Una Europa social en la economía mundial: empleos y nuevas oportunidades para todos. Una nueva agenda social: ...
| Autor | Borja Suárez Corujo |
| Cargo | Profesor Titular (habilitado) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Autónoma de Madrid. |
| Páginas | 211-222 |
Una Europa social en la economía mundial: empleos y nuevas oportunidades para todos. Una nueva agenda social: valoración crítica
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Buena parte de los ciudadanos franceses y neerlandeses que rechazaron en referéndum el Tratado Constitucional para la Unión Europea reivindicaban un mayor peso de lo social en la actuación política y jurídica de dicha Unión. Sin entrar ahora en tan peliaguda cuestión (¿cabía realmente considerar que el texto «constitucional» era regresivo desde esta perspectiva?), resulta interesante hacer algunas reflexiones sobre el peso de la política social en la actual realidad europea (comunitaria) a partir de una iniciativa interesante: la Comunicación de la Comisión, 9 de febrero de 2005, sobre la Agenda Social. La circunstancia de que dicha comunicación se aprobara antes del «descarrilamiento» del proceso de ratificación de la así denominada «Constitución europea» refuerza la significación de su (pobre) contenido a la vista de las causas de ese rechazo.
La revisión de los documentos que marcan el proceso dirigido al «- desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente», que se plasma en las Estrategias Page 212 de Lisboa de 2000 y la Estrategia de desarrollo sostenible de 2001, e inspira el artículo I- 3.3 TCUE, cuenta con un componente social importante que se recoge en la Agenda Social. Culminado el periodo de cinco años que abarcaba la Agenda de Política Social de 2000- 20051, y a propósito de la revisión de las citadas estrategias, se considera oportuno renovar el compromiso «- con la modernización y el desarrollo del modelo social europeo y con la promoción de la cohesión social-» en un contexto marcado por profundos cambios económicos y sociales: por un lado, la mayor competitividad propia de un entorno económico globalizado, el desarrollo tecnológico y el envejecimiento de la población; y, por otro, la persistencia de bajas tasas de actividad, desempleo, pobreza, desigualdad y discriminación.
Cuatro son los principios que presiden el desarrollo de esta «política social europea». Primero, mejorar la calidad del empleo, de las relaciones laborales y de la política social; segundo, adaptar los sistemas de protección social a las modernas expectativas de las sociedades europeas, sobre la base de la solidaridad y con el refuerzo de su carácter de factor productivo; tercero, perseguir un enfoque europeo integrado que garantice una interacción positiva de las políticas económica, social y de empleo; y, cuarto, tener en cuenta el coste de la falta de una política social.
Salta a la vista que la consecución de tales objetivos se encuentra muy marcada por una lógica economicista en la que predomina una concepción de los trabajadores y beneficiarios de la protección social como factor productivo (capital humano y social) en el sentido de que las acciones desarrolladas para la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los ciudadanos se hallan condicionadas en buena medida por su repercusión económica. Es probablemente cierto que la admisión de que la reducción o desaparición de las medidas de política social en una sociedad avanzada supone introducir un matiz de moderación en un planteamiento tan cercano a la tesis de la perversidad de Hirschman. Semejante afirmación no es exagerada, a mi juicio, si a continuación se repara en el contenido de las dos estrategias que han de permitir el desarrollo de la Agenda Social.
Implícitamente, la Comisión hacer notar que el principal problema al que se enfrenta el modelo social europeo no es tanto la necesidad de adaptarse al nuevo contexto socioproductivo, sino la crisis de confianza en la que desde hace años se encuentra sumido. La consolidación de fenómenos como el desempleo masivo, la marginación, etc. no han contado con una respuesta adecuada por parte de unos poderes públicos obsesionados por la crisis económica y por unas políticas presupuestarias restrictivas con las que cada vez resulta más difícil hacer frente a las necesidades sociales de la población. Así las cosas, la máxima prioridad hoy día es la modernización de los sistemas de protección sociolaboral de los países miembros, de manera que se ofrezcan nuevas oportunidades a todos los ciudadanos.
Pero esta búsqueda de la igualdad de oportunidades se conciben fundamentalmente desde una óptica individualista: se trata de que «- los ciudadanos puedan confiar en su propia capacidad para gestionar [los] cambios». Más allá de la involucración de los individuos en la mejora de las condiciones de vida (algo indudablemente positivo), este posicionamiento sirve de fundamento para respon-Page 213sabilizar a los propios individuos, y no a los poderes públicos, de la adecuación del modelo social a las necesidades de la población; con un grave riesgo: el de culpabilizar a los sectores más vulnerables de la sociedad por su incapacidad para superar estados de necesidad.
A partir de este planteamiento general, la búsqueda de una mayor confianza, la nueva Agenda Social se ocupa de otras dos cuestiones que, en general, no hacen más que reforzar la sensación de distancia respecto de los auténticos problemas que plantea el desarrollo de políticas sociales ambiciosas que permitan hablar de un auténtico (y por ello en mayúsculas) Modelo Social Europeo.
En primer lugar, se aborda la cuestión relativa a los instrumentos necesarios para poner en práctica la Agenda Social. Junto a una enumeración de los diversos mecanismos previstos en la actualidad [«- la legislación, el diálogo social, los instrumentos financieros -sobre todo, el Fondo Social Europeo (FSE) y el programa Progress-, el 'método abierto de coordinación' (MAC), que respalda los esfuerzos de los Estados miembros por modernizar los sistemas de empleo y protección social, y el principio de integración ('mainstreaming')»], lo más interesante es, de una parte, el reconocimiento de que los objetivos de crecimiento y cohesión no pueden alcanzarse sin financiación europea (comunitaria): sólo con el apoyo firme de las instituciones de la Unión Europea podrán superarse las disparidades socioeconómicas que existen entre países y dentro de sus territorios. Y, de otra, la insistencia en la oportunidad de proceder a una articulación estrecha con otras políticas europeas (comunitarias) de eminente contenido económico: «- mercado interior, política industrial, competencia y política comercial». A la vista de lo que antes se ha apuntado, más que un intento de conciliar las dimensiones social y económica, parece un recordatorio de los límites que la política social no puede transgredir o, si se prefiere, del valor secundario de tales aspectos.
Y, en segundo lugar, se exponen las tres condiciones que se estiman imprescindibles para el afianzamiento de esa confianza en el modelo social. De las tres sin duda la más consistente es la referida a la evolución demográfica, en un doble sentido.
Por un lado, se resalta la necesidad de analizar los efectos que producen en los sistemas de protección social (y, en especial, en los sistemas de pensiones) los cambios demográficos, a saber: el envejecimiento de la población y la afluencia de ciudadanos inmigrantes. De ahí que se proponga la elaboración de un «Libro Verde sobre la dimensión intergeneracional».
Y, por otro, se expresa un fuerte compromiso con los jóvenes que se ha de plasmar en una «iniciativa europea por la juventud», en la que los interlocutores sociales han de jugar un papel destacado. Con tal acción se persigue un doble objetivo: uno, el establecimiento de una relación más dinámica entre las generaciones que permita evitar la dependencia de los mayores frente a los más jóvenes, y los condicionantes que para éstos resultan de tal situación y que conducen al envejecimiento de la población. Y, dos, lograr la integración de la dimensión de la juventud en las estrategias de empleo e inclusión social; lo que es tanto como admitir que hoy día la juventud constituye un factor de riesgo de exclusión social.
La segunda de las tres condiciones para el éxito de la estrategia consiste en la «asociación por el cambio», esto es, el impulso de «(l)a cooperación entre las autoridades públicas, los interlocutores sociales y la sociedad civil-» en la aplicación de las políticas europeas (comunitarias). De ella deben resultar acciones de reforma y de balance de los progresos logrados, para lo cual se prevé la celebración anual de una reunión de todos los actores involucrados con objeto de analizar la aplicación de la Agenda.
Por último, a un aspecto de dimensión exterior se refiere la tercera de las condicio- Page 214nes desde una triple perspectiva. De un lado, se expresa la preocupación por «- consolidar la presencia de la dimensión social de la globalización y de la vertiente social del desarrollo sostenible» en el seno de organizaciones internacionales (ONU, OIT, OCDE, FMI, Banco Mundial, OMC), con un objetivo concreto cual es la promoción del trabajo digno para todos en la línea marcada hace unos años por la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. De otro, se fomenta el intercambio de experiencias en torno al equilibrio del progreso económico y del social con otros países: los candidatos a entrar en la Unión, vecinos, industrializados, economías emergentes, en vías de desarrollo- Y, en fin, de manera más o menos implícita se refleja la preocupación de la Comisión por la dimensión exterior del empleo y de la política social, es decir, por las consecuencias negativas derivadas de la competencia con otras economías menos sobrecargada por los costes empresariales. Aunque es comprensible y justificada tal inquietud se ha de advertir en contra de la adopción (también del mantenimiento) de medidas de corte proteccionista que en aras de proteger a determinados colectivos de trabajadores europeos (comunitarios) producen un grave perjuicio especialmente a los países en vía de desarrollo.
Los dos ejes prioritarios de actuación para la consecución de los objetivos de crecimiento y de creación de empleo establecidos por la Estrategia de Lisboa son el empleo, como objetivo de prosperidad, y la igualdad de oportunidades y la inclusión, como objetivo de solidaridad. Su conjunción ha de permitir el asentamiento de un marco común europeo con la puesta en práctica de medidas diversificadas para responder a las necesidades específicas de cada país. Su análisis debe realizarse por separado.
Comenzando por los aspectos relativos al empleo, lo previsto en el texto se organiza formalmente en torno a tres grandes asuntos: la consecución del pleno empleo, la instauración de una nueva dinámica de las relaciones laborales y la consolidación de un mercado de trabajo europeo. Lo cierto es, sin embargo, que el tratamiento de tales cuestiones se realiza de modo muy deslavazado por lo que interesa organizar su exposición y comentario de forma algo distinta.
El punto de partida de la Agenda Social son las cuatro prioridades marcadas por el «Informe Kok sobre empleo» en 20032, a saber: «aumentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y de las empresas; atraer y mantener a más personas en el mercado de trabajo; invertir más y con más eficacia en el capital humano; garantizar la aplicación efectiva de las reformas merced a una mejor gobernanza».
El desarrollo de acciones en estas cuatro esferas ha de permitir la consecución de dos grandes objetivos: el sostenimiento de un nivel de crecimiento económico estable a largo plazo y una satisfactoria adaptación del ordenamiento jurídico-laboral al nuevo entorno socioeconómico.
En relación con el crecimiento económico, dos de los aspectos claves apuntados por la Estrategia de Lisboa son el incremento de la tasa de actividad y la mejora de la productividad. La Agenda pone un especial énfasis en el segundo, insistiendo a su vez en dos cuestiones fundamentales. Por un lado, se propone el desarrollo de una nueva estrategia para el período 2007-2012 en el ámbito de la seguridad e higiene en el trabajo, desde una posición que reconoce las múltiples ventajas Page 215 inherentes a una política de prevención de riesgos laborales eficaz: se reducen los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, con ello disminuyen los costes y aumenta la productividad; en suma, la acción preventiva «- valoriza el capital humano europeo».
Así las cosas, la nueva estrategia opta por concentrar los esfuerzos en dos grandes áreas: una, el ámbito de cobertura, incorporando a través de una adecuada evaluación riesgos nuevos y emergentes que garanticen un nivel mínimo de protección a trabajadores hasta la fecha desamparados o frente situaciones laborales que hasta ahora no quedaban cubiertas adecuadamente. Y, otra, la calidad de los servicios de prevención, incidiendo singularmente en la mejora de la formación de todos los actores que intervienen en materia preventiva y en general de todos aquellos aspectos que permitan una aplicación más eficaz de la normativa sobre seguridad e higiene.
Por otro lado, la mejora de la productividad también se puede ver condicionada por el perfeccionamiento de la libertad de circulación de los trabajadores. Aunque ésta es una cuestión de la que las instituciones europeas (comunitarias) vienen ocupándose desde hace muchos años, hoy las dificultades (persistencia de obstáculos laborales y otros que se plantean en relación con los regímenes de pensiones profesionales -empresariales-) atañen a dos aspectos singulares: los derivados del proceso de ampliación de la Unión y los ligados a los movimientos migratorios.
El otro gran objetivo propio de la materia de empleo es el de la adaptación del marco jurídico de las relaciones laborales a los cambios productivos, económicos y sociales. En efecto, fenómenos como la reestructuración empresarial, la deslocalización, la «externalización» productiva o la progresiva desindustrialización exigen una adecuada y activa respuesta que permita conciliar los intereses de los trabajadores y empresarios en beneficio del conjunto de la sociedad. Los puntales de tal contestación van a ser dos.
En primer lugar, resulta imprescindible la intervención de los poderes públicos en tres áreas distintas. Ante todo, se ha de dar respuesta a las nuevas formas de trabajar que se han ido generalizando en los últimos años, con dos manifestaciones destacadas: el trabajo autónomo económicamente dependiente («falsos autónomos») y la temporalidad casi siempre ligada a una situación de precariedad. Ello explica que la Comisión proponga la adopción de un Libro Verde sobre la evolu-ción del Derecho del Trabajo, con el fin de aportar posibles medidas de modernización y simplificación de la normativa vigente que nos conduzcan a una situación en la que el marco jurídico no constituya un obstáculo para la realización de transacciones en el mercado de trabajo. El propio texto ya apunta algunas cuestiones que han de exigir algún tipo de actuación legislativa, sea novedosa, como la iniciativa sobre la protección de los datos personales de los trabajadores, sea revisora, como la actualización de las Directivas 2001/23/CE, sobre traspasos de empresas, y 98/59/CE, sobre despidos colectivos, así como la codificación de las diversas disposiciones en materia de información y consulta de los trabajadores.
La segunda de las áreas afectadas es la relativa al desarrollo de las políticas europeas encaminadas a fomentar y acompañar los procesos de reestructuración y respecto de las cuales se requiere una mayor interacción e involucración de los actores y partes interesadas, incluyendo el establecimiento de un vínculo más estrecho entre la Estrategia Europea de Empleo y la evolución de los marcos reglamentarios y convenios entre los interlocutores sociales; todo lo cual ha de servir para reforzar la capacidad de adaptación de la mano de obra y apoyar las políticas de aprendizaje permanente y de modernización de la organización del trabajo. Page 216
Y, en fin, una última área es la referida a la dimensión financiera de tales actividades que insiste en la conveniencia de lograr una mayor sinergia entre las políticas y los instrumentos financieros de que disponen los diversos organismos que intervienen y, en particular, del Fondo Social Europeo.
El segundo puntal del proceso de adaptación del marco jurídico-laboral, y probablemente el más novedoso y positivo, es la atribución de un relevante protagonismo a los agentes sociales. En este caso, dos son los aspectos que merecen comentario.
Por un lado, se resalta la conveniencia de lograr una implicación mayor de estos interlocutores sociales en el ámbito de las reestructuraciones empresariales, lo que exige ajustes en la fase de consulta, así como revisión de la Directiva 94/45/CE, sobre los comités de empresa europeos.
Y, por otro, parece apostarse con interés por la negociación colectiva transnacional, tanto en nivel empresarial cuanto en el sectorial, como la vía más efectiva para el desarrollo de la acción colectiva en una realidad crecientemente globalizada e interdependiente. Para el desarrollo de esta autonomía colectiva transnacional se prevé la configuración de un instrumento específico cuya utilización se deja en manos de los interlocutores sociales con el fin de que hagan de él aquel uso que crean más conveniente «- para adaptarse a circunstancias cambiantes y dar respuestas transnacionales rentables».
Parece superarse así cierta desconfianza hacia el papel desempeñado por los agentes sociales en el ámbito supranacional. Por ello, cabe extraer la conclusión de que finalmente ha calado la idea de que la plena involucración de los representantes de trabajadores y de empresarios constituye la vía más eficaz para abordar los retos transnacionales planteados por «- aspectos como la organización del trabajo, el empleo, las condiciones de trabajo o la formación».
El segundo de los ejes de estrategia es definido como un objetivo de solidaridad desde la óptica de conjugar la consolidación de un marco común europeo en materia de protección social con la puesta en marcha de medidas diversificadas para responder a las necesidades específicas de cada ámbito concreto.
A pesar de la falta de una sistematización clara, las previsiones contenidas en este último apartado pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: las relativas a aspectos organizativos o procedimentales frente a aquellas otras referidas a aspectos sustanciales. Desde una perspectiva general, todas ellas pretenden enmarcarse en un proceso de modernización de los sistemas de protección social.
Comenzando por las cuestiones más formales, la atención de la Comisión se centra en resaltar las virtudes del Método Abierto de Coordinación (MAC) y en el mejoramiento de los servicios sociales de interés general. Respecto del citado método, MAC, se reconoce su amplia acreditación en las materias de lucha contra la exclusión y la pobreza (desde 2000) y de pensiones (desde 2002), y se plantea ahora un doble objetivo.
De una parte, se proclama la intención de abrir, a partir de 2006, un proceso de MAC en el ámbito de la asistencia sanitaria y de los cuidados de larga duración (atención de situaciones de dependencia), con intención de encauzar hipotéticas reformas en torno a tres temas comunes (cobertura universal, calidad y viabilidad financiera), y con especial preocupación por incrementar la calidad de la ejecución y así mejorar la eficacia de las reformas nacionales.
Y, de otra, la Comisión manifiesta su intención de proponer una racionalización y simplificación de la práctica del MAC, que ha de consistir, en concreto, en el establecimien- Page 217to de una lista única de objetivos comunes a las tres áreas tratadas (inclusión y pensiones, a las que a partir de ahora se une la sanidad). Ello ha de permitir la inclusión de objetivos horizontales tan importantes como la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado de trabajo, que habrán de redundar en unos resultados más satisfactorios.
El otro aspecto organizativo atañe a la «- clarificación del papel y las características de los servicios sociales de interés general» (incluidos los de asistencia sanitaria, cuidados de larga duración, seguridad social, servicios de empleo y vivienda social), en cuanto elemento integrante del modelo europeo de sociedad. El Libro Blanco sobre los servicios de interés general de 20043 presenta tales servicios como garantía a los ciudadanos del disfrute efectivo de sus derechos fundamentales y de un elevado nivel de protección social, de manera que se refuerzan la cohesión social y territorial a partir del principio de solidaridad. Ahora bien, el mismo Libro Blanco admite que resulta imprescindible la modernización de los servicios para así poder responder más adecuadamente a las necesidades a una realidad cambiante.
Tal objetivo es también recogido por la Agenda Social que persigue dos objetivos principales: por un lado, fijar las características básicas de la organización y el funcionamiento de estos servicios sociales de interés general, de modo que se contribuya a modernizarlos y a mejorar la calidad de sus prestaciones en el ámbito o nivel correspondiente. Y, por otro, delimitar, a través de una Decisión, el régimen de ayudas estatales concedidas a los servicios de interés económico general (SIEG). Concretamente, se pretende «- eximir de notificación a las compensaciones de importes limitados por servicios públicos», así como aplicar «- condiciones especiales a hospitales y organismos de vivienda social».
Por cuanto se refiere a las cuestiones de contenido sustancial, la atención de la Comisión se dirige, únicamente, a dos grandes temas: el binomio lucha contra la pobreza- fomento de la inclusión social y la promoción de la diversidad y de la no discriminación.
A partir de un sintético, y acertado, diagnóstico de los problemas que lleva aparejada la pobreza (imposibilidad de participación plena en la sociedad, transmisión de la pobreza de generación en generación con la consiguiente condena de determinados individuos a la exclusión permanente, insostenibilidad social y económica de esta situación), y de la constatación de que «-aún hay muchas personas en graves dificultades, sin acceso al empleo ni a los recursos mínimos nacionales», la tibia reacción planteada por la Comisión pasa por dos actuaciones principales.
De una parte, se contempla retomar una cuestión pendiente, incumplida por la anterior Agenda, cual es la promoción del debate sobre las normas nacionales de ingresos mínimos, pero se obvia la determinación de cualquier objetivo específico. En este sentido, la Comisión se limita a reconocer que el recurso al MAC ha permitido a los Estados miembros aumentar la eficacia de los mecanismos nacionales sobre esta materia.
Y, de otra parte, se pretende paralelamente abrir consultas con el fin de esclarecer los motivos de la insuficiente eficacia de los sistemas ahora existentes. También en este punto se confía a los interlocutores sociales un papel destacado: la responsabilidad de prever y aplicar medidas de inclusión a través del mercado de trabajo que sirvan para mejorar las oportunidades de la población más vulnerable. En esta línea de concienciación e involucración de la sociedad en la lucha a favor de la inclusión social, la Comisión ha de proponer «- un Año Europeo (2010) de la Page 218 lucha contra la pobreza y la exclusión social». Se trata de hacer entonces un balance sobre los avances logrados a lo largo de la década. A la vista de la vaguedad de los objetivos, es evidente que todo queda en manos de los Estados; cabe augurar, pues, resultados muy desiguales por países. Ello es de lamentar como reflejo de la incapacidad de convertir la pobreza en un problema europeo (comunitario) de primera magnitud.
Del título de otro gran asunto, «Promoción de la diversidad y de la no discriminación», se infiere inmediatamente un enfoque novedoso en la lucha contra la discriminación: el interés por lograr que tal esfuerzo no perjudique las diferencias propias de cada lugar. En verdad, tal inquietud apenas se refleja en el texto de desarrollo; la atención se dirige a las siguientes cuestiones.
Primero, se prevé la definición del marco político adecuado para la adopción de nuevas medidas que han de incluir aquellas iniciativas que, por su pertinencia y viabilidad, han de completar el marco jurídico europeo (comunitario) en esta materia; por ejemplo, el tratamiento de minorías como los gitanos. El Libro Verde «Igualdad y no discriminación en la Unión Europea ampliada», de 2004, ha de resultar un útil instrumento.
Segundo, las dos áreas de actuación tradicionales en la lucha contra la discriminación dan lugar también a algunas consideraciones. Respecto de la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, se constata la persistencia de graves problemas a pesar de los esfuerzos realizados («-desigualdad salarial, el acceso y la participación de la mujer en el mercado de trabajo, la formación, la promoción profesional, la conciliación entre vida familiar y vida profesional o la toma de decisiones-»). Ello justifica una doble actuación: por un lado, la elaboración de una Comunicación sobre las actuaciones futuras necesarias para abordar tales deficiencias; y, por otro, la creación de un Instituto Europeo del Género, con la tarea de servir de fuente para recabar información e intercambiar buenas prácticas, al igual que de asistir a la Comisión y los Estados miembros en la realización de los objetivos comunitarios relacionados con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y su integración en las políticas comunitarias.
En relación con la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la Comisión fija un doble compromiso: uno, la presentación de nuevas ediciones de un plan de acción sobre esta materia; y, otro, publicar cada dos años, con motivo del Día Europeo de las personas con discapacidad, un informe sobre la situación de tales personas
En tercer y último lugar, también se prevé la organización de un Año Europeo de la igualdad de oportunidades en 2007. Junto a la tarea de conciencia que tal celebración persigue al poner de relieve la gravedad del problema y los logros alcanzados, se trata también de destacar «- las ventajas de la diversidad para la economía y la sociedad europeas». Como se advertía, pretende irse más allá del ámbito de la no discriminación con el fin de resaltar el valor de las diferencias existentes entre, y dentro de, los Estados miembros.
El reconocimiento de que lo económico ha prevalecido siempre sobre lo social desde los orígenes de la hoy Unión Europea no debe impedir apreciar que esa dimensión social no es «- un mero apéndice retórico en la actividad-» de las instituciones europeas (comunitarias)4. Ahora bien, se echa en falta un planteamiento mucho más ambicioso en materia social que, sin negar la importancia capital de la economía y de su crecimiento, y sin incurrir Page 219 en falsos idealismos ni en ejercicios de voluntarismo político, defienda la idea de que lo social resulta tan decisivo e imprescindible como lo económico, de tal manera que los sacrificios que su conciliación exige no deben afectar sólo a aquella esfera, sino a las dos. Debe tenerse en cuenta que el futuro político e incluso económico de la Unión Europea depende en gran medida de su capacidad para salvaguardar y renovar las conquistas o avances sociales; así lo habría demostrado el rechazo en Francia y Países Bajos de la consulta popular sobre el Tratado Constitucional para la Unión Europea.
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[1] Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, sobre Agenda de política social [ final].
[2] Informe del Grupo de Alto Nivel presidido por WIMKOK sobre la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo (noviembre de 2003).
[3] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 12 de mayo de 2004 [COM(2004) 374].
[4] MARTÍN VALVERDE, A., «Los derechos de los trabajadores en el ordenamiento comunitario: del Tratado de Roma a la Constitución Europea», Actualidad Laboral, nº 19/2004, p. 2289.
