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Nacimiento del recurso de casación

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Vincent
AutorEduardo de Urbano Castrillo
Cargo del AutorMagistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

El legislador francés de la Revolución de 1789, alumbra mediante Decreto de la Asamblea constituyente, de 27-11-1790, lo que se considera primera regulación del recurso de casación.

Y así, en su artículo primero dice : "Habrá un Tribunal de casación establecido junto al Cuerpo legislativo". Y, en el art. tres, delimita su función y alcance : "Anulará todos los procedimientos en los que hayan sido olvidadas las solemnidades legales y toda sentencia que contenga una contravención adversa al texto de la Ley".

En tan concisa y concreta normativa, se contiene lo fundamental de la doctrina de la casación: un recurso para casar o anular ("casser", significa romper, anular) las sentencias que por errores de forma o de fondo, contradigan a la Ley. Es decir, el recurso de casación nace, históricamente, para la defensa de la Ley, a través de lo que en terminología actual, denominamos, infracción de Ley o quebrantamiento de forma1.

Lo expuesto pone claramente de manifiesto, que en su origen, con la casación se trataba de defender la Ley, como valor fundamental de la sociedad, al considerarse aquélla, la expresión de la voluntad general, y ocupar, por tanto, el máximo rango.

En efecto, para llegar a este convencimiento, los revolucionarios franceses habían recorrido un proceso previo, de la mano de diversos pensadores y filósofos que les condujeron de la idea de la arbitrariedad, propia del régimen político absolutista, en el que la ley era quod placet princeps, a otra concepción, en que el principio de legalidad, emanado de la voluntad democrática, era la clave del nuevo sistema político.

Por citar sólo algunos de los más conocidos, estas ideas se van conjuntando a partir de la obra de autores como Locke, Montesquieu, Rousseau o Bentham, que van a subrayar la importancia de la ley, como expresión de la soberanía popular, la necesidad de su aplicación e interpretación conforme a su auténtico significado y, en consecuencia, el valor que desempeña la defensa de la legalidad para configurar un régimen en el que se asegure la libertad, la igualdad y los derechos fundamentales asociados a las mismas.

Así, Locke aporta la idea de la transformación del "estado de naturaleza" en sociedad civil, mediante un pacto entre la comunidad y el gobierno, en el que éste como fideicomisario de aquella, ha de organizar y asegurar el respeto de los derechos naturales e inalienables de las personas y grupos existentes en ella. Esta tarea, ha de hacerse mediante el respeto...

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