Análisis de las principales etapas seguidas en el proceso de recapitalización de las distintas cajas de ahorro españolas

Autor:Juan Calvo Vergez
Páginas:179-233
 
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Con fecha de 21 de marzo de 2011 Caja España-Duero y Unicaja firmaron un “preacuerdo genérico” para su fusión. La sociedad resultante de la unión entre Caja España y Caja Duero y la mayor caja de ahorros andaluza admitió la existencia de conversaciones al respecto y la firma de un “preacuerdo genérico” entre sus presidentes con vistas a un eventual proceso de integración. El proyecto de ambas entidades era unirse para crear un banco. La entidad resultante no tendría necesidad de acudir a FROB, ya que el exceso de capital de Unicaja podría hacer frente a las exigencias de unos 450 millones de euros detectadas en la solvencia de Caja España Duero70.

Con fecha de 23 de marzo de 2011 BBK, Vital y Kutxa anunciaron su integración en un banco, dando así el primer paso para su fusión tras llegar a un acuerdo para crear una marca bancaria conjunta y constituyéndose en el sexto grupo de cajas de ahorro del país con 80.000 millones de euros en activos. Las citadas cajas informaron a la CNMV de que la integración se articularía a través de un Sistema Institucional de Protección mediante el cual dichas cajas se mantenían como accionistas, procediendo a volcar el conjunto de su negocio bancario en un banco de nueva creación. De esta

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forma el sector de cajas de ahorro se veía reducido en apenas un año de 45 entidades a 14.

Las citadas entidades procedieron a acelerar su integración para aprove-char las oportunidades de compra derivadas de la debilidad de algunas cajas. Con carácter general ambas entidades mantendrían su identidad jurídica y no habrían de transformarse en fundaciones, si bien debía negociarse el peso de cada una de ellas en el futuro banco, el cual respondería a parámetros tales como los activos, beneficios y patrimonio neto. Y, con fecha de 30 de junio de 2011, se conoció que BBK tendría un 57% del banco que naciese de la fusión de las tres entidades vascas, Kutxa el 32% y Caja Vital el 11%.

A fecha de 24 de marzo de 2011 la integración de cajas lideradas por Cajastur y la CAM se hallaba en un momento crítico. Y ello debido a que si la entidad alicantina no se avenía a realizar cambios en la gestión y saneamientos del grupo, las otras tres cajas que participaban por aquel entonces de dicho SIP (Cajastur, Extremadura y Cantabria) estaban dispuestas a romper con ella para no poner en peligro su propia viabilidad. Este hecho dejaba a CAM en una posición muy débil, ya que se vería abocada a una intervención por parte del Banco de España con su nacionalización.

Por aquel entonces Banco Base era el único SIP que aún no había recibido las ayudas del FROB solicitadas (1.493 millones), a la espera del desen-lace de las fricciones entre sus dos principales accionistas (la caja asturiana y la alicantina). Además, aún no había completado todos los trámites para traspasar su negocio bancario al nuevo banco. Faltaba la aprobación de las Asambleas Generales de las cuatro cajas que componía dicha integración. Se trata, en consecuencia, de la única operación reversible.

Su opción para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia del Gobierno pasaba, indefectiblemente, por una nueva inyección de capital del FROB. Este debate había generado también fricciones en el consejo de Banco Base. CAM era partidaria de una salida a bolsa de la entidad y rechazó que la entidad fuese nacionalizada parcialmente. El resto de socios consideró, en cambio, que dicho planteamiento representaba una temeridad en el actual contexto de mercado71.

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En consecuencia la vía consistente en la captación de capital privado para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia del Gobierno parecía que cada vez estaba más lejos para Banco Base. El grupo se planteó la desinversión en participadas para reducir sus activos. A priori, de acuerdo con el esquema elaborado por el Banco de España, la entidad contaría con un período de dos años para elegir un socio privado que sustituyese al Estado, lo que les daría un mayor plazo para buscar capital y a un mejor precio.

Cajastur y CAM se mantuvieron en Banco Base y solicitaron al FROB
1.447 millones de euros para cumplir con las exigencias de capital establecidas por el Gobierno y mantener la unidad del citado Banco, que terminó formalizando una petición de fondos públicos por un importe de 2.800 millones de euros. Concretamente el plan de recapitalización presentado al Banco de España preveía una solicitud de dinero que prácticamente duplicaba el refuerzo de capital necesario para cumplir con el nuevo listón de solvencia fijado por el Gobierno y el Banco de España. A pesar de que el supervisor cifró este requerimiento en 1.447 millones de euros, la petición de apoyo estatal se elevó tras sumar al importe exigido por el Banco de España otros fondos necesarios para cubrir futuros deterioros del balance y para afrontar los nuevos test de estrés a la banca en Europa. Buena parte de estas necesidades surgían de la mayor debilidad de CAM. Su margen de negocio ordinario cayó un 55% en 2010 y sus reservas se redujeron un 34%, hasta 1.529 millones, tras sanear créditos y participadas contra patrimonio. Los 2.800 millones solicitados por Banco Base, más los 1.493 millones que había recibido ya el pasado año 2010 en la primera ronda de ayudas del FROB elevaron el montante total de apoyos a 4.293 millones de euros.

Sin embargo, con fecha de 30 de marzo de 2011 los socios de CAM en Banco Base (Cajastur, Cantabria y Extremadura) decidieron romper con la caja alicantina y salirse de esta alianza. Ante esta situación, la CAM comunicó a la CNMV que, tras haber sido rechazado el proyecto de segregación de sus negocios financieros a favor de Banco Base, solicitaría ayuda financiera al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, lo que equivalía a su

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nacionalización. Cajastur, Cantabria y Extremadura decidieron romper con CAM porque no querían ver comprometida su viabilidad y la propiedad de la entidad debido a las altas necesidades de fondos públicos. Calcularon que para sacar adelante la operación eran necesarios 2.800 millones de euros, lo que abocaba a la entidad a su completa nacionalización.

CAM era, de las cuatro entidades que integraban el extinto SIP, la que presentaba el balance más debilitado, al necesitar de forma urgente unos
2.000 millones de euros para cumplir con las nuevas exigencias. El patrimonio de la citada caja ascendía a 2.011 millones, por lo que la inyección de los fondos necesarios para cumplir con los nuevos requisitos de capital exigidos por el Gobierno el 18 de febrero de 2011 suponía su nacionalización. Ello implicaba la toma de control de sus órganos de gobierno por parte del FROB. Las cuatro cajas ya habían solicitado, además, al citado Fondo un préstamos de 1.493 millones que no había llegado a ser desembolsado. El principal punto de discordia para acometer la integración fue el relativo a la elevada necesidad de capital público para cumplir con los nuevos mínimos de solvencia. Las cajas que rompieron su alianza señalaron que desconocían los elevados saneamientos que había aflorado CAM en 2010. Su morosidad se situó en el 8,7%, sus reservas se redujeron un 34% por las dotaciones y su negocio cayó un 55%72.

En todo caso el FROB se ahorró en torno a 1.000 millones de euros con la ruptura de Banco Base, proyecto de fusión de Cajastur, Caja Cantabria, Caja Extremadura y Caja de Ahorros del Mediterráneo. Y ello teniendo en cuenta que, como se ha señalado, la fusión de las cuatro cajas de ahorro había solicitado recursos al FROB por importe global 4.231 millones de euros. Esta cantidad incluía 2.784 millones de euros para cumplir con las exigencias de la nueva norma de capital aprobada por el Gobierno, más el respaldo solicitado anteriormente de 1.493 millones de euros y que no había

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sido desembolsado a falta de que se sellaran todos los trámites para culminar la integración. Pues bien, la ruptura de la fusión eliminó necesidades de 400 millones de euros correspondientes a los préstamos de la primera edición del FROB concedidos a tres de las cuatro cajas hasta el 2% de sus activos ponderados por riesgo. A este importe habría que sumar una partida económica de otros 600 millones de euros correspondientes a la segunda edición del FROB derivados de la penalización por el cambio de control de la sociedad que habría de asumir la CAM a raíz de sus contratos con Aegon y General Electric73.

La CAM optó por solicitar 2.800 millones de euros al FROB, al objeto de alcanzar los mínimos de solvencia impuestos por el Gobierno ya que, como es sabido, todas aquellas entidades que no cotizan en los mercados y que tienen un exceso de financiación mayorista deben tener un capital principal de al menos un 10% de sus activos de riesgo. La cifra solicitada por la CAM era casi coincidente con los 2.784 millones que previamente había acordado solicitar Banco Base. Igualmente la CAM acordó convertirse en

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banco, algo obligatorio al pedir fondos públicos. Con dicha aportación de dinero público la CAM superó la barrera del 10% de capital básico (capital de máxima calidad) exigida por el Ejecutivo. Esta petición de dinero público supuso que el Estado se hiciese con el control de la entidad, ya que su capital anterior se calculaba en una horquilla de entre 2.000 y 3.000 millones de euros. La entrada del FROB se efectuaría aplicando importantes descuentos sobre el valor en libros, que podrían rondar incluso el 50% en el caso de la CAM, dada su delicada situación74.

Como es sabido la normativa que regula el nuevo proceso de recapitalización bancaria prevé que las cajas puedan aumentar su solvencia mediante la desinversión de activos. Con esta fórmula CAM reduciría su apelación al FROB y escaparía al control total del Estado. Téngase presente que si la citada caja tuviese únicamente como recurso el dinero público, caería en manos del Banco de España, que trataría de colocarla en el mercado a través de un proceso de subasta pública75.

Por otro lado CAM...

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