Normas de validez y eficacia

Autor:Marta Figueroa Torres
Páginas:270-308
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Page 270

Las normas desarrolladas para apreciar la validez y eficacia de los acuerdos prematrimoniales se pueden dividir en dos grandes áreas. De un lado están aquellas normas que tienen que ver con los requisitos exigidos al contrato propiamente, bien en su fase de perfeccionamiento y/o en la de su ejecución y, del otro, se ubican las que limitan el ámbito objetivo de los acuerdos en función de las materias que pueden formar parte de los acuerdos. En ambas esferas se pueden identificar normas comunes compartidas por casi la totalidad de los estados, pero con igual contundencia éstos se encuentran divididos en algunos aspectos cruciales. Esto último viene determinado, general y principalmente, por el hecho de si un Estado adoptó o no la UPAA, o por la medida en la que se aleja de sus criterios para exigir criterios más estrictos. Desde una perspectiva macro, el asunto de cuánto debe apartarse la normativa reguladora de los acuerdos prematrimoniales de la teoría general de los contratos es la esencia de la mayor divergencia de criterios.

3.1. Requisitos respecto al contrato

En materia de los requisitos esenciales a la validez del acuerdo prematrimonial hay que comenzar por señalar que no se advierte distanciamiento de la norma general que requiere capacidad para contratar, por lo que en el ámbito de los acuerdos prematrimoniales las partes deben tener capacidad

Page 271

para entender la naturaleza y las consecuencias del negocio jurídico. Así, lógicamente, la formación de un acuerdo válido presupone la capacidad de los contratantes.

3.1.1. Forma y contraprestación

Casi todos los estados requieren hoy en día, en materia de forma, el acuerdo escrito para los pactos prematrimoniales. En eso siguen la tradición del Statute of frauds, aunque se han permitido muy limitadamente algunas excepciones basadas en el principio de cumplimiento parcial o en el principio de estopel.26De hecho, algunos Estados exigen mayor formalidad al requerir la presencia de testigos u otras exigencias de notificación, notariales o registrales.27La UPAA categóricamente circunscribe su ámbito de aplicación a los contratos formales al requerir la forma escrita y la firma de ambas partes.28El

artículo 7.04 (1) de los Principios ALI también requiere la forma escrita del acuerdo prematrimonial para que sea válida.29De igual manera, hay consenso al reconocer la validez de los acuerdos prematrimoniales sin que tenga que mediar contraprestación, norma que también recoge expresamente la UPAA.30

Pero aun antes de la adopción de esta, la doctrina y el derecho común tradicionalmente entendían que la promesa mutua de contraer matrimonio, y la consecuente celebración de este, era suficiente contraprestación.31A igual resultado se llega al aplicar integradamente el artículo 4 de la UPAA que dispone que la efectividad del acuerdo prematrimonial comience con el matrimonio.32

3.1.2. Justicia procedimental vis a vis justicia sustantiva

Lo que provoca mayor discusión en el contexto estadounidense es el enfoque que debe utilizarse para juzgar el carácter vinculante de los acuerdos prematrimoniales. Concretamente, se debate si solo debe atenderse a requisitos procedimentales particulares para garantizar la validez del acuerdo cuando se otorga, lo que se ha denominado justicia procedimental (procedural fairness), o si debe extenderse un tratamiento especial para determinar si el

Page 272

contenido sustantivo del acuerdo resulta justo no sólo al momento de su celebración sino también cuando se exige su cumplimiento, lo que se denomina justicia sustantiva. YOUNGER plantea que el parámetro de justicia sustantiva provoca mayor dificultad y por ende es compleja su definición concreta. Resalta que aunque se refiere al contenido de los términos estipulados en el acuerdo, el examen de justicia sustancial no debe pretender sustituir, sin más, el criterio de las partes contratantes y que la casuística lo ha asociado con la apreciación de lo que es «razonable, justo, proporcionado o equitativo». Explica también que el estándar de justicia sustantiva se examina a veces conjuntamente con el de justicia procedimental en relación con el contexto en el que se celebró el acuerdo y que alguna casuística también lo admite respecto al tiempo en el que se exige el cumplimiento de lo pactado.33Otra autora resume la referida dicotomía al consignar que el marco conceptual para determinar la validez y eficacia de un acuerdo prematrimonial se inserta en estas dos corrientes:

Una escuela de pensamiento considera que el acuerdo prematrimonial es un contrato igual que cualquiera otro y por tanto está gobernado estrictamente por los principios contractuales. Se asume que las partes son igualmente capaces de protegerse a sí mismas y en consecuencia están vinculadas a su negociación si el proceso que condujo al otorgamiento del acuerdo fue justo. Seguir exclusivamente el análisis de justicia procedimental viabilizará generalmente la eficacia de un acuerdo que era sustantivamente injusto o leonino cuando se perfeccionó y lo es aún al momento de la muerte o del divorcio. El estándar de justicia procedimental permite tomar en cuenta los términos sustantivos sólo en una medida limitada. Este es el enfoque seguido por la UPAA y por múltiples estados que no han adoptado esta.

En la otra escuela de pensamiento, los tribunales tienen un rol mayor en asegurar un resultado justo. El análisis de justicia sustantiva tiene en cuenta si los términos del acuerdo son adecuados y si éste provee justa y razonablemente para el cónyuge económicamente más débil. La justicia sustantiva puede examinarse al momento de la perfección del contrato, al de su cumplimiento, o a ambos. El examen de justicia sustantiva permite necesariamente un grado de discreción judicial en la decisión de si se valida el acuerdo. Más aún, un estándar de revisión que permite al juez determinar si el acuerdo es justo en atención al momento del cumplimiento permite tomar en consideración eventos ocurridos después del matrimonio aun cuando lo que motiva a las partes a hacer un acuerdo prematrimonial es precisamente evitar el riesgo de las incertidumbres futuras.

34(énfasis suplido y citas omitidas)

Page 273

ELLMAN lo plantea de forma un tanto diferente cuando señala que alguna jurisprudencia estadounidense admite que los acuerdos prematrimoniales pueden tratarse de manera distinta a los contratos ordinarios imponiéndole requisitos procedimentales particulares o estándares especiales de justicia sustantiva, y que el caso Button v. Button35representa una vertiente que hace ambas cosas. Esa normativa valida los acuerdos prematrimoniales relacionados con la división de bienes al momento del divorcio sólo si las partes cumplen cuatro requisitos: tuvieron conocimiento de sus respectivos patrimonios, bien de manera independiente o porque se divulgaron la información; el acuerdo fue voluntario; sus términos eran justos al momento de su celebración y es justo aplicarlo al momento del divorcio.36Luego de subrayar que el primer y el segundo requisito son procedimen-tales y los últimos dos son sustantivos, este autor resalta que ninguno de ellos se aplica en el ámbito ordinario de los contratos comerciales y que el otro extremo del espectro jurisprudencial está caracterizado por el caso Simeone v. Simeone37, que postula el tratamiento de los acuerdos prematrimoniales como cualquier otro contrato excepto que requiere la divulgación financiera. Asegura que en este extremo se ubica una opinión doctrinal que pocos estados han seguido y que, del otro lado, la posición asumida en el caso Button ha sido abandonada por muchos Estados. Sobre ambos argumentos entonces fundamenta su apreciación de que la mayor parte de los estados en la actualidad se ubican dentro del espacio marcado por esos dos extremos, pero alejados de estos.38

La UPAA, por su parte, aunque sin llegar al extremo de la doctrina Simeone, enfatiza en las garantías procedimentales que deben cumplirse para asegurar la validez del acuerdo prematrimonial como cualquier contrato, evadiendo la consideración de las consecuencias de lo pactado y atendiendo a que se cumplan los requisitos de validez al momento de su celebración. En oposición a ello, muchos estados han adoptado la UPAA con modificaciones que acercan su legislación más a la doctrina Button, si bien el estado de Rhode Island hizo todo lo contrario, pues modificó su versión de la UPAA para seguir abiertamente la postura Simeone. Hay que anotar, sin embargo, que la versión adoptada en Rhode Island elimina el requisito de voluntariedad como una base separada para declarar la invalidez del acuerdo y que la parte que lo cuestiona tiene que demostrar que fue involuntario y leonino, que no se divulgaron los activos del otro cónyuge ni se renunció a ello, y que la parte impugnante no tuvo conocimiento de las finanzas de su cónyuge. Además, todo ello

Page 274

tiene que demostrarse con evidencia clara y contundente, lo que constituye un estándar probatorio que rara vez aplica en la teoría contractual ordinaria.39Las críticas a la visión recogida en la UPAA han sido consecuentes en apuntar que su adopción se aparta del derecho común de algunos Estados a costa de promover a ultranza la uniformidad a nivel estatal, además de que subestima otras políticas como la protección del cónyuge económicamente vulnerable. Más concretamente, se plantea que la ley uniforme limitaba excesivamente la defensa de desproporción sustancial ante un acuerdo inescrupoloso y prácticamente impide el control judicial de cuestionamientos sobre los efectos de lo pactado a la luz de la circunstancias de los cónyuges al tiempo de exigir el cumplimiento. Así, ATWOOD, tras una década de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS