El sistema de financiación de las campañas electorales en el derecho norteamericano. Análisis de la última jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana.

AutorAna Valero Heredia
CargoProfesora Contratada-Doctora de la Universidad de Castilla-La Mancha
Páginas3-11

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1. Introducción

Con fecha 13 de octubre de 2010 podíamos leer en la prensa española un artículo que bajo el título "Dólares contra Votos"1ponía de manifiesto que la Cámara de Comercio estadounidense, la mayor asociación empresarial del mundo, se ha convertido también en uno de los más poderosos lobbies de Washington. La noticia señalaba que el comportamiento reciente de la Cámara de Comercio se acerca a la propia de un rival político del Partido Demócrata y al de una sucursal del Partido Republicano, al tiempo que se ha ido incrementando su capacidad para recolectar dinero y organizar campañas de propaganda. Se calcula que maneja cada año, para su actividad de difusión de ideas e influencia política, unos 150 millones de dólares procedentes de donaciones de individuos o empresas2.

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El mismo artículo señalaba que el aumento de las recaudaciones de la Cámara de Comercio para fines políticos se explica, entre otras razones, por la decisión de febrero de este mismo año del Tribunal Supremo en el Caso Citizens United v. Federal Electoral Commission, que levantó el límite a las donaciones de las empresas a las campañas políticas.

Esta reciente Sentencia de la Corte Suprema norteamericana declara inconstitucional cualquier límite que se imponga a la facultad de las empresas de destinar dinero corporativo a la financiación de las campañas electorales por vulnerar la libertad de expresión de la Primera Enmienda constitucional.

Podemos decir que se trata de la decisión de la Corte Suprema norteamericana que mayor hostilidad ha generado entre los tres poderes del sistema democrático norteamericano, provocado una fuerte convulsión en el sistema legal norteamericano y conduciendo a una confrontación pública sin precedentes entre el Presidente del Gobierno y los Magistrados de la Corte, hecha pública en el "discurso presidencial sobre el Estado de la Unión"3.

El presente trabajo, que es un borrador inicial del artículo definitivo, tiene por objeto estudiar las repercusiones que la promulgación de esta Sentencia tiene sobre la vigencia del principio democrático en los Estados Unidos.

2. Citizens united v Federal election comission: los hechos

Los hechos que han ocasionado el pronunciamiento más polémico de la Corte Suprema en las últimas décadas se remontan al período de las elecciones primarias de

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2008, cuando una modesta organización sin ánimo de lucro, Citizens United, financiada con contribuciones empresariales, trató de emitir un documental despectivo sobre la entonces candidata demócrata Hillary Clinton.

La Federal Election Commission, órgano cuya misión es controlar la financiación de las campañas electorales, declaró que la emisión de tal documental era ilegal por vulnerar la legislación vigente, y la empresa Citizens United solicitó ser declarada exenta de la aplicación de la Ley Bipartisan Campaign Reform Act (BCRA) del 2002, aduciendo que su intención era restringir la emisión del documental a un canal de pago.

En enero de 2008, la empresa Citizens United emitió el documental Hillary: The Movie en cines de seis ciudades norteamericanas y en "Televisión bajo demanda" y se difundió en formato DVD y a través de Internet. La emisión del documental se produjo dentro del mes anterior a las elecciones primarias del partido Demócrata, lo cual vulneraba claramente la legislación federal vigente.

En la medida en que Citizens United había recibido donaciones empresariales para realizar el documental, trató de evadir la sanción de la FEC acudiendo al Tribunal del Distrito con el argumento de que los límites impuestos por la legislación vigente a este tipo de publicidad eran inconstitucionales al restringir la libertad de expresión.

Concretamente, sostenía que la sección 441b de la Bipartisan Campaign Reform Act -que determina que las corporaciones no pueden contratar espacios publicitarios para apoyar a candidatos a puestos de elección popular federales-, vulnera la Primera Enmienda constitucional. Sin...

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