Mesa Redonda con los Interlocutores Sociales

Autor:Blanca Villate García (CCOO) - Martín Hermoso (UGT) - Francisco Avendaño Martínez (CEOE) - M.ª del Mar Villegas Navarro (CEPYME)
Páginas:231-244
RESUMEN

Blanca Villate García (CC OO) - Martín Hermoso (UGT) - Francisco Avendaño Martínez (CEOE) - I. Introducción - II. Contexto económico - III. Principios que deben inspirar la reforma del sistema de pensiones - Mª del Mar Villegas Navarro (CEPYME)

 
ÍNDICE
CONTENIDO

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Blanca Villate García (CC OO)

Buenas tardes. El Sistema de Seguridad Social además de ser un instrumento de redistribución de riqueza de primer orden, tiene también otras valiosas aportaciones como es ser un elemento de estabilidad económica que limita los efectos negativos de los ciclos y su impacto en la actividad productiva. Además también es un motor de cohesión social y económica. Todas estas propiedades del sistema de Seguridad Social han hecho que Comisiones Obreras, desde hace muchos años, haya adoptado un compromiso con el sistema para mantenerlo y mejorarlo, sobre todo en lo que hace referencia al sistema de pensiones, a mantener las características de un sistema público de reparto y también con una componente de solidaridad para con los trabajadores con vida laboral irregular.

Este compromiso de Comisiones Obreras, que como decía viene de hace muchos años, se ha acentuado desde la crisis económica del año 1993 que dio lugar a la constitución del Pacto de Toledo. Fue el momento en el que nuestro sistema alcanzó una cierta maduración y recibió unos fuertes embates para intentar cambiar el sistema de reparto por uno de capitalización.

A partir de ese momento, Comisiones Obreras ha participado en todos los acuerdos a que han dado lugar las recomendaciones del Pacto de Toledo, el del 1996, el de 2001 y 2006, y ha sido firmante de todos ellos. Esto habla de la confianza que tiene Comisiones Obreras en este procedimiento consensuado entre los partidos políticos parlamentarios, el Gobierno y los interlocutores sociales para determinar las modificaciones necesarias en materia de pensiones para ir adaptando el sistema a los cambios laborales, a los cambios sociales y, en este momento, también a los cambios demográficos.

Sin embargo, en la actualidad nos preocupa profundamente que el Gobierno haya quebrado este procedimiento consensuado, presentando en el Parlamento un documento sobre Revisión del Pacto de Toledo, a la vez que presentó una actualización del Programa de Estabilización 20092013, en la Unión Europea, ambas propuestas incluyen elementos de modificación del sistema de pensiones, como son incrementar la edad de jubilación a los 67 años y ampliar el período de 15 años de cotización, que se tiene en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión.

Por último, otra interferencia, otra quiebra de este procedimiento, ha sido que en el Real Decreto de ajuste del déficit público, se incluyó la congelación de las pensiones para el año 2011.

Sin embargo, hay que tener claro que la salida de la crisis y la modificación de las pensiones son debates diferentes.

La salida de la crisis requiere de una reactivación económica y de un cambio de nuestro modelo productivo, tema en el que Comisiones Obreras lleva incidiendo muchos años, diciendo que nuestra dependencia tan determinante del turismo y de la construcción, con empleos de baja cualificación y bajos salarios, no nos permitía un crecimiento y una competitividad con el resto de los países.

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Como decía, el Gobierno con estas medidas que ha adoptado en los últimos meses, ha subordinado los intereses del sistema de pensiones a las exigencias de la Unión Europea para tranquilizar a los mercados financieros con medidas que ayuden a rebajar el déficit público.

Tenemos muchas dudas sobre el acierto de las medidas adoptadas en España y en otros países europeos, eminentes economistas y expertos dicen que nos estamos equivocando, que estas medidas de ajuste de déficit público tan duras lo que van a hacer es alargar la crisis económica, y se está viendo en el caso irlandés, donde han adoptado este tipo de medidas, y no mejoran, no ha supuesto una activación económica que permita predecir una futura salida de la crisis.

Por otra parte, se ha dicho todos estos días, el sistema de pensiones tiene suficiencia económica. Este año 2010, a pesar de la gravedad de la crisis económica y de la disminución de afiliación, va a acabar el año con un cierto superávit. También es posible, según nos dijo el Secretario de Estado, se produzca superávit en el 2011. Sin olvidar que el sistema de pensiones se ha venido utilizando para reducir e incluso eliminar el déficit público del Estado.

Por otra parte contamos con el Fondo de Reserva. Todas estas circunstancias nos conceden un plazo suficiente para realizar las reformas precisas con sosiego y con el consenso necesario, adoptando las medidas que nos permitan abordar en las próximas décadas el reto demográfico y también los cambios en el mercado laboral y en los modelos de familia.

Comisiones Obreras hace votos para que el Pacto de Toledo, en un plazo breve de tiempo, realice unas nuevas propuestas para abordar estas modificaciones y, Comisiones Obreras se compromete a alcanzar, en un plazo razonable, un acuerdo en la Mesa de Dialogo social.

Los objetivos fundamentales del sistema de pensiones, para Comisiones Obreras son, alcanzar la máxima cobertura de la población, que las pensiones sean suficientes para mantener el mismo nivel de vida que tenía el trabajador cuando estaba en activo y, por otra parte, también asegurar la sostenibilidad financiera del sistema.

Para nosotros la financiación del sistema debe realizarse fundamentalmente a través de las cotizaciones sociales, aunque siempre se mantenga la garantía del Estado, ya que las prestaciones son un derecho subjetivo, y también estamos abiertos a que ciertos ámbitos de la protección social se financien con impuestos generales.

Somos partidarios de que la financiación sea fundamentalmente a través de cotizaciones sociales, porque pensamos que es una garantía para que la cuantía de las pensiones, de la pensión que consigue el trabajador cuando se jubila, se corresponda al esfuerzo contributivo que ha realizado a lo largo de su vida laboral, cuestión que creemos no estaría tan asegurada si la financiación de las pensiones, en una parte fundamental, se hiciera a través de impuestos generales.

Por otra parte, pensábamos y, seguimos pensando, que una financiación fundamentalmente a través de las cotizaciones sociales excluiría a las pensiones de los avatares de una crisis económica como la que vivimos en la actualidad. Vemos que no ha sido así en su totalidad, pero creemos que la razón y la legitimidad amparan nuestra argumentación sobre la no utilización del sistema de pensiones para fines ajenos a sus fines.

Para conseguir que la financiación sea fundamentalmente a través de las cotizaciones sociales, propugnamos que se mantengan los tipos de cotizaciones actuales, porque el coste de las cotizaciones sociales en España está en la media de la Unión Europea. En un salario de 20.000 Euros al año, un punto de rebaja supondría un beneficio adicional para el empresario de 200 Euros al año.

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La disminución de costes salariales derivados de cotizaciones sociales supondría una transferencia de rentas del trabajo a excedente empresarial afectando a la distribución de la renta. Desde el año 2000 los costes salariales han disminuido su peso en el Producto Interior Bruto del país, repercutiendo en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

En definitiva la mejora de la competitividad de nuestra economía no depende de la rebaja de cotizaciones, porque realmente es un beneficio bastante magro para el empresario, pero la sostenibilidad de nuestro sistema de protección sí que puede depender del mantenimiento de las cotizaciones.

Otras medidas para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones son: la separación de fuentes de financiación, todavía los complementos a mínimos y otras cuestiones como el gasto de personal se financian con cotizaciones sociales, lo que supone 7.000 millones de Euros al año; incrementar las bases mínimas y máximas de cotización, la carta de Derechos Sociales de la Unión Europea establece que la base mínima debería estar en el 60% del salario medio neto, y ésa es nuestra propuesta; en cuanto a las bases máximas también propugnamos que se puedan incrementar ligadas a las pensiones máximas, aunque sin disminuir, o incluso se podría aumentar, el diferencial que existe entre la base de cotización máxima y la pensión máxima, que en la actualidad está por encima de los 600 Euros al mes.

Otra cuestión importante es la mejora de las tasas de actividad de los jóvenes, a través de una incorporación más temprana al mercado laboral, y de las mujeres. Las mujeres deben poder conciliar la vida laboral y familiar y para ello, como ya se ha dicho también ayer, hay que mejorar sustancialmente los servicios sociales, prioritariamente las escuelas infantiles, también mejorar las prestaciones económicas y regular que las excedencias para el cuidado de menores y dependientes sean periodos cotizados. Además de completar el desarrollo del sistema de atención a la dependencia.

Hay que conseguir que las mujeres tengan vidas laborales similares a las de los hombres. Una incorporación importante de las mujeres al mercado laboral, en iguales condiciones que los hombres, nos permitiría revisar el modelo de pensiones de viudedad. En este momento el coste de las pensiones de viudedad más las de orfandad representan el 20% del gasto del sistema.

En esta revisión del modelo habría, desde luego, que eliminar o por lo menos moderar la compatibilidad de las pensiones de viudedad con las rentas del trabajo, ver la posibilidad de ampliar más las pensiones temporales, incluso una vez que fueran las pensiones de viudedad un número residual, se podría estudiar una financiación impositiva liberando este coste de las cotizaciones sociales.

Otro tema fundamental para la mejora de la sostenibilidad del sistema es reforzar la contributividad y la equidad del sistema. Hay que tener mayor relación entre la pensión percibida y el esfuerzo de cotización que ha hecho el trabajador a lo largo de la vida, aunque siempre preservando la componente de solidaridad en los casos que sea necesario.

Para avanzar en esta dirección, entre otras medidas, hay que dificultar la planificación personal de las carreras de cotización, por ejemplo en los trabajadores autónomos que elevan mucho sus bases de cotización en los últimos 15 años de actividad.

También es importante que se financien a través de la fiscalidad los costes derivados de las políticas activas y desajustes del mercado laboral. Estaríamos hablando, en este caso, de los ERE’s y también sería interesante revisar los costes que supone la jubilación parcial, que en la actualidad están recayendo en exclusiva sobre el sistema de Seguridad Social. Se podrían estudiar otro tipo de pro SUMARIO

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puestas, como repartir los costes de la jubilación parcial entre el empresario, el trabajador y la Seguridad Social.

Sigue pendiente de resolver la cotización en los regimenes especiales, como por ejemplo el Régimen Especial Agrario. El Régimen Especial Agrario, con aproximadamente 800.000 trabajadores, tiene unos tipos de cotización reducidos, por lo que el sistema asume la diferencia entre la recaudación del régimen y el coste de las prestaciones generadas. Si los tipos de cotización reducidos se mantienen porque, en opinión de los empresarios del sector, un acercamiento a los tipos de cotización del Régimen General pondría en peligro la viabilidad económica del sector, habría que buscar otras vías alternativas de financiación.

Para concluir realizaré unos comentarios sobre las reformas paramétricas que se proponen en la nueva revisión del sistema de pensiones. Una de ellas, como decía, es el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años. Nosotros, desde Comisiones Obreras, pensamos que todavía hay un espacio para seguir acercando la edad real de jubilación, que está en 63,8 años, hasta la edad ordinaria a los 65 años, hay que intentar que todos los trabajadores acerquen más la edad real a la edad ordinaria de jubilación de forma voluntaria, incentivando la utilización de la jubilación flexible.

Por otra parte, el incrementar la edad de jubilación a los 67 años, conllevaría una falta de equidad con algunos colectivos muy llamativa. El otro día se comentaba aquí el caso de los trabajadores de clases pasivas que pueden jubilarse a los 60 años, en algunos casos con una indemnización. Es cierto que las pensiones de clases pasivas no se pagan con cotizaciones sociales si no por imposición general. Pero además de trabajadores todos somos contribuyentes y resulta discriminatorio que algunos trabajadores puedan jubilarse a los 60 años y otros tengan que esperar hasta pasados los 65 años, siempre que el retraso hasta los 67 se haga de forma gradual.

En sentido contrario en CCOO apostamos por el fomento de la flexibilidad en el acceso a la jubilación. Creemos que se debe de generalizar la posibilidad de jubilarse anticipadamente a todos los trabajadores, siempre que se le apliquen los coeficientes reductores que permitan que los años que se adelanta la jubilación sean neutros financieramente para el sistema. Si un trabajador opta por jubilarse antes y acepta percibir una pensión menor durante el resto de su vida, no debería haber impedimento legal para que pueda elegir, dentro de los limites legalmente previstos, jubilarse de acuerdo con sus circunstancias personales.

Complementariamente se debe seguir incentivando la prolongación voluntaria de la edad de jubilación para las personas que escojan seguir trabajando después de los 65 años.

Otra cuestión a tener en cuenta en relación a la edad de jubilación, tal como explicó el lunes Fernández Cordón, es la diferencia existente en la esperanza de vida en diferentes profesiones. Del acuerdo de pensiones de 2006 hay tres temas que no se han cerrado: la convergencia de los trabajadores del Régimen Especial Agrario, la convergencia del Régimen Especial de Empleadas de Hogar, y el establecimiento de un procedimiento general que permita aplicar coeficientes reductores a la edad de jubilación en los casos de actividades penosas, tóxicas y peligrosas.

La otra reforma paramétrica de la que se habla, es la ampliación del período del cálculo de la pensión. En el modelo actual, en donde se tienen en cuenta los 15 últimos años de cotización, realmente se beneficia a las carreras laborales tradicionales, en las que un trabajador empezaba su vida laboral con unos salarios más bajos y en los últimos años de su vida laboral era donde tenía los salarios más altos. Sin embargo sabemos que estas carreras tradicionales cada vez van a ser más escasas. Por otra parte este sistema también penaliza a los trabajadores que son expulsa

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dos del mercado laboral en los últimos años. En definitiva, el modelo actual tiene aspectos positivos y otros no tanto, por lo tanto creemos que se deben estudiar todas las posibilidades en cuanto a cómo debe, en el futuro, calcularse la pensión.

Comisiones Obreras está dispuesto a considerar en la mesa de diálogo social todas las propuestas que realice la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones, para asegurar su sostenibilidad y para asegurar la permanencia de sus características en cuanto a sistema público de reparto y solidaridad.

Por otra parte para minimizar los posibles efectos perjudiciales en cualquier reforma, es necesario que ésta se haga con la suficiente gradualidad para no quebrar las expectativas de los trabajadores que ya están próximos a la jubilación.

Sin olvidar que el consenso político y de los interlocutores sociales es fundamental para que las reformas mantengan la confianza en el futuro del sistema, especialmente, en el caso, de los trabajadores más jóvenes.

Muchas gracias.

Martín Hermoso (UGT)

Buenas tardes a todos. Antes de comenzar mi exposición, querría agradecer a la Universidad Menéndez Pelayo y a los organizadores de este curso su invitación a la Unión General de Trabajadores.

Hablemos de pensiones. Mis primeras palabras, las quería utilizar para poner en verdadero valor la actitud y la responsabilidad de las organizaciones sindicales españolas. La coherencia, la seriedad y el rigor con que defienden la permanencia y mejora de aquella Seguridad Social que fue configurada como un mecanismo de protección y aseguramiento de la calidad de vida de los más necesitados.

En mi opinión, el compromiso de las organizaciones sindicales frente a la adaptación y mejora del sistema público de pensiones no puede ponerse en duda, y quienes nos tachan de mantener una posición inmovilista y dicen que ésta «llevará a la muerte por inanición del sistema público de pensiones», así lo he oído, tan sólo tienen que recordar, y no se tienen que alejar mucho en el tiempo, algunas de las medidas contenidas en el Acuerdo de Julio del 2006 de medidas en materia de Seguridad Social, donde por ejemplo, se acordó el endurecimiento de la jubilación parcial y de la jubilación anticipada.

En definitiva, quería resaltar que las organizaciones sindicales en España y en concreto, la organización sindical a la que yo represento, la Unión General de Trabajadores, no es ajena hoy ni tampoco lo fue en el pasado a las preocupaciones surgidas de la evolución demográfica y sus posibles efectos. Nadie pone en cuestión que los sistemas de protección social, y muy especialmente los sistemas de pensiones, tendrán que afrontar en el futuro el reto de pagar más pensiones y durante más tiempo, como consecuencia del envejecimiento demográfico y del aumento de la esperanza de vida, pero sin embargo y, lógicamente, nuestro posicionamiento se distancia de aquellos que asentados en el catastrofismo y en base a predicciones a 50 años, sostienen la inviabilidad de nuestro sistema de pensiones, si no se toma de forma urgente y drástica, dicen, una serie de medidas, que en nuestra opinión sólo se encaminan exclusivamente a la reducción de los gastos sociales, lo cual no nos engañemos, supone o va a suponer una reducción de las prestaciones sociales y de la intensidad de éstas.

Es decir, propuestas como retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, además de suponer un recorte en la pensión media de jubilación, para nosotros resulta una medida

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innecesaria, básicamente por dos motivos: primero, porque en nuestro país tenemos unas de las edades reales de jubilación más altas de Europa, son 63 años y 10 meses, y segundo, porque a nuestro modo de ver resulta más justo, más lógico, seguir apostando por el fomento y mejora de la prolongación de la jubilación voluntaria, más allá de los 65 años. Esta figura, que está establecida en la Ley General de Seguridad Social, no supone ningún recorte de derechos sociales y además contribuye a la sostenibilidad del sistema. Les voy a dar algún dato al respecto: en el año 2009 las jubilaciones demoradas, las jubilaciones más allá de los 65 años, se incrementaron un 40% en comparación con las del 2008.

Por lo tanto, si unimos la prolongación voluntaria de la actividad laboral más allá de los 65 y la evolución que ha tenido la edad real de jubilación en estos ocho últimos años creo que Octavio dijo ayer que en los ocho últimos años había aumentado dos años la edad real, posiblemente en cinco u ocho años nos podríamos encontrar con una edad real de jubilación en torno a los 67 años, sin falta de que sea obligatoriamente legislada o impuesta.

Hemos hablado del retraso de los 65 a los 67, pero igual de innecesario, y para nosotros perjudicial, es la medida o la propuesta de aumentar el período para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, manteniendo el resto de su configuración legal. Y es que ya hay estudios que concluyen o que afirman que, aumentar el período de cálculo de 15 a 20 años supondría una reducción de la pensión media de más del 3,5%.

Bien, ha dicho mi compañera Blanca que esta medida posiblemente mejoraría las pensiones de los despedidos al final de su vida laboral. Puedo estar de acuerdo, pero bajo mi punto de vista o desde el punto de vista de la Unión General de Trabajadores entendemos que esta medida o esta propuesta perjudicaría notablemente a las pensiones de aquellos colectivos, fundamentalmente jóvenes, que tienen carreras de seguros inestables y que verían reducida la cuantía de la pensión de jubilación si se implanta finalmente esta propuesta.

Lógicamente, como he dicho antes, la Unión General de Trabajadores se aparta y se distancia de estas propuestas. Aceptamos la necesidad de afrontar los desafíos que recaen sobre el estado de bienestar como consecuencia, fundamentalmente, del reto demográfico, pero rechazamos aquellos planteamientos que sitúan las prioridades de reforma exclusivamente en la reducción de la cuantía de las pensiones y que suponen, por tanto, un recorte en las prestaciones y en la protección social de los presentes y futuros pensionistas. En nuestra opinión los retos económicos y demográficos no se resolverán a través de la reducción, sino a través de la creación de empleo de calidad, del aumento de la productividad, por medio del incremento de los ingresos del sistema y poniendo en una posición principal el principio de justicia social y solidaridad que debe regir nuestra Seguridad Social.

En definitiva, para la Unión General de Trabajadores la viabilidad y sostenibilidad futura del sistema de pensiones depende del reforzamiento del mismo. Por ello, y aun compartiendo la necesidad de asegurar esta sostenibilidad mediante la adopción de medidas que pudieran aminorar la tendencia al desbordamiento del gasto en determinadas prestaciones, entendemos que ello pudiera ser perfectamente compatible con la mejora de las prestaciones en el momento presente, y en este sentido, para nosotros, lo razonable sería atender a cinco cuestiones esenciales.

La primera, realizar un esfuerzo para dignificar las prestaciones y los servicios dirigidos a las familias, y conciliar mejor la vida laboral y familiar. Y es que tenemos que tener presente que la protección a las familias en España sigue estando hoy todavía muy alejada de países como Francia o Alemania donde el gasto en protección a las familias en relación al PIB es del doble.

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Segundo, entendemos que es necesario que se estudien y analicen la oportunidad de nuevas fuentes complementarias de financiación de la Seguridad Social. En este sentido, para nosotros es importante que primero se consiga que el 100% de los complementos a mínimos sean financiados por medio de aportaciones públicas y segundo, como ha dicho mi compañera, que con cotizaciones sociales no se continúen financiando prestaciones que deberían financiarse con recursos públicos.

En tercer lugar, para nosotros es necesario que se realice un esfuerzo por la mejora del salario mínimo interprofesional.

En cuarto, que se continúe la mejora de las cuantías de las pensiones mínimas.

Quinto, las pensiones medias también tienen que ser elevadas. Y es que, un ejemplo, la pensión media de jubilación se sitúa actualmente en 882,27 Euros, y la pensión media del sistema es de 778,14 Euros mensuales. Ambas por debajo del salario mediano bruto que se sitúa, según la Encuesta de Estructura Salarial, en 1.194,17 Euros. Esto nos dice, o esto ocasiona que hoy en España el 40% de pensiones se encuentran amenazadas por el riesgo de pobreza.

La solución, por tanto, no puede pasar por la reducción de su cuantía y máxime, y les doy otro dato, cuando según la Encuesta de Condiciones de Vida en el 36% de los hogares españoles, el 36% de los hogares españoles, viven de una única fuente que es la obtención de una pensión.

Para concluir, y ya acabo, me gustaría hacerlo con palabras de Cándido Méndez en su última comparecencia en el Pacto de Toledo, Cándido Méndez dijo lo siguiente: «Ante el cambio de rumbo colectivo de los gobiernos europeos, quiero resaltar la responsabilidad y el valor con que debemos responder los representantes de los partidos políticos, de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales para preservar y garantizar que los pilares del estado del bienestar, pensiones, sanidad, educación, no se vean debilitados como consecuencia del viraje de la mayoría de gobiernos europeos hacia el ajuste fiscal y la disminución de los gastos públicos que incluye el empleo, los salarios y las pensiones, en un momento en el que la economía europea sigue siendo frágil y vulnerable ante una nueva recesión».

Muchas gracias.

Francisco Avendaño Martínez (CEOE)
I Introducción

Con la confianza que da la afinidad, me voy a permitir trasladar las cifras oficiales del mercado de trabajo de España a la población de un pueblo de 100 habitantes. ¿Cómo veríamos la situación real en España reduciendo los grandes números a los 100 habitantes de un pueblecito? Veámoslo.

Han nacido en el pueblo 88 personas y 12 son foráneos. 51 son mujeres y 49 son hombres. Y llama mucho la atención que, en número, la llamada tercera edad es muy similar a los más jóvenes. En concreto, 18 personas tienen más de 63 años y 17 tienen menos de 18 años.

Sólo 50 de los 100 habitantes trabajan o quieren trabajar: 39 están trabajando y 11 están parados, aunque quieren trabajar no encuentran.

De los 39 que trabajan, 33 son asalariados, es decir, trabajan para otro y 6 trabajan por cuenta propia. De los 6 que forman este grupo, sólo 3 tienen empleados y, de estos 3, sólo 1 tiene contratados a más de 10 trabajadores.

¿Quieren saber a qué se dedican los 33 trabajadores que tenemos en el pueblo? 7 trabajan para el sector público. En concreto, 4 trabajan para la Comunidad Autónoma, 2 en el

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Ayuntamiento y 1 depende de la Administración Central. Los 26 restantes trabajan en el sector privado. Otro dato muy curioso es que la temporalidad es casi idéntica en ambos sectores. De los 7 que trabajan en el sector público, 2 son temporales. Y de los 26 que trabajan en el sector privado, 7 son temporales.

Antes comenté que de las 100 personas que viven en el pueblo, 50 trabajan o quieren trabajar. De ellas, 39 trabajan. Por tanto, 11 no encuentran trabajo. Siendo este un problema serio, lo más grave es que 5 llevan más de un año parados y que 4 son menores de 29 años. Los parados encuentran cada vez mayores dificultades para salir del desempleo al empleo, facilitando que el desempleo estructural se enquiste en el tiempo.

Y del resto de vecinos, ¿qué? Pues que son los otros 50 que o no pueden o no tienen intención de trabajar. El colectivo principal lo forman, lógicamente, los estudiantes menores de 16 años, que son 16; luego siguen, a corta distancia, ya no tan lógico, los jubilados o prejubilados, que son 12; luego, las personas que trabajan en sus casas en tareas del hogar, que son 9; siguen los estudiantes mayores de 16 años, que son 5; también los discapacitados, que son 3; y el pico restante obedece a otras causas.

Realizo un rápido cálculo mental. De los 100 habitantes del pueblo tenemos, de un lado, que 26 son trabajadores en el sector privado y 6 trabajan por cuenta propia. Y de otro lado, que 7 trabajan en el sector público, 11 están parados y 50 no están en condiciones de trabajar.

Esto supone que el número de ocupados por cada pensionista es de 2.

Datos crudos, fríos, severos. De un lado 32 personas produciendo. De otro lado 68 personas, casi todas improductivas. Así es el mercado de trabajo de España, muchos dependiendo del salario, el trabajo y la iniciativa de muy pocos.

Ahora, conocidos los datos de nuestro mercado de trabajo, puedo adentrarme en los retos del sistema pensional español.

El Sistema Público de Seguridad Social, es un pilar fundamental en la cohesión social de España y transmite, especialmente desde el Pacto de Toledo, una importante seguridad a los ciudadanos, sobre todo, cuando finalizan su vida laboral.

En consecuencia, la reforma del Sistema del Pensiones es una cuestión de la máxima sensibilidad e importancia. A nadie se le escapan sus profundas consecuencias en los ámbitos económicos y sociales.

Desde el punto de vista empresarial, la Reforma del Sistema de Pensiones afecta a áreas tan importantes como la determinación de las cotizaciones sociales, la sostenibilidad de las cuentas públicas y por tanto de la prima de riesgo, la disponibilidad de ahorro en la economía, el desarrollo de la colaboración privada a través del sistema complementario, y un largo etcétera.

Dada la importancia de la cuestión, sería deseable que el Gobierno abriera un proceso transparente hacia la sociedad. La opinión pública y los empresarios debemos conocer cuál es la situación real de la solvencia del sistema, cuáles son las posibles líneas de reforma y los plazos para las mismas. El diálogo debe ser franco y realista, poniendo de manifiesto las fortalezas y debilidades del sistema actual y que sirva de base para una reforma global. Debates equivalentes se están produciendo en todos los países de la UE, e incluso a nivel de instituciones comunitarias. De hecho, muchas de nuestras propuestas están en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE y de la Comisión Europea. De igual forma el debate debe ser breve, pues dada la situación en la que se encuentra la economía española, deben tomarse medidas con prontitud.

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II Contexto económico

La revisión del Sistema de Seguridad Social se plantea en un contexto extraordinariamente delicado de la economía española.

La reforma del sistema de pensiones es absolutamente necesaria, ya que las predicciones de evolución demográfica y de envejecimiento de la población para los próximos años hacen inaplazable ajustar mejor las contribuciones a las prestaciones futuras. Sin embargo, a pesar de la importancia de la cuestión, ha sido la crisis económica actual, y sobre todo la presión de los mercados financieros y de las instituciones europeas lo que ha precipitado el debate.

De otro lado, la estructura de costes de las empresas, en particular los costes laborales extrasalariales -cotizaciones empresariales - perjudica seriamente nuestra competitividad, si tenemos en cuenta la situación en otros Estados miembros de la Unión Europea.

En las circunstancias actuales, en las que la recesión económica ha tenido un impacto en el mercado de trabajo español muy superior al de los países de nuestro entorno, la reforma del Sistema de Seguridad Social adquiere una especial relevancia por dos motivos. En primer lugar, porque una reforma sensata, bien dirigida y mirando a largo plazo puede mejorar notablemente la sostenibilidad del Sistema, y por tanto, señalar de inmediato a los mercados financieros la mayor solidez de la Hacienda Pública española. Si la reforma del Sistema de Seguridad Social propicia que se pueda hacer frente con mayor garantía a las prestaciones futuras, sin necesidad de transferencias desde el Estado, en la práctica supone reducir el volumen de deuda pública implícita, lo que repercutirá de forma inmediata en la prima de riesgo asignada al Tesoro español. La reducción del coste financiero para el Estado, además de su impacto sobre las cuentas públicas, repercutirá de forma inmediata en el coste financiero de empresas y familias, lo que incentivará el consumo y la inversión empresarial.

En segundo lugar, en las actuales circunstancias, la reforma del Sistema de Seguridad Social se constituye en un auténtico instrumento de política económica coyuntural para salir de la crisis. Puesto que el sistema se financia en su mayor parte mediante cotizaciones sociales, cualquier margen que se gane para reducir las mismas tendrá un impacto muy favorable sobre la actividad. En esencia, la economía española necesita hacer dos cosas: ganar competitividad y crear empleo. Las cotizaciones sociales son un impuesto sobre el trabajo, que eleva los costes de las empresas y castiga especialmente a aquellas actividades intensivas en empleo. En ausencia de devaluación, las cotizaciones sociales se convierten en el principal instrumento del que se dispone para ganar competitividad a corto plazo. De igual forma, cuanto mayor sea la imposición sobre el trabajo, mayor será la dificultad para crear empleo, y menores serán las probabilidades de que se recupere la confianza de las familias, y, por tanto el consumo.

La reforma del Sistema de Seguridad Social no es sólo una necesidad para el medio y largo plazo, sino una necesidad inmediata que puede tener un impacto muy positivo para salir de la crisis. Como todo impuesto, y las contribuciones sociales son una forma de impuesto sobre el trabajo, su elevación no garantiza unos mayores ingresos, bien al contrario, la experiencia demuestra cómo una adecuada combinación de reducción de impuestos y políticas de sostenibilidad del gasto, genera un impacto positivo sobre el empleo y la actividad que pueden incrementar la recaudación.

Conviene que recordar que nunca las cuentas públicas por sí mismas han estado en equilibrio o en superávit. Las cuentas consolidadas del Estado y de la Seguridad Social sí lo estuvieron, pero el Estado siempre registró déficits. Los superávits, más o menos altos

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del Sistema de Seguridad Social han enmascarado el déficit del Estado, reduciéndolo o incluso haciéndolo desaparecer al consolidar. El saneamiento de las cuentas públicas exige un equilibrio del presupuesto del Estado como tal, y no depender del superávit de la Seguridad Social para cumplir con nuestros compromisos en Bruselas. El presupuesto de la Seguridad Social no puede estar condicionado continuamente por unas cuestiones presupuestarias que le son ajenas. Cuanto mayor sea la dependencia de los objetivos presupuestarios globales del superávit de la Seguridad Social, menor será el margen de maniobra para aplicar políticas que incidan directamente sobre el coste del factor trabajo, y por tanto para la creación de empleo.

III Principios que deben inspirar la reforma del sistema de pensiones

El objetivo de la reforma del sistema de pensiones debe ser introducir los cambios necesarios para garantizar la sostenibilidad del mismo, mejorar su justicia, equidad y eficiencia intrínseca y al mismo tiempo salvaguardar los elementos esenciales del modelo, es decir, un sistema público de reparto que aporta las prestaciones básicas de los jubilados españoles.

La reforma del sistema de pensiones debe responder a un modelo coherente. No puede consistir en una serie de medidas «ad hoc» para hacer frente a las presiones que ejercen los mercados financieros o para cumplir las exigencias de nuestros compromisos internacionales en materia presupuestaria. La reforma también debe aportar cambios importantes dirigidos a crear un sistema equilibrado, sostenible e incentivador del empleo.

En todo caso, es preciso promover y conseguir la plena coherencia entre los objetivos propios del Sistema de Seguridad Social, los de la reforma del mercado de trabajo, el fomento de la creación de nuevos empleos y la dinamización de la actividad productiva.

Para conseguir este objetivo, la reforma debe inspirarse en los siguientes principios:

  1. Sostenibilidad. El sistema de pensiones públicas debe estar garantizado en el tiempo. Nada genera una mayor incertidumbre en las familias que la inseguridad sobre los pagos de pensiones futuras. Para hacer el sistema sostenible se precisa una mayor relación entre la contribución realizada y la prestación recibida.

    El debate sobre la sostenibilidad no debería constreñirse a la edad mínima precisa para el acceso a la prestación.

    Por ello, la reforma del Sistema de Seguridad Social debe comprender, entre otros aspectos, la relación entre ingresos y gastos efectuada con el máximo rigor; el cómputo de la base reguladora; el número de años para acceder a la prestación; la financiación del llamado complemento a mínimos; la gestión y el uso del Fondo de Reserva de la Seguridad Social; la previsión social complementaria y la gestión privada de las cotizaciones por contingencias profesionales a través de las Mutuas.

  2. Separación de fuentes e independencia de los Presupuestos Generales del Estado. El Sistema de Pensiones de la Seguridad Social debe tener su propia identidad y desarrollo, sin verse condicionado por otras consideraciones presupuestarias o por prestaciones sociales distintas de las pensiones contributivas. Dicho en otros términos, debe alcanzarse, de acuerdo con los compromisos existentes, una estricta y urgente separación de la financiación de las prestaciones contributivas y del complemento a mínimos, que debería estar financiado desde hace tiempo con cargo a los Presupuestos del Estado. Éste debe ser el

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    punto de partida de la reforma del Sistema de la Seguridad Social.

    Además, el presupuesto de la Seguridad Social no debe servir como compensador de los déficits de los Presupuestos Generales del Estado. Los PGE deben fijar sus objetivos de reducción del déficit y del equilibrio por sí mismos.

    En este mismo sentido, la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social debe realizarse exclusivamente con criterios técnicos de riesgo y rentabilidad, y no en función de las necesidades de financiación del Tesoro Público.

  3. Adaptación a las crisis. El sistema debe ser lo suficientemente flexible para actuar anticíclicamente, es decir, en los momentos de recesión económica. En este contexto, debe existir margen para una reducción de cuotas que incentive la creación de empleo. No parece razonable que en una economía con un 20% de tasa de paro pueda plantearse sin más un objetivo permanente de superávit del Sistema de Seguridad Social. Las cotizaciones sociales deben constituirse como un instrumento de política económica para hacer frente al crecimiento del desempleo.

  4. Equidad y contributividad. Las reglas actuales pueden ser enormemente desfavorables para trabajadores que experimenten situaciones de desempleo o reducciones importantes de rentas salariales al final de su vida laboral y, en ocasiones, determinar cómputos que produzcan incrementos no debidamente ponderados.

    Es por tanto, necesario establecer la cotización durante toda la vida laboral como base fundamental de la determinación de las prestaciones. Además de valorar mejor el esfuerzo contributivo de cada trabajador, actuaría como elemento básico de justicia, teniendo un impacto muy favorable en la sostenibilidad del Sistema.

    El principio de contributividad, establecido en el Pacto de Toledo, resulta fundamental a fin de reforzar la relación entre las aportaciones realizadas durante la vida activa y la prestación que se vaya a recibir.

  5. Flexibilidad en el ejercicio de los derechos. El sistema público debe ser compatible con una mayor capacidad de decisión por las partes afectadas a la hora de ejercer sus derechos consolidados. La jubilación debe ser un derecho que no condicione a otros, como el derecho a trabajar, y que pueda ejercitar el trabajador en función de las cotizaciones que haya realizado a lo largo de toda su vida laboral y de las condiciones que establezca la Ley, salvaguardando en todo caso la buena fe contractual respecto al empresario.

  6. Complementariedad. El Sistema Público por sí mismo no puede responder de forma universal y suficiente a las necesidades de algunos colectivos en función de su capacidad adquisitiva mientras estaban en activo. Por eso, los sistemas complementarios de la Seguridad Social están muy desarrollados en los países de nuestro entorno, con mucha mayor intensidad que en España.

    Es imprescindible incentivar los sistemas de pensiones privadas de jubilación que sean complementarias a las pensiones públicas y con las que deben guardar el necesario equilibrio.

  7. Reforzamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales han demostrado durante décadas su eficacia como medio de reducir los costes para las empresas y para colaborar con el sistema de protección social, en particular con el sistema sanitario. Esta eficacia debe traducirse en una mayor autonomía en su gestión y en una menor burocratización. Las mutuas, como asociación de empresarios, deben volver a depender de las empresas que son quienes las financian y reciben sus servicios.

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Mª del Mar Villegas Navarro (CEPYME)

Hola buenas tardes. Quisiera agradecer en primer lugar la oportunidad que se me brinda aquí de transmitir como representante CEPYME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, el punto de vista de nuestra organización sobre un área que afecta a nuestra convivencia, a nuestra economía, de un modo absolutamente prioritario y estratégico.

Desde el nacimiento de CEPYME y a lo largo de toda nuestra trayectoria, la Seguridad Social española y nuestro sistema de protección social ha sido objeto de una prioritaria atención y dedicación por parte de nuestra Confederación.

Si echamos la vista atrás ya son décadas de participación activa y constructiva en los procesos de diálogo, de negociación y concertación mediante los correspondientes acuerdos sociales en los que hemos traducido nuestra actividad y nuestro compromiso.

De hecho para CEPYME la Seguridad Social española es importante, no sólo por su enorme dimensión económica, sino porque también la financiación de este gigantesco sistema de transferencias sociales se financia mayoritariamente por cotizaciones empresariales.

CEPYME valora además muy positivamente la Seguridad Social española como un instrumento esencial de cohesión social, como ya decía también la compañera de mesa Blanca Villate, de estabilizador estructural y de su imprescindible papel de vertebración en la sociedad española.

Creo que es especialmente oportuno señalar también el lugar destacado que ha tenido, y debe seguir teniendo, el compromiso social y político más aún en los momentos de crisis que estamos viviendo.

Precisamente por ello se hace ahora más necesario dedicar nuestra atención a hacer una observación continua del funcionamiento del sistema, al servicio de una voluntad de adecuación y de reforma permanente del mismo, todo ello en un marco de consenso amplio o muy próximo a la unanimidad, lo que permite llevar a cabo los elementos de corrección imprescindibles para asegurar la viabilidad del sistema.

También merece la pena destacar la eficacia de las instituciones e instrumentos de gestión del Sistema de Seguridad Social, aquí tenemos al Director General de la Tesorería y la verdad es que es memorable su actuación, porque permite conocer, de manera fiable y precisa y además en tiempo, para tener un buen diagnóstico de la situación y ayudar a hacer los necesarios pronósticos para emprender reformas y soluciones.

En el contexto de la crisis económica y financiera, sin precedentes, la Seguridad Social española ha sido la única Administración que ha registrado superávit en sus cuentas públicas en el año 2009. Y, aunque esto ha sido así hasta ahora, una prolongación en el tiempo de la situación que atraviesa el mercado laboral puede poner en serio peligro el mantenimiento de este superávit en el medio plazo.

Los elementos determinantes del equilibrio y por tanto de la viabilidad del futuro de los sistemas de protección social y reparto puro, como es el caso español, se asientan en dos variables: una, la estructura demográfica de la población protegida y, otra, el empleo que es el que financia las prestaciones de la población pensionista que exista en cada momento.

A nuestro juicio la sostenibilidad a medio plazo de nuestro sistema público de Seguridad Social debe fundamentarse en el empleo, más bien en la generación de empleo, para ser más precisos, con base en una estructura económica y social competitiva que permita seguir afrontando el nivel de prestaciones crecientes derivadas del envejecimiento de la población.

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La viabilidad de futuro de nuestro sistema de protección social va a depender, por tanto, de la capacidad que debe alcanzar nuestro sistema productivo para generar un crecimiento económico equilibrado y sólido en el concepto de la competencia internacional en la que desenvolvemos, inevitablemente, nuestra actividad.

Quisiera resaltar, cuando me estoy refiriendo a la competitividad del sistema económico español, que no sólo hablo de las necesidades que tenemos las empresas que se genere un marco que favorezca y potencie nuestra capacidad competitiva:creo que es el conjunto de la sociedad española, y con ello me refiero tanto al sector público como al sector privado, la que tiene que ser competitiva dentro del mundo globalizado en el que desenvolvemos nuestra actividad.

Por consiguiente, es fundamental definir políticas económicas, presupuestarias, fiscales, educativas, laborales, políticas estructurales al fin, que corrijan el fuerte deterioro que ha sufrido la situación presupuestaria con el propósito de aumentar el grado de competencia de nuestro sistema socioeconómico y garantizar una rápida vuelta a la senda de la estabilidad.

Respecto al otro pilar sobre el que se asienta nuestro sistema de protección social, que es la estructura demográfica, la brusca reducción de la tasa de natalidad y el progresivo aumento de la esperanza de vida al nacer, está transformando la estructura de la pirámide poblacional española. Esto implica que el aumento de la población mayor de 65 años llevaría aparejada una aceleración en el gasto como resultado de la intensificación del proceso de envejecimiento de la población.

El envejecimiento de la población puede poner en situaciones críticas la viabilidad del sistema de pensiones y fuerza a acelerar el ritmo de reforma de los mismos.

También genera una mayor demanda de atención sanitaria y de servicios sociales cuya gestión y financiación añaden situaciones de dificultad a la mayor parte de los sistemas de protección social, tal como hoy están estructurados y concebidos.

No debemos dejar de lado lo que están haciendo y lo que proyectan hacer, realizar, países de nuestro entorno socioeconómico con sistemas o modelos de Seguridad Social similares, es el caso que ha dicho Paco Avendaño, que es necesario mirar otros sistemas que pueden aportarnos soluciones diferentes. Las medidas experimentadas por otros, ya en curso o bien en proyecto, nos pueden resultar útiles e ilustrativas para acomodar nuestra estrategia de reformas.

Y en este sentido es necesario seguir avanzando en el objetivo de lograr una mayor proporcionalidad entre las pensiones y el esfuerzo de cotización realizado.

Respecto a la edad de jubilación, que ha sido tema de esta mesa, se hace necesario proseguir en la consecución del objetivo de que la edad real de jubilación se aproxime a la edad legal, y también continuar avanzando en la incentivación para que se produzca la prolongación de la vida laboral más allá de la edad de jubilación.

Esto produciría efectos muy positivos en la viabilidad del sistema, puesto que no sólo aumenta la población activa, que potencialmente puede cotizar, sino que además reduciría el gasto en pensiones.

Vamos a tener que seguir observando cómo se comportan factores que en tiempos relativamente recientes tuvieron una repercusión relevante en el cambio de la estructura demográfica española. Es el caso de la inmigración o de la importante y valiosa incorporación de la mujer al mercado laboral, junto con otros elementos que pueden ser la incidencia de las prestaciones médicas y asistenciales, en la prolongación de las expectativas de vida de nuestra sociedad.

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Respecto a las últimas reformas que se han adoptado por el Gobierno en materia de pensiones, o que afectan a las pensiones, con carácter general CEPYME considera que es positivo que el Gobierno acometa medidas concretas dirigidas a controlar el déficit público en el cumplimiento del compromiso del Gobierno español con la Seguridad Social y la sociedad española en su conjunto.

Aunque consideramos que se quedan cortas con la magnitud de la crisis en la que estamos inmersos, es nuestro deber recordar que deben ir acompañadas de otro tipo de medidas, imprescindibles para el crecimiento económico y la creación de empleo.

Respecto a las pensiones y a la congelación de la revalorización de las pensiones contributivas, mediante la supresión del Artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, durante el año 2011 comporta un ajuste que, aunque es políticamente difícil de asumir, representará un ahorro, que contribuirá a la consolidación presupuestaria del Sistema de la Seguridad Social.

En palabras del Ministro de Trabajo, en su comparecencia en el Pacto de Toledo, dijo que las pensiones contributivas han ido manteniendo su poder adquisitivo e incluso han incorporado ganancias, ya que en el año 2009 la revalorización general de las pensiones fue del 2%, mientras que la inflación en ese ejercicio no pasó del 0,3%, produciéndose por tanto una ganancia neta para los pensionistas del 1,7%.

Nosotros consideramos que esta medida que ha adoptado el Gobierno va a suponer un ahorro, valorando en torno a unos 1.400 millones de Euros, lo cual serviría de gran ayuda para lograr la consolidación presupuestaria de la Seguridad Social.

Resulta, en definitiva, imprescindible el análisis de esta cuestión, puesto que el gasto en pensiones ha ido incrementándose exponencialmente en los últimos años y la previsión es que siga en esta línea en los años venideros. Y resulta igualmente imprescindible la adopción de acuerdos o medidas de reforma con el mayor consenso posible.

Creo que debo poner fin a mi intervención, agradeciendo a todos su atención y a la Universidad por haber podido participar aquí. Gracias.