Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. (BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2011)
| Autor | Eva Blasco Hedo |
| Cargo | Responsable de la Unidad de Investigación y Formación del CIEDA- CIEMAT |
| Páginas | 30-34 |
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Temas clave: Economía sostenible; Desarrollo sostenible; Dominio público; Eficiencia energética; Energía; Energías Renovables; Residuos; Transportes; Vehículos; Sanidad vegetal; Hidrocarburos; Contaminación Atmosférica; Comisión Nacional de la Energía
Resumen:
Después de largos períodos de letargo en su tramitación, ha salido a la luz la presumiblemente esperada Ley de Economía Sostenible, cuyo objeto es introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear las condiciones idóneas que favorezcan un desarrollo económico sostenible, dentro de un marco de crisis económica internacional, que ha obligado a nuestro país, siguiendo las pautas adoptadas por los países del G20 a adoptar una serie de medidas que impidan las graves consecuencias de la caída de nuestra actividad económica.
Creo necesario introducir en este comentario la definición que de economía sostenible nos brinda su artículo 2, base de resto de su articulado, entendiendo por tal un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.
Esta Ley se estructura en un Título preliminar donde se incluye el objeto, la definición citada y sus principios informadores, entre los que destacan la mejora de la competitividad, la racionalización de las Administraciones Públicas, el fomento de la capacidad innovadora de las empresas, el ahorro y la eficiencia energética, la promoción de las energías limpias y la racionalización de la construcción residencial.
A continuación se incluyen otros cuatro Títulos. El primero relativo a la Mejora del entorno económico en el que se adoptan reformas en la actuación de todas las administraciones públicas. El Título II se refiere a la Competitividad a través del desarrollo de la sociedad de la información y de un nuevo marco del sistema I+D+i, además incide en la remoción de obstáculos administrativos en la línea de la Directiva de servicios y en la importancia de la actuación de las empresas en el ámbito internacional. El Título III se centra en la Sostenibilidad medioambiental y el IV en los Instrumentos para la aplicación y evaluación de la Ley; abarcando un total de 114 artículos. Continúa con nada menos que
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veinte Disposiciones Adicionales, nueve Transitorias, una Derogatoria, 60 Disposiciones Finales y un Anexo a la Disposición adicional sexta relativo a los datos para el cálculo de los costes de utilización de los vehículos de transporte por carretera durante su vida útil.
Con el telón de fondo de la renovación de nuestro modelo productivo y con la intención de posibilitar el avance de nuevas actividades, esta Ley articula un ambicioso programa de reformas que incide directa o indirectamente en todos los sectores que podamos imaginar relacionados con la competitividad: economía, innovación, formación, medioambiente...
Al margen de estas breves pinceladas, nos detendremos en el Título III...
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