El lenguaje de la Administración

Es una gran satisfacción para mí volver sobre un tema que hace diez años los autores del Manual de estilo del lenguaje administrativo¹ acometimos con más entusiasmo que camino andado; hoy podemos constatar que el lenguaje administrativo se ha convertido en materia objeto de estudio en la universidad y ha entrado en la esfera de preocupaciones de políticos y cuantas personas se afanan por desterrar la discriminación lingüística. Dicho lo cual, intentaré exponer, pues, con la objetividad que proporciona el paso del tiempo, cómo concibo el lenguaje de la Administración (la). En la introducción del citado Manual, se puede leer que la expresión lenguaje administrativo, título de mi intervención, hace referencia a dos conceptos —lenguaje y Administración pública— que pueden ser estudiados de manera independiente o unidos, en este último caso, proyectándolos a la vez sobre un mismo ámbito o realidad.² Pues bien, veamos qué se entiende por Administración pública y por lenguaje:

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1.º En el Diccionario de la Real Academia Española,³ Administración pública se define como «organización ordenada a la gestión de los servicios y a la ejecución de las leyes en una esfera política determinada, con independencia del poder legislativo y el poder judicial». En otras palabras, según el diccionario, la Administración pública es organismo de gestión y ejecución, que se expresa a través de unos textos que varían sustancialmente en función de los sectores de actividad diferenciados y existentes en ella⁴ y que, en tanto subsistemas que forman parte de un lenguaje administrativo común, dan lugar a varios tipos de documentos, o géneros de documentos, según el registro y estilo utilizados.⁵

2.º Por lenguaje, bajo la acepción 5ª, el Diccionario de la RAE entiende: «Uso del habla o facultad de hablar». El lenguaje es, a un tiempo, facultad y actividad humana de comunicarse mediante signos verbales. Como facultad, es distintivo exclusivo de los seres humanos frente a los animales, totalmente incapaces de articular signos verbales. Por ello, Miguel de Unamuno escribió que, cuando pensamos en silencio, estamos pensando con palabras, «pensando palabras» —dijo—; y, sin esa verbalización interna, el pensamiento sería informe, inviable. Lo que con esta cita estoy resaltando es la esencial relación entre el lenguaje y el pensamiento, algo en que estuvieron y están de acuerdo filósofos como J. Locke (1690), Johann G. Herder (1772), W. Von Humboldt (1820), Jaume Balmes (1846), H. Bergson (1904); lingüistas como E. Benot (1910), Jean Piaget (1923) o Chomsky (1968) y científicos como María Cristina Musso y su equipo de la Universidad de Hamburgo, quienes han conseguido identificar por primera vez la región del cerebro humano donde aparentemente reside la gramática universal que comparten todos los lenguajes humanos.⁶ Permítanme añadir, en este sentido, que al conocimiento de la realidad, la que percibimos a través de los sentidos, llegamos principalmente a través de signos verbales que, traducidos a conceptos, volvemos a proyectar sobre esa realidad (realia) externa en busca de la debida y necesaria adecuación concepto ←→ realidad. Hay, pues, dos mundos o realidades entre las que el ser humano consciente o inconscientemente se debate: el mundo mental (interior) proporcionado por los signos verbales y el mundo real (exterior, que denomi-Page 15namos realidad) percibido por nuestros sentidos. Entre ambos mundos media el lenguaje. Y también a ellos les corresponden dos concepciones que, llevadas al extremo, enfrentaron y todavía siguen enfrentando de vez en cuando a filósofos y lingüistas: de un lado, estuvieron en otro tiempo los nominalistas y, de otro, los realistas; dos facciones que hoy están disfrazadas bajo otras denominaciones tales como mentalistas y empiritas, cognitivistas y funcionalistas, etc.

Pero el lenguaje también es actividad; como actividad es esencialmente uso lingüístico, con una doble manifestación real y perceptible de esa facultad: la manifestación oral y la manifestación escrita. Hablar, mal que bien, todos los seres humanos hablan, o al menos lo intentamos cuando balbuceamos. La manifestación oral está, salvo lesión, al alcance de la mayoría. Pero la manifestación escrita (escribir), comunicarnos por escrito, ya es negocio de minoría. Como dijo fray Luis de León, es oficio de mucho juicio, tino y discernimiento. Exige preparación y aprendizaje; oficio, en una palabra.

Pues bien, el lenguaje de la Administración (la) es el uso idiomático que, para la ejecución de las leyes y para la gestión de los servicios, ha ido creando y acuñando a través del tiempo la burocracia del Estado moderno en sus relaciones internas y en sus relaciones externas con los ciudadanos.7 He aquí, pues, delimitado el tema sobre el que primeramente voy a reflexionar: ¿cómo se manifiesta y qué es el la?

Solamente existen las lenguas que se hablan, las que aprendemos de nuestras madres; por ello, se denominan comúnmente lenguas maternas, según el termino acuñado en el Renacimiento por el italiano Nicolao Perotto. Las que carecen de hablantes nativos, las catalogamos como lenguas muertas; es el caso del griego o del latín (me dirán que todavía se conservan en la modalidad escrita; ciertamente, pero son textos escritos, definitivamente fijados, invariables y, por tanto, inalterables; pertenecen a tipo de lenguas llamadas muertas que engruesan la historia de la cultura). La lengua española es una lengua viva, porque es portadora de una cultura histó-Page 16rica y porque cuenta con hablantes que la utilizan; y es una realidad perceptible, experimental en el momento en que la usamos. La manifestación del uso oral es lo único que percibimos los lingüistas como realidad idiomática, o como realización de esa abstracción que denominamos lengua, sistema de reglas, o competencia lingüística. Es, en definitiva, lo que podemos investigar experimentalmente. Parece, pues, que la modalidad oral, el hecho de que se hable una lengua (la oralidad),⁸ es una de las notas características más relevantes de una lengua viva.

La oralidad se percibe en el acto de comunicación, cuando empleamos la lengua para transmitir mensajes. En todo acto de comunicación, desde Ferdinand de Saussure (1917)⁹ y R. Jakobson (1963)¹⁰ y, sobre todo, desde l. R. Searle (1969),¹¹ J. L. Austin (1970),¹² E. Benveniste (1966)¹³ suele distinguirse entre discursos adaptados a los oyentes y discursos moldeados a imagen y semejanza del emisor, que ignora a su público, por ejemplo; entre discursos explícitos (o autónomos) y discursos implícitos, o de situación;14 en suma, siguiendo al lingüista inglés Randolph Quirk¹⁵ (1978: 33), podemos analizar un discurso: 1º) según la materia o actividad que implica la comunicación (field); 2º) según el medio a través de que se produce la acción de comunicación, ondas o papel, pues condiciona la expresión del mensaje (medium); 3º) según el grado o tipo de relación (formal, informal o neutra, con implicaciones de vocabulario y sintaxis) que se establece entre emisor y receptor que participan en la comunicación de acuerdo con el tema y el propósito de la comunicación (attitude). Pues bien, si analizamos el acto lingüístico de comunicación que se establece entre hablantes normales y lo comparamos con el acto de comunicación que se establece entre la Administración y los ciudadanos, constatamos lo siguiente:

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En primer lugar, podemos advertir que, en el acto lingüístico de comunicación, el emisor/hablante y el receptor/oyente siempre están presentes y comparten la misma situación comunicativa. Por el contrario, en el acto comunicativo de la Administración, el emisor nunca está presente, porque al Estado omnipresente nunca se le ve: o bien se disfraza de impersonalidad (Se le comunica, se le notifica...) o bien se convierte en plural asociativo de órgano gestor (Le comunicamos, nos complace informarle que su recurso ha sido estimado...) o se lexicaliza hablando por terceras personas (Esta delegación del Gobierno, esta dependencia...) o habla por personas en las que delega alguna responsabilidad de ejecución (Don fulano de tal, Magistrado..., mando y ordeno; Don fulano de tal, juez de..., juzgo y fallo...). Raras veces es el emisor una primera persona (Yo o Tú, discursivos), porque el Estado descansa en el imperio de la ley y ésta es impersonal, absoluta y universal; no admite excepciones. En conclusión, el emisor de la la casi siempre es una tercera persona.¹⁶

Por otro lado, el receptor del acto de la Administración no es más que una variedad de hablante cuyos deberes cívicos le colocan inevitablemente en situaciones de comunicación similares a las de todos los demás. Todos hemos de vérnoslas alguna vez con la Administración pública en nuestras vidas. Para empezar, la omnipresencia de la lengua del Estado hace inevitable el contacto de todo hablante-ciudadano a través de una variedad de español que no es auténticamente vernácula, es decir, oral, y que lo deja muchas veces indefenso en virtud de que es un oyente (receptor) peculiar: no puede preguntar ni dialogar; escucha y tiene que comprender; calla y tiene que actuar. Es un receptor pasivo al que la ignorancia, o la no comprensión del mensaje administrativo no le exime de culpa. (Es el divino (im)paciente administrado).

En los demás actos comunicativos, se puede establecer una retroalimentación (feedback, en terminología inglesa), volver atrás para que la comunicación continúe y sea viable. Un verdadero acto de comunicación exige intercambio de información fluida hasta que se agote, momento en que se interrumpe el acto comunicativo.

Como puede verse, en acto comunicativo del la hay una voluntad de ocultamiento del emisor, y lo que caracteriza una verdadera comunicaciónPage 18verbal es la posibilidad de interacción: que el circuito del habla permita a la comunicación fluir desde el emisor hasta el receptor y viceversa.

De lo expuesto hasta aquí, también se sigue que, en el acto comunicativo de la Administración, el emisor y el receptor no suelen estar copresentes en el mismo, no coinciden ni en el tiempo ni en la situación.

En segundo lugar, podemos comprobar que el canal, o medio físico que sirve de soporte para la transmisión de los mensajes suelen ser las ondas sonoras en la comunicación hablada; las ondas hertzianas, en la radio; el papel, en la comunicación escrita. La modalidad históricamente característica del la ha sido y es la lengua escrita..17 Pues bien, en la lengua escrita faltan por completo, como bien señalaron desde el gaditano E. Benot (1910)¹⁸ hasta M. A. K. Halliday (1989),¹⁹ los elementos prosódicos, todo el lenguaje gestual que tanta repercusión directa e indirecta tiene sobre el mensaje; el contexto o situación en que se produjo el mensaje, etc. Todo esto exige, en un caso, ser reproducido como, por ejemplo, el contexto situacional, y, en otro, ser suplido por signos como son los de los elementos prosódicos. Pero hay más todavía: la modalidad escrita requiere que las palabras se encadenen en la frase según un orden gramatical más rígido y regulado, mientras que en la modalidad oral este orden puede y debe ser más flexible para agilizar la comunicación y, por ello, es sustituido por un orden más subjetivo y menos regulado en el que el hablante pone de relieve lo que considera más importante.²⁰ Sirva de ejemplo ilustrador de la diferencia entre texto escrito y texto oral la anécdota que refiere A. Machado de sus conversaciones con el poeta Juan de Mairena (1865-1909) sobre el logos variopinto. Parece que ordenó a un alumno salir a la pizarra y escribir una frase:

—Los eventos que acontecen en la rúa

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El alumno escribió sin dificultad: Los eventos...en la rúa

—Bien, bórrelo Vd., vuelva al pupitre y repita lo escrito —le ordenó. —Lo que pasa en la calle —contestó el alumno.

Lo que escribió en la pizarra y lo que repitió desde el pupitre es diferente y esa diferencia es la que impone el canal o medio de expresión al mensaje.²¹ Lo que sería viable, y hasta aceptable en un texto escrito del barroco, resulta una estolidez inaceptable en el texto oral. Una cosa es el texto escrito y otra, muy diferente, el texto oral.

El canal, soporte de papel o informático utilizado por la Administración, impone la modalidad escrita como lengua casi exclusiva del acto administrativo.

En tercer lugar, sabemos que la lengua de los actos de comunicación ordinaria también varía según la materia. Por ello, la materia de los actos de la Administración ha ido condicionando históricamente, primero, el empleo y selección de un léxico específico, muy cercano a la terminología del lenguaje científico (tecnolecto), y adecuado para la finalidad comunicativa; y después, la burocracia estatal ha ido forjando una sintaxis precisa y, por tanto, sembrada de muchos incisos, por exigencias no sólo de la materia en la que se busca la seguridad jurídica, sino también por el hecho de que el la se ha desarrollado casi exclusivamente en la modalidad escrita, lo que le confiere algún parecido con otros tipos de lenguajes específicos en los que se busca la objetividad y la eficacia comunicativa. Recuerden que es un hecho históricamente comprobado que las constituciones, las leyes y los códigos no han conocido otra modalidad de manifestación que la lengua escrita; por el contrario, las crónicas y los romances nos han llegado preferentemente a través de la versión oral y no de la escrita.

En cuarto lugar, y por último, hemos de resaltar que el mensaje o materia del acto del la también condiciona y hasta favorece la creación de un tipo de lengua especial, no un sistema de lengua distinto de la lengua española, sino una selección, o especialización de sus formas léxicas, sintácticasPage 20y estilísticas. La lengua común, o estándar, adquiere formas características y significados especiales cuando se aplica sobre ámbitos de actividad profesional, formando las denominadas lenguas de especialidad, que no son sino variedades funcionales en uso dentro de la lengua común y compatibles con ella; pues bien, uno de esos lenguajes específicos en uso es el la.²²

El mensaje de la Administración (normalmente, de resolución, de instrucción, de comunicación y notificación, etc.) ha ido conformado un estado de lengua elaborado, fruto de una cultura burocrática (Manuel Martínez Bargueño, 1995), que permaneció ajena al circuito del habla por el que discurre el uso de las lenguas maternas. El la es un tipo de lengua que no se adquiere por el uso, o por el habla, sino que se impone en virtud de una propiedad particular que no comparten otros usos gobernados por la norma común.²³ Es una lengua y mensaje a la vez que se aprende para ser reproducida en la modalidad escrita y apenas admite variación. El español común se impone espontáneamente por voluntad de la mayoría de los hablantes; se aprende y admite todo tipo de variación y modificación espontánea de los mensajes con independencia de la especialidad. La lengua de la Administración no se deja clasificar bien dentro de la conocida tipología según el grado de abstracción del lenguaje, la artificiosidad, la sintaxis y los participantes en la comunicación, recogida por F. Moreno Fernández (2001: 5) y que lleva a distinguir cuatro clases de variedades de especialidad: lenguajes profesionales, lenguajes técnicos, lenguajes científico y lenguajes simbólicos.

Conviene saber que en la bibliografía existente sobre el la hay autores que han cuestionado la existencia del la como lengua especial. Es el caso de Jacques Gandoin (1986: 84).²⁴ Hay otros que sostienen que los límitesPage 21entre la lengua general y la lengua de especialidad son difíciles de precisar. Es la tesis defendida por M. Teresa Cabré (1993:214-215),²⁵ quien en su estudio La terminología sostiene que «dentro de un mismo campo de especialidad también pueden coexistir efectivamente unidades formales idénticas con significado diferente». La relación unívoca entre el significante y el significado de un signo deja de existir cuando hay varias formas de expresar lo mismo. No es el caso de la lengua de la Administración, donde un léxico de base jurídica ha de ser utilizado con suma precisión.

El la, al menos en modalidad escrita y en la variante de comunicación directa entre Administración y particulares, cuenta con unas características propias, no solo de léxico, gramática y estilo,²⁶ sino también de teoría lingüística tales que —como ya hemos señalado arriba— son suficientes para afirmar que existe un lenguaje específico de la Administración pública. Por consiguiente, desde estas premisas no parece susceptible de duda la existencia de una modalidad de lengua o uso identificado como lengua de la Administración, que deriva de la lengua común, pero se diferencia de ella en varios aspectos. El lenguaje de la Administración es, en parte, lenguaje técnico jurídico; en una alta proporción, lenguaje específico; y sólo en una baja proporción, lengua común. Traducidos a términos cuantitativos, de los 535 términos registrados en el Manual de Estilo, el 70% posee un significado ajeno al de la lengua común: pertenecen a esta clase términos como consignar, conformidad, conducto, elevar un escrito, epigrafiado, decaer en su derecho, dejar sin efecto, providencia... El 30% restante conoce un uso semejante al común.

Para ver qué es lo que diferencia una y otra realidad de lengua, hemos tenido en cuenta a Enrique Alcaraz Varó (1994/2001), a Enrique Alcaraz Varó & Brian Hugues (1993) y, sobre todo, a Philippe Barbaud²⁷ de cuyoPage 22análisis hemos preferido partir. Este autor se propuso estudiar las relaciones existente entre lengua de la Administración y la lengua común y es hasta ahora la más exacta caracterización que sobre este tema conocemos. Según Philippe Barbaud, los hablantes comunes somos depositarios de la lengua, pero hemos de hacernos también accionistas de la lengua de la Administración, y esto nos coloca en una situación no sólo de indefensión por no comprender dicha lengua, sino también de desigualdad porque no todos pueden llegar a ser accionistas, por las razones siguientes:

1. Porque la comunicación entre la Administración y el ciudadano no participa de las características de una comunicación lingüística normal.

2. Porque el la es una elaboración sociocultural sui generis, fruto de estadios evolutivos distintos en la historia de la lengua.

Por consiguiente, voy a detenerme en analizar las características lingüísticas que son privativas del la y que la diferencian de otro tipo de lenguajes también funcionales que interactúan dentro del sistema común del español.

En las sociedades democráticas contemporáneas, muchos grupos son refractarios a la invasión estatal de sectores de actividad individual. En el plano lingüístico, el temor es que la intervención de la Administración conduzca a la creación de un nuevo hablar (new speak) y al control del pensamiento creador. Esta referencia a George Orwell corre en filigrana en el texto de J. A Fishman, quien, a pesar de todo, afirmó que nada justifica las fricciones humanistas que suscitan los programas de mejora del lenguaje. Después de haber abordado los nacionalismos y la pureza lingüística, Fishman termina con reflexiones sobre el papel que corresponde a la escuela en la mejora lingüística. Y no cree que la escuela tenga una función prioritaria. Y se pregunta si el lugar que los lingüistas-planificadores acuerdan conceder a la enseñanza en la implantación de una norma no proviene más de una deformación personal (ya que son seleccionados en su mayoría de medios literarios e intelectuales) que de un análisis de la realidad.

La lengua de la Administración es, en primer lugar, una realidad perceptible, aunque no de producción individual. Para comprender el esquema comunicativo Administración-administrados, hay que partir del cuadro de la comunicación verbal de R. Jakobson y ver en qué coincide y en qué se diferencia la lengua del Estado de la lengua común.

La lengua de la Administración posee caracteres específicos y caracteres socioculturales, productos de la actividad histórica de la Administración. Entre los primeros, he señalado el hecho de que la pérdida de control del circuito del habla por parte del hablante, que es una realidad de percepción más que de producción, que es un circuito verbal de información más que de comunicación, que hay ausencia de reciprocidad o interacción lingüística. Entre los segundos (condicionamientos socioculturales que han determinado la), he citado la función semiótica de la lengua protocolaria, la característica lingüística de sólo textualidad frente a oralidad, el hablar legítimo y verdadero frente al hablar vulgar.

En segundo lugar, he de resaltar la importancia de la como modelo lingüístico para el hablante, porque es un mandato constitucional que todo ciudadano ha de conocer y saber usar su lengua y, por tanto, que nadie ha de ser discriminado en virtud de la lengua; menos desde la Administración que ha de estar al servicio del administrado.

Como depositario de la lengua legítima, no hay, finalmente, más que una elección posible para el Estado que desea atenuar las tensiones que van unidas a la realidad lingüística de nuestra época: reducir las desigualdades sociales fomentando el conocimiento y una mejor convivencia interlingüística y esperando, por ello, disminuir la discriminación que ocasiona el uso legítimo de la lengua.

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—abstract / resum—

Administrative language

Ramón Sarmiento

Over time, in the course of conducting its internal affairs and through its external relations with the citizenry, the bureaucracy of the modern State has created a type of language usage for the enforcement of the law and the management of government services. This paper attempts to offer a theoretical perspective for such language usage. It starts by analyzing the similarities and differences between administrative language and common language, and then goes on to try to characterize administrative language by isolating specific linguistic and socio-cultural traits. Once it has clearly set the boundaries for a language of the State, it reflects on its function as a necessary element for social and linguistic cohesiveness and its role as a model of language production. It concludes by reflecting on the responsibility that falls on the shoulders of the State in its role as the repository for legitimate language. Such a responsibility consists of attenuating tensions and reducing social inequality by encouraging greater knowledge and better interlinguistic coexistence.

El llenguatge de l’Administració

Ramón Sarmiento

En aquest treball es pretén donar compte, des d’una perspectiva teòrica, de l’ús idiomàtic que, per a l’execució de les lleis i per a la gestió dels serveis, ha anat creant amb el temps la burocràcia de l’Estat modern en les seves relacions internes i en les externes amb els ciutadans. En primer lloc, s’analitzen les semblances i les diferències entre la llengua de l’Administració i la llengua comuna i, a partir d’aquí, en segon lloc, s’intenta caracteritzar el llenguatge administratiu aïllant-ne els trets lingüístics específics i els socioculturals. Finalment, un cop delimitada la llengua de l’Estat, es reflexiona sobre la seva fun

ció com a element necessari de cohesió social i idiomàtica, com a model de producció lingüística, i sobre la responsabilitat que, com a dipositari de la llengua legítima, pertoca a l’Estat i que consisteix a atenuar les tensions i a reduir les desigualtats socials per fomentar el coneixement i una millor convivència interlingüística.

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[1] Publicado por el map-inap en 1990 a partir de la investigación de un equipo del Departamento de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid, integrado por los profesores Emilio Náñez Fernández y Ramón Sarmiento González y la colaboración con otro dirigido desde la Subdirección General de Procedimientos y Racionalización de la Gestión del map por Manuel Martínez Bargueño, que a la sazón ocupaba dicho cargo.

[2] Hasta ahora, por lenguaje de la Administración se ha entendido el lenguaje que, en cuanto gestor de servicios y ejecutor de leyes, utiliza la Administración del Estado.

[3] drae (2001). Madrid: Espasa Calpe.

[4] Como son el fiscal, el militar, el laboral, el jurídico, el diplomático, el político, etc.

[5] Resoluciones administrativas, documentos que contienen actos de instrucción, comunicaciones y notificaciones, documentos internos de la Administración, etc.

[6] Tomado de El Mundo, lunes 23 de junio de 2003: «Descubren las bases neurológicas de la “gramática universal” humana», por Pablo Jáuregui. Véase a este respecto, el último número de la revista Nature Neuroscience, junio de 2003.

[7] Coincido con la apreciación de la prof. Heraclia Castellón Alcalá en que hay en los textos administrativos «un eco intertextual, polifónico de textos legales»; en suma, ecos de otros lenguajes, en XXXII Simposio de la SEL, consagrado al «Análisis del discurso».

[8] La oralidad de las lenguas comenzó a preocupar a los lingüistas hacia finales del siglo xix, con el inicio de los estudios dialectales del francés J. Gillièron.

[9] Cours de linguistique générale: versión española de Amado Alonso (1945) en Ed. Losada, Buenos Aires.

[10] Essai de linguistique générale, París. Traducción española en Barcelona (1975): Ed. Seix Barral.

[11] Speech Acts (1969), Londres-Cambridge U. P.; traducción española: Actos de habla, Madrid (1986), Ed. Cátedra.

[12] How to do things with words, Londres/Oxford U. P. Traducción castellana: Acciones y palabras, en Buenos Aires (1971): Ed. Paidós. Existe versión francesa: Quand faire c’est dire (= cuando hacer es decir, en París).

[13] Traducción española en México (1971): Problemas de Lingüística General, Ed. Siglo xxi, tomos 1-2.

[14] Esta distinción se encuentra ya en las tesis del Círculo Lingüístico de Praga, 1929.

[15] R. Quirk et al. (1985: &1.19-31): A comprehensive grammar of the English Language, Londres: Longman.

[16] Repárese en que, según É. Benveniste, la 3ª persona lingüística es la negación de la propia persona; es la no persona del diálogo en comparación con la 1ª y 2ª, que son las únicas personas de la enunciación o de diálogo; la 3ª persona es la persona ausente en el diálogo, propia del mundo de la narración y, por ello, la no persona. Cfr. Émile Benveniste (1971:172-178): Problemas de lingüística. I. México: Editorial Siglo XXI.

[17] Véase lo que Margarita Hernando de Leramendi Martínez (2001) en «Propuesta de estructuración y clasificación del léxico jurídico para la enseñanza en E/LE», que aparece en Cultura e Intercultura en la enseñanza del español como lengua extranjera, Facultad de Filología, Universidad de Barcelona, y Maitena Etxevarría (1997) en su «Lenguaje jurídico-administrativo: Propuestas para su modernización y normalización», escriben al respecto en Revista Española de Lingüística, 27.2: 341-380.

[18] Prosodia castellana y versificación, s. a. pág. 285, Madrid.

[19] Spoken and written language, Oxford: Oxford University Press (2ª ed.).

[20] Véanse, en este sentido, los trabajos publicados por el profesor de la Universidad de Valencia, Antonio Briz Gómez (1996): El español coloquial situación y uso. Madrid, Arco/Libros. A. Briz y el grupo Val.Es.Co (1997): Pragmática y gramática del español hablado (Actas del II Simposio sobre Análisis del Discurso Oral. Valencia, 14-22 de noviembre de 1995), Zaragoza, Pórtico.

[21] Francisco Moreno Fernández (2001: 2) se hace eco en el trabajo «Lenguas de especialidad y variación», publicado en Cultura e Intercultura en la enseñanza del español como lengua extranjera, Facultad de Filología, Universidad de Barcelona, de lo que la teoría lingüística (H. Cerdergren 1983; H. López Morales 1993) dice sobre los factores que originan una variación de especialidad dentro de una comunidad de habla y los reduce a cuatro tipos: factores exclusivamente lingüístico; factores exclusivamente extralingüístico; y factores conjuntamente lingüísticos y extralingüísticos; y los que no obedecen ni a lo uno ni a lo otro.

[22] Eugenio Coseriu (1978: 37): «El lenguaje existe única y exclusivamente como habla: la lengua y el discurso no pueden ser autónomos».

[23] El estado de la lengua se refiere aquí a la significación que se le da en lingüística histórica, tal y como lo utilizó Wartburg 1962:122 para la lingüística histórica. Es una noción recuperada por J. Stephanini 1971:16, entre otros, para el análisis diacrónico.

[24] Correspondance et Rédaction administratives (París, Colin Éditeur), donde afirma que ni existe ni puede existir un lenguaje administrativo, puesto que la Administración no utiliza en sus escritos una sintaxis ni un vocabulario particulares, como sucede en otros lenguajes más técnicos o «secretos», como son el lenguaje informático o el lenguaje utilizado habitualmente por otros profesionales como médicos o ingenieros.

[25] Sostiene que no es adecuado concebir los lenguajes especializados como sistemas diferenciados de la lengua común. Cfr. La terminología. Barcelona: Antártica / Empúries.

[26] Manual de estilo del lenguaje administrativo. Madrid: map/inap, 1990: 21.

[27] Philippe Barbaud (1985) intentó describirla, al estudiar las relaciones existente entre lengua del estado y estado de la lengua, y resalta el hecho de que los hablantes comunes, en tanto depositarios del estado de la lengua, deben hacerse accionistas de la lengua del Estado, pero, en contrapartida, el Estado tiene el deber de reducir las desigualdades sociales o lo que es lo mismo, tiene la responsabilidad de hacer que se aprenda la lengua nacional. Cfr. E. Bedart y Jacques Maurais (Ed. 1985): La norme linguistique, publicado por el Gobierno de Québec: consagra un capítulo a la «Norma lingüística de origen legal». Allí Philippe Barbaud, al estudiar las relaciones existente entre lengua del estado y estado de la lengua, muestra cómo las comisiones del Estado, desde las cancillerías de la Edad Media, han influido en la codificación de la lengua. En este estudio se hace ver la importancia que ejerce el Estado como modelo de producción lingüística. Se sostiene que este modelo termina a la larga por influir en la lengua de los hablantes-ciudadanos y por conducir, después de una etapa de aumento de la variación lingüística (esto es, aumento en la competencia de los hablantes y de crecimiento de los registros o estilos de su actuación), hacia una destreza mayor, y hacia el dominio más generalizado por parte de los ciudadanos de una actuación lingüística apta para las diversas circunstancias de la comunicación y, sobre todo, adecuada para comunicarse fácilmente y en registro formal con la Administración.

[28] «Linguistics and communication theory», recogido en Roman Jakobson (1975): Traducción española de Ensayos de lingüística general. Barcelona: Seix Barral, cap. V, pág. 79-94.

[29] Lenguas especializadas. Barcelona: Ariel Lingüística.

[30] Los textos administrativos, publicado Madrid: Arco Libros representa un intento encomiable por caracterizar los textos administrativos adecuadamente. Véanse las págs. 10-17.

[31] Tampoco se da una conexión psicológica entre el emisor y el receptor de los mensajes del hablante modelo Estado, lo que, según Jakobson (1963:214), sería suficiente para establecer una comunicación verbal. R. Jakobson (1961): Ensayos: ibíd. Barcelona: Seix Barral.

[32] Véase Philippe Barbaud (1985).

[33] Lingüística y poética, cap. XIV, ibíd., pág. 347-395.

[34] R. Jakobson (1961).

[35] Sparer y Schwab (1980).

[36] Basil Bernstein (1975): Langage et classes sociales. París: Éd. Minuit.

[37] R. Jakobson (1961): Ensayos..., ibíd. Barcelona: Seix Barral.

[38] «Lenguas de especialidad y variación lingüística», en S. Barrueco, E. Hernández y L. Sierra (ed.): Lenguas para fines específicos (VI). Investigación y enseñanza. Universidad de Alcalá.

[39] «Hacia los conceptos de lengua, dialecto y hablas», nrfh xv, 1961: 51-60.

[40] En ella coexisten distintos estadios evolutivos de lengua.

[41] Maitena Etxebarria (1998) señaló la funcionalidad y la formalidad como sus características distintivas: «Los lenguajes de especialidad se caracterizan además por su formalidad, es decir, son utilizados al margen de la comunicación informal. Este hecho provoca que los elementos expresivos queden fuera de la comunicación tecnolectal

[42] De tecnicismos, de agramaticalidad, de falta de claridad, etc.

[43] Ricós Vidal (1998). «La pasiva con se agentiva en los textos juridico-administrativos: su incidencia pragmática», Hesperia. Anuario de Filología Hispánica, I: 125-141.

[44] El estilo no puede ser el mismo para todas las manifestaciones de los lenguajes que designamos unitariamente como lenguaje jurídico-administrativo en las diversas funciones que debe cumplir (Prieto, 1996: 128).

[45] Esta es la consideración que me lleva a aceptar las reformas con prudencia.

[46] Se trata del segundo aspecto conflictivo entre la lengua de la Administración y la lengua común reside en la alteración del carácter materno propio del hablar ordinario. Tanto la Administración como el ciudadano reivindican ambos la lengua española como lengua nacional. Producto de las aspiraciones tanto individuales como colectivas, la lengua nacional constituye, pues, un potente factor de identificación necesaria, según Fishman (1971:32) para la movilización de las poblaciones que no son todavía sensibles al proyecto nacional.

[47] En el drae 2001 legítimo y verdadero están muy próximos. Así, en 1ª acepción, legítimo significa «conforme a las leyes» y en la 3ª: «cierto, genuino y verdadero en cualquier línea». Por ello, resulta curioso cómo en la Revolución francesa se impone el francés como lengua nacional única, la lengua republicana (Sever Pop (1951: 6-9): La dialectologie. I, Gembloux,); como Lenin, para que triunfara la revolución, impuso el ruso como lengua de dicha revolución frente a la federación y descentralización. La ley y la legitimidad van unidas. (Cfr. «Le debat sur la culture nationale», cito por Jean Michel Palmier, 1976, iii, 49-50: Sur l’art et la littérature, París).

[48] La Real Academia Española a través de su diccionario, gramática y ortografía cumplió un importante papel en el forjamiento de la norma panhispánica actual: la que nos une a todos los hispanohablantes.

[49] Historia de la lengua española (cito por la 8ª, 1980: 241). Madrid: Ed. Gredos. Hans J. Niederehe (1986): Alfonso X el Sabio y la lingüística de su tiempo, Madrid: sgel.

[50] Musso y Valiente (1827). Lo resaltado en cursiva es mío.

[51] Il marxismo e la linguistica, trad. di Bruno Meriggi, Feltrinelli, Milán, 1968, 34-45.

[52] E. Bedart y Jacques Maurais, 1985.

[53] Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los hispanoamericanos, Santiago de Chile.