Legislativas

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Introducción

El propósito de este apartado es realizar un seguimiento de las novedades legislativas más relevantes que han tenido lugar durante el cuarto trimestre del año 2011.

Este último trimestre ha sido, en relación con los anteriores, de menor intensidad en cuanto a la actividad normativa se refiere. Sin embargo, la investidura del nuevo Gobierno en el mes de diciembre ha motivado la adopción de nuevas medidas urgentes para la corrección del desequilibrio presupuestario.

A este respecto, resultan particularmente trascendentales las reformas adoptadas por medio del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Dichas medidas, que incluyen la revisión al alza de tributos como el IRPF o el IBI, son objeto de un análisis particularizado en una sección específica dentro de la presente Newsletter.

Al margen de esta reacción a la situación de crisis económica y presupuestaria, el último trimestre de 2011 ha ofrecido novedades legislativas relevantes en otros ámbitos.

En primer lugar, debe hacerse referencia a la aprobación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que se ha llevado a cabo por medio del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Con este Texto Refundido se pretende realizar la integración de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, con las disposiciones en materia de contratación contenidas en una serie de normas con rango de ley, incluidas las relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de contratos públicos. Este esfuerzo unificador resultaba imprescindible, en especial a la vista de las trascendentales modificaciones que la Ley de Economía Sostenible ha introducido en el régimen legal de la contratación administrativa.

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, ha efectuado una revisión integral de la jurisdicción social y del proceso laboral, sustituyendo íntegramente el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril. La Ley ha aprobado un nuevo procedimiento laboral y, asimismo, ha llevado a cabo una concentración en el orden social de las materias que, de forma directa o por esencial conexión, pueden ser calificadas como sociales.

También debe hacerse una mención a la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, por medio de la cual se han reformado la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las reformas operadas, en líneas generales, han eliminado trámites y reducido plazos procesales, si bien su eficacia práctica está por verse, teniendo en cuenta la situación de sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales.

Asimismo, debe destacarse la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. La principal novedad de esta norma es la profundización en las alternativas al concurso o los institutos preconcursales, con la finalidad de flexibilizar la resolución de las situaciones de insolvencia de las empresas.

Por lo demás, han continuado las actualizaciones y revisiones normativas en el campo de la organización interna de las Administraciones públicas, así como en diversos sectores regulados.

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Mercantil, financiero y bancario

... Ley 32/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Esta reforma de la Ley del Mercado de Valores persigue una actualización de determinados aspectos de la estructura de control de las actividades de compensación, liquidación y registro de las operaciones sobre valores negociables.

El objeto de la reforma es adecuar la regulación de dichas actividades a los cambios que se están produciendo como consecuencia del incremento de la integración de los mercados financieros dentro de la Unión Europea.

... Real Decreto 1360/2011, de 7 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior.

Esta modificación se ha llevado a cabo con el objeto de alinear la regulación española sobre transacciones económicas con el exterior con los cambios en la normativa de la Unión Europea. En particular, el objetivo de esta modificación es anticiparse a la probable reforma del Reglamento 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009.

Por ello, se han derogado aquellas disposiciones que mantienen la obligación de las entidades de remitir información de la que no disponen de forma inmediata y automatizada. Por el contrario, se ha incorporado la obligación de remitir aquella información que sí es de disposición inmediata. De este modo se suprime el deber de las entidades registradas de exigir a sus clientes los datos que completen la información de las operaciones en que intervienen, para remitirla posteriormente al Banco de España.

... Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito

Este Real Decreto-ley...

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