Legarre, santiago, poder de policía y moralidad pública. Fundamentos y aplicaciones, ábaco de rodolfo depalma, buenos aires, 2004, 297 pp.

AutorCristóbal Orrego
CargoUniversidad de Los Andes (Chile)
Páginas493-498

Page 493

A veces nos parece asistir a un diálogo de sordos en los debates contemporáneos sobre la manera de entender las cláusulas que se remiten a la moralidad pública, el orden público, las buenas costumbres, etc., para limitar el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por las constituciones nacionales y por los tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales.

Por una parte, no faltan quienes, como Lord Devlin en su debate con H. L. A. Hart sobre la imposición coactiva de la moral, defienden la moral social por el solo hecho de ser mayoritaria. Esta posición, denominada por Hart «populismo moral» para distinguirla de la auténtica exigencia de la democracia como forma civilizada de gobierno, funciona como fuerza reaccionaria contra toda posibilidad de progreso en las buenas costumbres, como si hubiéramos de resignarnos a repetir los errores del pasado. Al mismo tiempo, apenas una mayoría momentánea, frecuentemente manipulada por la propaganda, abraza una causa, el «populismo moral» se queda sin argumentos para defender los auténticos valores morales transmitidos de generación en generación. En el debate Hart vs. Devlin sobre la despenalización de la sodomía consentida entre adultos, por mencionar un ejemplo, el mismo Lord Devlin, que se había opuesto a la idea porque repugnaba a la convicción mayoritaria, terminó firmando una carta colectiva -junto con destacadas personalidades de la cultura, la política y la iglesia inglesa- pidiendo, pocos años después, la mencionada despenalización: los tiempos habían cambiado rápidamente; la opinión mayoritaria había sido sagazmente convencida por la propaganda liberalizadora. Devlin se había quedado sin argumentos.

Por otra parte, a menudo chilla en los oídos de los legisladores y de los jueces la propaganda del relativismo moral, que quiere reducir esas cláusulas a la nada, o, más bien, pretende neutralizar las convicciones morales de los jueces y legisladores para sustituirlas subrepticiamente por los juicios éticos de la minoría liberal, frecuentemente apoyada por los medios de comunicación que ella controla eficazmente. Así, por ejemplo, se ha ido reduciendo la actividad de la judicatura para proteger a las víctimas de los abusos de la libertad de expresión; se han eliminado formas de censura necesarias para defender a los niños y jóvenes de la pornografía; se permite abiertamente el reclutamiento de adolescentes por organizaciones de homosexuales, que trabajan a control remoto en los colegios. Se supone, además, que los legisladores y los jueces no pueden intervenir -a pesar de las cláusulas expresas sobre la moralidad pública- porque los han convencido de que quiénes son ellos para decidir lo que es bueno y lo que es malo para los demás.

Una discusión seria sobre asuntos tan importantes debería partir por un conocimiento adecuado de la historia y de los fundamentos filosóficos y jurídicos de esa potestad que desde siempre se ha reconocido a la autoridad para defender la moralidad pública. Si alguien estima que esa potestad ha sido un error histórico y debe abolirse, que ofrezca sus argumentos. Mas es del todo irracional e injusto -sucede, por desgracia, cuando los jueces y los políticos son ignorantes- que, por un par de apelaciones superficiales a una ideología de moda, o por las bravuconadas violentas de los defensores del libertinaje, o por la simple afirmación de la igualdad entre los ciudadanos, casi sin necesidad de argumentos, las autoridades públicas dejen incumplido su deber de Page 494 proteger el orden moral público que les ha sido explícitamente confiado por las normas jurídicas positivas y por el derecho natural.

Poder de policía y moralidad pública, de Santiago Legarre, profesor de Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional de la Universidad Austral de Buenos Aires, es la obra descriptiva y actualizada que todos los jueces y legisladores deberían leer, si quieren razonar con adecuado conocimiento histórico y jurídico sobre este tema, en lugar de ser esclavos de la última sofística local. La lectura del libro no determinará la cuestión normativa de si un determinado tipo de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR