Los Derechos y Libertades de los inmigrantes en el modelo Estadounidense. A propósito de la Arizona Inmigration Law SB 1070.
| Autor | Óscar Celador Angón |
| Cargo | Universidad Carlos III de Madrid |
| Páginas | 147-177 |
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La sociedad multicultural y globalizada no puede entenderse sin el fenómeno de la migración, ya que precisamente si por algo se está caracterizando el siglo XXI es por la movilidad y el tráfico constante de seres humanos de unas sociedades a otras, con el consecuente impacto que esta situación genera a nivel económico, social y político. Uno de los principales protagonistas de este debate es la sociedad estadounidense, tanto por la importancia que el fenómeno migratorio ha tenido en este país en las últimas décadas, como por conformarse como una nación formada por inmigrantes de todas las partes del mundo desde sus primeros pasos fundacionales.
El interés del modelo migratorio estadounidense reside en que presenta una serie de características que le confieren una personalidad propia. Prime-ro, la inmigración que ha recibido Estados Unidos se ha caracterizado tradicionalmente por su pluralismo, ya que las diferentes políticas diseñadas por el legislador estadounidense han permitido el asentamiento de millones de inmigrantes de diferentes nacionalidades y orígenes geográficos. Segundo, el carácter multicultural que tradicionalmente ha caracterizado a los flujos migratorios que se han asentado en Estados Unidos ha servido para redefinir una y otra vez el sustrato cultural y sociológico de este país, como consecuencia de la creación de numerosas minorías étnicas y raciales. Tercero, el modelo migratorio estadounidense se ha venido caracterizando por una enorme generosidad en el terreno de la adquisición de la nacionalidad, ya que junto a la posibilidad de adquirir la misma por nacimiento en territorio estadounidense, y del ius sanguini mediante la descendencia de al menos
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un ciudadano estadounidense, convive un proceso de naturalización muy reducido en lo referente a los tiempos de residencia2.
Este marco jurídico ha permitido que la inmigración se haya conformado como una fuente de recursos humanos capital para poder mantener el dinamismo económico e industrial estadounidense. Sin embargo, en las últimas décadas la relación entre la oferta y la demanda de permisos para emigrar a Estados Unidos se ha desfasado de forma considerable, permitiendo el establecimiento de una masa de población de varios millones de personas que carece de permiso para residir o permanecer en territorio estadounidense. Esta dinámica puede haberse roto de forma drástica debido a la Ley de Inmigración que en mayo de 2010 ha aprobado el Estado de Arizona, aprovechando que el gobierno federal no acaba de aprobar una ley de ámbito nacional que solucione el problema de la inmigración. La ley de Arizona incorpora tanto las ideas del sector ultra conservador republicano como sus posiciones en torno a la inmigración y el papel que las minorías étnicas deben desempeñar en la sociedad estadounidense, y ha servido para poner sobre el tapete político el debate sobre la situación jurídica de los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que residen y trabajan en EEUU, de acuerdo con las estadísticas que maneja el propio gobierno3.
Así las cosas, el presente estudio pretende analizar las principales políticas públicas y la legislación estadounidense en el contexto migratorio, con el objeto de determinar cuáles son las principales virtudes y lagunas que en la actualidad presenta el modelo migratorio. Para ello, será necesario responder una serie de cuestiones como, por ejemplo, ¿quién tiene la competencia para regular la inmigración?, ¿cómo ha evolucionado la política migratoria?, ¿por qué residen más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos?, o ¿qué derechos reconoce el ordenamiento jurídico a los inmigrantes indocumentados? Una vez respondidas estas cuestiones centraremos nuestro estudio en el ámbito local, para analizar qué motivos han impulsado al legislador de Arizona a aprobar una ley que criminaliza la inmigración ilegal, cuáles han sido los argumentos utilizados por el gobierno
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federal para recurrir su ejecución, y por qué motivos ha sido suspendida cautelarmente la aplicación de los principales artículos de la norma de Arizona. En último lugar, intentaremos encajar el puzzle que ha diseñado el legislador estadounidense para diseñar su modelo migratorio y ofrecer las claves de lectura de los textos legales en la materia.
Uno de los temas más complejos en el derecho constitucional estadouni-dense es el reparto de competencias entre el gobierno federal y los Estados miembros. Se trata de un debate enrevesado que exige interpretar diversos artículos y enmiendas a la Constitución federal estadounidense; por este motivo, salvo en aquellos supuestos en los que la Constitución delega expresamente competencias al gobierno federal, el reparto de competencias ha venido siendo realizado por el Tribunal Supremo federal, atendiendo a la lógica constitucional y a las prerrogativas que el gobierno federal debe ejercer para el correcto funcionamiento del país4.
El acceso a la nacionalidad se menciona en el párrafo cuarto de la sección 8 del artículo primero de la Constitución federal, donde se dice que el Congreso tendrá la competencia "para establecer un régimen uniforme de naturalización y leyes uniformes en materia de quiebra en todos los Estados Unidos" así como para "expedir todas las leyes que sean necesarias y convenientes para llevar a efecto los poderes anteriores y todos los demás que esta Constitución confiere al gobierno de los Estados Unidos o cualquiera de sus departamentos o funcionarios". Por su parte, el párrafo primero de la decimocuarta enmienda a la Constitución federal señala que "Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta por ello a tal jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que resida. Ningún Estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos".
El Tribunal Supremo tuvo ocasión de pronunciarse sobre esta temática en dos polémicas decisiones en el siglo XIX, donde estableció la "plenary power doctrine", según la cual el gobierno federal tiene la competencia para
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regular todo lo relacionado con el acceso a la ciudadanía y, por lo tanto, lo concerniente al estatuto jurídico de los extranjeros.
En 1849 el Tribunal Supremo se pronunció sobre la legalidad de que varios Estados hubieran establecido el pago de una tasa a aquellos sujetos que quisiesen emigrar a Estados Unidos, y aprobado normas que prohibían, por ejemplo, la entrada de los negros en sus respectivos territorios; el Tribunal anuló las disposiciones mencionadas, y estableció que de acuerdo con el marco constitucional sólo el gobierno federal podía regular la inmigración5.
En la sentencia que resolvió el caso Chae Chang Ping v US6, el Tribunal Supremo se pronunció sobre la demanda presentada por un ciudadano chino que, después de haber residido legalmente en Estados Unidos durante 12 años, decidió regresar temporalmente a China. Durante el viaje del señor Chae, el gobierno federal aprobó el Chinese exclusión Act, que prohibió la entrada de los ciudadanos chinos a Estados Unidos, por lo que el señor Chae no fue admitido al país después de su viaje. El Tribunal Supremo estableció que el gobierno federal tenía la competencia para determinar qué extranjeros y en qué circunstancias podían entrar al país y, al tener el señor Chae nacionalidad china, se le podía denegar lícitamente la entrada a los Estados Unidos. Esta jurisprudencia fue reiterada en el asunto Chae in Fong Yue Ting v US7, cuando el Tribunal Supremo enjuició la constitucionalidad de una norma federal que establecía que los ciudadanos chinos que solicitasen la ciudadanía estadounidense debían contar con el aval de dos testigos de raza blanca, y el Tribunal estableció que el Congreso federal era la única autoridad competente para regular el acceso a la ciudadanía, por lo que se declaró incompetente para pronunciarse sobre el asunto.
Como ha señalado Romero, desde finales del siglo XIX la jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha mostrado ninguna grieta respecto a la posibilidad de que los Estados puedan regular la inmigración o el estatuto jurídico de los extranjeros que residan en sus territorios8. Esto no quiere decir que no existan fricciones entre los Estados y el gobierno federal en este contexto. Un
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excelente ejemplo de la lucha entre los Estados y el gobierno federal por regular los derechos de los inmigrantes, lo encontramos en la propuesta 187 del Estado de California, que fue aprobada en referéndum con el voto del 59% de los electores californianos. La propuesta 187 establecía, junto a otras medidas claramente discriminatorias, que los funcionarios públicos debían negar la concesión de servicios asistenciales, como la educación o la sanidad, a todos aquellos que pudieran ser sospechosos de ser inmigrantes indocumentados, en cuyo caso debían notificar sus sospechas a las autoridades de inmigración9. La disposición fue anulada por la jurisdicción federal por lo que no llegó a aplicarse, pero generó un debate político y social que propició la aprobación por parte del gobierno federal del...
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