Mecanismos de solución de conflictos derivados de contratos de seguro

Autor:Jordi Sagrera Rull
Páginas:191-210
RESUMEN

De la normativa en las materias de seguros, procedimiento civil, arbitraje, protección de consumidores y usuarios, y condiciones generales de la contratación, se desprenden las reglas para la resolución de conflictos derivados de contratos de seguro. Existen diversos mecanismos legales de resolución de disputas a los que las partes de dichos contratos pueden acudir, varían sustancialmente en... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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I Introducción

Con1 este artículo quiero hacer un repaso general de los diversos mecanismos que la vigente legislación ofrece para la resolución de conflictos derivados de los contratos de seguro, y comentar cuestiones que se plantean al acudir a ellos. Pretende ser una guía, aunque no exhaustiva porque por razones de brevedad no entraré a tratar todos los detalles, sí suficientemente esclarecedora para orientar al profesional del derecho o de los seguros.

En primer lugar, señalar que aunque la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (LOSSEAR)2contiene un artículo, el 97, titulado “Mecanismos de Solución de Conflictos”, en él no se recogen algunas vías dirigidas a la resolución de controversias, previstas en otra normativa de seguros o en la propia LOSSEAR.

El art. 97 LOSSEAR señala los siguientes mecanismos de resolución de los conflictos (cada uno de ellos con las limitaciones que resulten de su normativa específica) que puedan surgir entre tomadores de seguro, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados o derechohabientes de cualesquiera de ellos, con entidades aseguradoras: procedimiento judicial, arbitraje de consumo, mediación,

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arbitraje ordinario, y el procedimiento legalmente previsto para la resolución por las propias entidades aseguradoras de las quejas y reclamaciones que se les planteen.

No obstante, dicho artículo no incluye otras dos vías que pueden ser utilizadas para resolver algunas de estas controversias, que son el comúnmente llamado “procedimiento pericial contradictorio” contemplado en el art. 38 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS), y el procedimiento de protección administrativa para formular quejas y reclamaciones ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), previsto en el art. 119 LOSSEAR. Estos dos procedimientos se circunscriben a cierto tipo de conflictos o, como ocurre con el de protección administrativa, su fin no es propiamente dirimir disputas sino ejercer la labor de supervisión encomendada a la DGSFP. Su no inclusión en el art. 97 LOSSEAR probablemente sea debida a que no concluyen con una decisión vinculante para las partes, pero deben ser tenidos en cuenta cuando se plantea un conflicto con una aseguradora, porque en la práctica normalmente acaban resolviéndolo, o mediatizan en gran medida la eventual continuación del mismo.

Así, una relación más completa de las vías para la solución de conflictos derivados de los contratos de seguro, entre las entidades aseguradoras y las partes de dichos contratos o terceros perjudicados, o sus derechohabientes, incluye los siguientes mecanismos, que en este artículo trataré someramente en el mismo orden:

— Procedimiento pericial contradictorio del art. 38 LCS.
— Procedimiento judicial.
— Mediación.
— Arbitraje: de consumo y ordinario.
— Mecanismos de resolución de quejas y reclamaciones: por las propias entidades aseguradoras y por la DGSFP.

II Procedimiento pericial contradictorio

El art. 38 LCS establece un mecanismo para la valoración de los daños de un siniestro por medio de peritos nombrados por las partes, designándose, en caso de falta de acuerdo entre ellos, a un tercer perito.

Este procedimiento es de aplicación a los seguros de daños y al seguro de accidentes en el caso previsto en el art. 104 LCS. La Ley no excluye de su ámbito a ninguna modalidad aseguradora de daños, pero en la práctica no se aplica a

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determinados tipos de seguro, como el de responsabilidad civil, que, a pesar de su inclusión en el título de la LCS correspondiente a los seguros de daños, tienen una naturaleza que no encaja con este mecanismo de valoración.

El procedimiento, regulado en el art. 38 LCS, básicamente consiste en que si las partes no llegan a un acuerdo sobre el importe y forma de pago de la indemnización en el plazo previsto en el art. 18 LCS3, cada parte deberá designar a un perito, y si éstos no llegaran a un acuerdo sobre el importe a indemnizar, se deignará un tercer perito. El dictamen de los peritos será vinculante para las partes, salvo que se impugne judicialmente por el asegurador en un plazo de 30 días o por el asegurado en uno de 180 días, de manera que si no se ejercita la acción en ese plazo, el dictamen deviene inatacable.

En la práctica, por regla general el asegurador designa su perito tan pronto como se le notifica el siniestro, para evaluar su cobertura y valorar los daños. El asegurado podrá no designar a su perito hasta que el asegurador haya efectuado la valoración, le haga una propuesta de indemnización y existiendo desacuerdo, le requiera para que haga la designación. Ahora bien, por regla general es aconsejable que el asegurado cuente con su propio perito desde un primer momento, pues el del asegurador tenderá a favorecer a éste y la involucración del perito del asegurado pasado un tiempo puede dificultar su labor y situarle en una situación de desventaja frente al del asegurador.

El carácter imperativo de este procedimiento pericial o la posibilidad de eludirlo si cualquiera de las partes acude a un procedimiento judicial o arbitral, ha sido objeto de varios pronunciamientos, no siempre homogéneos, si bien la tesis finalmente seguida por el Tribunal Supremo es que dicho procedimiento pericial es imperativo, sin que se deje margen alguno a la voluntad de las partes, siempre que estando de acuerdo en que el siniestro está cubierto y debe ser indemnizado, no exista acuerdo sobre la indemnización4.

Pero cuando sea patente la ineficacia o inutilidad del procedimiento pericial, como ocurre cuando el asegurador discute la cobertura del siniestro, o da por totalmente pagada la indemnización según acuerdo con el asegurado, no es preciso acudir a esa vía extrajudicial de liquidación del siniestro5, quedando abierta la vía judicial.

Este procedimiento pericial es un mecanismo extrajudicial de valoración del daño, encaminado a lograr un acuerdo sobre el importe y la forma de la indemnización, y no a resolver cuestiones sobre las causas del siniestro y la interpreta-

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ción del contrato6. Es más, diversas sentencias7proclaman que en los casos en que aun no siendo preceptivo las partes siguen el procedimiento pericial del art.
38 LCS, el resultado de éste no es vinculante.

Así, en los casos en que se deniegue totalmente la cobertura, es claro que el asegurado podrá acudir directamente al procedimiento judicial o, en su caso, arbitral, y que cuando se reconozca la cobertura pero exista discrepancia únicamente sobre el importe de la indemnización y la forma de pago, deberá seguirse el procedimiento pericial contradictorio. De lo anterior se infiere que en los casos de cobertura parcial del siniestro puede darse un desdoblamiento de los procedimiento para reclamar al asegurador: por un lado, el asegurado podrá atacar por la vía judicial, o arbitral si así se hubiera convenido, las denegaciones de cobertura que no estén fundadas en la mera cuantificación de los daños y su forma de pago, y, en cambio, deberá seguir con el procedimiento pericial para las que sí lo estén.

El Tribunal Supremo ha declarado la compatibilidad del procedimiento pericial del art. 38 LCS con lo previsto en el art. 18 LCS8, lo que es especialmente relevante a efectos de la obligación de pago por parte del asegurador del importe mínimo que pueda deber dentro de los cuarenta días siguientes a la recepción de la declaración del siniestro y que sea ya conocido en ese momento.

También ha considerado aplicables los intereses de demora del art. 20 LCS a los casos que deban ser resueltos por medio de este procedimiento pericial9, si bien, según lo previsto en el último párrafo del art. 38 LCS, la fecha de inicio del cómputo de los intereses por retraso en el pago de la indemnización será la de cuando el informe de los peritos devenga inatacable10, sin perjuicio de que dichos intereses puedan aplicarse desde una fecha más temprana respecto al importe mínimo de la indemnización que el asegurador pueda conocer con anterioridad según lo previsto en los arts. 18 y 38.8 LCS.

Señalar, por último en relación con este procedimiento, la relativamente reciente sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2016, que recapitula su doctrina acerca de la naturaleza y alcance del mismo y resuelve que el informe de peritos resultante es impugnable, dentro de los plazos que establece el art. 38 LCS -de 30 días en el caso del asegurador y de 180 en el del asegurado- no sólo por razones de forma o procedimiento, sino también por motivos de fondo, cuestión ésta que había generado interpretaciones dispares. No obstante, normalmente no será tarea fácil revertir en sede judicial o arbitral las conclusiones periciales surgidas de un procedimiento en el que han participado, según el caso, dos o tres peritos.

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III Procedimiento judicial

El procedimiento judicial ante los juzgados y tribunales competentes es el primer mecanismo de solución de conflictos previsto por la LOSSEAR (art.
97.1). Se podrá recurrir a él siempre que no exista otro que sea imperativo, como ocurre, por ejemplo, con el procedimiento pericial contradictorio del art. 38 LCS para las discrepancias antes comentadas, o con el arbitraje y la mediación si se ha pactado un convenio de sumisión a estos mecanismos que sea vinculante para las partes.

La jurisdicción competente será la que corresponda según la disputa de que se trate. Los Juzgados de lo Civil son por regla general los competentes para conocer de las controversias derivadas de un contrato de seguro, pero pueden también dirimirse en otras jurisdicciones o tribunales...

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