La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo
| Autor | Enrique Agudo Fernández - Manuel Jaén Vallejo - Ángel Luis Perrino Pérez |
| Cargo del Autor | Magistrado - Magistrado - Fiscal |
| Páginas | 183-188 |
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El terrorismo sufrido por España durante décadas es sin duda la causa de que en nuestro país se haya desarrollado una especial sensibilidad con las víctimas de este fenómeno125. Por ello, en nues-
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tro ordenamiento jurídico la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, parte ya de la premisa de que las víctimas del terrorismo constituyen un referente ético para nuestro sistema democrático, al simbolizar la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista, lo que obliga a los poderes públicos a garantizar que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos y para asegurar la tutela efectiva de su dignidad, pues como dice esta misma Ley en su exposición de motivos "las víctimas del terrorismo son, en efecto, víctimas de violaciones de derechos humanos"126.
El objeto de la Ley 29/2011, que se desarrolla a partir de los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad, no es otro que ofrecer el merecido reconocimiento a las víctimas del terrorismo, para lo cual establece un sistema de indemnizaciones, ayudas, prestaciones, garantías y condecoraciones con la finalidad de reconocer y atenuar, en la medida de lo posible, las consecuencias que las acciones terroristas han ocasionado a las víctimas, a sus familias o a las personas que hayan sufrido daños como consecuencia de estas acciones. De forma consecuente con lo anterior, las Administraciones públicas deberán reconocer y promover la dignidad, la memoria y la Justicia para con las víctimas del terrorismo, asegurando en todo caso su acceso a una reparación efectiva y a una protección integral.
Especial importancia tiene en la Ley el resarcimiento de las víctimas mediante las correspondientes indemnizaciones y mediante las ayudas previstas en la propia Ley, así como el fortalecimiento de las medidas de atención a las víctimas del terrorismo, lo que requiere dotar a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito de la protección social y de los servicios sociales y sanitarios.
La Ley se preocupa igualmente de que el acceso por parte de las víctimas del terrorismo a los servicios puestos a su disposición pueda verificarse de forma rápida, transparente y eficaz, estableciendo para ello mecanismos de flexibilización y coordinación en el conjunto de
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trámites administrativos que son precisos para obtener las indemnizaciones, ayudas y prestaciones previstas en la Ley.
Finalmente, la Ley 29/2011 establece un marco específico para el tratamiento procesal de las víctimas del...
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