La responsabilidad de los bienes gananciales. El ejercicio del comercio por persona casada y la posición del cónyuge no comerciante (y II)

AutorBerrocal Lanzarot Ana Isabel
CargoProfesora Contratada Doctora de Derecho Civil, UCM
Páginas1520-1545
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, N.º 767, págs. 1519 a 1544 1519
1.2. Familia
La responsabilidad de los bienes gananciales.
El ejercicio del comercio por persona casada
y la posición del cónyuge no comerciante (y II)
The responsibility of the joint property.
The exercise of the trade for married person
and the position of the spouse not businessman
(and II)
por
ANA ISABEL BERROCAL LANZAROT
Profesora Contratada Doctora de Derecho Civil. UCM
RESUMEN: Los bienes gananciales responden por las deudas contraídas en
el ejercicio del comercio tal como establece el artículo 1365.2 del Código Civil
que, remite al Código de Comercio, dotando para ello de un régimen específi-
co. El presente estudio se va a centrar precisamente en la responsabilidad de
los bienes gananciales ante las deudas comerciales, a la posición jurídica del
cónyuge no comerciante, a su posible consideración o no como consumidor
y, en consecuencia, a la aplicabilidad o no de los controles de abusividad y
transparencia en los contratos de préstamo o crédito hipotecarios suscritos
por el cónyuge comerciante y en cómo se sustancian tales controles de resultar
operativos.
ABSTRACT: The joint property answers of the carried away debts in the exercise
if the trade as there establishes the article 1265.2 of the civil code that the sends to
the code of trade, providing for it with a specific regime. The present study is going
to centre precisely on the responsibility of the join property to the juridical position
if the spouse not merchant, to his possible consideration or not as consumer and
in consequences to the applicability or not of the controls of transparency in the
contracts of martgage lending signed by the spouse merchant and in since such
controled develop.
PALABRAS CLAVES: Sociedad de gananciales. Actividad profesional y em-
presarial. Cónyuge comerciante. Consumidor. Consentimiento. Fianza. Control de
abusividad. Control de transparencia. Préstamo o crédito hipotecario.
KEY WORDS: Company of joint property. Profesional and managerial activity.
Businessman. Consumer. Assent. Bail or endorsement. Control of transparency.
Mortgage lending.
Ana Isabel Berrocal Lanzarot
1520 Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, N.º 767, págs. 1519 a 1544
SUMARIO: I. CONSIDERACIONES PREVIAS.—II. EL EJERCICIO DEL
COMERCIO POR EL CÓNYUGE CASADO. ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD:
1. ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA MERCANTIL. 2. CALIFICACIÓN DE LAS
DEUDAS CONTRAÍDAS EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL. 3. ÁMBITO
SUBJETIVO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA MERCANTIL. 4. CONSENTIMIENTO DEL CÓNYU-
GE NO COMERCIANTE. 5. LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO AL EJERCICIO DEL COMER-
CIO. 6. EL EJERCICIO ORDINARIO DE LA PROFESIÓN, ARTE U OFICIO.—III. CONCEPTO DE
CONSUMIDOR EN LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES
Y USUARIOS: 1. LA NOCIÓN DE CONSUMIDOR EN GENERAL Y ALCANCE. 2. LA NOCIÓN DE
CONSUMIDOR EN LOS CONTRATOS DE DOBLE FINALIDAD. 3. LA CONDICIÓN DEL CONSUMIDOR
DEL FIADOR/AVALISTA.—IV. EL CONTROL DE TRANSPARENCIA Y ABUSIVIDAD.
SU APLICACIÓN AL CÓNYUGE NO EMPRESARIO COMO CONSUMIDOR.
—V. EL CONTROL DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATA-
CIÓN CUANDO EL ADHERENTE ES UN PROFESIONAL O EMPRESARIO.
—VI. BIBLIOGRAFÍA.—VII. ÍNDICE DE RESOLUCIONES CITADAS.
IV. EL CONTROL DE TRANSPARENCIA Y ABUSIVIDAD. SU APLICACIÓN AL
CÓNYUGE NO EMPRESARIO COMO CONSUMIDOR
En la contratación en masa el contenido del contrato se redacta previamente,
pensando en su utilización por uno de los contratantes —empresario o profesio-
nal— en una pluralidad de contratos del mismo tipo que ese contratante celebre,
ya sea, y principalmente, con consumidores, ya sea con otros profesionales.
El artículo 51 de la Constitución española establece como uno de los prin-
cipios reguladores de la política económica y social, la promoción y defensa de
los intereses de consumidores y usuarios. Así el referido precepto constitucional
dispone que, los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores
y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud
y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En nuestro Derecho, en aras de una adecuada protección del consumidor,
son varias las fuentes legales existentes: por un lado, la Ley 7/1998, de 13 de
abril sobre Condiciones Generales de la Contratación (en adelante, LCGC), y
las disposiciones que la desarrollan. Esta ley es consecuencia de la Directiva
93/13/CEE, 5 de abril sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con los
consumidores. Junto al régimen legal aplicable a las condiciones generales de la
contratación, esta Ley 7/1998 modificó la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, a fin de establecer un régimen
de protección específico y más intenso, cuando el adherente es un consumidor.
Este régimen de protección se encuentra ahora regulado en los artículos 80 a 91
del TRLGDCU; y, no gira en torno al concepto legal de condición general, sino
que se refiere a la idea más amplia de cláusulas no negociadas individualmente
(art. 82.1), es decir, predispuestas e impuestas. De forma que, las condiciones
generales de la contratación como cláusulas predispuestas destinadas a regir en
una pluralidad de contratos, son un tipo concreto de cláusulas no negociadas
individualmente. Por lo que tal como establece el artículo 1.1 de la LCGC son
condiciones generales de la contratación: «las cláusulas predipuestas cuya incor-
poración al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de
la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de
cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser
incorporadas a una pluralidad de contratos»; y el apartado 2 del mismo precepto

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