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Vincent
AutorCMS Albiñana & Suárez de Lezo
Luxemburgo debe adecuarse a la normativa comunitaria de telecomunicaciones

El 21 de diciembre pasado, la Comisión ha solicitado formalmente al gobierno de Luxemburgo el cumplimiento de la sentencia del TJCE de 12 de junio de 2003, que exige la correcta aplicación de la Directiva 90/388/CEE sobre competencia en el mercado de los servicios de telecomunicaciones, tras considerar que su marco regulatorio era ambiguo y no aseguraba suficientemente el principio de no discriminación. Si bien Luxemburgo ha modificado su legislación en la materia, aún existen discriminaciones que perjudican a los competidores del operador tradicional, ya que no siempre pueden obtener los permisos necesarios para construir su propia infraestructura al costado de caminos y vías férreas.

Compromisos en el comercio de diamantes en bruto

El 20 de diciembre pasado, la Comisión hizo públicos los compromisos ofrecidos por las empresas Alrosa y De Beers, investigadas con ocasión de la notificación de un acuerdo comercial relativo a la compra de diamantes en bruto. En virtud del acuerdo notificado en marzo de 2002, Alrosa se comprometía a vender a De Beers la mitad de su producción anual de diamantes en bruto (valorada en 800 millones de euros anuales) por un período de 5 años (Vid. número 11). A fin de conseguir que el acuerdo sea autorizado por la Comisión, las empresas se han comprometido a reducir paulatinamente las ventas anuales de diamantes en bruto en un periodo de 6 años, obligándose a que a partir del sexto año dichas ventas no excederán del equivalente a US $275 millones anuales. Los compromisos ofrecidos por las partes pueden consultarse en: [Compromisos Alrosa] y [Compromisos De Beers].

La Comisión lleva a Finlandia ante el TJCE

El 16 de diciembre pasado, la Comisión decidió llevar al gobierno finlandés ante el TJCE tras considerar que la legislación en materia de impuestos exigibles a los buques que utilizan las rutas de navegación marítima no es acorde con el Reglamento 4055/86 de 22 de diciembre de 1986. El objetivo de dicho Reglamento es aplicar al sector del transporte marítimo el principio de libre prestación de servicios establecido en el TCE, prohibiendo a los Estados miembros dar un trato preferente a los servicios de transporte entre dos puertos...

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