Mesa Redonda con los Agentes Sociales: Pensiones, garantías de rentas y pobreza

Páginas:183-193
RESUMEN

Pilar Iglesias Valcarce (CEOE). Jaime Frades Pernas (UGT). Miguel Ángel García Díaz (CC.OO.).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

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Pilar Iglesias Valcarce (CEOE)

...Social desde el punto de vista de las organizaciones empresariales pensamos que han influido en forma muy positiva en reforzar este aspecto redistributivo e intergeneracional del sistema, inter e intra, ambas cosas, porque se han elevado las pensiones más bajas, se ha facilitado el acceso a la protección del sistema de aquellos trabajadores que están en mayor riesgo de expulsión del mercado laboral en edades más avanzadas mediante figuras nuevas como la jubilación anticipada y se han acordado significativas mejoras por encima de la revalorización del IPC de las pensiones más bajas. De esta forma nos encontramos que el número de pensiones con complementos de mínimos que, por pura lógica, por el puro efecto de que las nuevas altas con cotizantes tienen bases de cotización más elevadas tendría que haberse disminuido. Vemos como en términos de gasto no se ha disminuido como consecuencia precisamente de esas políticas que hemos apoyado todos de incremento de las bases mínimas. Incluso si vemos los incrementos en el año 2004, el incremento en el gasto del 2004 en complementos de mínimos supuso un 6,01 en relación con el año anterior, y en el 2007 un 6,78 en relación al año anterior. Por lo tanto estamos hablando de unas cuantías, en términos medios, que son significativas a efecto de esa revalorización. La media de viudedad en complementos de mínimos supone 187 euros al mes y la media de jubilación 178,39. Es importante el esfuerzo que estamos haciendo todos. Los trabajadores y las empresas también estamos haciendo un esfuerzo importante en la financiación de estas políticas, porque a pesar de que haya una mayor aportación del Estado para la financiación de los complementos de mínimos, todavía el 68% del coste global de los complementos de mínimos, que son 5.287,15 millones de euros en el año 2008, se financia con las cotizaciones sociales. La aportación del Estado supone una cifra en torno al 38%, por tanto en este esfuerzo estamos contribuyendo todos.

Ha sido un conjunto de políticas acordadas, apoyadas también en el Parlamento y que han demostrado su papel positivo en la cohesión social y en la elevación del nivel económico general de la sociedad. ¿Cuál es el reto? Pues el reto hacia el futuro es si con los mismos modelos de financiación que actualmente tiene el sistema vamos a ser capaces de mantener estas políticas, es decir, en un modelo de reparto que tiene este efecto redistributivo entre las generaciones, pero que además en función del principio de solidaridad tiene un fuerte impacto, redistributivo intrageneracionalmente, si ese acuerdo no escrito de unas generaciones frente a las otras vamos a ser capaces de continuarlo hasta el futuro, porque hay variables en el sistema sobre las que las políticas tienen difícil actuación. Todo lo que comporta el reto demográfico, la mayor esperanza de vida, la menor tasa de natalidad produce un efecto en el ratio cotizantes-pensionistas, con difícil corrección desde el ámbito puro de la Seguri-Page 184dad Social. Hay otro conjunto de políticas que sin duda pueden actuar para favorecer el mantenimiento y la creación de empleo, pero desde el ámbito puro de la Seguridad Social se puede hacer poco para favorecer actuaciones en relación al reto demográfico.

Las políticas de incremento del gasto, que yo denomino exógenas, que son estas políticas de mínimos, financiadas con cotizaciones sociales. Las políticas económicas que tienen un efecto importante en la contención de la inflación (y ésta es una variable que comporta un gasto significativo del sistema), sí que tienen un ámbito de actuación que atañe directamente a los responsables políticos. El efecto de estas políticas automáticamente conlleva un aumento de las prestaciones de las personas mayores, con independencia del resultado, en términos de incremento del gasto, que se deriva de la aplicación de los principios de proporcionalidad y contributividad. Es verdad que, desde el año 2000, la coyuntura económica nos ha permitido que se produzcan todas estas políticas de una manera desahogada. Hemos tenido un fenómeno de la inmigración muy acusado, que se ha traducido en mayor afiliación, en incrementos de recaudación; ha habido un crecimiento importante de empresas, pero hacia el futuro, y si tenemos en cuenta las proyecciones demográficas, hay que partir de una premisa básica antes de abordar cualquier política en este ámbito: que es la de examinar las consecuencias de las medidas, con modelo econométrico, que tengan en cuenta los efectos directos, los indirectos y los inducidos. Todos compartimos los propósitos de estas políticas: es evidente que aumentar la equidad, elevar las pensiones más bajas e incrementar el poder adquisitivo de los pensionistas más vulnerables en el sistema lo compartimos, pero la pregunta es ¿cómo se va a financiar?, porque cuando aumenta el gasto en pensiones, aumenta inevitablemente la necesidad de recursos de la Administración Pública para hacer frente a los mismos, y la verdad es que nosotros pensamos que no está justificado el optimismo fiscal que desde algunas instancias proclama que es posible reducir impuestos y aumentar a la vez el gasto social. En función de las experiencias habrá que plantear en el seno del diálogo social con los interlocutores sociales, y también, lógicamente, en el ámbito parlamentario, las hipótesis posibles, los planteamientos; mirar a nuestro alrededor, ver qué han hecho otros países de nuestro entorno que también tienen modelos parecidos y se han enfrentado a estas dificultades (algunos antes que nosotros), y ver por qué modelos han avanzado.

Es inevitable que yo hable aquí de la reducción de las cotizaciones sociales, porque hay una experiencia larga del efecto positivo que producen para la economía. La disminución de los costes laborales de las empresas, por la vía de la disminución de los costes sociales, porque no solamente hacen emerger economías sumergidas, sino que favorecen la creación de empleo. Esto no significa que se pretenda hablar de la reducción de ingresos y que se reduzcan prestaciones, nosotros de lo que creemos que hay que hablar y poner sobre la mesa es cómo buscamos mecanismos de financiación del sistema que permitan mantener esas políticas de solidaridad con otros ingresos, que permitan sustituir progresivamente el peso de las cotizaciones sociales por mayores aportaciones del Estado, que tendrán que tener como fuente de financiación otros impuestos, sea el IRPF, sea el IVA, donde todavía tenemos algún camino para recorrer en relación con otros países de nuestro entorno europeo, que, por cierto, tienen un nivel de prestaciones significativamente más elevado que el nuestro.

Yo termino aquí mi exposición, por sujetarme a los tiempos. Estoy segura de que tendremos ocasión, una vez que la Comisión Parlamentaria, el Pacto de Toledo, tendrá que trabajar para elaborar alguna conclusión a partir del mes de octubre y entrará en estos aspectos, porque en el conjunto de las Recomendaciones están introducidos, y espero también que las Organizaciones Empresaria-Page 185les en ese ámbito del diálogo social en el que venimos trabajando desde hace ya muchos años, también podamos seguir colaborando para buscar aquellas fórmulas, aquellas medidas de reforma que avanzando en el camino que ya hemos recorrido, vayan dirigidas a garantizar la viabilidad y la sostenibilidad económica de nuestro Sistema de Seguridad Social.

Muchas gracias por su atención.

Jaime Frades Pernas (UGT)

Contrariamente a la tendencia de los últimos años de solicitar para este seminario anual de la UIMP nuestra opinión sobre aspectos generales del Sistema de Seguridad Social, generalmente referidos a su futuro, en éste se nos invita a hablar de un tema muy concreto: las pensiones mínimas y la pobreza.

Para comenzar creo que lo más oportuno es mencionar a nuestra Constitución. Según el artículo 50 de la CE: «Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». Si bien es difícil que nos pongamos de acuerdo en qué entendemos por pensiones adecuadas o por suficiencia económica de los pensionistas, parece evidente para muchos de nosotros que esa suficiencia económica no se garantiza con pensiones de 300, 400 o 600 euros al mes.

Los objetivos de todo sistema público de pensiones son erradicar la pobreza en la vejez y, en la medida de lo posible, mantener el nivel de vida del trabajador después de la jubilación. Aunque con matices, existe un cierto consenso en que nuestro sistema de pensiones tiene una tasa de sustitución del salario relativamente aceptable. Por el contrario, existe un consenso menor sobre el nivel que tendrían que tener las pensiones mínimas para escapar de la pobreza.

En España, y también en otros muchos países, no existe una definición oficial del término pobreza, ni siquiera de aquélla que definiríamos exclusivamente por la escasez de recursos. A nivel europeo la pobreza o insuficiencia de recursos se establece en relación al nivel medio de la renta de cada país, de ahí que la denominemos pobreza relativa. Son pobres quienes perciben una renta inferior a un determinado porcentaje (60, 50 o 40%) de la mediana de renta del país. Con esa metodología más que medir la pobreza se mide la desigualdad en la distribución de la renta.

Es evidente que el análisis de la pobreza en la vejez no debe basarse exclusivamente en la prestación económica que los pensionistas reciben sino también con otras prestaciones y servicios en especie que estos pueden percibir: prestaciones farmacéuticas, servicios sociales, subvenciones al transporte público, etc., que la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) no recoge. A esa limitación reconocida desde antiguo, tanto para el Panel de Hogares de la Comunidad Europea como para la ECV, se añade otra más y es la no consideración de la vivienda en propiedad. En el conocido informe de la Comisión y el Consejo sobre la adecuación y la viabilidad de las pensiones1 de 2003, se viene a señalar que si se reflejara en las encuestas la propiedad de la vivienda como alquiler imputado (lo que favorecería a las personas, generalmente los de mayor edad, que ya han pagado su vivienda) y los efectos negativos del pago de intereses por hipotecas u otros préstamos (lo que disminuiría la renta generalmente de los jóvenes endeudados), el riesgo de pobreza de la gente mayor se reduciría a la vez que también se acortarían las diferencias de renta entre éstos y el total de la población. En ese informe, se cita el caso de Dinamarca en el que se ha demostrado que de no considerar el alquiler imputado y el pago de intereses, el riesgo estimado de pobreza entre las personas Page 186 mayores es hasta cuatro veces superior. El atractivo de tal propuesta metodológica es evidente para países que, como España2, tienen un alto porcentaje de vivienda en propiedad, lo que reduciría, en términos comparativos, su nivel de pobreza. Pero, independientemente de que un alto porcentaje de mayores en España tienen todavía cargas financieras ligadas a la hipoteca de su vivienda (aprox. el 27% de los que viven solos y el 23% de los hogares con dos mayores, datos algo antiguos que habrá que actualizar), cualquier análisis serio debería tener en cuenta que el efecto redistributivo de las transferencias económicas quedaría cojo sin el conocimiento del impacto de las transferencias en especies de las que, no hará falta demostrar, siguen siendo bajas en nuestro país, fundamentalmente en materia de servicios sociales, como lo muestran los datos sobre gastos en las funciones Vejez y Discapacidad que incluyen las prestaciones económicas y los servicios. Aún así, siendo importante conocer el volumen o dimensión de la pobreza, nos parece mucho más importante que se defina cuál sería el importe de la pensión mínima necesaria para escapar de la pobreza.

Más allá de esos problemas metodológicos, se añade para nuestro país la incomunicación entre los servicios sociales, de competencia autonómica, y la Seguridad Social, lo que impide conocer aspectos cualitativos como, por ejemplo, cuántos pensionistas con escasos recursos, sean del nivel contributivo o asistencial, acceden a los servicios sociales en búsqueda de ayuda económica con carácter más o menos excepcional o qué otro tipo de ayudas solicitan.

En la parte más propositiva de mi intervención voy a hablar de algunos aspectos que considero relevantes:

- La necesidad de buscar un indicador de suficiencia para las pensiones mínimas.

- La valoración de las mejoras en las pensiones mínimas en los últimos años.

- La necesidad de simplificar los distintos requisitos de renta y demás condiciones de las prestaciones mínimas.

- Algunas consideraciones sobre la dimensión de género en algunas pensiones mínimas.

  1. Abandonado, con buen criterio, la referencia del SMI para determinar la cuantía de las pensiones mínimas, UGT viene defendiendo que éstas se determinen en relación con un criterio autónomo que no sea discrecional por parte del Gobierno, de ahí que propongamos que ese criterio sea un porcentaje, a determinar, de la renta media como ocurre en algunos países, lo cual supone, entre otras ventajas, que los pensionistas recibirían la parte que les corresponda de la mejora del nivel de vida del conjunto de la población.

    Si hacemos caso y damos por buenos los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida de 20063, porque es la única de que disponemos aunque no nos satisfaga del todo, el 30,6% de las personas mayores de 65 años estarían por debajo del umbral de pobreza relativa, frente al 20% del total de la población. Dicha tasa se elevaba al 48,1% para aquellas personas de 65 o más años que vivían solas, lo cual ya nos da pistas sobre el tipo de hogar que habría que proteger con más intensidad. No todas las pensiones mínimas se sitúan por igual ante dicho umbral. Mientras que las cuantías de las pensiones individuales, esto es sin cónyuge a cargo, estarían ligeramente por debajo del umbral Page 187 de pobreza relativa, aquellas otras con cónyuge a cargo necesitarían prácticamente 2.000 euros más al año para escapar de la pobreza.

    Es en razón de ello que UGT viene proponiendo respecto a la mejora de las pensiones dos prioridades: la de las pensiones mínimas de aquellas personas que vivan solas y la de las pensiones con cónyuge a cargo, esto es, con dos adultos en el hogar.

  2. Nos parece justo que en esta mesa se haga referencia a la revalorización de las pensiones mínimas durante el periodo 2005-2008, con las que UGT algo tuvo que ver y que hemos valorado muy positivamente. Ignorar esas mejoras sería pasar por alto que durante muchos años anteriores a esa legislatura la posición de los pensionistas en mínimos, sea cual fuere el indicador que se utilice, empeoró respecto a la renta media del país. En definitiva, durante aquella etapa fueron más pobres. De forma muy resumida:

    - Los incrementos durante la pasada legislatura suponen una incontestable mejora de la capacidad adquisitiva, como no se conocía desde hacía muchos años, de todas las pensiones mínimas y no sólo de unas pocas, así como también de las prestaciones de protección familiar por hijos de 18 o más años con minusvalía.

    - La garantía de ingresos mínimos se extiende a nuevos colectivos: pensionistas de incapacidad permanente total cualificada, pensión mínima específica para huérfanos menores de 18 años y una minusvalía igual o superior al 65%,....

    - Las prestaciones familiares por hijo mayor de 18 años con minusvalía se equiparan a la cuantía mensual de las pensiones no contributivas.

    - Se reordenan y mejoran las cuantías de las pensiones mínimas de viudedad.

    - Se establece un complemento para vivienda aplicable a las pensiones no contributivas de pensionistas que vivan solos y que por carecer de vivienda en propiedad deban pagar un alquiler.

    - Se posibilita que las Comunidades puedan mejorar las pensiones no contributivas hasta un 25% más.

  3. En nuestro sistema de protección social para parecidos estados de necesidad se vienen utilizando diferentes requisitos de renta y compatibilidad de los que habría que reconsiderar su coherencia. Si bien puede tener alguna justificación las diferencias entre los requisitos para acceder a las pensiones mínimas de carácter contributivo y no contributivo, aunque muchos autores cuestionan la magnitud de la disparidad de rentas para acceder a unas y otras, existen otras de más difícil comprensión que probablemente se puedan simplificar:

    - Viudedad con cargas familiares, la renta de la unidad familiar dividida por el número de miembros no ha de superar el 75% del SMI.

    - Viudedad, con incremento del 70% de la base reguladora, al requisito de tener rentas inferiores a 15.380 euros se añade que la pensión ha de ser igual o superior al 50% del total de ingresos.

    - Viudedad compatible con matrimonio: que los ingresos del matrimonio no superen 2 veces el SMI (16.800 euros año) y que la pensión represente como mínimo el 75% de los ingresos.

    - Viudedad compatible con SOVI: compatible cuando las rentas no superen 2 veces la cuantía de la pensión de viudedad (14.800 euros en 2008).

    - Viudedad en uniones de hecho: cuando los ingresos del sobreviviente no alcancen el 50% de los de ambos o sean inferiores a 1,5 veces el SMI (11.760 euros año).

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    Frente a lo anterior, baste recordar que para acceder al subsidio asistencial por desempleo, las rentas han de ser inferiores al 75% del SMI, por no hablar de los diferentes requisitos de rentas en las prestaciones familiares.

  4. Al debatir sobre estas cuestiones, tampoco debe pasarse por alto la dimensión de género: el 62% de los perceptores de las pensiones mínimas de la Seguridad Social de la modalidad contributiva, el 84% del SOVI, el 72% de la modalidad no contributiva y el 81% del subsidio de la LISMI son mujeres. Claro está, cuando nos fijamos en las pensiones mínimas de viudedad de la Seguridad Social, el 98% de sus perceptores son mujeres.

    Frente a la tendencia hacia la individualización de las pensiones como derecho propio que se observa en buena parte de Europa, en el caso concreto de la viudedad, pensiones de derecho derivado, en España se han seguido favoreciendo al ampliar su compatibilidad con el SOVI4 e incluso con un nuevo matrimonio. En este punto, nos ha sorprendido recientemente la aceptación de una proposición de Ley que, con el argumento de combatir la pobreza de las mujeres mayores, pretende elevar las pensiones con carácter general del 52 al 70% de la base reguladora lo que favorece no a las más pobres sino a las de mayores rentas.

    Relacionado también con la individualización de las pensiones, existe a nuestro entender otra anomalía y es la concepción de la pensión mínima con cónyuge a cargo como derecho exclusivo del beneficiario. Y es que el complemento de 130 o 123 euros, dependiendo de si la edad es mayor o menor de 65 años, es atribuido exclusivamente al beneficiario de la pensión. Por otra parte, se mire como se mire, tales cuantías son absolutamente insuficientes para compensar los mayores gastos de un hogar constituido por otro adulto más. No proponemos aquí la aplicación a la pensión contributiva de la llamada escala de Oxford que atribuye al segundo adulto un coeficiente del 0,7 como en el caso de las PNCs. Existen al respecto varias soluciones, una podría ser atribuir ese complemento, que necesariamente tendría que ser de mayor cuantía5, al cónyuge a cargo, generalmente mujer, como pensión de derecho propio; otra, que plantearía más dudas y problemas, sería, como en el caso de las pensiones no contributivas, que cuando dentro de una misma familia conviva el beneficiario con el cónyuge a cargo, el importe de la pensión se divida entre los dos.

Miguel Ángel García Díaz (CC OO.)

Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar con vosotros en representación de Comisiones Obreras, aunque esta tarde tengo el encargo de hablar de pensiones, garantía de rentas y pobreza, donde asumí hace aproximadamente 7 meses la coordinación junto a mi compañero Carlos Martín de elaborar un trabajo de investigación para intentar profundizar en el conocimiento de cuál era la situación de los pensionistas españoles y la pobreza y su forma de medición. Este trabajo nos pareció interesante porque el mayor conocimiento de los hechos permite tomar mejores decisiones, y algunas de las conclusiones derivadas de la Encuesta de Condiciones de Vida, el actual mecanismo de evalua-Page 189ción de la situación de pobreza relativa, nos parecían significativas.

Me gusta poner como ejemplo en este tema unas declaraciones del entonces Presidente del Gobierno, Felipe González, quien decía que su padre aunque cobraba la pensión mínima, no se consideraba pobre. La situación de mi padre es similar y el tampoco se considera pobre aunque aparece por debajo de la pobreza relativa según la ECV.

Antes de contar las conclusiones quiero mencionar que para la elaboración de la investigación hemos contado con la inestimable ayuda de varios de los estadísticos del Instituto Nacional de Estadística que realizan la encuesta. También antes de concentrarme en las conclusiones es conveniente reseñar tres elementos importantes del sistema público español de pensiones. Es destacable la amplísima cobertura que permite que todas las personas que tienen más de 65 años o aquellas personas que han sufrido una incapacidad permanente disponen de cobertura del sistema público. En segundo lugar, la cobertura tiene una intensidad cada vez más creciente y aunque las cuantías medias de las pensiones todavía es baja: 681,46 euros en el año 2007 -el equivalente a 1,13 veces el salario mínimo-, esta cantidad significa que en diez años se ha reducido casi cuarenta puntos el porcentaje de pensiones situadas por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (del 89,6% al 52%). La pensión es reflejo del mercado laboral y los avances en las retribuciones salariales repercuten en las pensiones percibidas, siempre teniendo en cuenta que la media oculta la elevada disparidad entre clases y regímenes origen de la prestación (una pensión de jubilación del Régimen General alcanza los 960 euros y un viudo o una viuda, cobra 500,60 euros al mes).

El tercer elemento a destacar son los mecanismos específicos para dar cobertura a las personas en peor situación, concretados en las pensiones no contributivas y en los complementos por mínimos. La primera figura nació en 1990 y, la segunda, tiene un origen anterior pero ha tenido una evolución dispar en el período 1994-2008 dispar dependiendo de las clases de las pensiones. Las pensiones con cónyuge a cargo han crecido, en términos reales, la mitad que el Producto Interior Bruto (PIB) en el mismo periodo, han crecido un 22% frente al 53% del producto nacional español. La mayor parte de la elevación está concentrado en la última legislatura (2004-2008), es decir, 17 puntos de los 22,5% que han crecido en términos reales en el periodo 1994-2008 se ha realizado en la legislatura anterior. Se puede concluir que el esfuerzo aplicado en esta legislatura ha sido muy significativo.

Las pensiones sin cónyuge a cargo, han crecido menos que las de con cónyuge a cargo, un 17% en términos reales, con una evolución muy inferior al crecimiento de la riqueza en España, si bien la mitad del esfuerzo se ha realizado en la última legislatura.

Este resultado permite obtener una conclusión relacionada con la evolución del ciclo económico. El esfuerzo realizado por subir las pensiones por encima de los incrementos aplicados con caracter general para mantener su poder adquisitivo, parece diferente dependiendo de la dirección del ciclo económico. Pido un esfuerzo para imaginar que este incremento se hubiera producido en una etapa negativa o recesiva del ciclo económico, como la que previsiblemente va a sufrir la economía española, entonces la valoración cambia radicalmente y el esfuerzo realizado parecería mucho mayor al superar incluso la creación de renta nacional. La calidad de vida comparada de las personas que perciben el complemento por mínimos en sus pensiones sería mucho mejor, porque el entorno ha ido peor. De modo, que para valorar la evolución de las pensiones es conveniente manejar periodos temporales más amplios que permitan medir mejor su evolución en el contexto donde se mueven.

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Un último elemento de este breve repaso de cómo son las pensiones mínimas, tiene que ver en la comparación de las cuantías mínimas con las personas que cobran el salario mínimo interprofesional, las personas que están en el escalón más bajo de la vida profesional en activo. La pensión con cónyuge a cargo es superior al salario mínimo interprofesional neto, es decir, después de deducir la cuota social del trabajador y el pago en concepto de IRPF. La pensión con cónyuge a cargo es equivalente al 117,2% del salario mínimo interprofesional neto, con un resultado en donde no sale nada mal parada en esta comparación. La pensión sin cónyuge a cargo o de viudedad sigue por debajo del salario mínimo interprofesional neto, pero se le acerca bastante, es al ser equivalente al 94,1%.

Las comparaciones están abiertas a comparaciones, de manera que si se considera bajo o insuficiente el salario mínimo interprofesional, obviamente las pensiones también son bajas, pero el salario mínimo tiene una cuantía determinada que además ha disfrutado de un porcentaje de crecimiento importante en la última legislatura, y algunas de las pensiones mínimas están por encima de la situación equivalente que tendría un trabajador que ocupe el escalafón inferior pero en activo.

Me concentro en el tema de pensiones y pobreza y su medición. Cuando nos enfrentamos a este tema, la primera dificultad a la que tuvimos que hacer frente es definir la pobreza, un concepto muy complicado al ser multidimensional, sobre el que existen muchas ideas. De hecho hay muchas investigaciones al respecto que han profundizado en esta materia que en un ejercicio de síntesis plantean dos categorías de pobreza: la pobreza absoluta y la pobreza relativa. La pobreza absoluta se define más o menos como la imposibilidad de acceder a una relación de bienes básicos, mientras que la pobreza relativa tiene mucho que ver con el lugar donde se vive y el tiempo en el que se vive, porque lo que se está midiendo es la capacidad de una persona para poder acceder a un nivel estándar de vida en un determinado lugar y en un determinado momento de la historia. Desde este criterio, el trabajo se centra en la segunda categoría, la pobreza relativa.

La forma de medir la pobreza relativa, no solamente en España, sino dentro de los países de la Unión Europea, es la Encuesta de Condiciones de Vida que traza una línea, denominada umbral de pobreza, cuantificada en el 60% de la mediana de la renta que tienen los hogares -no la media-. El 50% de los hogares se sitúa por encima y el 50% por debajo del umbral de pobreza. La metodología establece que el 60% de esa mediana de renta, divide en dos partes a los hogares españoles, los que la superan y los que no alcanzan. Hay que insistir en el concepto relativo, no son pobres sino que están por encima o debajo del umbral relativo de pobreza delimitado por el estándar de vida del lugar donde se habita. Los resultados de la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada (2006) elaborada con los datos del ejercicio 2005, establece la mediana de la renta equivalente en 11.433,33 euros, de forma que el umbral de pobreza relativa se calcula en 6.860 euros al año. Con esta cifra calculada con la metodología aplicada en la Encuesta, el 19,9% de la población española estaría por debajo de este umbral de pobreza relativa con la posibilidad de estar en riesgo de sufrir pobreza. Las personas mayores de 65 años muestran una posición bastante peor, porque el 30% de las personas mayores de 65 años aparecen por debajo del umbral de pobreza relativa.

A partir del análisis de los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida en la materia mencionada, intentamos profundizar un poco en cuál era la metodología utilizada para ver hasta que punto se ajusta se ajustaba a la situación real del país y no sólo de los mayores de 65 años sino del conjunto de la población española. En este ejercicio encontramos algunos elementos que generaban un poco de inquietud o, dudas, sobre la forma en que Page 191 eran tratados en la metodología. Básicamente son tres. Comenzando por el de menor incidencia, la representatividad de la población inmigrante dentro de la muestra es inferior a la que tiene en este momento en la población española; un hecho que como habitualmente la población inmigrante tiene unas rentas inferiores a la mediana incidiría en los resultados. Uno segundo, muy difícil de evaluar, es evaluar la incidencia de las prestaciones en especie recibidas por la población, una forma de mejorar la calidad de vida tan importante como los ingresos monetarios. El número de prestaciones en especie es elevado, porque aunque se habla de más de dos: los servicios sociales y la asistencia sanitaria, hay otras como las deducciones en el transporte urbano o acceso a bienes culturales que también sustituyen los ingresos monetarios y, estas prestaciones tienen especial efecto en la población de más edad.

Como información comparativa, la ausencia de asistencia sanitaria pública y gratuita en Estados Unidos hace que la mayor parte de las personas deban dedicar el 25% de su renta a cubrir esa necesidad. La falta de información dificulta la evaluación y cuantificación, pero esa deficiencia no impide reconocer su incidencia y la necesidad de tenerla en cuenta en el futuro cuando se trata de medir la calidad de vida de las personas, ya sea a título individual o colectivo.

Hay un tercer elemento que nos hizo pensar al generar dudas sobre su relevancia práctica, éste es la no imputación como renta de la vivienda en propiedad dentro de la Encuesta de Condiciones de Vida. ¿Por qué? Por la diferencia con los países de la Unión Europea del porcentaje de personas con vivienda en propiedad como fórmula de acceso a este bien básico. En España el 84,8% de la población tiene vivienda en propiedad y en la Unión Europea, con quince miembros, es el 64% del total, hay por tanto, casi 20 puntos de diferencia. La diferencia todavía es mayor entre las personas mayores de 65 años, ya que en España presentan un porcentaje bastante similar a la media, el 83,6% tienen en propiedad su vivienda habitual, mientras que en la Unión Europea a quince, el porcentaje es inferior, sólo el 53,1% de la población mayor de 65 años tienen vivienda en propiedad. Si uno de los objetivos de la Encuesta es permitir la comparación entre países esta encuesta, que se realiza en todos los países de la Unión Europea, esta diferencia influye en los resultados. ¿Por qué es determinante? Porque es un bien básico y porque además ese bien básico es el destino principal del ahorro España. La no inclusión de este elemento distorsiona los resultados de la renta mediana equivalente y del umbral de pobreza relativa.

Con la ayuda de los estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, las personas encargadas de la elaboración de la encuesta, se han realizado algunas simulaciones sobre qué resultados se obtendrían introduciendo como renta la vivienda en propiedad. Se testaron las tres fórmulas permitidas por Eurostat, pero al final utilizamos la más generalizada: el método denominado de Estratificación, donde se minoran los intereses hipotecarios y los gastos asociados a la vivienda, y comprobamos su gran incidencia. A nivel global menor, porque el porcentaje de población que quedaba por debajo del umbral de pobreza relativo, sólo se reduce en 2,2 puntos, hasta el 17,6% de la población, hasta alcanzar un porcentaje muy similar a la media de la Unión Europea. El efecto es mucho mayor en el colectivo de personas mayores de 65 años donde se reduce 11,3 puntos el porcentaje de personas que están situadas por debajo del umbral de pobreza relativa, hasta el 19,3% de la población con esa característica. La reducción no implica que el porcentaje deje de ser digno de mención y que por tanto, no merezca el interés para intentar reducirlo, pero sí se reduce la magnitud bastante por el hecho de incluir una conducta específica de ahorro de la población española. No voy a opinar en este foro sobre esta conducta aunque es conocido mi interés por los temas de vivienda y los Page 192 nada positivos resultados alcanzados después de décadas de apoyo público a la compra de vivienda, pero la realidad muestra que la cultura existe y, por lo tanto, cuando se quiere realizar una medición sobre los ingresos de la población hay que tener en cuenta esta circunstancia. Por este motivo, nos ha parecido interesante incluir como recomendación introducir la modificación en la metodología de la Encuesta que tenga en cuenta como ingresos la imputación de renta por la vivienda en propiedad a través del método de estratificación, junto a mejorar la representatividad de la población inmigrante y el más difícil de solucionar a corto plazo: incorporar las retribuciones en especie disfrutadas por la población española, por lo menos como elemento a incluir cuando se realicen comparaciones con terceros países.

Esta perspectiva ocupa una parte de la investigación, la segunda tiene que ver con las políticas de protección a las personas ubicadas por debajo del umbral de pobreza relativa. En este sentido, hemos comprobado que las personas más alejadas de ese umbral de pobreza, las que están en situación más desfavorable, son los beneficiarios de las pensiones no contributivas. No podría ser de otra forma, por el hecho de tener que diferenciarlas de las contributivas si se pretende no desincentivar el pago de las cuotas sociales por los ingresos reales. En el segundo lugar estarían las personas que forman parte de una unidad familiar donde se percibe la pensión mínima con cónyuge a cargo. La distancia de sus ingresos es del 32,8% por debajo del umbral de pobreza -en el caso de las pensiones no contributivas era del 77,5%- . En un tercer lugar están las pensiones sin cónyuge a cargo, más cercanas al umbral de pobreza, fijada en el 10,3%.

Me quiero concentrar en este último colectivo porque no todas las personas que cobran una pensión sin cónyuge a cargo, están por debajo del umbral de pobreza, sino solamente aquellas personas que viven solas. Del total de personas que cobran la pensión mínima sin cónyuge a cargo, 900.000, sólo una tercera parte viven solas, es decir, un 60% aproximadamente viven en un hogar donde otro de los componentes tiene otro tipo de rentas, incluso el otro cónyuge también cobra una pensión sin cónyuge a cargo por que la prueba de rentas para el acceso es de carácter individual. Las personas ubicadas en este tramo superan ampliamente el umbral de pobreza relativo.

En este terreno, se puede concluir que para mejorar la política de protección dirigida a las personas situadas por debajo del umbral de pobreza, se debe ser más selectivo en la forma de asignación de los incrementos en las pensiones mínimas, y dar prioridad, siempre que se pueda, y digo siempre que se pueda porque si se suben mucho las pensiones no contributivas hay un desincentivo a la contributividad, en primer lugar a las personas que viven solas y a las que viven en un hogar con más de un miembro percibiendo la pensión mínima con cónyuge a cargo; hacer, por tanto, diferencias de acuerdo a las rentas totales de las unidades familiares.

Por último en este afán de mejorar la cobertura e intensidad de las pensiones mínimas hay que recordar la necesidad de emplear una visión global del sistema público de pensiones y como ha repetido Comisiones Obreras de forma taxativa en otras ocasiones, combinar siempre la contributividad con la solidaridad. De esta manera cuando se quieran hacer avances en solidaridad, también hay que hacerlos en contributividad, porque el sistema público de pensiones además de dar cobertura, tiene que buscar ser sostenible financieramente a medio y largo plazo; por tanto, a medida que se realiza el necesario esfuerzo en solidaridad hay que acompañarlos de reformas para reforzar la contributividad para que el conjunto del sistema pueda ser viable, no solamente este año ni al que viene, sino también dentro de 50 años, en un escenario más exigente donde hay que afrontar como mínimo unos 6 millones de pensiones adicionales en el año 2050, Page 193 para pasar de los 8 millones de pensiones actuales hasta 14 millones.

Para mantener la amplia cobertura que ahora destacamos como un elemento reseñable del sistema, 6 millones más de pensiones, y a la vez incrementar la cuantía media de las pensiones nuevas en términos reales, es necesario también hacer esfuerzos de contributividad concretados en las fórmulas de acceso y cálculo de las prestaciones.

La protección de las personas, no solamente de las que están en peor situación sino del conjunto de la población, como ya he mencionado, se tiene que hacer de una manera global en el marco que concede el Pacto de Toledo. Con este planteamiento, no es conveniente tratar las prestaciones económicas de las pensiones de manera aislada, sino que tienen que estar relacionadas con la asistencia sanitaria y con los servicios sociales, con lo que tiene de coordinación entre los niveles de Gobierno, porque de otra manera, se hará un uso ineficiente del gasto público; un comportamiento siempre rechazable pero más en los momentos que vivimos.

Muchas gracias.

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[1] Informe del Consejo de la Unión Europea 7165/03, de 10 de marzo.

[2] En parecidos porcentajes (más del 80% de las personas mayores), se encuentran países como Grecia e Irlanda; con porcentajes algo inferiores: Francia, Italia,...

[3] A nivel comparado, en 2006 España era el país de la Unión Europea después de Chipre con mayor riesgo de pobreza para la población de 65 y más años.

[4] No cuestionamos que sean compatibles, al fin y al cabo las pensiones de viudedad son compatibles con el trabajo y otras pensiones y la incompatibilidad de éstas con el SOVI se había establecido en las normas de aquel seguro; lo que resulta contradictorio es que en determinados supuestos (por ejemplo cuando la pensión mínima de viudedad tiene un complemento de mínimos de escasa cuantía que sería absorbido por la pensión del SOVI) la suma de ambas pensiones puede ser superior a la cuantía de la pensión mínima con cónyuge a cargo.

[5] Podría equivaler, por ejemplo, al 70% del importe de la PNC (aprox. 230 euros, en lugar de los 130 o 123 actuales).