La formación de la Comunidad Autónoma de Canarias
| Autor | Antonio Adelfo Delgado Núñez |
| Cargo del Autor | Profesor Asociado de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de La Laguna |
| Páginas | 17-54 |
Page 17
El 10 de agosto de 1982 las Islas se constituyen en Comunidad Autónoma con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC). Es la culminación de un proceso que, de manera próxima, se remonta a la constitución de la Junta de Canarias, pero que históricamente tiene antecedentes más lejanos en el tiempo, necesarios para comprender el significado político-administrativo del autogobierno del Archipiélago.
La expresión «pleito insular» cobró fortuna gracias al trabajo El pleito insular (1808-1936) de M. GUIMERÁ PERAZA1. El término sintetiza la rivalidad interprovincial actual y se remonta a la promulgación de la Constitución de 1812, que dio lugar a la organización municipal y provincial española. La Constitución liberal supuso la desaparición de los Cabildos cuya jurisdicción abarcaba el ámbito insular. La división de las islas en municipios conllevó,Page 18 asimismo, la creación de la provincia de Canarias. La lucha por la hegemonía entre las dos islas principales, Gran Canaria y Tenerife, se mantendrá hasta nuestros días. La reestructuración local supuso la creación del mando político-administrativo en manos de la Diputación provincial de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife. Las pretensiones de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria quedaron sólo en el deseo, lo que generó desencanto en la burguesía grancanaria. La crisis anterior a la Constitución liberal llevó a la creación de la Junta Suprema de Canarias en La Laguna y al Cabildo General Permanente en Las Palmas de Gran Canaria, dado el vacío de poder existente. Junta Suprema y Cabildo General Permanente se caracterizaban por ser plataformas de las oligarquías insulares dirigidas a obtener favores del poder central (BETHENCOURT MASSIEU, 1999: 182). La Junta Suprema lagunera llegó a destituir, el 11 de agosto de 1808, al Comandante General y a asumir la representación del Archipiélago en su conjunto, a lo que respondió Gran Canaria con la creación del Cabildo General. La situación se recondujo, a partir de 1812, pero la lucha entre las burguesías locales de ambas islas ya había germinado, manteniéndose a lo largo de los siglos XIX y XX. Durante mucho tiempo la lucha interinsular no cuestionó la provincia única, y se centró en la cuestión de la capitalidad provincial, pero sin plantearse alternativas de orden político y administrativo distintas al marco legal y organizativo existente (PERAZA PADRÓN, 2001: 38).
El nuevo régimen constitucional, nacido en 1812, implicó la instauración de un Estado centralista y proteccionista en lo económico. En lo político-administrativo, como se señaló anteriormente, se suprimieron los Cabildos que fueron sustituidos por los Ayuntamientos. Las crisis gubernamentales de 1836, 1843 y 1846 dieron lugar en la provincia de Canarias a la resurrección de las Juntas (germen del pleito insular), pero con escasa capacidad política e incidiendo en la cuestión recurrente de la capitalidad. La confirmación y consolidación, en 1843, de la capitalidad de Santa Cruz de Tenerife intensificó el disgusto de la burguesía grancanaria, que entendía que esta situación sólo beneficia a la burguesía tinerfeña, gracias al apoyo ante el Gobierno central de los Gobernadores Civiles y de los Comandantes Generales. Se abre entonces la vía de la «división provincial», que propugnará hasta 1866 el Partido Canario, que tenía a Antonio López Botas y Cristóbal del Castillo como líderes significados. Este partido era un conglomerado burgués en el que cabían desde liberales a conservadores, pasando por moderados y absolutistas. La consigna fue la consecución del desdoblamiento provincial. El pleito insular no se centró ya desde Gran Canaria en un cambio de la capitalidad provincial, sino en la creación de una nueva provincia integrada por lasPage 19 tres islas orientales con capital en Las Palmas de Gran Canaria. En Tenerife se situaron los defensores del mantenimiento de la provincia única con capital en Santa Cruz de Tenerife.
Ya en 1852 empiezan a ver sus primeros frutos las reivindicaciones de la burguesía grancanaria. La concesión de los Puertos Francos por Bravo Murillo constituyó de facto una suerte de «división provincial», que favoreció las reiteradas demandas grancanarias2. Las islas occidentales y las islas orientales quedaron bajo el mando de sendos subgobernadores, supeditados a la autoridad del Capitán General. En Tenerife no gustó la medida y dos años después, con la caída de Bravo Murillo, se volvió a la situación anterior. El Partido Canario no tuvo fuerza para oponerse a esta medida, debido a la debilidad interna generada por la dispersión ideológica y al personalismo de algunos de sus dirigentes. La crisis de la monarquía y el movimiento revolucionario que arranca, en septiembre de 1868, con el derrocamiento de la reina Isabel II y la proclamación de la I República, en 1873, tuvo el natural eco en las Islas, formándose rápidamente Juntas Patrióticas. Sin embargo, el movimiento revolucionario-republicano no tuvo incidencia en el ya arraigado pleito insular, pues no se produjo un cambio en el poder político isleño, que permaneció en manos de las oligarquías insulares competidoras entre sí.
La restauración borbónica marca una nueva etapa en el pleito, acentuando la pugna entre los pleitistas, lo que está bien documentado en la prensa de la época. Como auténticas armas arrojadizas se lanzaron habitualmente términos como autonomía, región, regionalismo, patria, patriotismo (insular, evidentemente), pero estas palabras no deben confundirnos sobre las reivindicaciones que subyacen en ellas, porque no existe el deseo de una autonomía política en sentido estricto (PERAZA PADRÓN, 2001: 39). No se pide autonomía en la tomas de decisiones respecto al poder central ni hay enfrentamiento con éste en aras de una defensa identitaria. Por el contrario, no se cuestiona el papel del Estado, pero se solicita de él que actúe como árbitro en los conflictos interinsulares. Para unos, manteniendo el sistema uniprovincial; para los otros, atendiendo a la realidad insular, a lo que más modernamente se ha denominado «realidad fragmentada». En el bando divisionistaPage 20 sobresale por méritos propios la figura de Fernando León y Castillo, Ministro de Ultramar y Gobernación e intermediario de los intereses de la burguesía local ante el poder central. En realidad, León y Castillo no era en sus orígenes propiamente divisionista, pues contemplaba a las Islas en su conjunto, aunque bajo su liderazgo. Será su partido en Gran Canaria, el Parido Liberal, el que le fuerce a apostar por el divisionismo. Para comprender mejor los intereses enfrentados de las actuales dos islas capitalinas se debe observar que el librecambismo de los puertos francos alentó una economía comercial que acabó con la complementariedad económica tradicional de los viejos tiempos (autoconsumo, en Tenerife, y exportación, en Gran Canaria). No resulta ocioso, por tanto, que León y Castillo tenga en su haber como uno de sus principales logros la expansión del Puerto de la Luz. La permanencia del político grancanario en Madrid, en el Gobierno central, garantizaba a Gran Canaria una influencia decisiva, ya que el sistema centralista de la Restauración generaba que la obtención de beneficios se garantizara por intermediación, para lo cual la burguesía tinerfeña estaba mejor colocada al ser la isla capitalina. Por eso, los poderes político-económicos de Gran Canaria, al no conseguir el traslado de la capital única, optaron por la división provincial, pues no tendrían siempre garantizada la presencia en Madrid de una figura como la de León y Castillo.
El contexto histórico no permitió que el regionalismo ni el nacionalismo prosperaran como ocurrió en otras partes de España (especialmente en Cataluña), pues las burguesías insulares confiaron más en tener una posición hegemónica para obtener beneficios del poder central (de ahí la lucha por la capitalidad) que en generar posibles instituciones con poder político autónomo. El siglo XIX nos presenta un Archipiélago que depende de la dinámica sociopolítica de las decisiones del Gobierno central, hecho que se acrecienta con la lucha entre las dos islas centrales constituidas en bloques político-económicos antagónicos, lo que refuerza el alejamiento de cualquier posibilidad de autonomismo regional y, menos aún...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba