Sobre nuestro modelo de Estado

AutorMercedes Ortiz García
Cargo del AutorUniversidad de Alicante
Páginas268-274

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Cabe realizar unas relexiones sobre nuestro actual modelo de sociedad y de Estado, que viene caracterizado, como no podía ser de otra manera, por nuestra Carta Magna. A pesar del actual contexto socioeconómico, que ha provocado cambios de rumbo, como es la modificación del art. 135 CE, considero que se debe seguir manteniendo la consideración de España como un Estado facilitador del bienestar social437, eso sí, necesitado de cambios estructurales, fruto de la creatividad e innovación social, respaldadas, por supuesto, en nuestro ordenamiento jurídico, pero vertebradas en el comportamiento responsable y ético438de todos los actores, a saber: gestores, gobernantes, mundo empresarial, sociedad civil, etc.

En el momento presente el Estado formalmente es prestacional, por lo que ha asumido un destacado protagonismo en la actividad económica, apareciendo incluso como «Estado empresario», pues ha actuado como un importante agente económico a través de sus múltiples empresas y entidades públicas. Ese talante de Estado ha salido caro, pero tampoco debemos instalarnos en el «Estado deudor/pagador» tras la reformulación del art. 135 CE.

El Estado social adoptó, desde un primer momento, la modalidad de Estado prestacional que, mediante un costoso aparato administrativo público, asumía directamente las prestaciones. El gran incremento del sector público se debió a que el Estado disponía de los mejores medios humanos, materiales y de conocimiento de experto, y todo ello en pleno desarrollo industrial que requería muchas infraestructuras -carreteras, redes de energía, medios de transporte, aeropuertos-, que suponen cuantiosas inversiones y numerosos servicios públicos. Y, a su vez, la sociedad se encontraba escasamente articulada. La situación actual es muy distinta, con una sociedad muy poderosa en la que mayormente se localiza el poder económico, los medios técnicos y el conocimiento experto439.

3.1. Estadosocialversus Estado garante

La actividad de policía era la actividad central en el Estado liberal con proyección sobre la sociedad, y el Estado social reforzó la actividad de prestación o de servicio público. El Estado social

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o la atención de toda una serie de necesidades básicas a toda la población, a todo ciudadano, con independencia de su posición económica, social o geográica, es el sello de identidad más relevante de Europa de toda su historia, desde mi punto vista. Este Estado armonizará muy bien con la libre iniciativa empresarial pública y con el título de servicio público.

España es un Estado democrático, y de Derecho, y además social (art. 1.1 CE). De esta mane-ra, la Constitución establece la necesidad de que los poderes públicos promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; y asimismo, la necesidad de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (art. 9). Es evidente el carácter asistencial, servicial, de nuestro Estado para poder resolver los problemas de los ciudadanos. Y, por ello, la gestión pública de las cuestiones económicas de la sociedad adquiere una gran importancia, superando la clásica faceta de la Administración como gestión jurídica, a través del otorgamiento de licencias, autorizaciones, concesiones, certificaciones, etc.

Sin embargo, parece -dada la grave situación de precariedad de las arcas públicas- que el Estado debe replegarse para mitigar dicha situación. Esta consideración no es solo un consejo de buena administración, sino que es un mandato legal (135 CE), que obviamente no se puede desconocer. Pero tampoco se puede desconocer la actual situación de precariedad en que vive la sociedad española y que, por tanto, no puede la Administración dejar de estar, dejarles a su suerte, pues sería ir contra su razón de ser y un claro retroceso histórico, así como un incumplimiento de nuestra Carta Magna.

En este sentido, la estabilidad presupuestaria se convierte en una cuestión muy relevante y novedosa -como recalcará Esteve Pardo- para el mantenimiento del propio Estado440, para poder garantizar su continuidad efectiva, su sostenibilidad; protección frente a poderes externos, del sector privado, del mercado inanciero. Se ha producido un cúmulo de despropósitos: los ingresos tributarios no han sido suicientes y se ha recurrido al crédito externo y al endeudamiento, exponiéndose así a los riesgos de los mercados inancieros con las graves consecuencias de verse en una grave crisis y a merced de lo que señalen unas entidades privadas y opacas como son las agencias de calificación crediticias -conocidas como agencias de rating- compelidos a ejercer sus actuaciones en función de esas entidades, en vez del bien común.

El Estado aparece como sujeto amenazado, débil, abandonando su rol habitual de sujeto todopoderoso. Y como nos lo hace ver Esteve Pardo, aparecen conceptos claves del Derecho Ambiental, pero esta vez no al servicio de la tutela ambiental, sino de la tutela del propio Estado441, a saber: la solidaridad intergeneracional y la atención a las generaciones futuras, que podrían verse

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afectadas por el endeudamiento en que han incurrido las generaciones anteriores, la actual destacadamente442.

Se debería establecer una racionalidad en la actuación del Estado que no debería afectar a las prestaciones sociales, que fundamentalmente versará sobre el paso del Estado gestor al Estado garante: la iniciativa económica del Estado garante. Y en esta cuestión me voy a centrar.

Volviendo al hilo conductor del Estado social, cabe señalar que se había generado la creencia de la necesidad...

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