Otros límites legales al ejercicio de la acción directa en seguros de responsabilidad civil de Administraciones Públicas

Autor:Eduardo Asensi Pallarés - Iñigo Cid Luna Clares
Cargo:Abogados Asjusa
Páginas:629-639
 
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R.E.S. 2015, 163-164 R.E.S. 2015, 163-164
OTROS LÍMITES LEGALES AL EJERCICIO DE LA
ACCIÓN DIRECTA EN SEGUROS DE RESPONSABI-
LIDAD DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
EDUARDO ASENSI PALLARÉS
IÑIGO CID-LUNA CLARES
Abogados AsjusaAbogados Asjusa
En este 35º aniversario de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato
de Seguro, coincidiendo con la tramitación de la reforma de la misma y su
inclusión en el nuevo Código Mercantil, observamos que continúa evolucio-
nando y generando debate ante nuestros Tribunales una de las cuestiones más
controvertidas de los últimos 20 años: el ejercicio de la acción directa frente a la
aseguradora de una Administración Pública.
En este largo periodo se ha pasado por varios escenarios que, en relación con
el aseguramiento de las Administraciones Públicas, son radicalmente opuestos,
a saber:
Lejos queda ya el denominado por doctrina y Jurisprudencia como “peregri-
naje jurisdiccional1 que condujo a la reforma de las normas que afectan a la res-
ponsabilidad patrimonial y competencia para su enjuiciamientoi2
para tratar de
1 Consistente en la problemática que desde el punto de vista de competencia conllevaban las acciones
contra las Administraciones Públicas, puesto que en muchas ocasiones podían declararse competentes,
o bien incompetentes, los Órdenes Jurisdiccionales Contencioso-Administrativo, Civil e, incluso, So-
cial, dando lugar a una importante confusión por parte de los ciudadanos y demás operadores jurídicos
y a una dispersión de los criterios Jurisprudenciales sobre las materias.
i Exposición Motivos Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa:
“Los principios de su peculiar régimen jurídico, que tiene cobertura constitucional, son de naturaleza “pública y hoy en día
la ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a través de un mismo tipo de procedimiento administrativo. Por
eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, evitando la dispersión de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial,
salvo, como es lógico, en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisión de una infracción penal”.
Mediante la Ley 4/1999 se introduce en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, una disposición adicio-

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