Mesa Redonda: El Pacto de Toledo en el año 2006

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Isabel López I Chamosa (Grupo Parlamentario Socialista)

Buenas tardes a todas y todos, agradecer a la Seguridad Social y la Universidad la invitación a participar en este debate, creo que es una gran iniciativa el hacer cursos como éste.

El moderador nos pedía que entráramos o leyéramos sutilmente el acuerdo, yo les tengo que manifestar, que a mí me gusta ser clara y concreta y eso es lo que voy a ser con este acuerdo. Discrepo con mis compañeros de Mesa, pues unos critican el acuerdo, porque dicen que es tímido y es malo para los trabajadores, otros dicen que es malo porque tendría que contemplar medidas más drásticas de contención del gasto, y esas afirmaciones de unos y otros es lo que hace que mi primera afirmación sea, que éste es un acuerdo equilibrado que contempla medidas que van a incidir en la sostenibilidad del Sistema, es decir, más equilibrio entre las cotizaciones y las prestaciones y otra parte de mejora de las prestaciones, seguramente que se podría ir más lejos en una dirección o en otra, pero el mejor acuerdo es el acuerdo posible, aquél que todas las partes pueden asumir, cuando dos partes del acuerdo dicen que no están satisfechas, es la garantía de que es un acuerdo adecuado, que se inspira en las recomendaciones del Pacto de Toledo y que incide en mejorar las prestaciones a la vez que mejora la contributividad del Sistema.

Soy una entusiasta de nuestro Sistema de Seguridad Social consciente de que tiene defectos que hay que corregir, no hay ningún Sistema perfecto, entonces lo que hay que hacer es ir adecuándolo y mejorando; en algunos casos o en su mayoría las carencias que tiene son producidas por las situaciones de precariedad del mercado laboral y de las consecuencias de las crisis industriales que nuestro país ha sufrido, pues no hay que olvidar que la protección social y las pensiones están ligadas al mercado laboral, y las pensiones más precarias son las que cobran las personas que llevan más años jubiladas, o las que proceden de sectores en reconversión.

Pero a mí me gusta siempre recordar que cuando hablamos de que el eliminar los coeficientes reductores en los prejubilados a los 65 años porque ellos han sido obligados a jubilarse, es decir, estamos siendo injustos con el Sistema, porque no es el Sistema el que los condena a la jubilación anticipada, el Sistema gracias que le da la protección de poderse jubilar antes de los 65 años. ¿Quién es el que le condena a un señor o señora a irse a la jubilación a los 60 años con coeficientes reductores, la Seguridad Social?, no, es el mercado de trabajo y es la empresa quien le envía a esa situación. Entonces lo que no podemos pedir es que lo que genera una situación le pidamos a un Sistema que lo corrija, porque el Sistema para que funcione tiene sus cálculos actuariales y un señor que se jubila cinco años antes deja de cotizar y empieza a cobrar cinco años antes, por lo tanto alguna penalización tiene que tener, porque si no imagínense ustedes, quién iba a aguantar hasta los 65 años, si yo sé que me puedo jubilar a los 60 y cuando llegue a los 65 me van a dar la diferencia, oiga, ¿por qué me voy a aguantar cinco años en la empresa por perder un poco si luego me lo van a compensar? Y digo, yo que estoy de acuerdo con algunas afirmaciones que hacen los prejubilados, es decir, ellos no son voluntarios,Page 242 son obligados a jubilarse anticipadamente y a cobrar la pensión con coeficientes reductores para toda la vida, pero repito no es el Sistema, es el mercado laboral quien les condena a la jubilación anticipada y lo hace en condiciones muy desiguales, pues no es lo mismo que te despidan de una gran empresa que de una pequeña, las condiciones son muy diferentes.

Cuando decimos que la mujer está discriminada en el cobro de las prestaciones de la Seguridad Social ¿es el Sistema que paga menos a la mujer que al hombre?. No, la desigualdad viene del mercado de trabajo, cobra menos, cotiza menos y luego tiene menos protección, puesto que la Ley de la Seguridad Social no distingue el sexo, sino que se aplica en función de las cotizaciones. Por eso cuando hablamos de las pensiones de viudedad y decimos que no se puede vivir con 466 ?, decimos una gran verdad, pero acto seguido tenemos que afirmar que con la pensión mínima de jubilación tampoco, pues es la misma 466 ?.. Todos decimos que la pensión de viudedad hay que reformarla, pero nadie es capaz de afrontar un debate en profundidad sobre dicha reforma. No es lo mismo una viuda mayor de 65 años sin pensión propia, que una que tiene pensión de jubilación, no es lo mismo una viuda que trabaja, tiene un buen salario y cobra pensión de viudedad y tampoco es igual la que trabaja, cobra SMI y además tiene 2 o 3 hijos. Desde mi punto de vista, la reforma tendría que tener en cuenta estas variables y tener protección diferente según la situación familiar, pues una viuda mayor de 65 años sin pensión propia debería poder cobrar una pensión cercana a la que cobraba el marido y con la cual vivían los dos, dado que cuando una viuda dice que los gastos fijos de casa son los mismos, vivan dos o uno, tienen razón, pues luz, agua, gas, teléfono y vivienda, los gastos fijos son los mismos y eso tendría que tenerse en cuenta, y si la viuda trabaja tendría que tenerse en cuenta los ingresos, no es igual un salario de 2.000?, que uno de 700?, pero para hacer algo así todos los grupos políticos tendríamos que actuar con rigor, sin demagogias y poniendo el interés general por encima del interés partidario y hoy eso es imposible, pues el P.P. mantiene una posición cuyo único objetivo es criticar al Gobierno sin que importe el tema que sea.

Cuando hablamos de parejas de hecho ¿a quién le vamos a reconocer el derecho?, pues a aquella viuda/o donde las rentas de la persona que falta tiene la repercusión en la renta familiar es fundamental, hablamos del 50% de rentas familiares si hay hijos y del 70% sin hijos, y si con hijos no representara el 50%, no se quedaría sin protección pues se incrementaría la pensión de orfandad. Y como reflexión final sobre viudedad, o lo mejor a 20 años vista, cuando la mujer esté completamente incorporada al mercado laboral y con garantías de cobro de pensión de jubilación, si hay una pareja que los dos trabajen y uno fallece, a lo mejor lo que hay que hacer es garantizar que los hijos cobren hasta el 100% de las cotizaciones que tuviese el padre/madre hasta que se incorporen al mercado laboral, pues así se garantizan las rentas familiares y a la vez se hace una mejor redistribución social, pero repito eso requiere un debate político y social sereno y riguroso, que hoy con la oposición que tenemos no es posible, con lo cual lo que hace este Gobierno es subir las pensiones mínimas por encima del IPC, el 16% en dos años las mínimas de jubilación y de viudedad y un 19% las de jubilación con cónyuge a cargo, pero a pesar de estas subidas 466? o 565? no dan para vivir con la dignidad que los ciudadanos nos merecemos, pero también es cierto que la única forma es la política que está desarrollando el gobierno, subidas de 4,5% o 3% por encima del IPC, sostenidas en el tiempo mejorarán sustancialmente.

Desde la Mesa se ha criticado al ministro Caldera, porque ha calificado de retos históricos las leyes que se están aprobando en esta legislatura, miren la única crítica que se le puede hacer al ministro Caldera, es que no explique más la gestión que su ministerioPage 243 está haciendo, pues si bien comparto con él que no se puede gastar dinero en grandes compañas como hacía el gobierno del P.P., pues el dinero hay que invertirlo en dar más protección social a los ciudadanos, pero díganme ustedes, es histórico establecer un sistema de dependencia que dará protección a las personas que no pueden valerse por sí mismas y que ahora no reciben ninguna ayuda. Sinceramente creo que es histórica y sin duda será un gran salto adelante, en nuestro estado de bienestar, si además estamos subiendo las pensiones mínimas, al 16% y 19% en dos años y eso supone mejorar los ingresos de 3 millones de personas, si a eso añadimos leyes como la de parejas del mismo sexo, contra la violencia de género o la simplificación del divorcio, creo que cualquier miembro del Gobierno o del Partido Socialista podemos explicar con orgullo y satisfacción la gestión del gobierno del presiente Zapatero.

Sin lugar a dudas esta será la legislatura de la ampliación de derechos y de la igualdad, todo es mejorable, pero las grandes leyes que han hecho el estado de bienestar que disfrutamos las han hecho gobiernos socialistas, educación, sanidad, pensiones, divorcio, libertad sindical, en las dos legislaturas de gobiernos del P.P. ni una sola ley que sea comparable con las que he mencionado, eso sí algunas de recortes, como el decretazo.

Hay algunas medidas que son de ahorro, sí son medidas muy necesarias. Cuando en el 2002 se aprobó la jubilación gradual y flexible, que establece que una persona que haya sido despedida y lleve seis meses o más con 61 años pueda jubilarse con coeficientes reductores, se hizo pensando en la persona que con 58/60 se queda sin trabajo y que tendría que esperar hasta los 65 años, por no tener la condición de mutualista pudiesen jubilarse y cómo se está utilizando, pues las empresas están utilizando esta medida para jubilar a mandos intermedios, personal que cotiza en el tope y con 63 años sabe que ya tiene el máximo y sabe que el permanecer en el puesto de trabajo no le reporta ninguna mejora en su pensión; no era para esto la medida, pero eso es lo que está sucediendo, por ello el acuerdo contempla un incentivo del 2% por año de destope para los que permanezcan más allá de los 65 años, es decir, extender la medida que ya se aplica a los que permanecen en el Sistema más de 65 años y que no afectaba a los que superan el tope.

Modificar la forma de aplicación de la invalidez, para adecuarla a la necesaria correspondencia entre las prestaciones y las cotizaciones, de forma que a nadie le resulte más rentable pasar a una invalidez que jubilarse a los 65 años, la reforma está pensada para que nadie salga perjudicado, pero que tampoco se pueda aprovechar del Sistema.

Modifica las condiciones de la jubilación parcial, en orden que la persona que releva al que se jubila tenga contrato estable y gane al menos el 60% del que se jubila, a la vez que también exige que el que se jubila tenga una antigüedad en la empresa, es decir, más garantías para la estabilidad del empleo y ahorro al Sistema.

En jubilación anticipada se habla que hay que ligarlo al puesto de trabajo, pues parece razonable que no le pidamos a una persona que con 60 años siga en un andamio, conduciendo un camión o apagando fuego, pero sí le podemos decir a las que están en una oficina, comercio u otros sectores que perfectamente pueden seguir trabajando hasta los 65 años o de forma voluntaria, unos años más.

Éste es un buen acuerdo, con medidas que desarrollan el Pacto de Toledo, tanto en las medidas como en las formas, pues se ha criticado el tiempo transcurrido en la negociación del mismo, y es cierto que ha sido una negociación que a todos nos hubiese gustado más corta, pero yo les recuerdo a mis compañeros de Mesa, que la renovación del Pacto de Toledo que aprobamos en octubre de 2003 en el Congreso nos costó a los grupos parlamenta-Page 244rios 3 años, y nadie nos metió prisa, pues lo importante fue y es el resultado final, el acuerdo.

Es cierto lo que decía el representante del PNV, el Parlamento aprobó con los votos del PNV, ERC, CiU y PP, una moción que mandata al gobierno para que suba el SMI al 60% del salario real y que luego iguale todas las pensiones, mínimas, contributivas, no contributivas, PIRMIS y demás a esa cantidad, es decir, en torno a los 800 euros, sin duda necesario, pero inviable tal como se plantea, pues cada euro que se sube hay que prever pagarlo, hoy, mañana y dentro de 20 años, con el agravante que si ponemos las no contributivas a esas cuantías estaríamos invitando a más de 4 millones de cotizantes que dejasen de cotizar, pues cobrarían más con la no contributiva que con la que está cotizando para alcanzar a los 65 años, sin duda con esta medida estamos iniciando la quiebra del Sistema, y eso les puedo asegurar que no lo hará este gobierno, y me cuesta entender que quien fue gobierno (PP) y aspira a serlo vote estas medidas sólo para hacerle perder una votación al gobierno, sin tener en cuenta las consecuencias, hay dos formas de acabar con el estado de bienestar, una, la que practicó el PP a lo largo de las dos legislaturas, no poniendo dinero para la protección social, en 1996, el gasto social en nuestro país era el 22,7% del PIB, y cuando dejó el gobierno en el 2004 era del 19,9% del PIB, mientras que la media europea era del 27%, y la otra es universalizar todo, de forma que no se pueda pagar, cualquiera de las dos formas termina con la protección social; hay que ir mejorando el Sistema, sí pero de forma sostenible, y que garantice mayor protección para el que más lo necesite, eso es lo que hace el gobierno del presidente Zapatero y ése es el camino.

Termino como empecé, éste es un buen acuerdo, equilibrado en sus medidas y con las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Muchas gracias.

Lourdes Méndez Monasterio (Grupo Parlamentario Popular)

Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación al Ministerio y a la Universidad Menéndez Pelayo. Vengo en sustitución del portavoz de mi grupo parlamentario, el señor Echaniz, que no ha podido venir.

Coincido en muchas cosas con la mayoría de los intervinientes en esta mesa y en otras muchas también difiero. Espero poder explicar en qué estoy de acuerdo y en qué no. En primer lugar, no estoy de acuerdo en absoluto con la forma en la que se ha realizado este acuerdo por haber obviado la comisión del Pacto de Toledo. Esta comisión surge en el año 1993, precisamente a raíz de la situación en que se encontraba entonces la Seguridad Social, y fueron los grupos parlamentarios los que se pusieron de acuerdo para establecer una serie de medidas que después los agentes sociales confirmaron.

El objetivo de la existencia de esta comisión del Pacto de Toledo es el seguimiento de la reforma contínua del Sistema de la Seguridad Social, y lógicamente un acuerdo de estas características no puede obviar las manifestaciones de los diferentes grupos parlamentarios en un tema de tal trascendencia como es la reforma del Sistema de la Seguridad Social. Coincido efectivamente en lo que decía mi compañero Olabarría y lo que decía Carles Campuzano, que no es de recibo que no haya comparecido todavía el ministro en esta comisión del Congreso de los Diputados.

Una vez analizado el tema de la forma, vamos al tema de fondo y en el tema de fondo sí que nuestro grupo parlamentario está conforme con bastantes de las medidas que se han acordado, pero también manifestamos que esta reforma ha sido muy débil, muy tímida, exactamente, las mismas palabras y los mismos calificativos que se han expresado en los diferentes medios y también por parte de mis compañeros de los diferentes grupos parlamentarios. Decimos eso porque no llegamosPage 245 a entender cuál ha sido el objetivo claro y profundo de esta reforma. Creemos que se ha desaprovechado una gran oportunidad para haber dotado al Sistema de Seguridad Social de una sostenibilidad mayor de la que realmente se va a poder afrontar con esta débil reforma, porque, claro, nos gustaría saber cuál ha sido el objetivo. Si el objetivo ha sido únicamente poder llegar a firmar un acuerdo (que en otros momentos no se ha podido) con todos los agentes sociales o, por el contrario, intentar paliar algunos de los problemas que está teniendo ahora mismo nuestro Sistema de Seguridad Social. No estoy de acuerdo con lo que decía nuestro moderador, director jurídico Miguel Ángel, en que no existen problemas en nuestro Sistema de Seguridad Social, en que estamos, en comparación con otros países de la Unión Europea, en condiciones muy similares, y no estoy en absoluto de acuerdo porque todos los organismos internacionales -Banco Mundial, OCDE, Unión Europea- todos están muy preocupados con el caso de España, con la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social de España y por lo tanto nuestro gobierno tenía que haber abordado una reforma muchísimo más amplia, muchísimo más profunda porque la sostenibilidad del Sistema el propio ministerio lo ha reconocido, a partir del año 2015 va a estar en peligro, porque el Sistema será deficitario.

Ha habido muchos temas que se han planteado aquí, como ha sido el tema de la diferenciación de la fuentes de financiación, una de las causas por las cuales un sindicato no firmó con el anterior gobierno del PP. La causa que entonces adujo para no firmar fue precisamente que se daba un plazo de doce años para que la diferenciación de las fuentes de financiación se fuera haciendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, ahora se ha dejado el mismo plazo para la separación de las fuentes de financiación, (efectivamente necesario) y sin embargo han firmado todos los agentes sociales, incluido el sindicato aludido. No deja de ser algo incoherente, y hablo de esto porque la primera interviniente ha comentado este tema y me ha parecido importante aclarar.

A diferencia de lo que pasa en Alemania, Francia o Gran Bretaña, en España se está desaprovechando una fase de superávit en el Sistema de protección social para acometer las necesarias reformas. Los técnicos han valorado esta reforma como modesta y tímida y amparándose en la coyuntura económica y política, el gobierno ha preferido eludir el tema de fondo, como es la quiebra del Estado de bienestar anunciada por los organismos internacionales. El Sistema actual será deficitario en 2015. El alcance de la reforma de momento no trata el tema más polémico y el que mejor serviría para garantizar la sostenibilidad futura del Sistema: la mayor correlación entre las aportaciones durante la vida laboral y despues de ésta.

La situación de la Seguridad Social española, aunque es estable, no está fuera de riesgo. La viabilidad futura del Sistema de pensiones resulta especialmente preocupante en nuestro país por la tendencia a la baja natalidad que se manifiesta desde hace dos décadas y por el preocupante ritmo de envejecimiento. Según previsiones del Instituto Nacional de Estadística, si en 2005 el número de españoles con 65 y más años ascendía a 7,2 millones, esta cifra casi se doblará en los próximos 20 años, mientras que el número de cotizantes no crecerá ni mucho menos al mismo ritmo. Pues bien, frente a la situación actual -como es la de estar realizándose una serie de modificaciones que llevan a consolidar un Estado donde el gasto va a subir necesariamente con la Ley de Dependencia por ejemplo, o el aumento de pensiones mínimas, y que por lógica da como resultado la subida de gastos estructurales importantes- no está habiendo unos remedios acordes a esos gastos estructurales que son realmente importantes. Además de todo ello, en un contexto de subidas de tipos de interés, que le costará a la economía española 20.000 millones de euros por el fuerte endeudamiento del Estado, las familias y las empresas, con un pérdi-Page 246da de 45.000 millones de fondos europeos y sin estar aprovechando el crecimiento económico para reducir deuda pública. Pues bien, en un contexto donde realmente ese gasto está incrementándose, esta reforma ha desaprovechado una ocasión de oro y ha sido muy tímida. Sin embargo, con las medidas que se han abordado estamos absolutamente de acuerdo, porque aunque las consideramos como débiles, en el fondo estamos de acuerdo. Lógicamente se está siguiendo lo que en el Pacto de Toledo se vino estableciendo hace muchos años atrás y sí creemos que están en la dirección correcta, pero, ya decimos, de manera muy insuficiente. Porque, por ejemplo, si estamos en un Sistema donde las cotizaciones deben ser proporcionales a lo que luego lógicamente se perciba, entonces el que se aumente el tiempo de cotización real para poder cobrar una pensión no nos parece mal, el que se aumente o el que se incentive la jubilación a una edad más adelantada a los 65 años tampoco nos parece mal, sino que nos parece efectivamente que eso es lo que hay que hacer, porque en un Sistema como el nuestro de reparto, lógicamente la edad de jubilación debe de ser cada vez mayor. Sin embargo las medidas que aquí se han establecido, como decía también mi compañero Emilio, no incentivan el alargar la edad de jubilación, porque la verdad, un 2% anual de la pensión para que una persona se quede trabajando más tiempo es una cantidad ínfima. En una pensión, pongamos por ejemplo, de 200.000 de las antiguas pesetas mensuales pues estamos hablando de que van a ser unas 4.000 pesetas al mes de subida. Por 4.000 pesetas al mes, una persona con esa pensión realmente no alarga su edad de jubilación. No es un incentivo suficiente. Por lo tanto, sigo diciendo lo mismo, se ha desaprovechado una muy buena ocasión.

Otras medidas de ahorro previstas en el acuerdo de pensiones de 2006 es la reforma de la jubilación parcial. La jubilación parcial, también estamos de acuerdo, se había convertido en una figura que enmascaraba un gran fraude ya que ha sido utilizada como jubilación anticipada, pero eso es la ventaja de llevar aparejada la aplicación de coeficientes reductores. Los gastos en jubilación parcial se habían disparado en los últimos tiempos con tasas que han llegado a alcanzar el 45% por año y con unas previsiones que elevan más el ritmo de crecimiento. El reajuste que realiza el acuerdo en relación con la jubilación parcial es razonable ya que se pretende evitar con esta fórmula una bolsa de fraude que genera un elevado coste a la Seguridad Social.

No me quiero alargar demasiado, pero sí me gustaría hablar del tema de las pensiones de viudedad. En España hay más de dos millones de personas que reciben este tipo de prestación y cuyo gasto representa más de 1.000 millones de euros. El gobierno reconoce en este acuerdo de 2006 la pensión de viudedad para parejas de hecho, como ya lo hizo en su día con el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo, el reconocimiento de la ampliación de personas susceptibles de generar derechos lleva consigo un endurecimiento en los términos y en las condiciones de la pensión de viudedad. Se rescata su carácter de renta sustitutoria; Caldera manifestó ya en su día la injusticia que representaba que perceptores de pensión de viudedad con rentas cobren dicha prestación y aquí vuelvo a estar de acuerdo con mi compañero Emilio Olavaría, y en desacuerdo con el señor ministro, porque estamos en un Sistema de proporcionalidad, es decir, que una persona debe percibir en relación a lo que ha cotizado, que si un cónyuge muerto ha cotizado determinada cantidad, el que su mujer o su marido esté o no esté trabajando no tiene por qué ser causa para que desaparezca o se le quite en ese caso la pensión de viudedad, vulneraría el principio de equidad y sería bastante injusto, porque a lo que realmente se debe llegar en un Sistema, en nuestro Sistema de Seguridad Social es a la proporcionalidad entre la cotización y la percepción. Nuestro Sistema de Seguridad Social noPage 247 debe ser un Sistema de redistribución de rentas, la redistribución de rentas se debe hacer con los presupuestos generales del Estado, se debe de hacer en base a los impuestos, pero no con el Sistema General de la Seguridad Social, porque entonces estaría cargando y gravando a aquellas personas, a aquellos trabajadores que están cotizando para percibir en su día una pensión, se estaría gravando con determinadas medidas que el principio de solidaridad obligaría, pero que deberían estar financiadas con los impuestos o con los impuestos generales del Estado y nunca con el Sistema general de la Seguridad Social porque no es éste su objetivo.

Por último, voy a referirme a las medidas legales que han quedado por definir. Muchas de las reformas fundamentales quedan únicamente mencionadas y remitidas a estudios futuros, grupos de trabajo o desarrollos reglamentarios. Por ejemplo, la determinación de las profesiones cuyos requerimientos físicos resultan inasumibles a partir de una determinada edad; la determinación de qué parejas de hecho tendrán derecho a pensión de viudedad,; el futuro estudio sobre la situación de los nacidos después de 1967 en relación a pensiones de viudedad; analizar la regulación jurídica de la prestación de la incapacidad temporal y su gestión; el estudio de la situación de los empleados de hogar a fin de proponer su adecuación a la realidad actual; la constitución de un grupo de trabajo para estudiar la incorporación de los trabajadores del Régimen Especial Agrario en el Régimen General de la Seguridad Social y estudiar la modificación de la legislación del fondo de reserva para obtener una gestión que procure una mayor rentabilidad. Pues bien, creemos que son bastantes indefiniciones en un acuerdo que debería haberse concretado más, que se debía haber hecho de otra manera, debería haber tenido un alcance muchísimo mayor y debería haber sido mucho más ambicioso. Nada más. Muchas gracias.

Carles Campuzano I Canadéz Grupo Catalán (CIU)

Muy bien, buenas tardes, también agradecer a la Seguridad Social la invitación a parti-cipar en este encuentro que ya es clásico en esta materia.

Creo que para enmarcar el debate es bueno recordar algunas cuestiones muy obvias y muy evidentes, pero que por muy obvias y muy evidentes que sean no tenemos que dejar fuera nuestro análisis de la realidad. Algunas de ellas el director general las exponía. Tenemos hoy, podemos decir, un buen Sistema de protección social, que tiene una buena salud financiera, entre otras cosas como resultado de la coyuntura económica, de la coyuntura demográfica, del fenómeno de la emigración, pero también de las reformas que en estos últimos diez años hemos puesto en marcha y que además, garantiza para importantes sectores de nuestra población, un importante nivel de protección social, de seguridad frente al riesgo del envejecimiento. Y además y de este paquete de reformas que hemos ido impulsando en estos últimos diez, once años han gozado siempre de altos consensos políticos y sociales. Éste es un balance positivo, un balance que comparte el Parlamento que en la legislatura 93-95 tuvo el acierto de proponer lo que luego hemos conocido como el Pacto de Toledo y que luego han administrado gobiernos de distinto color político con mayorías absolutas y con mayorías relativas y que lo han desarrollado con acuerdos amplios, no siempre todo el mundo pero con acuerdos amplios con los agentes sociales y eso en el contexto en el que nos movemos, que es el contexto europeo, es evidentemente que configura un balance positivo de nuestro Sistema de protección social.

En el debate se nos plantean diversas consideraciones, algunas consideraciones sobre el cómo estamos administrando los procesos de reforma y otra sobre el contenido concreto de los procesos de reforma que tenemos en marcha. Sobre el cómo estamos administran-Page 248do los procesos de reforma. El director general apelaba a la lectura sutil de los acuerdos del 13 de julio firmados entre el gobierno y los agentes sociales y las intervenciones de mis colegas han puesto en evidencia que ni el gobierno ni los agentes sociales han tenido la sutileza ni la inteligencia para administrar un acuerdo que necesariamente tiene que pasar por el Parlamento. Creo que los agentes sociales y el gobierno han pecado de arrogancia, porque fíjense ustedes, si el Parlamento en ejercicio de la soberanía popular, en ejercicio de su potestad legislativa decidiese que las reformas que el gobierno y los agentes sociales han planteado son equivocadas o no responden a los criterios que tienen los partidos políticos, la mayoría de los grupos parlamentarios estaríamos en la obligación de desautorizar a CCOO, a la UGT, a la CEOE, al diálogo social y al propio gobierno, sería lógico y nadie nos lo podría discutir, nadie podría discutir que la soberanía que reside en las Cortes modificase la posición de los agentes sociales. Pero los agentes sociales y el gobierno saben que, por sentido de la responsabilidad institucional del Parlamento, todos en el trámite parlamentario vamos a valorar de manera muy especial ese contenido del acuerdo social, con independencia del contenido en sí mismo, sino por respeto al funcionamiento de nuestro modelo social basado en la idea de que un buen mecanismo de reforma del Sistema es que participen en el diseño de reformas esos agentes sociales. Pero exige también esa sutilidad y ese sentido común y esa responsabilidad del gobierno y de los agentes sociales que hubiese sido asociar al Parlamento en este proceso de reformas y Emilio lo ha descrito de manera muy gráfica. Hasta ahora el gobierno no ha comparecido en ningún momento en la comisión del Pacto de Toledo para contarnos nada de esto, hoy es el primer debate que tenemos en relación a este acuerdo desde el 13 de julio y los agentes sociales no han dado ninguna señal de vida en estos dos años en relación a lo que estaban discutiendo. Creo que eso hemos de saber entre todos hacerlo mejor, si al Parlamento se nos exige la responsabilidad de tramitar los acuerdos que llegan los agentes sociales, los agentes sociales y el gobierno deben de encontrar la manera de asociar el Parlamento a este proceso, porque si no lo que ponemos en crisis es la propia lógica del funcionamiento de las instituciones, los agentes sociales no pueden pretender decir no, no, «hemos llegado al acuerdo y ahora ustedes harán lo que quieran». Oigan, para poder tramitar la reforma del mercado de trabajo como proyecto de ley hemos tenido que superar la presión de la CEOE, de CCOO y de UGT que nos ha reclamado que la reforma laboral no la tramitásemos como proyecto de ley y hemos sido los grupos parlamentarios quienes hemos recordado que quienes se presentan ante los ciudadanos para determinar las leyes que nos rigen a todos somos los grupos políticos. Creo que hay que saber mejorar esta relación, porque además es bueno, porque durante dos años el gobierno ha ido rechazando con las mayorías que existían en esos momentos proposiciones legislativas de los diversos grupos apelando al funcionamiento del diálogo social. El Parlamento ha dejado de cumplir sus funciones en respeto al diálogo social. Ha habido grupos sentados en esta mesa que han llegado a retirar del orden del día proposiciones de ley planteadas en el orden del día porque el gobierno ha apelado a su sentido de la responsabilidad en función del diálogo social. Hay que hacer mejor esto, si se nos reclama responsabilidad desde el Parlamento a la tramitación legislativa de estos proyecto de ley, que es lo que nos reclama el gobierno y que es lo que previsiblemente los agentes sociales nos van a pedir, que seamos responsables en el ejercicio de nuestra función legislativa. Es un tema que es importante, porque marca también el equilibrio del funcionamiento de las relaciones entre Parlamento, entre agentes sociales, entre gobierno y que creo razonable que lo hagamos bien, es razonable que el Congreso acuerde cada cinco años unas líneas directrices de reforma del Sistema consensuadas con un alto acuerdo político, que ese autoacuerdo político del Parlamento tengaPage 249 una participación de los agentes sociales en el diseño de esas soluciones que responden a un consenso social importante. Desde Galicia y desde el País Vasco se nos plantea una realidad sindical que habría que saber encajar en ese proceso de diálogo y cuyo proceso tiene una traslación al ámbito de modificación legislativa, eso hay que hacerlo mejor de lo que hemos hecho, al menos en este proceso de debate sobre la intensidad, la orientación de las reformas.

A ver, en estos diez años hemos impulsado reformas orientadas a garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema alrededor de la separación de las fuentes de financiación, hemos impulsado una mayor contributividad del propio Sistema, hemos apostado por mejorar las prestaciones más bajas y hemos introducido mayor flexibilidad en los sistemas de jubilación. Han sido cuatro líneas de fondo del conjunto de las reformas que estamos impulsando. La cuestión a medio y largo plazo y viendo lo que hacen nuestros socios europeos, la intensidad, el ritmo y la orientación de estas reformas, ¿es el adecuado para garantizar la sostenibilidad del Sistema, la equidad del Sistema y la competitividad de nuestra economía? Creo que sin que nadie se enfade, sin que se enfade el Gobierno y sin que se enfaden los agentes sociales, estas reformas, con todo su valor, respecto a la magnitud del reto y viendo lo que sucede en otros modelos sociales europeos, es evidente que son medidas que van en esta dirección pero que son tímidas, entre otras cosas porque, al haber buscado un acuerdo en el que por primera vez participen los dos sindicatos y la patronal, necesariamente implicaba que la profundidad del acuerdo tenía que ser menor.

Mi grupo entiendo y fijaros, desde la libertad los sindicatos y la patronal han optado por ser ellos los pragmáticos, los posibilistas, los guardianes de las esencias del Sistema y nos traslada a los grupos parlamentarios la libertad de opinar sin estar en esa discusión. Pues desde esa libertad de no estar en esa discusión que los agentes sociales han tenido con el gobierno, mi grupo entiende que las reformas son tímidas y que en España hay que plantearse al menos cuatro o cinco grandes debates como se los están planteando otros Estados de la Unión Europea, con realidades demográficas, económicas, sociales diferentes, pero que los están planteando; las reformas suecas y británicas, van en esa dirección. La discusión sobre la edad de jubilación, partiendo evidentemente de esa realidad de que hoy estamos por debajo de los 65 años, con lecturas diferentes sobre los acuerdos del año 2001-2002, si esos acuerdos han supuesto una mejora de la presencia de trabajadores de más de 55 años en el mercado de trabajo. Creo recordar que la última memoria del Consejo Económico y Social afirma que sí, que la reforma de 2001 fue en este sentido adecuada.

En cuanto a las pensiones mínimas, ¿cuál es la cuantía de la pensión mínima que garantiza efectivamente que los ingresos que recibe un pensionista, como mínimo, le permiten vivir con dignidad? Cada año decidimos indicar una cifra, probar una cifra de esa pensión mínima, ¿a qué responde?, ¿no empieza a ser hora de plantear una referencia de pensión mínima que de verdad garantice una vida con dignidad a quien tiene como único ingreso su pensión? ¿no es la esencia de nuestro Sistema de protección social? O el debate sobre el desarrollo de la previsión privada, de los planes individuales y de los planes de empresa. En las contrataciones de 2003 del Pacto de Toledo afirmábamos que el desarrollo de la previsión social complementaria en España era escasa y observamos las reformas que se introducen en otros países de nuestro entorno y observamos cómo el ciudadano, cómo el trabajador gana libertad en la Administración de parte de sus cotizaciones sociales para construirse su propia protección social complementaria al Sistema de protección público. ¿No hay que avanzar más en esa línea en España? ¿no podemos ver en nuestros Sistemas de protección social de nuestro entorno reformas que están siendo valientes, algunas de ellas comoPage 250 el planteado en Suecia donde se otorga más poder de decisión al trabajador? Son debates que necesitamos plantear sin ningún tipo de dudas: edad de jubilación, cuantía de la pensión mínima, segundo y tercer pilar de nuestro Sistema de protección social. O los planteamientos que se hacen en ese acuerdo en materia de la pensión de viudedad, que obvian una de las realidades más evidentes que todos los estudios sobre la pobreza en España ponen de manifiesto, como es la referencia de un colectivo significativo de pobres que son mujeres solas, de más de 80 años, con un único ingreso que es su pensión de viudedad, el acuerdo no lo aborda ese problema. O la situación, y Emilio hablaba de ello, donde no ha habido debates en el Parlamento, de todos los trabajadores jubilados forzosamente en la práctica antes del acuerdo de 2001, donde el acuerdo se limita a hablar de una subvención a tanto alzado, que vamos a ver en el trámite parlamentario en qué terminamos convirtiendo. O el debate sobre la pensión no contributiva y la relación de la pensión no contributiva con los salarios mínimos que garantizan las comunidades autónomas, en términos de equidad forma parte de la discusión, creo que también es la propia memoria del Consejo Económico y Social la que nos habla de un 24% de ancianos que están en riesgo de pobreza y de un 20% de ciudadanos que están en el umbral de la pobreza. En relación a la Unión Europea somos de los Estados a la unión a 25 con índices más elevados en estas situaciones. Eso forma parte del debate que la sociedad nos exige demos respuesta.

Y, finalmente, una cuestión que planteaba Emilio, que no es menor, que es el cumplimiento de las previsiones de los Estatutos de autonomía respecto a la gestión de la Seguridad Social por parte de las comunidades autónomas y recomiendo ahí la lectura del nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña, donde se plantea muy en concreto lo que quiere decir eso. Este es un debate que con mucha naturalidad habrá que abordar, entre otras cosas porque se trata de dar cumplimiento a aquello que prevén las leyes. Por tanto, tenemos ahí, me parece a mí, retos importantes, un reto de entre todos saber gestionar mejor cómo hacemos las reformas y mi grupo aceptando, entendiendo que es un buen Sistema de algo social, de algo político, pero creo que en esta ocasión ha faltado inteligencia y sutilidad a los agentes sociales y al gobierno para asociar al Parlamento a este proceso. Y un debate sobre la intensidad de las reformas, no nos podemos instalar en la sensación de por qué la generación de la Guerra Civil se nos estaba jubilando, porque la economía ha chutado, porque la inmigración nos ha dado margen, el sistema está garantizado. Tampoco hay que instalarse en el catastrofismo en el que estábamos en el 93, 94, pero que el Sistema necesita reformas en profundidad, de tal manera que los propios agentes sociales y el propio gobierno, en el contenido de la reforma y en las declaraciones públicas que se han hecho se plantean. Quizás al gobierno le falla una cosa, le falla también un ministro que tiene una tendencia a querer calificar de históricas a cantidad de cosas que son buenas, que son importantes, que van en la buena dirección, pero que no son históricas. Ahí también mayor contención retórica al gobierno nos ayudaría a todos a gestionar mejor estos procesos, porque, entre otras, cosas tampoco generaríamos expectativas falsas a la sociedad y a todos nos permitiría hacer nuestro trabajo. Si esta mesa redonda, que es la primera vez que nos permite discutir entre nosotros esta materia, sirve para eso pues estará justificada la celebración de este seminario. Nada más y gracias.

María Olaia Fernández Dávila (Grupo Mixto)

En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que se nos brinda de poder expresar como BNG nuestras consideraciones y apreciaciones en torno a distintos aspectos del Sistema de la Seguridad Social, y poder debatir en la mesa redonda desde las posicio-Page 251nes que cada partido político mantiene al respecto.

Partiendo de la exposición que acaba de realizar el director general, llevaré a cabo la explicación de nuestra posición en relación a lo que es el Pacto de Toledo y de lo que esperamos también de las recomendaciones del mismo de cara al futuro. Cuando en el año 95 se firmó el acuerdo, con el parecer y el consenso de todos los grupos sobre las modificaciones de la Ley de Seguridad Social, nosotros, aun reconociendo los aspectos positivos que se incluían, decidimos mantener una posición crítica debido, sobre todo, a ciertas recomendaciones, como la número 8, la número 9 y la 10, relacionadas con el carácter contributivo, la edad de jubilación o la posibilidad de desincentivar la jubilación anticipada, así como los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas. Sobre todo porque la mayoría de las jubilaciones anticipadas que se realizaban por aquel entonces, en menor medida en la actualidad, eran jubilaciones anticipadas provocadas por reducciones de plantillas, es decir, por imposiciones de las empresas donde estos trabajadores o trabajadoras estaban desarrollando su actividad laboral. Entendíamos que se trataba de una gran injusticia.

Como decía, al mismo tiempo también reconocíamos aspectos positivos en el Pacto de Toledo. Por ejemplo, la cuestión de la separación de las fuentes de financiación del Sistema. Evidentemente el acuerdo que se aprueba era consecuencia de un debate engendrado en torno a la controversia existente respecto de la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social. Por aquel entonces se sostenía que la Seguridad Social estaba en una situación de quiebra. Las medidas que se tomaron, a propósito de las recomendaciones recogidas en el Pacto de Toledo, resolvieron algunas de esas cuestiones, lo que venía a demostrar que la situación de quiebra no existía realmente, sino que la Seguridad Social estaba siendo sometida a una enorme presión. La Seguridad Social, como instrumento contributivo de los trabajadores y trabajadoras, estaba siendo objeto de una presión en lo tocante al pago de las pensiones, con la introducción de las no contributivas, que no podía soportar. Se estaban introduciendo en el Sistema de la Seguridad Social todas las políticas emanadas del ámbito del bienestar social que suponían el pago de prestaciones económicas, que desde nuestro punto de vista no correspondían a lo que era el Sistema en sí.

En la actualidad, se mantienen en el Sistema todo este tipo de pensiones, pero se introduce la cuestión de la diferencia de las fuentes de financiación, con la aportación de una parte, por parte del Estado, a través de los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, queremos decir que a pesar de esto, y después del tiempo transcurrido desde el año 95 hasta el año 2004, y teniendo en cuenta cómo se fueron desarrollando los acuerdos, nosotros nos reforzábamos en la idea crítica que tuvimos al principio.

Durante ese tiempo no se profundizó, sino todo lo contrario, en lo relativo a la aportación del Estado a través de lo correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado, y por lo tanto, llevar a cabo una recomendación que entendemos que era fundamental, la separación de las fuentes de financiación. Reconocemos que actualmente se está haciendo un gran esfuerzo en la cuestión referente al incremento anual del Sistema por parte de los Presupuestos Generales del Estado. Así como reconocemos el esfuerzo que, de manera progresiva, también se está realizando para el fondo de reserva, que era otra de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

En esta línea, y actualizándonos un poco con lo expuesto por el director general, observamos que en esta nueva reforma que se acaba de acordar, dice el director general que con el consenso de los representantes sociales, punto discutible porque yo discrepo cuando se habla de todos los representantes sociales, tema objeto de otro debate, pero independien-Page 252temente de eso, nos sorprende, por un lado, que determinados puntos contemplados en este acuerdo, que fueron rechazados por algunos de los agentes sociales hace algunos años, ahora obtengan el consenso. Por otro lado, sigue llamándonos la atención que se continúe sin profundizar en una reforma de la Seguridad Social que debería prepararse para un futuro. Si efectivamente el discurso político del gobierno actual en cuanto a la política de igualdad, sobre todo en lo referente a la incorporación de las mujeres a la actividad social y laboral, en las condiciones que deberían estar o deberíamos estar las mujeres, si eso todo se lleva adelante, sobre todo después de la aprobación de la Ley de Igualdad o de la ley de la Autonomía Personal y la Dependencia, deberían efectivizarse reformas mucho más profundas. Si se pretende desarrollar en condiciones ambas leyes, hay que incrementar las prestaciones económicas. No sólo las prestaciones sociales que se pueden financiar a través de los Presupuestos Generales del Estado, como los que corresponden a los servicios de la Ley de Dependencia, sino que también hay una serie de incentivos que tienen que hacerse a través de prestaciones económicas y por lo tanto, dado que no conocemos ninguna propuesta o intención del gobierno de dirigir estas prestaciones económicas por otros canales que no sean los de la Seguridad Social, deducimos que se debería profundizar en la financiación más allá de la propia parte contributiva que se está realizando en este momento con la limitada capacidad de inversión del gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Digo esto porque creemos que los problemas a los que está sometida la Seguridad Social, como el constante debate sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social, son consecuencia de las grandes contradicciones que existen entre la política y la voluntad política, que cuando menos una gran parte de la sociedad y de los representantes políticos tenemos y tienen. Y las contradicciones que se dan entre la necesidad de establecer una sociedad igualitaria, una sociedad donde la calidad de vida de las personas sea un punto fundamental de la orientación política y por lo tanto, de la orientación de las políticas de bienestar, y el hecho de la sostenibilidad de un sistema de economía de mercado que sobrevive, o se sostiene también sobre las grandes contradicciones de la desigualdad que generan las condiciones planetarias o las condiciones internacionales, del coste de la producción derivado también del coste de la mano de obra. Alguien hablaba por la mañana de la capacidad de trabajo y yo diría la fuerza de trabajo que queda de alguna manera perjudicada por esa competitividad de la economía de países como el nuestro, con el resto del planeta. Por lo tanto, el Sistema tiene dificultades para sostenerse, pero tiene dificultades para mantenerse porque no se quiere agraviar o perjudicar al sistema económico que genera la empresa o que genera el empleo desde el propio sistema productivo o la actividad terciaria comercial.

Consideramos de suma importancia esta cuestión porque el Estado tiene que darse cuenta de que tiene que invertir en política social y tiene que hacerlo con fondos económicos elevados, tanto en las prestaciones económicas como en las prestaciones de servicio, y a partir de ahora en la misma cuantía de lo que supone el trabajo de las mujeres en la sociedad. Un trabajo que nunca fue cuantificado cuando resulta muy cómodo resolver socialmente todos los grandes problemas de cuidado de mayores, menores, enfermos, etc., a través del trabajo nunca cuantificado de las mujeres. Si queremos distribuir esa carga de trabajo social tenemos que invertir económicamente y ahora sí nos damos cuenta de que tenemos que cuantificarlo, y de que esa cuantificación no es precisamente pequeña sino elevada.

No sólo hay que reconocer el derecho a la igualdad del 52% de la población de nuestra sociedad sino también la aportación que ese 52% está realizando en estos momentos a través de su trabajo remunerado y, por tanto,Page 253 con la consiguiente contribución a la Seguridad Social, los impuestos, etc. Creo que los gobiernos no pueden ser timoratos o poco generosos a la hora de invertir en políticas sociales, en aquello que corresponde al Sistema de la Seguridad Social porque realmente se tienen que resolver problemas que de otra manera estarán generando una situación de crisis, no del Sistema de la Seguridad Social, pero sí del Sistema social en el que vivimos.

Esperamos que debates como el referido a la Seguridad Social, a la sostenibilidad y los servicios sociales, o el pertinente a la sanidad sean tomados en serio y se le dé la importancia precisa, como la atención que está recibiendo en este curso.

Queda el deseo de que los acuerdos alcanzados hace unos días se tramiten en el Parlamento a fin de poder mejorar todos los aspectos posibles. Opinamos que debe hacerse un esfuerzo mayor del acordado durante estos últimos días, y por una razón, es claramente insuficiente. En el transcurso del debate parlamentario hubo muchos asuntos como los relacionados con los coeficientes reductores de las personas que se vieron sometidas a procesos de jubilación o de prejubilación, a coeficientes reductores de personas que trabajan en trabajos nocivos, etc., que no están aún tipificados como enfermedades profesionales. Problemáticas que se aparcaron con el fin de poder aclararlas, resolverlas a través de las recomendaciones del Pacto de Toledo y que, en el acuerdo firmado últimamente no las vemos reflejadas.

Creemos que el trámite parlamentario nos permitirá seguir profundizando en unos acuerdos que en determinados aspectos nos pueden parecer positivos, pero que tiene apartados con los que seguimos siendo críticos porque vuelven a reincidir o a incidir en aquellos puntos objeto de nuestra crítica en el año 95, como los relacionados con la ampliación del tiempo para valorar la cotización a la Seguridad Social, para valorar la pensión por jubilación y la ampliación, me refiero a los años de trece a quince y además años efectivos, y en definitiva, otras medidas, como seguir manteniendo, incluso rebajando, los coeficientes en casos de las prejubilaciones. Por no olvidar, que en este acuerdo se limitan a mayores de los que se fueron progresivamente limitando las posibilidades de prejubilaciones voluntarias.

Joan Puig Cordón Grupo Parlamentario Ezquerra Republicana (GER-ERC)

Gracias, buenas tardes. Yo inicialmente coincido casi con todo lo que ha dicho mi compañero Emilio Olabarría en la valoración que hace del planteamiento de la reforma de la Seguridad Social. Sólo quería hacerle un matiz, que me parece que vamos a coincidir, cuando ha dicho que podría nombrar la reforma de tímida. Después de la exposición que ha hecho, yo creo que tímida no lo es, es tímida en aquellos aspectos positivos, se queda corta, en aquellas valoraciones positivas que plantea la reforma de la Seguridad Social y creo que es muy regresiva en todos los aspectos que puedan beneficiar a la clase trabajadora o, a algunos otros aspectos, a la pequeña y mediana empresa. Yo creo que aquí, hay que decirlo, y es sorprendente desde nuestro punto de vista, desde nuestro grupo parlamentario, el acuerdo al cual han llegado las dos principales organizaciones sindicales con la patronal, lo puedo entender por parte de la gran patronal, pero me es difícil de aceptar por parte de los dos grandes sindicatos. Yo creo que es una reforma importante desde el punto de vista de pérdida por parte de los trabajadores, seguramente es una reforma en ese sentido de los últimos treinta años que perjudica más a las clases trabajadoras y me cuesta el poder entender el acuerdo al cual han llegado los dos sindicatos, seguramente, como han dicho ya mis anteriores compañeros, porque el acuerdo por el diálogo social en esta mesa, la cual forman los dos grandes sindicatos y la gran patronal, no es la más ade-Page 254cuada respecto a la realidad de un Estado que dice ser plurinacional y que es un Estado que es diferenciado y que esta representación que existe en algunos territorios no queda suficientemente representada en esta mesa del diálogo social y por eso, a lo mejor, algunos de los errores.

También lo digo porque entiendo que por parte de los propios sindicatos en sus respectivas organizaciones autónomas en algunas de las comunidades autónomas me es difícil que se puedan entender y aceptar algunos de los acuerdos a los cuales han llegado si lo ponemos en lo que han dicho públicamente en estas respectivas comunidades autónomas.

Antes el presentador, cuando ha hecho la valoración, ha dicho que hacía falta ser optimistas ante la situación y eso es en parte de lo que nos quejamos, ante una situación del actual Sistema importante, de la cual decimos que funciona y está bien, no se ha aprovechado para hacer avances interesantes, avances que afectasen a los trabajadores en mejoras de la situación, se ha hecho todo lo contrario, se han tomado medidas que van en contra de algunas de las contradicciones que plantea el propio gobierno, a veces es aquello de que cuando manda la izquierda es cuando es la única manera de poder hacer reformas en contra de los propios trabajadores. Tuvimos el ejemplo con el tema de la reformulación de la radiotelevisión pública, que tiene que ser la izquierda la que reformula una estructuración de Radiotelevisión Española, dura y complicada, poner en situación de debilidad a la televisión pública y parece que tiene que ser la izquierda la que afronte las reformas laborales que afecten a los trabajadores. Yo creo dos ejemplos muy concretos, lo han dicho mis compañeros, es el efecto de las cotizaciones mínimas de quince años con la eliminación de los dias cuotas que hace que a aquellas clases con más dificultad de acceso a las pensiones se les pongan más impedimentos, más dificultades para acceder a las pensiones. Me parece que esto va en contra de un principio que desde la izquierda se nos hace difícil.

Otro punto es cuando en esos días, en esos meses, cuando el gobierno ha aprobado la Ley de Autonomía Personal, la Ley de Dependencia, que se pongan más objeciones al acceso a las pensiones de invalidez, de gran invalidez aparte de estos discapacitados, me parece que es un contrasentido que en esta reforma se pongan más dificultades. Partimos, creo, de un error en el que estamos todos de acuerdo, que hay que evitar el fraude y que se puede hacer fraude en el acceso a las pensiones, lo que no se puede hacer es generalizar ese fraude y culpabilizar al trabajador del fraude, medidas que se han aprobado en esta mesa del diálogo social afrontan desde un punto de vista de entender al trabajador defraudador más que tomar medidas para evitar ese fraude, me parece que es un ejemplo fácil, que no es justo y que me parece que tenemos que denunciar y por lo tanto, entender que no es ajustado a los momentos actuales en ese sentido. Por tanto, la mesa del diálogo social para nosotros no es representativa, coincido con Emilio cuando ha dicho que seguramente en el trámite parlamentario pocas cosas podremos o serán aceptadas de modificaciones o de enmiendas que podemos hacer los grupos parlamentarios porque del modo que se ha explicado se ha dado como ya una cosa hecha, planteada y hecha, me parece que es anular a los grupos parlamentarios la capacidad de reformar, de participar en esa reforma con un modelo vendido de gran acuerdo, pero creo que ha sido un error sobre todo por parte de los dos sindicatos, no entiendo esa falta de debate en profundidad que no se ha producido, me parece absolutamente extraño como mínimo así comentarlo en ese sentido. Yo espero que podamos introducir y aportar mejoras en el trámite parlamentario, porque creo que es obvio que la representación plural está también en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados y en el Senado y que podamos participar. El otro aspecto que ya he dicho antesPage 255 es la no representatividad de esa mesa del diálogo social con la realidad plurinacional del Estado español. Hay otras realidades, otras situaciones y la uniformidad me parece que es un mal ejemplo de avanzar. Hoy en día en las economías modernas hay dos tipologías: una aquella, la centralista, la que podíamos poner como ejemplo el actual desarrollo económico de China, que tiene un modelo económico centralizado, o de aquellas economías, de aquellas pequeñas realidades que son capaces de adaptarse a los cambios, que son capaces de formular propuestas para los emprendedores, que son capaces de adaptarse y que, en definitiva, son las que se adaptan mejor a las realidades y que son las sociedades que más avanzan. También, desde nuestro punto de vista, el análisis que se hace la reforma, el efecto de la caja única, para nosotros es un modelo antimoderno, yo creo que hoy en día ya está superado, no se rompe nada y por lo tanto esta obsesión que tienen desde el punto de la centralidad de los dos grandes sindicatos y la gran patronal de establecer la caja única como la caja de salvaguardar todo, me parece que es un error. Yo creo, como ha dicho Emilio en el caso del Estatuto vasco, ese derecho que hay a la gestión, yo creo que es mucho más factible y mucho más de adaptarse a las realidades, a los cambios que se producen, el que desde este punto de vista de la centralidad en cuanto a esta reforma, por lo tanto, desde nuestro grupo parlamentario somos críticos a la reforma, a veces es complicado ajustar todos los mecanismos desde el punto de vista de contribuir, desde el punto de vista de redistribuir y desde el punto de vista de la equidad en el mecanismo, por lo tanto, me parece necesario que seamos críticos, que intentemos avanzar y hacer mejoras en ese planteamiento porque entiendo que la reforma perjudica a las clases más modestas, y aquellas mejoras que se introducen, algunas mejoras, son insuficientes, tímidas, en ese aspecto sí que, desde nuestro punto de vista son tímidas y puestos en la balanza creo que las clases trabajadoras salen verdaderamente perjudicadas de estos acuerdos que, si no tienen cambios, desde nuestro punto de vista no van a poder contar con el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Muchas gracias.

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