Método y posibilidades de una planificación agraria en España
| Autor | Agustín Luna Serrano/Pedro Fernández-Boado |
| Cargo | Miembros de la Asociación Aragonesa de Derecho Agrario |
| Páginas | 28-93 |
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El examen de los rasgos actuales, de las tendencias y de la estructura de la agricultura española arroja unos resultados que, sin ser excesivamente pesimistas en cuanto a sus posibilidades futuras, constituyen, un serio motivo de preocupación y meditación, sobre todo frente a las realidades comunitarias europeas, por la magnitud de los problemas que tiene planteados. Una visión de conjunto pone de relieve que tales problemas no sólo afectan a factores económicos de producción y rentabilidad, sino que entran también de lleno en las vertientes político-sociales y demográficas, exigiendo en su origen, para su solución, un amplio planteamiento político y la coordinada adopción de medidas eficaces de carácter jurídico y técnico.
Un inicial planteamiento comporta a determinar si la agricultura española puede salir de la situación en que se encuentra por sus propios medios, o, si, por. el contrario, es necesaria la decidida acción del Estado para acelerar y conseguir su reactivación. En el segundo caso, la cuestión se contraería a determinar las bases de una integración interior de la agricultura en la economía y a perfilar, como caiuce de actuación y medio de .reforma .duradera, un completo estatuto jurídico de la propiedad de la tierra sobre una estructura y unos principios bien diferentes de los que hasta ahora le han servido de apoyo y que se han revelado tan inoperantes 1.Page 29
En este estudio, que por su mismo fin no pretende, ni puede ser exhaustivo, dejaremos a un lado los aspectos de pura técnica económica para ofrecer, en el plano propiamente jurídico, un puñado de sugerencias tratando de pergeñar las tendencias, el método y las posibilidades reales de una planificación agraria en España, teniendo en cuenta, sobre todo, la existencia de una multiplicidad de disposiciones legislativas dictadas con el propósito de paliar o resolver el problema agrario, que muchas veces no han alcanzado sus objetivos por faltar entre ellas una adecuada coordinación teleológica o por adolecer del vicio de origen que significa la ausencia de unas directrices políticas unitarias y congruentes.
Antes de abordar las cuestiones relativas a la utilidad de la planificación, como política áe gobierno coordinada y dirigida a la implantación de un orden político-social y económico más justo y eficiente en la realidad agraria española, según las exigencias de la colectividad, y antes de referimos al objeto y a los medios de realización de la planificación y a la posición que corresponde al Estado respecto a la agricultura, es necesario un conocimiento de la verdadera situación de la agricultura española, que la estadística, con toda su relatividad, pone de manifiesto 2.
De una población activa de 12,5 millones de personas (1958) hay en España 5,6 millcnes dedicadas a la agricultura, es decir, el 42 por 100 de la población activa total.
En producto interno bruto, la agricultura significa aproximadamente el 26 por 100. Si se compara este porcentaje con el 42 por 100 de población activa dedicada a la agricultura, aparece bien clara la encasa productividad que tal actividad económica ofrece en España 3. Como contrapartida resaltan, sin embargo,Page 30 las posibilidades de crecimiento agricola, cifradas, según un estudio del Ministerio de Agricultura de 1959, en un previsible aumento de un 71 por 100 promedio en un periodo de desarrollo a un plazo de veinte años, sobre la base de aumentar los regadíos hasta sus topes máximos, estimados en unos cuatro millones de hectáreas.
Una circunstancia que caracteriza a la agricultura española es la existencia de unos precios de producción muy altos, a pesar de que los salarios son relativamente bajos, como consecuencia de la poca fertilidad de gran parte de las tierras roturadas y del excesivo fraccionamiento de la superficie cultivable. La proliferación del minifundio, que es un mal endémico de ciertas comarcas españolas, llega a ser tal que de los seis millones de propietarios agrícolas que hay en España dos millones lo son de tierras de una extensión inferior a media hectárea; 1,2 millones son propietarios de tierras cuya cabida fluctúa entre media y una hectáreas, y 1,8 millones son propietaiios de parcelas cuya extensión cultivable oscila entre una y cinco hectáreas. De los datos del Catastro realizados hasta diciembre de 1959 resulta que hay catastradas 43 millones de hectáreas y que entre ellas hay 54 millones de fincas, de las que 48,71 millones-es decir, el 91 por 100 del total-tienen una extensión menot de una hectárea. La extensión media en secano y regadío resulta de 1,47 hectáreas por cada finca, extensión que dista mucho de ser rentable y que no permite, naturalmente, el adecuado aprovechamiento de la más elemental maquinaria agrícola, ni la aplicación de las modernas técnicas de cultivo 4.
Desde otro punto de vista resulta que el 82 por 100 de los propietarios se reparten el 10,5 por 100 de la tierra cultivada, mientras qoie el 18 por 100 de los propietarios restantes se reparten el 89,5 por 100 de la tierra. Paralelamente a este desequilibrio entre los propietarios, que entraña claramente un agudo problema social, con amplias repercusiones en la vida nacional al tener comoPage 31 consecuencia la aparición de un proletariado propietario muy numeroso, debe tenerse en cuenta la existencia de un alto porcentaje de asalariados, que suponen el 33 por 100 de la población agrícola activa total, de los que el 78,3 por 100 son obreros eventuales, siendo el salario medio anual del obrero agrícola de 19.000 pesetas, según datos facilitados por la «Oficina agrícola». Esta desigual distribución de propietarios y asalariados en las actividades agrícolas, que proporcionan rentas per capita inferiores a las 9.000 pesetas (la renta media nacional es de 15.500 pesetas), hace que cada día sea mayor la emigración, tanto de los propietarios proletarizados como de los asalariados, hacia sectores económicos mas rentables dentro del área nacional o hacia otros países de más alto nivel de vida 5.
Finalmente hay que señalar, como dato económico de la máxima importancia, que la escasa rentabilidad in genere del campo hace que la corriente de capitales se desplace hacia otros sectores económicos; de más segura inversión y que, en consecuencia, gran parte de la renta procedente de la agricultura se oriente hacia la industria y hacia los servicios, reduciendo así al mínimo las posibilidades de autofinanciación agrícola.
Los datos ofrecidos a título orientativo son por sí mismos lo suficientemente elocuentes y nos llevan a la convicción de la imperiosa necesidad de realizar profundas reformas en la agricultura española, encaminadas fundamentalmente a la formación de unidades de cultivo rentables, al establecimiento de un mayor equilibrio entre latifundio y minifundio, buscando la necesaria estabilidad y justicia social, y a una completa ordenación jurídica de la propiedad de la tierra.Page 32
La complejidad de estos problemas y sus innegables implicaciones políticas y sociales hacen difícilmente concebible que puedan llegar a superarse sin la acción decidida y directa del Estado. Ello es así no sólo porque hay un interés inmediato del enteró grupo político en la tutela del orden social, sino también porque está en juego tm interés general preeminente cuya ordenación, una vez superados los sistemas políticos definidores del neutralismo económico, la colectividad justamente reclama.
La acción de los poderes públicos encuentra justificación en motivos del bien común 6, al qué se llega a través de criterios de justicia objetiva y de utilidad social, cuya valoración corresponde a la sociedad y cuya consecución deben lograr los órganos del Estado. Es evidente la adecuación de la realidad agraria dentro del bien común, no sólo porque sus problemas trascienden la esfera del quehacer individual, sino también porque el interés y los medios que le son propios están situados en el superior plano de la política del Estado: la cuestión social, el equilibrio económico, la seguridad social, las estructuras administrativas, la política legislativa y tributaria, el aumento del nivel de vida, la promoción de industrias integrativas, etc., son elementos propios de la realidad agraria y ámbito de competencia directa del Estado.
El único camino posible para el desenvolvimiento de la acción estatal está constituido por la planificación como instrumento técnico, que implica la primacía del Estado sobre la voluntad de los particulares, y presupone la conjugación de medios legislativos, técnicos y económicos o financieros convergentes en una dirección unitaria trazada por unos principios políticos congruentes. En síntesis, aparece bien clara la necesidad de reformar las bases de la...
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