Aspectos del Procedimiento Civil modificados por la Ley de medidas de agilización procesal

Autor:Eduardo Villellas Bernal
Cargo:Socio del Área de Contencioso, Público y Regulatorio
Páginas:11-15
 
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En el presente artículo analizaremos las novedades que la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, ha introducido en la regulación del procedimiento civil. Dichas novedades se refieren principalmente a (i) la agilización de los desahucios, (ii) la inclusión de la tasa judicial en las costas procesales, (iii) la supresión del límite cuantitativo de los procesos monitorios, (iv) la regulación de la adjudicación en subasta de bienes inmuebles diferentes de la vivienda habitual del deudor, (v) la supresión del trámite de preparación de recursos y (vi) la limitación de acceso a los recursos de apelación y casación.

I Planteamiento y antecedentes

Una de las principales críticas al sistema judicial español es su lentitud en la tramitación de los expedientes y el retraso generalizado en la resolución de los mismos. Últimamente, con ocasión de la crisis y el aumento de la litigiosidad1, la situación se ha agravado más, si cabe.

En los últimos años el legislador ha pretendido atajar el problema mediante reformas de las diferentes leyes de procedimiento. Entre éstas, por su alcance y calado, destaca la implantación de la nueva oficina judicial, mediante la ley 13/2009, de 23 de noviembre, de la Oficina Judicial ("LOJ") -que entró en vigor el 4 de mayo de 2010- y por la que se reformaron hasta 380 artículos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ("LEC").

Recientemente, apenas transcurrido un año y medio desde la entrada en vigor de la LOJ, el legislador ha retomado la tarea de reformar la regulación de las leyes de procedimiento con el objetivo de desatascar los Juzgados y reforzar así el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. En este sentido, el pasado 31 de octubre de 2011 entró en vigor2la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal ("Ley de Medidas"). Mediante la Ley de Medidas se reforma principalmente la legislación procesal en los órdenes civil, contencioso-administrativo y penal. En el presente artículo nos limitaremos a analizar las novedades introducidas por la Ley de Medidas en el orden procesal civil. Las veremos a continuación.

II Agilización de los desahucios

El procedimiento de desahucio -y, en particular, la variante seguida por impago de rentas- es uno de los procedimientos que más ocupa a nuestros Juzgados, tanto en tiempo como en personal y medios materiales.

Según las estadísticas, sólo en el 10% de los procedimientos de desahucio por impago de rentas se plantea oposición. El legislador, consciente de ello y de la efectividad del proceso monitorio3, ha pretendido agilizar la tramitación de los desahucios por impago de rentas asimilando la naturaleza de los mismos a la del proceso monitorio.

Así, en los procedimientos de desahucio por impago de rentas, tras la admisión de la demanda y con carácter previo a la celebración de la vista, el Secretario Judicial requerirá al demandado para que en el plazo de diez días (i) desaloje el inmueble y pague al actor o, (ii) en caso de pretender la enervación, pague la totalidad de lo que adeude en el momento del pago enervador o (iii) comparezca ante el Juzgado y formule oposición a las preten-

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siones del demandante.

Además, ese requerimiento (i) expresará el día y la hora en que tendrá lugar la eventual vista -para la que servirá de citación- y el posterior lanzamiento y (ii) apercibirá al demandado de que, de no realizar ninguna de las actuaciones citadas, se procederá a su inmediato lanzamiento, sin necesidad de notificación posterior.

Por último, si el demandado no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o allanarse, el Secretario Judicial dictará decreto dando por terminado el procedimiento de desahucio y dará traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución, para lo que bastará con la mera solicitud4.

III Inclusión de la tasa judicial en las costas procesales y determinación de la cuota tributaria de la tasa en el proceso monitorio

Mediante la Ley de Medidas se añade un nuevo ordinal 7º al párrafo segundo del artículo 241.1 LEC, en virtud del cual se considerará costas del proceso la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, siempre y cuando dicha tasa sea preceptiva.

Entendemos que se trata de una reforma acertada en la medida en que, hasta la fecha, el demandante venía obligado a incurrir en un coste (el pago de la tasa) del que luego no podía resarcirse a costa del demandado aun cuando éste último fuera condenado en costas.

Por otro lado, también en relación con la tasa judicial en los procedimientos civiles, se modifica el número primero del apartado seis del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de...

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