El necesario acuerdo político
| Autor | Lucrecio Rebollo Delgado |
| Páginas | 307-324 |
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El sistema bipartidista que ha regido en nuestra democracia desde la instauración de la Constitución de 1978 se ha caracterizado, de forma genérica, por la falta de acuerdo político en general, y especialmente en materia de Estado autonómico. Únicamente han gobernado tres partidos desde aquélla fecha, la extinta UCD, PSOE y PP. Tanto con mayorías absolutas, como con relativas, la ausencia de pactos perdurables, o la inexistencia de pactos de Estado en materias esenciales, han sido la dinámica persistente. Ejemplo paradigmático es la educación, donde la elaboración de una ley específica ha ido variando dependiendo de las mayorías parlamentarias, sin que los dos partidos políticos mayoritarios atendiesen esta clamorosa demanda social. La cuestión territorial es lamentablemente otro de los ejemplos sustantivos de esta falta de acuerdo político. Podría decirse que se han conseguido siempre acuerdos de mínimos, con interpretaciones y aplicaciones eminentemente dispares, parches temporales que requerían en un corto espacio
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de tiempo nuevos acuerdos de mínimos, cada vez más coyunturales y cada vez menos acordes con las necesidades reales del ciudadano. A un mal diseño constitucional de funcionamiento del Estado autonómico se ha sumado una falta de consenso político generalizado. Cuando las mayorías gobernantes han sido absolutas, no se consiguió el acuerdo, y cuando eran relativas la necesidad de atender las demandas de las dos fuerzas políticas nacionalistas (PNV y CiU) han sido una causa secular de desequilibrios territoriales, y que como manifiesta Blanco Valdés, convertía a estos partidos en “extractivos, es decir, como simples grupos de presión cuyo objetivo era obtener más cuotas de poder para sus respectivos territorios; finalmente, y cerrando el círculo, todo ello ha sido posible por unas previsiones constitucionales que permitían la revisión constante del sistema, bien fuera a través de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, bien a través de las leyes de transferencia y delegación de competencias”232. Pero en las dos otras causas que se apuntan, la ausencia de previsiones constitucionales y la revisión constante del sistema vía jurisprudencia constitucional o mediante transferencias y delegaciones, también han tenido un papel capital los partidos políticos.
Los constitucionalistas solemos poner mucho énfasis en el análisis constitucional o legal, también en las interpretaciones del Tribunal Constitucional, pero en muchas ocasiones focalizamos en exceso, lo que nos hace perder perspectiva. La cuestión política va inexcusablemente unida a lo constitucional y a la ley. Puede desvirtuarlo o ignorarlo, pero también puede suplir sus carencias, perfeccionar sus contenidos. El análisis del fondo político no puede ser ajeno al jurídico, entre ellos hay una conexión variante en grado, pero de existencia continuada. Todas las constituciones están afectas de esta
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irrenunciable composición mixta. Lo político y lo jurídico son elemento consustancial en la ordenación social y en la vida cotidiana de los actuales Estados. De esta forma, en el estudio del Estado autonómico no puede obviarse el posicionamiento de los partidos políticos, porque en esencia, ellos son artífices y principales protagonistas de su conformación y de su futuro. Por ello entendemos necesario hacer un recorrido por las propuestas al respecto del Estado autonómico, o de forma más genérica, sobre la descentralización política, que ofrecen los partidos políticos en la actualidad. De ello se pueden obtener dos conjuntos de contenidos claros: directa o indirectamente un balance de problemas; y de forma más o menos eficaz, un conjunto de propuestas o soluciones.
El Partido Popular, en su programa electoral para las elecciones de 2015, pero que tiene una proyección del 2016 a 2020, no contiene un apartado específico sobre Estado autonómico o distribución territorial. Bajo el apartado genérico de “Unidad de España y Constitución: La Reforma Institucional” se engloban todas sus propuestas. Obsérvese que no se referencia reforma constitucional, término que se elude con posterioridad en el desarrollo, y se habla de forma genérica de propuestas referidas a España, y no a la Constitución, respecto de las que se insinúan leves retoques: “Las reformas que España necesita deben afrontarse con lealtad institucional sin necesidad de rectificar el núcleo de las decisiones fundamentales adoptadas en el 78. Debemos emprender una reforma institucional que nos permita mejorar la calidad de nuestra democracia, preservando nuestros cimientos sociales”. Respecto al Estado de las autonomías manifiesta que “Seguiremos defendiendo el Estado de las Autonomías que reconoce la Constitución Española, que ha demostrado ser la mejor fórmula de articular unidad y diversidad. Nos oponemos a las tentativas de dividir porque así defendemos un legado, un presente y sobre todo, un futuro, que deseamos limpio de tensiones y enfrentamientos … garantizaremos una
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oferta básica de servicios públicos esenciales igual para todos los españoles, independientemente de su lugar de residencia y, por tanto, con igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad … estableceremos un marco de financiación estable y suficiente para que todas las Comunidades Autónomas puedan disponer de esta oferta básica común”.
Respecto del Congreso de los Diputados se habla de reformas reglamentarias, nunca constitucionales, y respecto del Senado, la terminología, con el abundante uso de infinitivos, no referencia reforma concreta, aunque sí se deduce una aceptación implícita de la ausencia del cumplimiento de la función de representación territorial del Senado. “… el Partido Popular ha participado, junto a otras fuerzas políticas, en la Ponencia de estudio para reforzar las funciones de esa Cámara. Confiamos en que el documento final derivado de esta Ponencia sirva en la próxima legislatura de guía para potenciar la naturaleza territorial de nuestra Cámara Alta”. Seguiremos defendiendo la búsqueda de consensos para avanzar en su configuración como un auténtico foro principal para debate de grandes cuestiones de naturaleza territorial.
El Senado ha de tener una posición significativa como órgano constitucional que, en el desempeño de la función legislativa, no se identifique por su mera capacidad de oponer a las decisiones del Congreso un veto suspensivo. “Fortaleceremos la posición del Senado en la elaboración y aprobación de aquellas iniciativas legislativas que presenten una especial incidencia autonómica, sin que ello suponga renunciar a su intervención en el trámite parlamentario del resto de las leyes. Impulsaremos el papel del Senado como espacio de concertación y cooperación de las Comunidades Autónomas entre sí y con el Estado. Queremos un Senado renovado, capaz de canalizar el dinamismo de nuestra realidad autonómica”.
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En relación con la Conferencia de Presidentes, el Partido Popular afirma que “… potenciaremos la Conferencia de Presidentes como instrumento de cooperación horizontal para mejorar las relaciones intergubernamentales entre el Estado y las Comunidades Autónomas”.
Por lo que respecta al programa electoral del PSOE en las elecciones de 2015, tampoco tiene un apartado específico de carácter territorial, no obstante un apartado final del programa, titulado de forma genérica Reforma Constitucional, y con un subtítulo de Propuesta socialista de reforma constitucional: Por un nuevo pacto de convivencia, y después de un excurso sobre las virtudes de la Constitución de 1978, se expresan cuatro razones que justifican la necesidad de reforma constitucional, de la que nos interesa destacar la tercera, que expone: “que la Constitución dejó prácticamente en blanco el modelo territorial, por lo que hay que regular constitucionalmente lo que en 1978 se dejó muy abierto y sin precisar, actualizando y relegitimando nuestro modelo para mejorar la convivencia entre españoles y fortalecer nuestra unión ciudadana”. Para suplir esta carencia se...
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