El modelo de instrucción penal en el sistema español

Autor:Dra. Belén Mora Capitán
Cargo:Profesora Titular de Derecho Procesal. Universitat Pompeu Fabra
Páginas:17-198
RESUMEN

SUMARIO INTRODUCCIÓN. I. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN LA INSTRUCCIÓN.1. PREVISIONES CONSTITUCIONALES. 2. REGULACIÓN ORGÁNICA: 2.1. Ley Orgánica del Poder Judicial. 2.2. Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 2.3. La LO de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el RD de Policía Judicial. 3. NORMAS PROCESALES: 3.1. La Ley de Enjuiciamiento Criminal. 3.2. La LO 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. 3.3. La LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. 4. VALORACIÓN DE CONJUNTO. ? II. LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DEL MINISTERIO FISCAL. 1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 2. FINALIDAD Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR: 2.1. Sustitución de la investigación judicial por la investigación preliminar. 2.2. Preparación de la acusación v. preparación del juicio de acusación. 2.3. Exhaustividad de la investigación. 2.4. Límites de la... (ver resumen completo)

 
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El presente trabajo constituye una parte de un proyecto de investigación galardonado con el Premio Feixó Carrera (2003), otorgado por el Il·lustre Col·legi d?Advocats de Barcelona

INTRODUCCIÓN

Hablar de la crisis del enjuiciamiento penal español, desafortunadamente, se ha convertido casi en un tópico. Especialmente desde la promulgación de la Constitución Española de 1978 y, en consecuencia, desde la inadecuación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el reconocimiento constitucional de las garantías procesales, se hizo patente la necesidad de reformar en su integridad dicho texto legislativo. Si bien es unánime la consideración de que la LECr en su redacción original era un texto garantista y avanzado a su época, también lo es que las reformas parciales que ha experimentado, marcadas por los avatares históricos, unas veces, y por la actuación apresurada del legislador, en otras, la han convertido en un texto carente de sistemática, en algunos casos anárquico y, lo que es más grave, se han visto mermadas las garantías de los ciudadanos.1

Casi de manera paradójica, actualmente en la reflexión sobre el modelo del proceso penal adquiere una singular relevancia no tanto el enjuiciamiento propiamente dicho, es decir, la configuración del juicio oral, cuanto la fase preparatoria del mismo: la instrucción. Ello es así en la medida en que las opciones tanto técnicas como políticas que requiere la regulación de dicha fase preparatoria son de hondo calado. En particular, se hace preciso determinar en qué medida han de desplegar su eficacia las garantías procesales del imputado y también de la víctima y, además, hay que definir la intervención del órgano público de la acusación. Sin duda, el hecho del que el Ministerio Fiscal sea una de las instituciones más complejas y polémicas de la literatura procesal,2 y ello no sólo en relación con su intervención en el proceso penal, sino también en cuanto hace referencia a su posición institucional3 y a su configuración orgánica, no está favoreciendo una actuación definitiva del legislador.

La necesidad de reforma del enjuiciamiento criminal en España coincide con una época en la que diversos países de nuestro entorno cultural, por tanto, no sólo europeos, sino también sudamericanos, han promulgado códigos nuevos que siguen una determinada tendencia. En estas reformas se han adoptado soluciones novedosas para los ordenamientos de tradición continental, y que afectan de manera significativa al papel que el Ministerio Fiscal, o Ministerio Público si se prefiere, desarrolla en el proceso penal. En concreto dos son los puntos fundamentales:

a) la atribución de la investigación de los ilícitos penales al Ministerio Público en detrimento del Juez de Instrucción;

b) la atribución de un margen de discrecionalidad al Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, es decir, la introducción de criterios de oportunidad.

Mientras en países como Alemania4 y Portugal5 se introdujeron

ambas reformas, en Italia el Codice di Procedura Penale de 19886 se limitó a atribuir la investigación al Ministerio Público sin introducir el denominado principio de oportunidad.

En España se efectuó lo que se ha considerado un ?ensayo? de la investigación a cargo el Ministerio Fiscal mediante la reforma operada por la LO 7/1988, de 28 de diciembre, y circunscrita al ámbito del juicio abreviado, mientras se esperaba la anunciada nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Anuncio que en fechas recientes se reiteró y que ha finalizado con la promulgación de la L 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, y de la LO 8/2002, de 24 de octubre, complementaria de la anterior7, siendo conocidas ambas como ?ley de juicios rápidos?. La aparición de esta última reforma parcial, destinada a entrar en vigor el 28 de abril de 2003, hace presagiar el abandono de la voluntad política de elaborar una Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) de nuevo cuño, al menos a corto plazo.

Erró pues el Consejo General del Poder Judicial al dar por agotadas las posibilidades de reforma parcial de la LECr8. En cualquier caso, la reforma de 2002, de alcance limitado, ha dejado inalterada la situación en cuanto a las facultades de investigación del Ministerio Fiscal en el proceso penal. Así es, las citadas leyes mantienen, prácticamente con idéntica redacción, el contenido de los antiguos artículos 781 y 785 bis LECr que ahora se recoge en el nuevo art. 773 LECr. Sin embargo, si ha supuesto una modificación relevante en cuanto a las garantías que deben observarse en la investigación dirigida por el Ministerio Público, la reciente reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal operada mediante la Ley 14/2003, de 26 de mayo de 2003 (BOE n. 126, de 27 de mayo).

La ausencia de un modelo coherente de instrucción en la LECr9 se agrava si se tiene en consideración que las últimas grandes leyes relativas al enjuiciamiento penal, esto es, la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ) de 1995 y la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM) de 2000 han introducido a su vez modelos absolutamente dispares. Y aún es más, en la fase instructora del nuevo procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos y en cuanto a la investigación propiamente dicha se refiere, la Policía Judicial ocupa un lugar central e incluso determinante del rumbo procesal de este tipo de causas. Esta pluralidad de ?instrucciones? parece responder a sucesivos y tímidos ensayos, de uno u otro signo en función de la orientación dogmática adoptada, que, en cualquier caso, no hacen más que complicar el sistema.

La demora del legislador, sin duda, no puede achacarse a la ausencia de debate doctrinal sobre la materia, pues pocos son los autores que se han resistido a pronunciarse sobre la conveniencia o no de la atribución al Ministerio Fiscal de la investigación de los delitos y sobre la introducción del principio de oportunidad. Quizás el continuo aplazamiento de la reforma procesal se deba a que uno de los argumentos que se utiliza en la discusión sobre la reforma procesal penal es la configuración orgánica y constitucional del Ministerio Fiscal y, en concreto, uno de sus aspectos: su dependencia o independencia del Poder Ejecutivo o, de un modo más específico, su dependencia orgánica y/o funcional respecto de dicho poder10. No cabe duda de que existe una cierta desconfianza respecto a la utilización que el Ejecutivo pudiera hacer del proceso penal a través del Ministerio Fiscal.

En el presente trabajo se pretende abordar, en primer lugar, la configuración actual de la investigación penal, como fase preparatoria del enjuiciamiento penal, desde la perspectiva de la intervención del Ministerio Fiscal, y ello tomando como punto de referencia la instrucción en el juicio abreviado, por tratarse del juicio penal tipo, y del juicio ordinario por cuanto que las normas del sumario tienen carácter supletorio. La instrucción del juicio ante el Tribunal del Jurado y del Juicio de Menores serán tomadas en consideración al hilo de la exposición de los juicios ordinario y abreviado.

En segundo lugar, se pretende exponer cuáles son los términos del debate entorno a la intervención del Ministerio Fiscal en una eventual reforma del proceso penal. En concreto, los temas más debatidos son el de la atribución de la dirección de la investigación a dicho órgano y la introducción del principio de oportunidad. Asimismo, la configuración de las relaciones orgánicas y funcionales con el Poder Ejecutivo, parece ser el telón de fondo de la oposición a la introducción de las reformas indicadas. El presente trabajo se limita al análisis de la primera de las cuestiones planteadas, mientras que las restantes constituirán seguramente el objeto de futuros trabajos de investigación.

Respecto al objeto de estudio, es preciso indicar que el objetivo consiste en analizar la instrucción penal desde la perspectiva del Ministerio Fiscal, pero no abordar el estudio de dicho órgano. En consecuencia, se ha descartado la oportunidad de realizar un análisis histórico del Ministerio Fiscal que, de otro lado, ya ha sido brillantemente efectuado11. Por semejantes motivos se excluye un estudio de su configuración orgánica y de su naturaleza jurídica12.

  1. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN LA INSTRUCCIÓN

    1. PREVISIONES CONSTITUCIONALES

      El análisis del régimen jurídico de la intervención del Ministerio Fiscal en la instrucción penal, cualquiera que sea el tipo de juicio considerado, debe partir de la configuración constitucional de dicho órgano o, más concretamente, de las funciones que la Constitución española le asigna13.

      En este sentido, los puntos de referencia son dos. En primer lugar, el art. 124.1 CE, en cuanto atribuye al Ministerio Fiscal la función de ?promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social?. La actuación del Ministerio Público en cumplimiento de esta actividad se desarrollará conforme a determinados principios, también recogidos en la norma fundamental (art. 124.2 CE): unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad.

      La asunción de la defensa del interés público y, en particular, los dos últimos principios mencionados otorgan al Ministerio Fiscal una singular posición de parte, pues ello le obliga, entre otros extremos, a investigar y aportar al juicio tanto las circunstancias adversas al imputado, cuanto las que pudieran resultarle favorables.

      En segundo lugar, según dispone el art. 126.1 CE, ?la Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio...

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