cataluña.

Decreto 26/1999, de 9 de febrero, por el

que se aprueba el Estatuto del Centro de

Telecomunicaciones y Tecnologías de la

Información de la Generalidad de Cata-

luña (DOGC núm. 2827, de 15 de fe-

brero).

AUTONOMIES · 26

290

El presente Decreto fija las normas de

funcionamiento del Centro de Teleco-

municaciones y Tecnologías de la Infor-

mación adaptándolas a las modificacio-

nes introducidas por la Ley 17/1998, de

28 de diciembre. El Decreto incluye un

anexo en el que se relacionan los estatu-

tos del Centro de Telecomunicaciones y

Tecnologías de la Información, donde

se indican las funciones y se especifica la

composición y atribuciones de sus órga-

nos de gobierno.

Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de

la gestión de los residuos sanitarios

(DOGC núm. 2828, de 16 de febrero).

El presente Decreto tiene por objeto

la ordenación y el control de la gestión

de los residuos sanitarios en Cataluña.

La citada gestión comprende las activi-

dades de clasificación, recogida, almace-

namiento, transporte, tratamiento y

disposición de desechos, para garantizar

la protección de la salud pública, la de-

fensa del medio ambiente y la preserva-

ción de los recursos naturales.

Decreto 28/1999, de 9 de febrero, sobre

requisitos mínimos de habitabilidad en

los edificios de viviendas (DOGC núm.

2828, de 16 de febrero).

Decreto 32/1999, de 9 de febrero, de

aprobación del Plan único de obras y

servicios de Cataluña, año 1999 (DOGC

núm. 2832, de 22 de febrero).

Decreto 45/1999, de 23 de febrero, de

regulación de los puestos de trabajo

de facultativos y técnicos del cuerpo

de mozos de escuadra (DOGC núm.

2839, de 3 de marzo).

El presente Decreto tiene por objeto

regular el régimen aplicable a los pues-

tos de trabajo de facultativos y técnicos

del cuerpo de mozos de escuadra, con ti-

tulación de los grupos A y B, según lo

previsto en la Ley 10/1994, de 11 de ju-

lio, de la policía de la Generalidad-mo-

zos de escuadra, y demás normativa

aplicable.

Decreto 47/1999, de 23 de febrero, por

el que se regulan las condiciones que de-

ben reunir las mutualidades de previ-

sión social voluntaria de Cataluña para

obtener el certificado de dependencia

mutual cualificada de sus productos ase-

guradores de dependencia (DOGC

núm. 2839, de 3 de marzo).

El objeto del presente Decreto es re-

gular las condiciones mínimas necesa-

rias para que las mutualidades de previ-

sión social voluntaria de Cataluña que

lo soliciten y cumplan tales condiciones

obtengan por sus productos asegurado-

res de dependencia el certificado de de-

pendencia mutual cualificada. Dicha

certificación será reconocida por resolu-

ción de la Dirección General de Seguri-

dad Social y podrá constar en la do-

cumentación contractual del citado

producto.

Decreto 66/1999, de 9 de marzo, sobre

el acceso a la función pública de las per-

sonas con discapacidad y de los equipos

de valoración multiprofesional (DOGC

núm. 2852, de 22 de marzo).

Es objeto del presente Decreto el esta-

blecimiento de las garantías necesarias

para facilitar el acceso a la función pú-

blica de las personas con discapacidad

en igualdad de condiciones con el resto

de aspirantes, así como la regulación de

las funciones de los equipos multiprofe-

sionales de valoración en el ámbito de

la función pública. En particular, se es-

tablecen previsiones relativas a: a) el prin-

cipio de no discriminación; b) el por-

centaje de plazas de reserva para perso-

nas con discapacidad; c) los equipos

multiprofesionales; d) la acreditación de

condiciones; e) las adaptaciones necesa-

rias para la realización de las pruebas;

ACTIVIDAD NORMATIVA... 291

f) las adaptaciones de los puestos de tra-

bajo adjudicados; g) el derecho prefe-

rente a escoger las vacantes cuando acce-

dan a la condición de funcionario por la

vía de reserva.

Decreto 81/1999, de 23 de marzo, por el

que se desarrolla el régimen de pago de

la tasa que grava los juegos de suerte, en-

vite o azar (DOGC núm. 2857, 29 de

marzo).

El pago de la tasa fiscal sobre los jue-

gos de suerte, envite o azar se hará efec-

tivo en régimen de autoliquidación, me-

diante la utilización de los modelos de

declaración-liquidación que se aprue-

ben según orden del consejero de Eco-

nomía, Finanzas y Planificación.

Decreto 88/1999, de 23 de marzo, de

modificación del Decreto 291/1992, de

14 de diciembre, regulador del Patrona-

to Catalán Pro Europa y de sus estatu-

tos de funcionamiento y de régimen in-

terno (DOGC núm. 2859, de 31 de

marzo).

A las entidades que integran el Patro-

nato se añade la Universidad Internacio-

nal de Cataluña.

Decreto 94/1999, de 6 de abril, de adop-

ción de medidas excepcionales en rela-

ción con la utilización de los recursos

hidráulicos al amparo del artículo 56 de

la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas

(DOGC núm. 2865, de 12 de abril).

El presente Decreto establece medi-

das de aplicación directa para economi-

zar el agua almacenada en los embalses,

tales como el régimen de dotaciones

para derivar de los embalses más grave-

mente afectados, habilitando a los entes

de la Administración hidráulica de Ca-

taluña para adoptar medidas excepcio-

nales en casos concretos; intensifica las

facultades de intervención y control de

los aprovechamientos hidráulicos y de

los vertidos y establece las condiciones

para que, a solicitud de las entidades

locales interesadas, se puedan lograr

unas dotaciones mínimas de agua para

usos domésticos, destinando a tal efecto

aguas concedidas para otros usos. Por

otra parte, el presente Decreto declara

que no generarán derecho a indemniza-

ción, con las excepciones que expresa-

mente se prevén, las medidas orientadas

al ahorro del agua disponible y a la opti-

mización de su utilización, debido a que

tienen por objeto canalizar el esfuerzo

común para hacer frente a la situación

de sequía y a que su causa no es imputa-

ble al funcionamiento de la Administra-

ción.

Decreto 92/1999, de 6 de abril, de mo-

dificación del Decreto 34/1996, de 9 de

enero, por el que se aprueba el Catálogo

de residuos de Cataluña (DOGC núm.

2865, de 12 de abril).

Como rasgos más destacables del

nuevo Catálogo de residuos de Catalu-

ña, cabe poner de relieve que respeta la

estructura en grupos y subgrupos del

anterior Catálogo, introduciendo modi-

ficaciones en la clasificación de los resi-

duos, regula un procedimiento contra-

dictorio para su catalogación y elimina

el índice de peligrosidad de los residuos

especiales.

Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre

procedimientos de gestión de residuos

(DOGC núm. 2865, de 12 de abril).

El Decreto sobre procedimientos de

gestión de residuos reglamenta el régi-

men jurídico aplicable a los productores

de residuos industriales y a los transpor-

tistas de residuos, establece normas rela-

tivas al control de la gestión de los resi-

duos y a las obligaciones de los gestores

y, por último, regula las operaciones de

traslado de residuos.

AUTONOMIES · 26

292

Decreto 124/1999, de 4 de mayo, sobre

los servicios y el personal del Sistema de

Lectura Pública de Cataluña (DOGC

núm. 2885, de 10 de mayo).

El presente Decreto desarrolla la es-

tructura del Sistema de Lectura Pública

precisando las funciones que correspon-

den a cada Administración en la gestión

de los servicios de apoyo y de las biblio-

tecas públicas. Además, se regulan las

funciones, titulación, dependencia y se-

lección del personal de las bibliotecas

del Sistema.

Decreto 131/1999, de 4 de mayo, por el

que se aprueba la Clasificación catalana

de productos por actividades (CCPA-

96) (DOGC núm. 2888, de 13 de

mayo).

La Clasificación catalana de produc-

tos por actividades (CCPA-96) es de uso

obligatorio para la presentación de re-

sultados de las actividades estadísticas

incluidas en el Plan estadístico de Cata-

luña, así como de aquéllas a las que las

leyes concedan los correspondientes be-

neficios legales y en las relaciones con la

Administración de la Generalidad de

Cataluña según los términos estableci-

dos en la legislación estadística catalana

y conforme a lo dispuesto en la Ley

1/1998, de 7 de enero, de política lin-

güística.

Decreto 134/1999, de 18 de mayo, de

regulación de la videovigilancia por par-

te de la policía de la Generalidad y de las

policías locales de Cataluña (DOGC

núm. 2892, de 19 de mayo; corrección

de erratas en el DOGC núm. 2988,

pág. 12942, de 5 de octubre).

Acogiéndose al marco normativo

existente, el presente Decreto regula la

autorización y el uso de cámaras y otros

dispositivos para captar y grabar imáge-

nes y sonidos en lugares públicos, así

como su posterior utilización por lo que

se refiere al registro, custodia y destino

de las grabaciones obtenidas con dichos

aparatos. El Decreto recoge la existencia

de una única comisión de control de los

dispositivos de videovigilancia para la

instalación de videocámaras por parte

de cualquier cuerpo policial que actúe

en el territorio de la Comunidad Autó-

noma de Cataluña, para evitar duplici-

dades y alcanzar un mayor grado de se-

guridad jurídica. Asimismo, la presente

disposición establece determinadas ga-

rantías para la salvaguarda de los dere-

chos fundamentales que pueden resultar

afectados por el uso de tales instrumen-

tos de control y muy especialmente los

derechos a la intimidad y a la propia

imagen, para lo cual se ha regulado cui-

dadosamente el derecho de los ciudada-

nos de acceso y cancelación de las graba-

ciones.

Decreto 136/1999, de 18 de mayo, por

el que se aprueba el Reglamento general

de desarrollo de la Ley 3/1998, de 27 de

febrero, de la intervención integral de la

administración ambiental, y se adaptan

sus anexos (DOGC núm. 2894, de 21

de mayo; corrección de erratas en el

DOGC núm. 3110, pág. 3707, de 30

de marzo de 2000).

El título 1 desarrolla las disposiciones

generales y clasifica las actividades con

incidencia ambiental en siete categorías

para ajustar el sistema y los procedi-

mientos de prevención y control a las

peculiaridades y características propias

de cada categoría, ampliando el cuadro

de definiciones con el fin de facilitar la

interpretación de los términos más sig-

nificativos. El título 2 regula la base de

datos ambientales que debe establecer la

Administración de la Generalidad con

la participación de los entes locales rela-

cionando, a tal efecto, el contenido de la

base de datos y creando las unidades de

ACTIVIDAD NORMATIVA... 293

información ambiental del Departa-

mento de Medio Ambiente y de los

entes locales. El título 3 dispone la orga-

nización administrativa ambiental re-

sultante de la Ley y establece la compe-

tencia, funciones y estructura de las

oficinas de gestión ambiental unificada

de la Administración de la Generalidad

adscritas a las delegaciones territoriales

del Departamento de Medio Ambiente,

así como de la Ponencia Ambiental ads-

crita al Departamento de Medio Am-

biente como órgano colegiado, con la

participación de todos los sectores am-

bientales, y de la Dirección General de

Calidad Ambiental como órgano del

Departamento de Medio Ambiente que

velará por el funcionamiento global de

sistema de intervención integral. El títu-

lo 4 regula el sistema de prevención, de-

tallando y concretando los regímenes de

autorización ambiental, de licencia am-

biental y de comunicación, con especial

referencia al contenido de los proyectos

técnicos y de la restante documentación

que debe acompañar a la solicitud. El

contenido del proyecto se diferencia por

las distintas categorías de actividades

para adecuarlo a sus características pro-

pias y peculiaridades. Establece, asimis-

mo, el régimen de garantía y de respon-

sabilidad civil. El capítulo 4 de este

título determina el régimen aplicable

para la revisión de la autorización y de la

licencia ambiental. Se prevén los su-

puestos de revisión anticipada y de revi-

sión periódica, además del procedi-

miento al que deberán someterse las

actividades afectadas. El título 5 regla-

menta el sistema de control inicial y pe-

riódico al que deberán someterse las ac-

tividades y que realizan las entidades

ambientales de control. El sistema de

acreditación de dichas entidades se re-

gula mediante un reglamento específi-

co, cuyo cumplimiento se determina en

la disposición adicional quinta de la Ley.

El título 6 regula el régimen sanciona-

dor estableciendo los entes y órganos

competentes y las potestades sanciona-

doras que se les atribuyen. Las disposi-

ciones adicionales disponen el inicio del

régimen de controles reglamentarios

para las actividades existentes, así como

el régimen provisional sobre los acuer-

dos voluntarios y la aplicación de las

mejores técnicas disponibles mientras

no sean establecidos por la Unión Euro-

pea. Las disposiciones transitorias pre-

ceptúan el régimen de adecuación al

nuevo sistema para las actividades exis-

tentes, legalizadas y no legalizadas en el

momento de la entrada en vigor de la

Ley, además del régimen de concesión

de exenciones temporales a determina-

dos límites de emisión. El Reglamento

incluye asimismo cuatro anexos. Los

tres primeros, que clasifican las activida-

des sometidas al régimen de interven-

ción administrativa ambiental, se co-

rresponden con los que figuran en la

citada Ley 3/1998, una vez revisados

conforme a la disposición adicional sép-

tima de dicha Ley; su inclusión en el Re-

glamento tiene como fin facilitar su

aplicación. Por su parte, el cuarto anexo

señala las actividades para las que resulta

necesaria documentación específica en

cuanto a la prevención de incendios

concretando el alcance de la misma.

Decreto 140/1999, de 18 de mayo, por el

que se establecen normas para la preven-

ción de los riesgos derivados del denomi-

nado «efecto 2000» en el ámbito de los

centros, servicios y establecimientos de

protección de la salud y de atención sa-

nitaria y sociosanitaria públicos o de co-

bertura pública y privados de Cataluña

(DOGC núm. 2895, de 25 de mayo).

Todos los centros, servicios y estable-

cimientos de protección de la salud y de

AUTONOMIES · 26

294

atención sanitaria y sociosanitaria pú-

blicos o de cobertura pública y privados

de Cataluña deberán elaborar un plan

de acción para la prevención integral de

los riesgos derivados del denominado

«efecto 2000», antes del día 30 de julio

de 1999, y ejecutar las actuaciones que

se incluyan en el mismo. El citado plan

deberá incluir, como mínimo, una se-

rie de actuaciones, referidas a la tota-

lidad de los sistemas de información,

aparatos y equipamientos médicos, así

como los sistemas generales y de teleco-

municaciones de los centros, servicios o

establecimientos respectivos que pue-

dan presentar disfunciones como conse-

cuencia del denominado «efecto 2000».

Decreto 146/1999, de 18 de mayo, por

el que se aprueba el Reglamento de de-

sarrollo del artículo 32 de la Ley

25/1998, de 31 de diciembre, de medi-

das administrativas, fiscales y de adapta-

ción al euro (DOGC núm. 2898, de 28

de mayo).

Se establecen previsiones relativas al

impuesto sobre transmisiones patrimo-

niales y actos jurídicos documentados

para las transmisiones de viviendas y sus

anexos a favor de las empresas inmobi-

liarias tales como el tipo impositivo, el

sujeto pasivo, el concepto de vivienda,

la autoliquidación y justificación de los

requisitos, la liquidación caucional y

afección registral y la autoliquidación

complementaria.

Decreto 163/1999, de 15 de junio, por el

que se autoriza el cambio de valores ne-

gociables de la Generalidad de Cataluña

(DOGC núm. 2914, de 21 de junio).

Se autoriza el cambio de valores nego-

ciables a largo plazo, ya sean representa-

dos en anotaciones en cuenta o por títu-

los físicos de la Generalidad de Cataluña,

emitidos y puestos en circulación por

cualquiera de los sistemas de emisión uti-

lizados hasta la fecha, que en el momento

de proceder a su intercambio se hallen vi-

gentes, por otros valores de nueva emi-

sión puestos en circulación durante el ac-

tual ejercicio presupuestario. Para realizar

el cambio podrán utilizarse como meca-

nismos la subasta, el procedimiento res-

tringido entre creadores de mercado o la

recompra directa en el mercado con per-

muta de nuevos valores. Cada uno de ta-

les mecanismos implica unas determina-

das peculiaridades y podrá ser utilizado

en función, asimismo, del tipo de refe-

rencia que desee rescatarse.

Decreto 164/1999, de 15 de junio, de

transferencia de competencias y servi-

cios de la Generalidad de Cataluña al

Consejo General de Aran en materia de

transporte interior de viajeros (DOGC

núm. 2916, de 23 de junio).

ACTIVIDAD NORMATIVA... 295

Solicitantes:

La Mesa del Parlamento de Cataluña,

a instancia de una décima parte de los

miembros del Parlamento, todos ellos

del Grupo Socialista al Parlamento de

Cataluña.

Ponente:

H. Sr. Agustí M. Basols i Parés.

Recensión de los fundamentos:

Fundamento I

En este primer fundamento el Dicta-

men efectúa un breve resumen del Pro-

yecto de ley del Centro de la Propiedad

Forestal sometido a su dictamen.

Cabe resaltar que el citado proyecto

supone una modificación de la Ley

6/1988, de 30 de marzo, forestal de Ca-

taluña, en el sentido de convertir al

mencionado Centro de la Propiedad

Forestal, que según su antigua redacción

era un mero órgano desconcentrado del

Departamento de Agricultura, Ganade-

ría y Pesca, en «una entidad de derecho

público con personalidad jurídica pro-

pia y plena capacidad de obrar para

cumplir sus finalidades propias, cuya ac-

tividad se ajusta al derecho público salvo

las excepciones fijadas por la ley».

Fundamento II

Este fundamento eliminará, por una

parte, «las competencias legislativas de

la Generalidad de Cataluña, a cuyo am-

paro ha sido elaborado el proyecto de

ley» (art. 9.1 y 10; art. 12.1 y art. 54

EAC) y, por otra, «la exposición, resu-

mida y concreta de las razones o argu-

mentos en que se fundamenta la solici-

tud de dictamen», que de acuerdo con el

Consejo son los siguientes:

«1º Posible vulneración del artículo

14 CE, por el hecho de que sólo pue-

dan formar parte del ente creado por el

Proyecto de ley los titulares de fincas de

propiedad privada de más de 10 hec-

táreas debido a la discriminación que

implica en relación con los propieta-

rios de fincas de menor extensión o de

titularidad diferente de la privada, sin

ningún criterio razonable que lo justi-

fique.

»2º Posible vulneración también del

artículo 149.1.23 CE, como consecuen-

cia de la creación de una entidad de la

Administración pública que gestiona los

bosques de titularidad privada, dedican-

do recursos públicos y prescindiendo de

otras limitaciones de carácter constitu-

cional, con lo que pueden resultar afec-

2.3. DICTÁMENES DEL CONSEJO CONSULTIVO

DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

A cargo de Esther Andreu i Fornós

Dictamen núm. 212, de 1 de junio de 1999, en relación con el Dictamen de la

Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre el Proyecto de ley del

Centro de la Propiedad Forestal.

Autonomies, núm. 26, diciembre de 2000, Barcelona.

tadas las bases legislativas de competen-

cia estatal.

»3º Posible vulneración del artículo

149.1.13 CE, por las mismas razones

resumidas en el párrafo precedente.

»4º Posible vulneración del artículo

54 EAC, en la medida en que se crea un

ente público para ejecutar funciones

que son de competencia de la Generali-

dad, sin la participación de la Adminis-

tración en los órganos de Gobierno con

los mínimos constitucional y estatuta-

riamente exigibles.»

Fundamento III

Este fundamento analiza la posible

vulneración del art. 14 de la CE por par-

te de los artículos 4.jy 5 del proyecto.

Por ello, en primer lugar repasa «la doc-

trina elaborada por el Tribunal Consti-

tucional respecto del principio en gene-

ral y en concreto de la igualdad en la ley,

teniendo en cuenta asimismo la posi-

ción del Consejo Consultivo en los di-

versos dictámenes en que se ha pronun-

ciado sobre dicha cuestión» (dictámenes

núm. 10, 35, 60, 141 y 194).

De esta doctrina extrae:

Primero. La igualdad es una virtud

preeminente de nuestro ordenamiento

jurídico, en el que ostenta una posición

central y es observada en varios precep-

tos constitucionales (STC 103/1983).

Segundo. El principio de igualdad re-

cogido en el art. 14 de la CE tiene dos

manifestaciones: la igualdad en la ley o

en el contenido de la ley y la igualdad en

la aplicación de la ley (STC 491/1982,

FJ 2; STC 2/1983, FJ 4; STC 63/1984,

FJ 4; STC 144/1988, FJ I). A efectos del

dictamen tan sólo interesa el primer as-

pecto, y en este sentido se pregunta so-

bre cuál es la posición o facultad del le-

gislador en el ejercicio de su actividad

creadora.

Tercero. Llega a la conclusión de que

la libertad creadora del legislador está

estrictamente limitada para llevar a cabo

una actividad discriminatoria y que «el

principio de igualdad no protege una

actividad o característica humana con-

creta sino que constituye un concepto

relacional. Ello supone que un régimen

jurídico no pueda ser calificado de dis-

criminatorio por sí mismo sino única-

mente en relación con un término de

comparación concreto. Este carácter re-

lacional implica que los métodos de in-

terpretación clásicos sean inadecuados

para afirmar si una norma es o no discri-

minatoria. Debido a que resulta insufi-

ciente confrontarla con el principio de

igualdad, es necesario realizar un juicio

en el que la norma impugnada sea con-

trastada a la luz del principio de igual-

dad, con el término de comparación res-

pecto del cual se alega la discriminación.

Una vez establecido el término de

comparación y conforme a la doctrina

del Tribunal Constitucional según la

cual «el principio constitucional de

igualdad no queda lesionado si se da un

tratamiento diferente a situaciones que

también lo son» (STC 148/1986, FJ 6),

en primer lugar es preciso realizar un

juicio de igualdad en el que se averigüe

si la situación de hecho en conflicto y el

término de comparación son idénticos.

Si lo son, existe discriminación. Si se lle-

ga a la conclusión de que son distintos,

puede existir diferenciación. Partiendo

de este punto, deberemos efectuar, res-

pecto de la norma analizada, dos tipos

de juicio: el de razonabilidad y el de pro-

porcionalidad (STC 22/1981, FJ 3;

STC 49/1982, FJ 2; STC 75/1983, FJ

32; STC 151/1986, FJ 4; STC

50/1991, FJ 4; STC 308/1994, FJ 3;

STC 18/1987, FJ 6).

Vista la doctrina del Tribunal Consti-

tucional, el Dictamen aborda el caso

AUTONOMIES · 26

298

concreto del art. 4.j y 5 del Proyecto de

ley para observar si la diferenciación allí

contenida supera los juicios de razonabi-

lidad y proporcionalidad. Para ello, el

Consejo considera «de utilidad fijarnos

en la finalidad y objetivos del citado Pro-

yecto de ley relacionándolo con la causa

y el origen del primigenio Centro de la

Propiedad Forestal, es decir, la Ley

6/1988, de 30 de marzo, forestal de Ca-

taluña». Al realizarlo, concluye que «no

parece que pueda calificarse de medida

irrazonable el que el legislador, por razo-

nes de funcionamiento organizativo de

la entidad y con el fin de fomentar la or-

denación y planificación de los terrenos

de titularidad privada, haya fijado un lí-

mite de superficie y la necesidad de un

proyecto de ordenación o un plan técni-

co de gestión y mejora forestales para

que los propietarios puedan formar par-

te del Centro de la Propiedad Forestal,

teniendo en cuenta, además, que la su-

perficie de 10 hectáreas es considerable-

mente inferior a la unidad mínima fores-

tal, lo que garantizaría la participación

de la gran mayoría de titulares de terre-

nos forestales de propiedad privada».

Por otro lado, la razonabilidad de la

medida viene reforzada por el apartado

2 del artículo 5 del Proyecto de ley, que

establece la posibilidad, para los peque-

ños propietarios forestales, de entrar a

formar parte del Centro siempre que

agrupen sus fincas para elaborar conjun-

tamente un proyecto de ordenación o

un plan técnico de gestión y mejora fo-

restales, y siempre que la superficie mí-

nima sea de 10 hectáreas, con lo que se

abre la posibilidad a los pequeños titula-

res forestales de entrar a formar parte del

Centro.

En cuanto al art. 4.jdel proyecto, el

Dictamen apunta que «la opción del le-

gislador de fomentar específicamente las

actuaciones de los miembros del Centro

no obsta que exista otra clase de ayudas

por actuaciones de los titulares de terre-

nos forestales que no formen parte de

los mismos». Asimismo es preciso poner

el artículo 4.jen relación con el artículo

21 del Proyecto de ley, que prevé las me-

didas de fomento y ayudas, y donde no

se distingue entre los propietarios fores-

tales miembros del Centro de Propiedad

Forestal y los que no, disponiendo que

«los titulares de montes que dispongan

de un plan técnico aprobado tendrán

prioridad para acceder a las ayudas y a

las medidas de fomento destinadas al

sector forestal gestionadas por el Centro

de la Propiedad Forestal y establecidas

por cualquier departamento u organis-

mo de la Generalidad».

Por último, el dictamen considera

que «entra dentro de las opciones del le-

gislador la de establecer una regulación

específica y unos mecanismos distintos,

para la ordenación y gestión de los mon-

tes dependiendo de su titularidad públi-

ca, comunal o privada, en consonancia

con su diferente situación y objetivos

por alcanzar». Ésta ya fue la opción to-

mada al ser promulgada la Ley forestal

de Cataluña y la redacción del actual

Proyecto de ley del Centro de la Propie-

dad Forestal continúa en la misma línea.

Fundamento IV

Este fundamento se dedica al análisis

de «la supuesta vulneración de los ar-

tículos 149.1.23 y 149.1.13 de la CE»

por parte del Proyecto de ley.

En cuanto a la posible vulneración del

primero de los citados artículos, el Con-

sejo, tras reconocer que se encuentra

ante una materia compartida entre el

Estado, que goza de competencia para

dictar las bases, y la Generalidad, que

posee en «exclusiva» el desarrollo legisla-

tivo (STC 7/1983, FJ 3), realiza un bre-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 299

ve repaso de la doctrina sentada por el

Tribunal Constitucional sobre el con-

cepto de bases (STC 1/1982, FJ 1, 23;

STC 20/1988, FJ 3; STC 15/1983, FJ

3; STC 111/1986, FJ 4).

Finalmente, entrando ya en la mate-

ria objeto de Dictamen declara que:

1º Las bases estatales deben inferirse

de la Ley estatal de montes, de 8 de ju-

nio de 1987, lo que no representa obstá-

culo alguno para el desarrollo de la com-

petencia ex art. 9.10 EAC por parte de

la Generalidad.

2º Que el Parlamento de Cataluña

aprobó la Ley 6/1988, de 30 de marzo,

forestal de Cataluña, en ejercicio de di-

cha competencia y que el Proyecto de

ley que ahora le ocupa es sólo una modi-

ficación de tipo agónico.

3º. Del contraste entre la normativa

local y sus principios básicos y el proyec-

to dictaminado se deduce una no infrac-

ción de las bases «más aún cuando las fi-

nalidades y funciones que el Proyecto de

ley atribuye al Centro quedan limitadas

a los ámbitos de gestión; de promoción

de la conservación, desarrollo sostenible

y mejora de los bosques; de participa-

ción en la elaboración del Plan general

de política forestal; de emisión de infor-

mes no vinculantes; de apoyo, en gene-

ral, y otras de similar alcance siempre

referidas a los terrenos forestales de pro-

piedad privada. Todas las actividades in-

dicadas se hallan perfectamente encua-

dradas en la Ley 6/1988, forestal de

Cataluña, y se ajustan a los principios

básicos contenidos en la Ley estatal de

montes».

Para concluir, el Consejo afirma: «En

vista de lo expuesto y teniendo en cuen-

ta la competencia exclusiva en materia

forestal derivada del artículo 9.10 EAC,

podemos afirmar que la Generalidad os-

tenta competencias para diseñar su pro-

pia política forestal y configurar la ad-

ministración correspondiente y, en con-

creto, aquella que hace referencia al sec-

tor forestal de propiedad privada, en los

términos establecidos en el Proyecto de

ley que dictaminamos. Esta opinión vie-

ne reforzada por la previsión del artículo

54 EAC, donde se establece la posibili-

dad de constituir empresas públicas por

parte de la Generalidad como medio de

ejecución de las funciones que sean de

su competencia, lo que es manifestación

de la potestad autoorganizatoria del ar-

tículo 9.1 EAC.»

Sobre la posible vulneración del art.

149.1.13 CE, y tras recoger la concre-

ción que de dicho título han realiza-

do el Tribunal Constitucional (STC

125/1984, FJ 1; STC 152/1988, FJ 4;

STC 201/1988, FJ 2; STC 76/1991, FJ

4, y STC 112/95, FJ 4) y el propio Con-

sejo Consultivo (Dictamen núm. 182,

FJ II), el Dictamen afirma que «aunque

la creación de este ente público instru-

mental (el Centro de la Propiedad Fo-

restal)» podría tener una cierta inciden-

cia económica en el panorama general

del Estado, ésta no alcanzaría suficiente

entidad como para habilitar una inter-

vención estatal en la materia, ex artículo

149.1.13 CE. Por lo tanto, si considera-

mos que, en efecto, la actividad del

Centro de la Propiedad Forestal puede

incidir en el ámbito de la planificación

económica, ésta en todo caso se incardi-

na en las competencias propias de la Ge-

neralidad en virtud del artículo 12.1

EAC.

Fundamento V

En este fundamento el Dictamen se

ocupa en primer lugar de la posible vul-

neración del art. 54 del EAC y, al res-

pecto, afirma que «dada la posibilidad

por parte del legislador de configurar li-

bremente el Centro de la Propiedad Fo-

AUTONOMIES · 26

300

restal, respetando los límites constitu-

cionales y estatutarios que en ningún

caso afectan a la composición de los ór-

ganos de gobierno, podemos afirmar

que, en cuanto a la composición y orga-

nización de sus órganos de gobierno y

asesoramiento del Centro, el Proyecto

de ley no contraviene el artículo 54

EAC, siguiendo, por lo demás, en gene-

ral los criterios previstos en la Ley

4/1985».

En un segundo momento aborda, por

un lado, la constitucionalidad y estatu-

tariedad del régimen de acuerdos y fun-

cionamiento del Consejo de Adminis-

tración del Centro de la Propiedad

Forestal, y por otro el régimen de con-

tratación de este ente instrumental.

En cuanto al primer problema, el

Dictamen afirma lo siguiente: «desde el

momento en que el artículo 13.adel

Proyecto de ley lo sujeta a la normativa

general sobre los órganos colegiados de

la Administración de la Generalidad,

cabe señalar únicamente que la referen-

cia a la citada normativa debe entender-

se sin perjuicio del respeto a las normas

estatales básicas sobre esta materia» y

«en consecuencia, debe interpretarse

que la letra adel artículo 13 del Proyec-

to de ley, al sujetar el régimen de los

acuerdos y de funcionamiento del Con-

sejo de Administración del Centro a la

normativa general sobre órganos cole-

giados de la Administración de la Gene-

ralidad, lo hace sin perjuicio del respeto

a lo establecido en la normativa básica

estatal sobre dicha materia y, por lo tan-

to, a lo prescrito en la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de régimen jurídico

de las administraciones públicas y del

procedimiento administrativo común,

modificada por la Ley 4/1999, de 13 de

enero (art. 22 a 27)». Respecto de esta

normativa básica conviene señalar que

recientemente el Tribunal Constitucio-

nal ha declarado que algunos de los pre-

ceptos que regulan la organización y

funcionamiento de los órganos colegia-

dos (art. 23.1 y 2; 24.1, 2 y 3; 25.2 y 3 y

27.2, 3 y 5) no poseen carácter básico y

son inconstitucionales, pues «basta su

simple lectura para constatar que lo ha-

cen de un modo tan detallado y exhaus-

tivo que no dejan espacio significativo

suficiente para que las Comunidades

Autónomas puedan desplegar las potes-

tades de desarrollo legislativo que los

respectivos Estatutos de Autonomía les

otorgan» (STC 50/1999, de 6 de abril,

FJ 6 a 8).

En cuanto al régimen de contratación

establecido por el art. 14 del proyecto de

ley dictaminado, se recuerda en primer

lugar la distribución de competencias

entre el Estado y la Generalidad (art.

149.1.18 CE y 10.1.21 EAC) y se mani-

fiesta que «actualmente la regulación

básica de este ámbito material se recoge

principalmente en la anteriormente ci-

tada Ley de contratos de las administra-

ciones públicas a pesar de que ésta, en su

disposición final tercera, permite am-

pliar el carácter de normas básicas a al-

gunas de las normas de desarrollo regla-

mentario. Sin entrar a considerar en

detalle qué preceptos de la LCA poseen

naturaleza básica y, en consecuencia,

son de aplicación general, por no ser ello

objeto de estudio en el presente Dicta-

men, así como para determinar en qué

medida se aplicarán las prescripciones

básicas de dicha norma a la contratación

que realice el Centro de la Propiedad

Forestal, sí hay que examinar cuál es el

ámbito subjetivo de la LCA y qué con-

tratos puede celebrar este Centro entre

los sujetos a la regulación básica estatal».

Vistas las prescripciones del art. 1.3

de la LCA y que el Centro de la Propie-

dad Forestal es una entidad de derecho

público, que persigue una finalidad de

ACTIVIDAD NORMATIVA... 301

interés general y que está mayoritaria-

mente financiada por fondos públicos,

se desprende que «el citado ente se so-

mete plenamente a la aplicación de la

normativa básica estatal sobre contratos

administrativos ex artículo 1.3 LCA.

Por tal razón debemos poner de relieve

que el artículo 14 del Proyecto contiene

un último inciso que menciona en es-

pecial los principios propios de los pro-

cedimientos de contratación en el sec-

tor público de publicidad y concurrencia

como si excluyera la aplicación de todos

los demás extremos incluidos en la re-

gulación de la repetida Ley. En este sen-

tido cabe señalar que, respecto de las so-

ciedades mercantiles con capital

mayoritariamente público, la disposi-

ción adicional sexta de la LCA prevé de

forma excepcional que éstas únicamen-

te deberán observar, y siempre que sea

posible, los principios de contratación

administrativa de publicidad y concu-

rrencia».

No obstante, en cuanto a las catego-

rías de los contratos de obras, servicios y

suministros, el artículo 14 del Proyecto

las somete expresamente a la normativa

básica de los contratos administrativos,

al tiempo que excluye otras categorías

de contratos regulados en la LCA (art.

5, 7 y 9) que, conforme a lo establecido

en el artículo 1.3 de dicha Ley, también

deben someterse imperativamente al ré-

gimen general de contratación del sec-

tor público. Por todo ello es preciso afir-

mar que el artículo 14 del Proyecto

vulnera la Ley de bases estatal sobre con-

tratación pública y resulta, en conse-

cuencia, inconstitucional. Simultánea-

mente debe indicarse asimismo que

dicho precepto es susceptible de infrin-

gir el principio de seguridad jurídica del

artículo 9.3 CE, pues su interpretación

podría inducir a confusión por cuanto

parece someter esos otros contratos al

régimen de contratación propio de las

sociedades mercantiles, previsto en la

anteriormente citada disposición adi-

cional sexta de la LCA.

Conclusiones

«El artículo 14 del Proyecto de ley del

Centro de la Propiedad Forestal vulnera

el orden constitucional y estatutario,

mientras el resto de su articulado y las en-

miendas reservadas para su defensa ante

el Pleno se ajustan a la Constitución y al

Estatuto de Autonomía de Cataluña.»

AUTONOMIES · 26

302

Dictamen núm. 214, de 20 de julio de 1999, en relación con el Dictamen de la

Comisión de Política Cultural sobre la Proposición de ley de apoyo a las

selecciones catalanas.

Solicitantes:

La Mesa del Parlamento, a instancia de

más de una décima parte de los miem-

bros de la Cámara, del Grupo Parla-

mentario Popular.

Ponente:

Ramon M. Llevadot i Roig.

Recensión de los fundamentos:

Fundamento I

Este primer fundamento describe «al-

gunos de los rasgos esenciales del actual

régimen jurídico de las federaciones de-

portivas catalanas, con el fin de resaltar

las diferencias que se derivarían de la

aprobación de la Proposición de ley ob-

jeto de dictamen» (proposición de ley

que tiene por objeto la modificación

parcial de la Ley 8/1988, de 7 de abril,

del deporte).

Parece interesante resaltar que en el

segundo punto de este fundamento el

Consejo realiza la siguiente observación

crítica a la técnica redaccional de la Pro-

posición de ley:

«Respecto a algunos apartados de los

preceptos de la Ley 8/1988 afectados

por la Proposición que se dictamina por

ser susceptibles de afectar a la seguridad

jurídica que no quede claro si aquéllos

se derogan o siguen en vigor, este Con-

sejo constata que la Proposición de ley

modifica el apartado 2 del artículo 26

de la Ley del deporte añadiendo un nue-

vo apartado 3 aunque sin especificar

qué sucede con el actual apartado 2.

»Asimismo, la Proposición de ley mo-

difica el apartado 1 del artículo 46 de la

Ley del deporte añadiendo un nuevo

apartado 2, sin especificar qué sucede

con el actual apartado 2 del precepto.»

Fundamento II

Vistas las modificaciones que se deri-

varían de la aprobación de la Proposición

de ley, el declarante la confronta con la

Ley estatal 10/1990, de 15 de octubre,

del deporte, y constata una hipotética

contradicción entre la nueva redacción

del art. 19.1 de la Ley catalana y el art. 32

de la Ley estatal; entre la nueva redac-

ción de los artículos 32, letra r, y 19.2 de

la Ley catalana y los art. 6 y 33.2 de la Ley

estatal; entre el nuevo art. 25.3 de la

Ley catalana y el último inciso del artícu-

lo 33.2 de la Ley estatal, y finalmente,

también, la promoción del Comité

Olímpico de Cataluña, que prevé el nue-

vo apartado 3 del art. 26 de la Ley

8/1988, entraría en contradicción con el

art. 48.5 de la Ley 10/1990 del Estado.

Fundamento III

En este fundamento, el Dictamen

enumera las cuestiones que analizará del

siguiente modo:

«1. Competencias del Estado y de la

Generalidad en materia de deportes y

eventuales antinomias entre las respecti-

vas legislaciones.

»2. Legitimidad constitucional que

las federaciones deportivas catalanas re-

presenten al respectivo deporte catalán

en los ámbitos supraautonómicos.

»3. Posibilidad de que las selecciones

catalanas utilicen el himno y la bandera

de Cataluña en las competiciones oficia-

les en que participen.

»4. Adecuación a la Constitución es-

pañola y al Estatuto de autonomía de

Cataluña de la habilitación que la Pro-

posición de ley otorga a las federaciones

catalanas para fomentar la cooperación

y la coordinación con entidades depor-

tivas de los países de lengua catalana,

promoviendo selecciones conjuntas.

»5. Conformidad a la Constitución

española y al Estatuto de autonomía del

precepto de la Proposición de ley que se-

ñala como objetivo general de la Unión

de Federaciones Deportivas de Cataluña

(UFEC) «[...] el fomento exterior (del

deporte catalán) y la promoción de las

selecciones deportivas catalanas y del

Comité Olímpico de Cataluña».

»6. Corrección constitucional y esta-

tutaria del precepto contenido en la

Proposición de ley que atribuye a la Ad-

ministración deportiva de la Generali-

dad la posibilidad de prestar apoyo a la

participación de los deportistas catala-

nes con discapacidades en todas las

competiciones de ámbito internacional

donde puedan tener la representación

de Cataluña.

»7. Obligación de los deportistas ca-

talanes de asistir a las convocatorias de

ACTIVIDAD NORMATIVA... 303

las selecciones catalanas (artículo 25.3

de la Ley 8/1988 en la redacción que re-

sulta de la Proposición de ley).»

Fundamento IV

La distribución de competencias en-

tre el Estado y la Generalidad de Cata-

luña en materia de deporte es objeto de

estudio en este fundamento. El Dicta-

men recuerda los preceptos estatutarios

(art. 9.4.29 EAC) y constitucionales

(art. 149.2 CE) así como el hecho de

que, pese a la inexistencia de un título

competencial específico sobre la mate-

ria, tanto el propio Consejo Consultivo

(dictámenes 90, 144 y 169) como el

Tribunal Constitucional han reconoci-

do competencias estatales sobre el de-

porte (STC 67/1985, de 24 de mayo;

1/1986, de 10 de enero, y 16/1996, de

1 de febrero. Finalmente, el Dictamen

fija las premisas con las cuales hay que

interpretar, a su juicio, la concurrencia

de competencias sobre el deporte. Tales

premisas son:

«1º Que las eventuales contradiccio-

nes entre la legislación estatal y la catala-

na no tienen que ser resueltas por el

principio de jerarquía —las normas es-

tatales no poseen un rango superior a las

autonómicas— sino por el de compe-

tencia.

»2º Las normas estatales sobre el de-

porte (salvo lo previsto en la disposición

adicional segunda, letra a, de la Ley

10/1990, que hace referencia a la ense-

ñanza) no tienen carácter básico y por lo

tanto la Ley estatal no puede servir de

parámetro para determinar la constitu-

cionalidad de la Proposición de ley obje-

to de dictamen en el sentido de si ésta

está legitimada por la competencia au-

tonómica sobre deporte (art. 9.29 EAC)

o haría inoperante —respecto a Catalu-

ña— cualquier norma contenida en di-

cha Ley estatal (10/1990) que obstaculi-

ce el ejercicio efectivo de la repeti-

da competencia autonómica, incluso en

su proyección exterior o internacional.

Sólo en el caso de que invadiera la com-

petencia estatal sería inconstitucional la

norma autonómica.

»3º Por idéntica razón, en lo que sea

de competencia estatal, la legislación ca-

talana no podrá regular lo que incumbe

decidir al Estado para todo el territorio

español. Entre las materias que corres-

ponden a la competencia del Estado se

halla —por lo que interesa a este Dicta-

men— la relativa a la regulación de las

competiciones deportivas de ámbito es-

tatal por obvias razones de territoriali-

dad.»

Sobre la base de estas premisas el

Consejo afirma que las contradicciones

entre el art. 32 de la ley estatal y el art.

19.1 y 3 de la ley catalana según la nue-

va redacción que resulta de la proposi-

ción de ley dictaminada son sólo apa-

rentes, expresándolo del siguiente

modo:

«[…] El artículo 32.1 de la Ley esta-

tal, que pone como condición a las fede-

raciones deportivas de ámbito autonó-

mico para que sus miembros puedan

participar en competiciones deportivas

oficiales de ámbito estatal, que dichas

federaciones autonómicas se integren en

las federaciones deportivas españolas

correspondientes, es una opción legisla-

tiva legítima del legislador estatal a la

que deben atenerse las federaciones de-

portivas catalanas.

»Por razón del ámbito territorial (es-

tatal) de dichas competiciones corres-

ponde a este legislador dictar la norma

correspondiente.

»Por su parte, el artículo 19.1 de la

Ley catalana del deporte, según la nueva

redacción propuesta, no se opone a la

Ley estatal, puesto que es totalmente le-

AUTONOMIES · 26

304

gítimo que no se imponga a las federa-

ciones catalanas la integración en la fe-

deración española correspondiente, si

bien debe entenderse que, debido a que

la norma dictaminada no puede rectifi-

car ni suplantar a la norma estatal, es

lógico que las federaciones deportivas

catalanas que no se integren en las fede-

raciones españolas se atengan a lo esta-

blecido en dicha norma: no podrán par-

ticipar en competiciones deportivas de

ámbito estatal.

»Por otra parte, el respeto a las nor-

mas y reglamentos de las federaciones

deportivas estatales en materia discipli-

naria y competitiva cuando las federa-

ciones catalanas o sus clubes participen

en las competiciones oficiales de ámbito

estatal está expresamente reconocido en

el artículo 19.3 de la Ley catalana del

deporte según la nueva redacción pro-

puesta, razón por la que no se da en este

precepto vicio alguno de inconstitucio-

nalidad.

»Sin necesidad de hacer ningún es-

fuerzo interpretativo puede afirmarse

que el adverbio sólo que figura en este

apartado 3 del precepto de la Proposi-

ción de ley no modifica sustancialmente

el sentido del artículo 19.2 de la Ley del

deporte 8/1988, sino que se limita a po-

ner un especial énfasis a lo que ya decía

este precepto en su anterior redacción.»

Fundamento V

En este fundamento se prevé la natu-

raleza jurídica de las federaciones depor-

tivas. Primero, recoge el resultado de las

discusiones doctrinales alrededor del

tema hoy ya pacífico, que permite soste-

ner que «las federaciones deportivas son

asociaciones de segundo grado de confi-

guración legal y de naturaleza priva-

da aunque en ocasiones pueden realizar

—por delegación— algunas funciones

públicas». En segundo lugar, cita la STC

67/1985, de 24 de mayo, que estableció

el carácter fundamentalmente privado

de las federaciones deportivas (FJ 4 B) y,

finalmente, afirma que «la tendencia a la

publificación» de las actividades depor-

tivas es clara y es lógica consecuencia de

la gran incidencia que el deporte, sobre

todo en su ámbito competitivo, posee

en amplias capas sociales. Sin embargo,

este Consejo entiende que tal ejercicio

de funciones públicas o administrativas

—delegables— no es consustancial a las

federaciones deportivas ni españolas ni

autonómicas (en nuestro caso catalanas)

ya que sería perfectamente legítimo —y

por supuesto constitucional— un siste-

ma organizativo en el que la interven-

ción de los poderes públicos (salvo la

obligación de fomento que dimana del

artículo 43.3 CE y que, por lo tanto, es

ineludible tanto para el Estado como

para las comunidades autónomas) fuera

inexistente o, al menos, mínima, y en el

que quedarían subrayados los aspectos

festivos del deporte —espectáculo—

con total desconexión con otros aspec-

tos más propiamente relacionados con

la política o con la Administración.

La doctrina más autorizada sostiene,

y este Consejo lo constata así también,

que el Tribunal Constitucional nunca

ha dicho de forma genérica que las fede-

raciones deportivas tengan atribuidas

por ley funciones públicas; lo que ha

afirmado —en referencia a la Sentencia

del Tribunal Constitucional 67/1985,

de 24 de mayo— es que la Ley 13/1980

(la anterior Ley estatal del deporte) le

atribuía funciones públicas, lo cual es

muy distinto. «[…] Lo cierto es que por

lo que se refiere a las federaciones depor-

tivas catalanas existen dos diferencias de

cierta consideración con las federacio-

nes deportivas españolas reguladas por

los artículos 30 a 40 de la Ley de 15 de

ACTIVIDAD NORMATIVA... 305

octubre de 1990 pese a las coincidencias

que también existen: el artículo 17 de la

Ley catalana del deporte, de 7 de abril

de 1988, destaca el carácter esencial-

mente privado de las federaciones de-

portivas» mientras que «el artículo 30 de

la Ley estatal del deporte, de 15 de octu-

bre de 1990, tras definir también las fe-

deraciones deportivas españolas como

entidades privadas (sin agregar las notas

"de interés público y social") con perso-

nalidad jurídica propia y cuyo ámbito se

extiende a todo el territorio del Estado»,

añade, como hemos señalado anterior-

mente, que estas federaciones «[…] ejer-

cen, por delegación, funciones públicas

de carácter administrativo».

Como se ha visto, esta nota de ejercer

por delegación «funciones públicas» no

aparece en la definición de las federacio-

nes deportivas catalanas, de las que se su-

braya su carácter «de entidades privadas

de interés público y social». «Ateniéndo-

nos, pues, a la literalidad de la Ley estatal

(33.2), las federaciones españolas repre-

sentan a España en las competiciones de-

portivas internacionales. En cambio, si

nos ceñimos a la literalidad de la Propo-

sición de ley objeto de dictamen (art. 2),

la representatividad de las federaciones

deportivas catalanas es muy distinta: no

representan a Cataluña —como naciona-

lidad histórica— sino "al respectivo de-

porte federado catalán".»

Por lo tanto, en este punto, entre la

normativa estatal y la autonómica no se

da una contradicción insuperable: la

normativa estatal atribuye a las federa-

ciones deportivas españolas la represen-

tación del Estado en su conjunto, mien-

tras que la normativa autonómica

atribuye a las federaciones catalanas la

representación del deporte federado ca-

talán. Esta última representación en su

proyección internacional no cuestiona

la representación más general también

en el ámbito internacional, reconocida

por la Ley 10/1990 a las federaciones de

ámbito estatal.

Fundamento VI

El fundamento sexto se dedica al aná-

lisis de la competencia estatal sobre «re-

laciones internacionales» (art. 149.1.3

CE) y recuerda la evolución que sobre

esta cuestión ha sufrido la doctrina del

Tribunal Constitucional y que va desde

un concepto amplio de la expresión «re-

laciones internacionales» (STC 154/

1985 y 137/189) a otro más acotado

y definido (STC 153/1989, 17/1991 y

165/1994). El Consejo reproduce y sin-

tetiza los principales pronunciamientos

de la STC 165/1994, de 26 de mayo,

para afirmar a continuación:

«[…] A la luz de esta doctrina es fácil

concluir que la proyección exterior del

deporte federado catalán a través de las

federaciones deportivas catalanas, según

la Proposición de ley que examinamos

(nueva redacción del artículo 19.2 de la

Ley del deporte de 1988), en los ámbi-

tos internacionales, no debería plantear

problemas competenciales porque ten-

drán que aplicar —art. 19.3— las nor-

mas y reglamentos de las federaciones

deportivas internacionales y sobre todo:

»A) Porque las federaciones deporti-

vas catalanas son personas jurídicas pri-

vadas —tal y como hemos visto— y no

"sujetos internacionales".

»B) Porque la organización de las

competiciones deportivas internaciona-

les la efectúan generalmente entes priva-

dos y están regidas por el Derecho priva-

do y no por el Derecho internacional.

»C) Porque las relaciones surgidas de

estas actividades no crean obligaciones

de carácter internacional.»

No existen, pues, términos hábiles

para cualificar las relaciones nacidas de

AUTONOMIES · 26

306

la intervención de las federaciones de-

portivas catalanas, en las eventuales

competiciones internacionales en que

puedan participar, de «relaciones inter-

nacionales» y como tales sólo regulables

o atribuibles a la legislación estatal ex ar-

tículo 149.1.3 CE.

Existe, sin embargo, un punto que

merece destacarse: es cierto que la pro-

yección exterior del deporte catalán en-

tra dentro de la competencia de la Ge-

neralidad ex artículo 9.29 EAC pero,

como ya hemos apuntado antes, el ejer-

cicio de dicha competencia no ha de

perturbar o comprometer la política ex-

terior de España que corresponde al Go-

bierno del Estado, pues según indica la

propia Sentencia 165/1994, de 26 de

mayo «[...] dentro de esa competencia

exclusiva estatal —art. 149.1.3— se si-

túa la posibilidad de establecer medidas

que regulen o coordinen las actividades

de proyección externa de las comunida-

des autónomas, para evitar o remediar

eventuales perjuicios sobre la dirección

y puesta en ejecución de la política exte-

rior que, en exclusiva, corresponde a las

autoridades estatales» (FJ 6).

Este Consejo entiende que dichas

medidas preventivas deben ser puntua-

les y justificadas, puesto que no sería

asumible una presunción genérica y a

priori del incumplimiento de la política

exterior de España por parte de la pro-

yección exterior del deporte realizada a

través de una federación deportiva cata-

lana.

Admitida constitucionalmente la po-

sibilidad de la «proyección exterior» de

la competencia autonómica sobre de-

portes no sería invocable tampoco la li-

mitación autonómica de la territoriali-

dad (art. 25.2 EAC) porque la propia

jurisprudencia constitucional, desde la

Sentencia 37/1981, de 16 de noviembre

de 1981, sobre los centros de contrata-

ción de cargas del País Vasco, seguida

por otras relativas a los efectos de deter-

minados actos de cooperativas y cajas de

ahorros (STC 72/1983, de 29 de julio;

44/1984, de 27 de marzo; 165/1985, de

5 de diciembre; 48/1988, de 22 de mar-

zo, entre otras), ha suavizado este límite

al admitir que ciertos actos realizados en

el ejercicio de una competencia autonó-

mica pueden producir efectos fuera del

ámbito de la comunidad autónoma co-

rrespondiente.

Fundamento VII

En este fundamento el Dictamen

cuestiona la adecuación constitucional

y estatutaria del art. 25.4 de la Ley

8/1988, en la redacción propuesta por

la Proposición de ley (uso del himno y la

bandera de Cataluña por parte de las se-

lecciones catalanas en las competiciones

oficiales en que participen).

En primer lugar se destaca que ni la

Constitución española ni el Estatuto de

autonomía de Cataluña, ni el Real de-

creto 1560/1997, de 10 de octubre, que

establece las normas reguladoras del

himno de España, ni la Ley catalana

1/1993, de 25 de febrero, del himno na-

cional de Cataluña, ni la Ley estatal

39/1981, de 28 de octubre, que regula

el «uso de la bandera de España y la de

otras banderas y enseñas», regulan explí-

citamente quién puede utilizar las ban-

deras y los himnos español y catalán.

Ante ello, el Consejo afirma que pese a

lo que podría deducirse de este hecho,

en una «primera impresión», su utiliza-

ción no es privativa de los actos oficiales

o de los poderes públicos, «así se dedu-

ce, en unos casos indirectamente, de las

normas legales o reglamentarias en vigor

y, en otros, de la regulación explícita que

se halla en algunas normas tanto estata-

les como autonómicas que permiten ex-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 307

traer una doctrina general. […] En toda

España la utilización de la bandera —y,

por extensión, del correspondiente him-

no— no es una cuestión exclusiva de los

actos oficiales sino también de actos fes-

tivos, deportivos y culturales desarrolla-

dos por personas o entidades privadas

(y, como hemos visto, las federaciones

deportivas catalanas lo son) incluso, en

ocasiones, con fines mercantiles. […]

Pues bien, si en Cataluña el uso de la

bandera y del himno nacional catalán

no son monopolio de los actos oficiales

o de aquéllos en que participe un ente

público, ya que ninguna norma ni cons-

titucional ni estatutaria lo dispone, ni

ninguna ley estatal aplicable a Cataluña

así lo establece, es lógico concluir la legi-

timidad constitucional de la norma en

cuestión que la Generalidad puede dic-

tar, ya sea en uso de su competencia ex-

clusiva sobre deporte (art. 9.29 EAC),

sobre cultura (art. 9.4 EAC) o sobre es-

pectáculos (art. 9.31 EAC). Cada uno

de estos títulos competenciales, aislada-

mente, podría ofrecer cobertura consti-

tucional al precepto a que se refiere el

presente apartado.

»Para terminar con este apartado re-

saltamos que la posibilidad —no la obli-

gación— de que las federaciones depor-

tivas catalanas puedan utilizar el himno

y la bandera de Cataluña en las compe-

ticiones oficiales en que participen debe

entenderse sin perjuicio de lo dispuesto

en las normas protocolarias que, en cada

caso, sean de aplicación en función de la

representación oficial que posean las

personas o autoridades que asistan al

acto deportivo.»

Fundamento VIII

Este fundamento se dedica al análisis

de la adecuación constitucional y esta-

tutaria de la regulación realizada por la

Proposición de ley de apoyo a las selec-

ciones catalanas en relación con el Co-

mité Olímpico de Cataluña.

En relación con este tema el Dicta-

men mantiene que «si la "proyección ex-

terior" del deporte es una emanación le-

gítima de la competencia autonómica

sobre esta materia, tal como hemos vis-

to, resultan ajustados a la Constitución

y al Estatuto de autonomía los objetivos

que el artículo 4 de la Proposición dicta-

minada (que modifica el apartado 2 del

artículo 26 de la Ley 8/1988, de 7 de

abril) asigna a la Unión de Federaciones

Deportivas de Cataluña (UFEC) entre

los que se incluye […] el desarrollo del

deporte catalán para su fomento exte-

rior y la promoción de la actividad de las

selecciones deportivas catalanas y del

Comité Olímpico de Cataluña».

Asimismo, considera que el hecho de

que la Ley estatal del deporte reserve al

Comité Olímpico Español la represen-

tación exclusiva de España ante el Co-

mité Internacional Olímpico es tan sólo

un obstáculo aparente para la existencia

del Comité Olímpico de Cataluña, y

ello porque «[…] tanto el Comité Inter-

nacional Olímpico (CIO) (que es una

asociación no gubernamental suiza, so-

metida a la Ley suiza reconocida por el

Decreto federal suizo de 17 de septiem-

bre de 1961) como las federaciones de-

portivas internacionales, como el Comi-

té Olímpico Español, no son sujetos de

Derecho internacional sino entes de na-

turaleza privada, el precepto arriba indi-

cado de la Ley estatal —que no ha sido

cuestionado ante el Tribunal Constitu-

cional— no puede encontrar su habili-

tación en la competencia exclusiva esta-

tal sobre "relaciones internacionales"

porque las relaciones entre el Comité

Olímpico Español y el Comité Interna-

cional Olímpico no están regidas por el

"Derecho internacional" al no serlo los

AUTONOMIES · 26

308

sujetos que intervienen en dichas rela-

ciones. Tampoco dicho precepto de la

Ley estatal puede excluir las actividades

de promoción a que se refiere el precep-

to objeto de dictamen».

La posibilidad de que el Comité

Olímpico de Cataluña, que posee la na-

turaleza de una asociación privada, pue-

da gozar de mayor o menor efectividad

no depende, pues, de la norma estatal

antes citada sino de que se cumplan de-

terminados requisitos y de que sea acep-

tada por el Comité Internacional Olím-

pico.

Ahora mismo esta posibilidad es, cier-

tamente, difícil, dada la modificación

de la norma 34 de la Carta Olímpica en

la sesión núm. 105 del CIO celebrada

en Atlanta el 18 de julio de 1996 (trans-

cripción de la versión castellana): «[…]

País y nombre de un CON (Comité

Olímpico Nacional).

»1. En la Carta Olímpica, la expre-

sión "país" significa un estado indepen-

diente reconocido por la comunidad in-

ternacional.

»2. La denominación de un CON

debe corresponder a los límites territo-

riales y a la tradición de su país y ser

aprobada por el CIO.» No obstante,

«[…] las dificultades para lograr un ob-

jetivo, incluso la imposibilidad de con-

seguirlo en un momento determinado,

pueden incidir en la eficacia de la nor-

ma, no en su constitucionalidad, máxi-

me si la función asignada a la UFEC, en

la Proposición de ley objeto de dicta-

men, es de "promoción" y la promoción

mira siempre hacia el futuro. […] Por la

misma razón se ajusta a la Constitución

y al Estatuto de autonomía de Cataluña

el número 3 del artículo 26 de la Ley

8/1988, en su nueva redacción conteni-

da en la Proposición objeto de dicta-

men, puesto que los apartados a, b, cy f

no plantean cuestiones de constitucio-

nalidad y los apartados dy ehallan su

adecuación a la Constitución y al Esta-

tuto de acuerdo con el principio antes

expuesto de que los actos de "proyec-

ción exterior" del deporte son inheren-

tes a la competencia autonómica sobre

la materia y, además, esos apartados del

artículo que examinamos ni explícita ni

implícitamente disponen nada que sea

contrario a la competencia exclusiva del

Estado sobre "relaciones internaciona-

les" (art. 149.1.3 CE).»

Fundamento IX

En este fundamento el Consejo man-

tiene «[…] La corrección constitucional

y estatutaria del apartado 5 del artículo

25 de la Ley 8/1988 en su proyectada

nueva redacción según la cual las federa-

ciones catalanas, siempre que lo permi-

tan sus respectivas reglamentaciones

competitivas, deben fomentar [...] la co-

operación y la coordinación con las en-

tidades deportivas de países de lengua

catalana» y en su caso «promover selec-

ciones conjuntas». Se basa también en el

carácter esencialmente privado de di-

chas federaciones deportivas.

Fundamento X

Sobre la base de lo mencionado acerca

de la «proyección exterior» del ejercicio

de la competencia autonómica y de que

el «fomento» (igual a apoyo) es una ma-

nifestación de la competencia ejecutiva

que en materia de deportes corresponde

a la Generalidad de Cataluña, el Consejo

halla plenamente constitucional lo pre-

visto en el art. 46.2 de la Ley del deporte

según la redacción dada por la Proposi-

ción de ley objeto de dictamen. No obs-

tante, puntualiza que «[…] La finalidad

del precepto es subvencionar a los depor-

tistas discapacitados por parte de la Ad-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 309

ministración de la Generalidad cuando

actúen como tales deportistas federados

catalanes. Por lo tanto, debe entenderse

que la referencia que el precepto hace a

Cataluña lo es al deporte catalán, según

lo establecido en los artículos 2 y 4 de la

Proposición de ley, no a Cataluña como

comunidad histórica o como comuni-

dad autónoma. […] Si se interpreta el

precepto de esta forma, se ajusta al orden

constitucional».

Fundamento XI

En opinión del Consejo, el último in-

ciso del apartado 3 del artículo 25 de la

Ley 8/1988, tal como resultaría de la

Proposición de ley, por obligar a los de-

portistas a asistir a las convocatorias de

las selecciones catalanas, plantea serias

dudas de constitucionalidad y, además,

es de difícil cumplimiento en el caso de

competiciones internacionales donde

concurran federaciones deportivas espa-

ñolas, ya que el artículo 47 de la Ley es-

tatal del deporte impone la misma obli-

gación. «[…] En realidad, la causa de la

contradicción reside, a nuestro juicio,

en el error en el que inciden tanto la ley

estatal como la catalana en relación con

la naturaleza del deporte, es decir, si su

práctica, en cualquiera de sus modalida-

des, es una obligación o es un derecho.

En otros momentos históricos, y en re-

gímenes políticos diferentes, el deporte

podría concebirse como una obligación

que los ciudadanos tenían hacia su Esta-

do, aunque en el estado social y demo-

crático de Derecho que consagra nues-

tra Constitución el deporte es, a nuestro

juicio, un derecho del ciudadano que

los poderes públicos tienen el deber de

fomentar (art. 43.3 CE).» (Asimismo lo

señalan la exposición de motivos y el ar-

tículo 1 de la Ley 10/1990, del Estado;

la exposición de motivos y el artículo 2

de la Ley 8/1988, del Parlamento de Ca-

taluña; el Principio núm. 8 de la Carta

Olímpica; la Recomendación núm.

1292/13, de 24 de septiembre de 1992,

del Comité de Ministros del Consejo de

Europa sobre la Carta europea del de-

porte…).

«[…] Debido, pues, al carácter de "de-

recho" y no de "deber" del deporte, la

obligación impuesta imperativamente a

los deportistas catalanes de asistir a las

convocatorias de las selecciones catala-

nas puede estar viciada de inconstitucio-

nalidad (al igual que puede estarlo la

obligación establecida en el artículo 47.1

de la Ley estatal sobre el cual, no obstan-

te, este Consejo no se pronuncia formal-

mente pues no es ése el objeto de su dic-

tamen), dado que es contraria al artículo 1

de la Constitución española, que "pro-

pugna como valor superior de su orde-

namiento jurídico la libertad"; al artícu-

lo 9.2 CE, que obliga a los poderes

públicos a promover la libertad efectiva

y real de los ciudadanos; al artículo 16.1

CE, que obliga a garantizar la libertad

ideológica; al artículo 17.1 CE, que con-

sagra el derecho a la libertad y a la seguri-

dad; al artículo 18.1 CE, que garantiza el

derecho a la intimidad personal, y al ar-

tículo 35.1 CE, que garantiza la libre

elección de la profesión u oficio, así

como la promoción a través del trabajo.»

Fundamento XII

En este fundamento el Consejo decla-

ra la plena constitucionalidad y estatu-

tariedad de las normas reservadas para

su defensa en el Pleno.

Conclusiones

«1. Es inconstitucional el artículo 3 de

la Proposición de ley en cuanto al aparta-

do 3 que se añade al artículo 25 de la Ley

AUTONOMIES · 26

310

8/1988, de 7 de abril, del deporte, en el

inciso final: "[...] los cuales, provistos de

la correspondiente licencia, expedida por

su respectiva federación catalana, tienen

la obligación de asistir a las convocatorias

de las selecciones catalanas."

»2. El artículo 46.2 de la Ley 8/1988,

de 7 de abril, en la redacción dada por el

artículo 5 de la Proposición de ley, es

constitucional si se interpreta conforme

a lo expuesto en el fundamento jurídico

X del Dictamen.

»3. Los demás artículos examinados,

así como las enmiendas presentadas para

su defensa en el Pleno, son constitucio-

nales.»

ACTIVIDAD NORMATIVA... 311

Dictámenes emitidos a petición del Gobierno de la Generalidad de Cataluña

durante 1999.

Dictamen núm. 211, de 18 de febrero

de 1999, sobre la Ley 50/1998, de 30 de

diciembre, de medidas fiscales, adminis-

trativas y del orden social.

Dictamen núm. 212, de 1 de junio de

1999, en relación con el Dictamen de la

Comisión de Agricultura, Ganadería y

Pesca sobre el Proyecto de ley del Cen-

tro de la Propiedad Forestal.

Dictamen núm. 213, de 18 de mayo de

1999, en relación con el artículo 10 del

Real decreto ley 6/1999, de 16 de abril,

de medidas urgentes de liberalización e

incremento de la competencia.

Dictamen núm. 214, de 20 de julio de

1999, en relación con el Dictamen de la

Comisión de Política Cultural sobre la

Proposición de ley de apoyo a las selec-

ciones catalanas.

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Cataluña

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