Justicia, política y Constitución
| Autor | Iván Escobar Fornos |
| Cargo | Universidad de Managua |
| Páginas | 691-712 |
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El futuro de la República depende, en gran parte, del mantenimiento de la justicia pura y sin mancha
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Hay que rescatar al Poder Judicial de las manos de los políticos que fundamentalmente se valen del Ejecutivo para intervenir en su esfera de acción En gran medida su independencia es del Poder Ejecutivo
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En nuestro país, el Poder Judicial inveteradamente ha sido víctima de la influencia política e intervención de los otros poderes, principalmente del Ejecutivo, estructurado por el constitucionalismo criollo como el más fuerte en el campo político, económico y social, quien prácticamente controla a Page 692 los otros a través de grandes partidos que en sucesiones temporales, muchas veces encabezados por tiranuelos y grupos oligárquicos, han gobernado Nicaragua.
Para asegurar el control político del Poder Judicial se ha usado, entre otros medios, un sistema de selección de Jueces y Magistrados que permite al partido gobernante colocar a la mayoría de sus partidarios o simpatizantes en la Administración de Justicia, acompañado de una asignación presupuestaria raquítica y de plazos cortos de nombramiento para mantener una constante presión.
Tal situación ha dado pábulo para que accedan a la función jurisdiccional por favoritismos políticos, familiares, sociales y económicos, personas sin idoneidad académica y moral; que por esos mismos favoritismos los funcionarios judiciales en muchas ocasiones retuerzan la justicia; y se administre justicia no en nombre del pueblo, sino de un partido (o partidos) y de los grupos económicos y políticos que representan.
Esta situación se ha agudizado en los últimos tiempos, al extremo de ser uno de los problemas fundamentales del país.
El Código de Moral Profesional de la Asociación Forense Americana aparece publicado en el BJ de 1920 y en el Código de Procedimiento Civil y señala normas éticas de conducta a los Abogados en sus relaciones con los Tribunales de Justicia y con los clientes. En su Preámbulo expresa: «El futuro de la República depende, en gran parte, del mantenimiento de la justicia pura y sin mancha. Y no puede mantenerse así, a menos que la conducta y los designios de los miembros de nuestra profesión sean tales que merezcan la aprobación de todos los hombres justos».
El principal peligro está en el Ejecutivo. Tanto a éste como a los partidos, a los otros poderes y grupos de presión debe impedírseles que intervengan en la administración de justicia.
En general, el problema de Nicaragua es de justicia: justicia política para garantizar la pureza del voto popular, la vigencia de los derechos humanos y el funcionamiento del Estado de derecho; justicia social para distribuir mejor la riqueza nacional, y justicia ante los Tribunales.
No vengo a acusar a Jueces y Magistrados, pues no se lo merecen y muchos de ellos son muy honorables y opuestos a la intervención, a los cuales les guardo cariño y admiración. Vengo a pedirles a los políticos que saquen las manos de la justicia y sin ver atrás, por aquello que les ocurrió a la mujer de Lot y a Eurídice, colaboren decididamente en su mejoramiento.
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El Juez es un jurista con conocimientos generales del Derecho, pero además de eso debe tener conocimientos especiales sobre la función que desempeña: a) Psicología judicial, crítica de la prueba, técnica de redacción de sentencia. b) Profundización sobre la materia y ramas afines sometidas a su conocimiento. Por ejemplo, un Juez de lo penal debe profundizar sobre el Derecho Penal, Criminología, Criminalística, Medicina Forense, etc. c) Sobre todo de ética judicial. Ni siquiera en las universidades existe una asignatura de ética profesional. Hay que elaborar un Código de Etica Judicial que abarque a Jueces y Abogados. También otro notarial.
Esta preparación previa especializada no existe y la universitaria es deficiente, lo que evidentemente influye en la baja calidad de la justicia. Se podría lograr la especializada a través de una escuela judicial manejada por la Corte Suprema, las universidades y los gremios profesionales forenses. El discurso del cambio tiene que venir fundamentalmente de afuera, de los que la promueven y no del sector que se quiere cambiar y no ha visto su necesidad.
El Poder Judicial carece de edificios propios y las condiciones de los que ocupa no son buenas; el mobiliario deja mucho que desear; el apoyo técnico es deficiente (faltan máquinas, computadoras, etc.); los sueldos son bajos, desacordes con la dignidad de los funcionarios judiciales; no existen bibliotecas para consulta de los Jueces y Magistrados y las pocas que existen son deficientes; los archivos son mal llevados y los procesos se pierden, confunden y mutilan; la aglomeración de gente en los locales de los Juzgados y la falta de organización y de personal del Tribunal impide el despacho rápido y ordenado de los asuntos; no existen suficientes vehículos para realizar ciertas diligencias judiciales (notificaciones, inspecciones); no se llevan estadísticas; la papelería y otros materiales de trabajo son escasos; algunos complejos judiciales, como el de Managua, provocan muy mala impresión, pues se ven envueltos por una multitud de personas angustiadas que caminan apresuradamente por entre centenares de pequeños negocios de fritangas y frutas.
Toda esta situación no favorece la buena administración de justicia y concita desconfianza en la misma.
Hay que reconocer que levemente se están corrigiendo algunas de estas anomalías.
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La justicia de Nicaragua es cara, lenta y no de buena calidad.
A lo primero contribuyen la lentidud del proceso escrito y la alarmante carestía general de la vida.
A lo segundo, el carácter escrito de nuestro proceso civil y penal; los pocos Jueces y auxiliares para atender muchos juicios; escaso apoyo técnico para trabajar con rapidez; malos sueldos que no estimulan a trabajar con ahínco; pocas comodidades para trabajar.
A lo tercero, la deficiente enseñanza universitaria de los funcionarios judiciales, influencias políticas, la ausencia de una enseñanza especializada, la falta de apoyo técnico de organismos especializados (Policía Judicial, Instituto de Medicina Forense, etc.) y leyes añejas o injustas.
La impunidad provoca desconfianza en la administración de justicia y trastornos graves en la paz social.
Las mismas autoridades gubernamentales han reconocido que existe bastante impunidad en el país.
Podemos citar, entre otras, las causas siguientes:
a) El brazo de la justicia no llega hasta los que detentan el poder militar o político y a sus partidarios. En la década pasada y parte de la que corre se usó el monopolio de la acción penal en manos del Estado para lograr la impunidad: los gobernantes y sus partidarios no eran acusados ante la justicia penal y los opositores, por el contrario, eran perseguidos.
b) La piñata sandinista durante la década pasada y la que corre (chamorro-sandinista) ha dado lugar a que se establezca un estado de impunidad para impedir la devolución de lo usurpado, lo cual ha calado hondamente en la moral del pueblo que ya principia a ver como natural y lícito la usurpación de bienes. De crecer y persistir esta conciencia, el desarrollo económico, social y político se verá gravemente obstaculizado.
Para apoderarse del botín de guerra se dictaron varias leyes, entre ellas la 85, 86 y 87. Estas leyes no pueden ser consideradas como tales, pues son contrarias a los más elementales principios de la justicia, violatoria de la misma Constitución y legalidad frentista y aprobadas por una Asamblea sin legitimidad que pertenecía a un gobierno despótico. Sus creadores son autores, junto con los usurpadores, de los delitos de usurpación y robo. Un símil muy al caso es el de las condenas a cadena perpetua por los Jurados alemanes a los denunciantes y la consideración de autores de asesinatos a Page 695 los Jueces que condenaron a muerte y a los enemigos políticos al régimen nazi.
Gran parte de nuestra crisis proviene de factores culturales, por lo cual debemos cambiar el discurso cultural. Esto va dirigido principalmente a los intelectuales, políticos, escritores, historiadores, prensa hablada y escrita, profesores y, en general, a los que crean, modifican o transmiten la cultura. Sin pretender agotar el tema y solamente por vía de ejemplo hacemos algunas reflexiones y recomendaciones, por supuesto personales.
En la política se precisa: cambiar el concepto patrimonialista del Estado (gobernar como en un negocio propio y en provecho propio) por la idea de que el gobernante es un simple servidor que emplea sus esfuerzos y sacrificios a favor de los intereses del pueblo; cambiar la idea de la guerra o del golpe...
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