La legislación laboral española bajo el punto de mira del tribunal de justicia de la Unión Europea

AutorAna Aba Catoira
Páginas155-179
Anuario Facultad de Derecho - Universidad de Alcalá XI (2018) 155-179
ISSN: 1888-3214
LA LEGISLACIÓN LABORAL ESPAÑOLA
BAJO EL PUNTO DE MIRA
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
SPANISH LABOR LEGISLATION UNDER THE POINT
OF VIEW OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
ANA ABA CATOIRA
Universidade da Coruña
Recibido: 11/09/2018
Aceptado: 16/10/2018
Resumen: Las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea marcan
el camino a seguir por los órganos nacionales en materia laboral sobre muchas cuestiones en las
que se aprecia la contravención del Derecho Europeo por las normas internas. España está en el
punto de mira respecto a varias cuestiones que ponen el acento sobre el régimen de contratación
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de las Administraciones Públicas. El grueso de este estudio se ocupa de la jurisprudencia sentada
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sentencias dictadas en enero de 2018. No olvidamos referenciar algunas otras cuestiones sobre las
que se ocupan otras sentencias europeas también muy recientes. La institución europea estudia la
adecuación de las legislaciones nacionales respecto a la legislación supranacional europea y ello
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el principio de primacía.
Palabras Clave: contratación laboral, indemnización, Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Abstract: The judgments issued by the Court of Justice of the European Union mark the way
forward for the national labor bodies on many issues in which it appreciates the contravention of
European law by internal rules. Spain is in the spotlight on several issues that put the accent on
the employment contract regime and the high number of contracts that are signed of this nature,
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issued in January 2018. We do not forget to mention some other issues that are dealt with by other
European judgments that are also very recent. The European institution is studying the adequacy
of national legislation with regard to European supranational legislation and this may lead to
legislative changes to face the necessary adaptation to which the principle of primacy requires.
Key Works: labor hiring, compensation, Court of Justice of the European Union.
SUMARIO: INTRODUCCIÓN. 1. PRESENTACIÓN DE LAS CUESTIONES A DEBATE:
LA PÉRDIDA DEL CARÁCTER TUITIVO DEL DERECHO LABORAL. 2. SUPUESTOS
ANALIZADOS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. 2.1. Indem-
nizaciones laborales ante la extinción de la relación laboral. 2.2. Encadenamiento de contratos
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temporales. 3. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DE LA PRESTACIÓN. 4. LA
EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR FALTAS DE ASISTENCIA: PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD. 5. EL T.J.U.E RECTIFICA Y CONFIRMA LA ADECUACIÓN DE LA LEGISLA-
CIÓN NACIONAL AL DERECHO COMUNITARIO. 6. BIBLIOGRAFÍA.
INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado va-
rias sentenciasque ponen en entredicho la adecuación de la legislación laboral española
al Derecho europeo. No son pocas las resoluciones comunitarias, “pero” obligados a
realizar una selección, hemos aplicado el criterio de la novedad o del “impacto” dado
el cambio que han supuesto en las posturas ya consolidadas en nuestro país. En 2016
varias resoluciones de este órgano judicial incidieron directamente sobre el sistema
de contratación temporal vigente 1, concretamente analizando si la norma nacional de
aplicación es conforme al Acuerdo Marco comunitario, en lo que concierne al sistema
indemnizatorio que establece diferencias entre las personas contratadas con carácter
temporal y aquéllas con un contrato de trabajo fijo. En virtud de la doctrina contenida
en estas sentencias, en todos los supuestos de rescisión contractual existe el derecho
a percibir la misma compensación económica, salvo que existan “razones objetivas”
que justifiquen la diferencia, declarando que la duración determinada o indeterminada
del contrato no puede tener esta consideración. Sucede que la doctrina sentada en la
sentencia dictada en el caso De Diego Porras vs. Ministerio de Defensa fue objeto de
varias solicitudes de aclaración presentadas por el Tribunal Supremo y otros órganos
judiciales, un hecho que ya hizo pensar, hace unos meses, que, de producirse un cam-
bio sustancial de criterio, se superaría el terremoto de 2016 que generó una enorme
conflictividad a nivel interno 2.Así ha sido, con las dos sentencias dictadas el pasado
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Décima, de 14 de septiembre
de 2016, asunto C-596/14, Caso Ana De Diego Porras y Ministerio de Defensa, sobre la protección
de los trabajadores laborales temporales en caso de extinción contractual válida siendo una Adminis-
tración Pública la empleadora; Sentencia, de 14 de septiembre de 2016, asunto C-16/15, Caso Sra.
Pérez López y Servicio Madrileño de Salud, respecto a los sucesivos nombramientos del personal
estatutario temporal en el ámbito sanitario público; Sentencia, de 14 de septiembre de 2016, asuntos
C-184/15 y C-197/15 acumulados, Sra. Martínez Andrés y Servicio Vasco de Salud y Sr. Castejana
López y Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz, referida a la protección jurídica frente a la utilización abusiva
de los contratos o relaciones de servicio de duración determinada en el ámbito de las administracio-
nes públicas. Auto del Tribunal Superior de Justica de 2 de septiembre de 2016, asunto C-631/15,
Caso Carlos Álvarez Santirso y Consejería de Educación del Principado de Asturias, relativo a un
profesor (funcionario interino docente no universitario) con sucesivos contratos de duración deter-
minada en el sector público, cuestionando un complemento salarial que no se abona al funcionariado
interino vinculado al Plan de evaluación de la carrera docente y Auto de 21 de septiembre de 2016,
C-614/15, asunto Rodica Popescu y Directia Sanitar Veterinarasipentru Siguranta Alimentekir Gorj,
sobre la contratación de una auxiliar veterinaria en el ámbito de la inspección veterinaria de Rumania
con sucesivos contratos de duración determinada en el sector público.
2 El alto número de controversias interpretativas ha puesto de manifiesto las contradicciones
existentes tanto en la jurisdicción social como en la contencioso-administrativa. La inseguridad jurí-

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