Justicia lingüística en democracias plurales. Lo que nos enseña la teoría constructivista de la nación

Autor:Jorge Cagiao Conde - Lucía Payero López
Càrrec:Profesor titular acreditado catedrático de civilización y derecho español en el departamento de Derecho y Lenguas de la Universidad de Tours - Investigadora del Área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo
Pàgines:193-207
RESUMEN

El paradigma individualista del liberalismo clásico domina el debate académico acerca del tratamiento que merece el pluralismo lingüístico en las democracias complejas. Sin embargo, este enfoque tiende a pasar por alto -o subestimar- el contexto nacional en el que se aplican las políticas lingüísticas donde la autonomía y el ejercicio de los derechos del individuo adquieren un significado real. Este artículo subrayará la necesidad de relacionar el estudio de las políticas lingüísticas con la teoría de la nación, cuestiones ambas íntimamente conectadas. Se argumentará que no hay posibilidad, de manera materialmente verosímil, de reflexionar normativamente sobre justicia lingüística al margen del principio de territorialidad lingüística (en el sentido que le da Van Parijs), en el que, como la evidencia empírica muestra, se enmarcan las políticas lingüísticas en las democracias nacionales.

 
CONTENIDO
JUSTICIA LINGÜÍSTICA EN DEMOCRACIAS PLURALES. LO QUE NOS ENSEÑA LA
TEORÍA CONSTRUCTIVISTA DE LA NACIÓN1
Jorge Cagiao Conde*
Lucía Payero López**
Resumen
El paradigma individualista del liberalismo clásico domina el debate académico acerca del tratamiento que merece el
pluralismo lingüístico en las democracias complejas. Sin embargo, este enfoque tiende a pasar por alto –o subestimar–
el contexto nacional en el que se aplican las políticas lingüísticas donde la autonomía y el ejercicio de los derechos del
individuo adquieren un signicado real.
Este artículo subrayará la necesidad de relacionar el estudio de las políticas lingüísticas con la teoría de la nación,
cuestiones ambas íntimamente conectadas. Se argumentará que no hay posibilidad, de manera materialmente verosímil,
de reexionar normativamente sobre justicia lingüística al margen del principio de territorialidad lingüística (en el
sentido que le da Van Parijs), en el que, como la evidencia empírica muestra, se enmarcan las políticas lingüísticas en
las democracias nacionales.
Palabras clave: justicia lingüística; liberalismo político; nacionalismo; política lingüística; principio de territorialidad lingüística.
LINGUISTIC JUSTICE IN PLURAL DEMOCRACIES. WHAT THE CONSTRUCTIVIST
THEORY OF NATION TEACHES US
Abstract
The individualistic paradigm of classical liberalism seems to dominate the debate on the treatment of linguistic pluralism
in complex democracies. However, this approach tends to pass over—or underestimate—the national context in which
language policies are applied and individual autonomy and the exercise of individual rights acquire real signicance.
In this article, we underline the need to relate the study of language policies to the theory of nation, since the two
questions are intimately related. We will argue that there is no plausible way to contemplate the regulation of language
justice without taking into account the principle of language territoriality (in the sense accorded to it by Van Paijs),
within which, as the empirical evidence shows, the language policies of national democracies are framed.
Keywords: language justice; political liberalism; nationalism; language policy; principle of language territoriality.
.
* Jorge Cagiao Conde, profesor titular acreditado catedrático de civilización y derecho español en el departamento de Derecho y
Lenguas de la Universidad de Tours. cagiao@univ-tours.fr
** Lucía Payero López, investigadora del Área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo y profesora de la Facultad P.
Ossó (centro adscrito a la Universidad de Oviedo). payerolucia@uniovi.es
Artículo recibido el 17.09.2018. Evaluaciones ciegas: 17.10.2018 y 27.10.2018. Fecha de aceptación de la versión nal: 25.03.2019.
Citación recomendada: Cagiao Conde, Jorge, y Payero López, Lucía. (2019). Justicia lingüística en democracias plurales. Lo que
nos enseña la teoría constructivista de la nación. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 71, 193-207. https://doi.
org/10.2436/rld.i71.2019.3217
1 Agradecemos sumamente los comentarios realizados por los evaluadores en la primera revisión del artículo, que nos han permitido
aclarar ciertos aspectos fundamentales de nuestro trabajo.
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Sumario
1 Algunas lecciones clave de los estudios sobre el nacionalismo
2 La naturalidad de la nación produce la creencia ciudadana en derechos lingüísticos naturales (individuales)
3 La territorialidad de los derechos lingüísticos
4 Conclusiones
Bibliografía
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El estudio y la reexión acerca de las políticas lingüísticas obligan a adoptar, sobre todo si se enfoca la
cuestión desde la perspectiva de la justicia (de lo que es justo hacer), un punto de vista a la vez multidisciplinar
y crítico. Como veremos, esto no solo es importante en la medida en que el cruce de disciplinas y campos del
saber nos permita anar nuestros instrumentos analíticos u obtener conclusiones más y mejor contrastadas,
es también fundamental porque ha de permitirnos abordar la reexión sobre la justicia de las políticas
lingüísticas a partir de una base empírica que se encuentre lo menos contaminada posible por las ideologías
en torno a las cuales ha venido orbitando la compresión y las representaciones dominantes en el tema.
Un ejemplo muy evidente de cómo el debate sobre las políticas y los derechos lingüísticos ha estado muy
marcado por ciertas ideas dominantes (nos centraremos más adelante en el nacionalismo) lo encontramos
en el paradigma individualista del liberalismo clásico, que sitúa al individuo (ciudadano) en el centro del
fenómeno estudiado como sujeto de derechos que hacer valer ante los poderes públicos.2 En este particular
relato, los ciudadanos presentarían, respecto de las lenguas, la misma capacidad de elección y de revisar
sus preferencias que la que tendrían a la hora de votar por un partido político de izquierdas o de derechas, o
de escoger entre un helado de chocolate o de vainilla. Mas, como lo han podido explicar teóricos liberales
de la talla de Kymlicka (1996) o Tamir (1993, 2019), un enfoque tan centrado en la libertad y la soberanía
individual tiende a pasar por alto el marco social, haciendo así abstracción de la cultura nacional en la que
cobran sentido tanto la autonomía individual como el goce y ejercicio de los derechos. Dicho marco social es
indudablemente un límite, muy severo de hecho en el plano lingüístico, a las posibilidades de elección de un
ciudadano, a su soberanía como agente racional (Parekh, 2005; Berlin, 1969). En efecto, toda persona tiene
a priori la posibilidad de hablar la lengua que preera, pero utilizar una lengua X no es una opción efectiva
(en el sentido de que no es ni una elección racional ni muchas veces algo disponible para los ciudadanos) en
una sociedad en la que la población habla la lengua Y. En realidad, ocurre lo contrario: en una sociedad en
la que se emplea la lengua Y, probablemente nadie tenga más elección que utilizar la lengua Y. ¿Qué sentido
tendría, en la perspectiva que nos interesa, armar que un ciudadano tiene derechos lingüísticos X que
hacer valer frente a la sociedad Y? ¿Podría seriamente un francófono intentar ejercer su derecho a su lengua
materna en cualquier situación en España?
La evidencia empírica muestra que los derechos lingüísticos,3 en su adscripción liberal, no son del mismo
tipo que el derecho al proceso justo, por ejemplo. No son equiparables. En democracia toda persona tiene
derecho a un proceso justo independientemente de su nacionalidad, cultura, lengua, religión, etc., y al margen
de que el país en el que se encuentre sea o no el de su nacionalidad, cultura, lengua, religión, etc. En cambio,
una persona no es titular de un derecho a recibir atención en una lengua determinada con independencia del
contexto en que se halle. Como recuerda Yael Tamir, en la línea de la vieja idea aristotélica del hombre como
animal político (zoon politikon), toda persona es un contextual individual (1993: 32). Lo cual quiere decir
que los individuos manejamos representaciones o creencias sobre nuestra vida en sociedad, sobre nuestros
intereses (incluidos los que conciernen a las lenguas), que no son realmente de autoría propia, sino que
2 Uno de los rasgos característicos del liberalismo clásico —representado por autores como John Locke y Adam Smith— es el
individualismo o atomismo, que consiste en concebir el cuerpo social como un agregado de sujetos que buscan satisfacer objetivos
individuales. El individuo se constituye así en el agente moral de la teoría política liberal, el centro de imputación básico de los
derechos. Por este motivo, se le concede prioridad sobre la sociedad, y los derechos individuales priman sobre los de grupo. Es más,
se entiende que la sociedad es el resultado de un contrato celebrado entre individuos, los cuales se forman al margen de la sociedad
y, al menos teóricamente, la preceden. Importa notar —para la comprensión cabal de cuanto sigue— que estamos hablando de un
relato ideológico, esto es, no se trata de una descripción el u objetiva de la manera como las sociedades se forman y los individuos
operan en ellas. Es más, una descripción que dé cuenta exacta de la forma en que efectivamente se crean las sociedades nos mostraría
probablemente lo contrario: que muchas veces los intereses colectivos de unos pocos —o unos muchos— son defendidos como
prioritarios respecto de los derechos individuales en el seno de una democracia liberal, y que muchos de estos derechos individuales
tienen el sentido y el alcance que se les concede como derechos de determinados colectivos. Si nos tomamos en serio el relato
ideológico del liberalismo clásico, es decir, si vemos en él algo social e históricamente verosímil, lo normal es derivar en el ámbito
académico hacia un “individualismo metodológico” (MacCormick, 1990: 14) que, añadido al nacionalismo inconsciente del que
hablaremos en las secciones primera y segunda, lleva lógicamente a los estudiosos a conclusiones que, aunque pudieran entusiasmar
desde el punto de vista ideológico, carecen de fundamento empírico-cientíco. Ello constituye la crítica central que expondremos
en este artículo.
3 De acuerdo con Kymlicka (1996), los derechos lingüísticos son un tipo de derechos diferenciados en función del grupo, es decir,
otorgados en virtud de la pertenencia a un determinado colectivo. Dentro de la clasicación trimembre que el politólogo canadiense
establece —derechos de autogobierno, derechos poliétnicos y derechos especiales de representación—, se incluirían en el primer
grupo. Los derechos lingüísticos comprenden tanto derechos de titularidad individual (ej: el derecho de un ciudadano a recibir
educación pública en la lengua materna) como derechos de titularidad colectiva (ej: el derecho de una comunidad lingüística a fundar
escuelas que utilicen la lengua propia).
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han sido heredadas y asumidas de manera más o menos (in)consciente y (a)crítica. Por eso Xacobe Bastida
subraya con razón que “las concepciones individualistas, atomistas, de las que parte la visión liberal de la
sociedad no son ni siquiera criticables, [pues] son mucho más que eso: son falsas” (2016: 256). Dicho de
otro modo: no somos, ni mucho menos, el tipo de individuo sin ataduras del que nos habla con entusiasmo
el liberalismo clásico.
Pero entonces, si lo pensamos detenidamente, lo que corresponde al reexionar sobre la justicia de las
políticas lingüísticas es descartar esa representación liberal clásica de la vida en sociedad y de la libertad
y derechos de que gozan los ciudadanos, como si estos pudieran actuar como y ser en realidad individuos
descontextualizados, que tienen “una visión no situada” (Tamir, 1993: 32). Lo cual no signica, como
recordaba esta vez MacCormick, dar la espalda a los valores del liberalismo, sino ubicarlos en un terreno
empíricamente sólido o realista: “puedo no creer que los individuos se conciban como átomos presociales o
extrasociales, cuyas uniones llegan a constituir sociedades, y tener, al mismo tiempo, bastantes motivos para
creer que debemos favorecer formas de organización social dentro de las cuales los seres humanos puedan
constituirse y orecer como individuos autónomos” (1990: 14-15).
Esa realidad, tal y como es y no como nos gustaría que fuese,4 ha de constituir la base empírica para la
reexión normativa (el deber ser) en torno a las políticas lingüísticas. Si dicha base se descuida y se pone
en su lugar una versión deformada de nuestra realidad, lo normal es que la reexión normativa falle en
su búsqueda de la justicia. Este es, sin duda, uno de los problemas que encontramos en los estudios sobre
políticas lingüísticas; en parte por el poco interés que quizás desde ciertas disciplinas académicas se les ha
podido prestar a los debates sobre la teoría de la justicia mantenidos entre lósofos liberales en las últimas
décadas del siglo pasado;5 en parte también (hay seguramente otras razones) por el marcado perl ideológico
que siguen teniendo entre los estudiosos ciertos debates políticamente sensibles, como lo es el de las políticas
lingüísticas en contextos conictivos en los que, por añadidura, suele haber de fondo un problema nacional.
Sirvan, pues, estas breves palabras introductorias para subrayar nuestro convencimiento de que el trabajo
como investigadores ha de abrirse a otros campos disciplinarios y tratar de recuperar y hacer suyas aquellas
certezas obtenidas en cada uno de ellos. Creemos que todavía hay mucho por hacer en ese sentido, y quizás
la manera en la que se han ido importando y aceptando de manera generalizada —o más bien no: este sería
el problema— las tesis fuertes que encontramos en los estudios sobre nacionalismo y nación constituya un
buen reejo de ello. La primera parte de este artículo se dedica precisamente a exponer las tesis fuertes de los
estudios sobre el nacionalismo, antes de explicar —en los apartados segundo y tercero— cómo los prejuicios
nacionalistas que se vienen arrastrando en la academia afectan (más o menos conscientemente) a la manera
de entender y valorar las políticas lingüísticas en su relación con lo justo.
1 Algunas lecciones clave de los estudios sobre el nacionalismo
El estudio del nacionalismo ha arrojado en los últimos treinta o cuarenta años un buen número de conclusiones
que nos permiten acercarnos a él con certezas que no siempre habíamos tenido al respecto (Álvarez Junco,
2016). Es hoy ya, por ejemplo, algo que no suele discutirse entre los estudiosos6 que el objeto de investigación
4 Puede reconocérsele a la versión liberal clásica una fuerza de seducción mayor que la que nos presenta a los individuos como
seres parcialmente determinados por nuestro contexto. Si pudiéramos elegir (el problema es que no podemos), todos probablemente
querríamos ser como el individuo soberano del liberalismo clásico.
5 De hecho, algunas de las aproximaciones más pertinentes al tema que se examina aquí se las debemos a autores que han seguido
atentamente —e, incluso, participado— en los debates teóricos habidos estos últimos veinte o treinta años en torno a cuestiones
como la justicia cultural, el multiculturalismo, el federalismo plurinacional, etc. Los casos de Philippe Van Parijs o de Will Kymlicka,
belga y canadiense respectivamente, son los que probablemente mejor lo ilustren. El libro de Elvira Riera Gil (2016), fruto de una
tesis doctoral dirigida por uno de los mejores expertos en nacionalismo y federalismo a nivel internacional, Ferran Requejo (2009),
y la tesis reciente de Daniel Cetrà (2016), realizada desde la perspectiva de los estudios sobre nacionalismo, resultan también muy
reveladoras de lo mucho que se puede extraer de los trabajos y debates académicos en torno a la teoría de la justicia liberal y el
nacionalismo.
6 Incluso Azar Gat y Alexander Yakobson, historiadores críticos con las teorías modernistas o constructivistas de la nación, centran
su estudio más relevante (2014) en la “historia del nacionalismo” (y no de las naciones).
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no puede ser la nación7 (lo que implicaría adoptar un enfoque primordialista8 o esencialista, que puede
resumirse de la siguiente forma: las naciones son, no se crean), sino el nacionalismo (los movimientos
nacionalistas), única realidad empírica, tangible y, por ello, accesible para el investigador, sobre la cual
este sí puede decir cosas ciertas. Desde el momento en que se llega a la conclusión de que la nación es una
cción,9 una creencia o una comunidad imaginada, por decirlo con Benedict Anderson (1993), ya no puede
ser objeto de estudio cientíco. El nacionalismo (su acción y discurso), creador de esas cciones, creencias
o comunidades imaginadas que son las naciones, sí.
Importa mucho, pues, atenerse a la descripción y explicación que los estudios especializados hacen de
los procesos de construcción nacional (nation-building) —que emergen, se desarrollan y consolidan en la
modernidad política y llegan hasta el presente—, pues permiten entender mejor nuestra relación con toda
una de serie de instrumentos políticos que encontramos en nuestro entorno (si podemos referirnos a las
lenguas como instrumentos) y de los que solemos tener una concepción o representación deformada por la
mediación nacional a la que aquí se alude. En efecto, los procesos de construcción nacional generan todo
un conjunto de creencias, ideas y valores acerca de la comunidad política, el vínculo que une al ciudadano
con la Administración y a los ciudadanos entre sí, la justicación de la lealtad institucional y la obediencia
debida a las leyes, la aceptación de la solidaridad, etc. (Máiz, 2008). Todos estos elementos son necesarios
—podemos pensarlo así— para facilitar o asegurar una convivencia ordenada y pacíca, así como también,
si se mira de otra manera, para favorecer o reforzar procesos políticos de dominación. Algo que, en ambas
lecturas, necesariamente implica que por medio de esos valores, creencias e ideas compartidas en torno a la
nación se le inocule a la ciudadanía una particular manera de ver y entender ese fenómeno nacional del que es
parte. Esta concreta forma de mirar tiende a deformar la realidad y a anestesiar, por así decirlo, la capacidad
crítica de los ciudadanos respecto de la nación en la que evolucionan (Billig, 1995). La pertenencia nacional,
el vínculo entre el ciudadano y la nación, viene así a reemplazar, como se sabe, los viejos lazos de lealtad
(Dios, monarquía, etc.) en las democracias liberales nacientes a partir de la revoluciones de nales del siglo
xviii, y juega en ese sentido un papel fundamental (Álvarez Junco, 2016; Thiesse, 1999).
7 Nos gustaría aclarar el concepto de nación que se utilizará en este artículo. Desde un punto de vista externo —en el sentido
hartiano—, la nación se puede denir como una realidad performativa (Austin, 1962) que encuentra su origen en los discursos de
armación nacional y que tiene como función la de justicar el poder en el seno de la comunidad política. Si adoptamos un punto de
vista interno, la nación consiste en un grupo de personas que creen que, de manera natural o voluntaria, forman un grupo singular,
y así son reconocidos por otros grupos semejantes. El que esa creencia compartida se base en un hecho natural o en un acto de
voluntad depende del tipo de nación analizada. De acuerdo con su carácter discursivo, en algunas naciones la pertenencia se hace
depender más bien de factores indisponibles para los individuos, es decir, recurren al paradigma objetivo de construcción nacional:
son las naciones llamadas étnicas o culturales. En otras naciones, en cambio, la condición de miembro deriva fundamentalmente de
criterios electivos que pueden ser adquiridos a voluntad, esto es, se emplea un paradigma subjetivo para crearlas: nos hallamos ante
las naciones denominadas “cívicas” o “políticas”.
Nótese, asimismo, que dicha dicotomía entre naciones (o nacionalismos) étnico-culturales, por un lado, y cívico-políticas, por el
otro, no se observa en la práctica de la manera clara y tajante que el modelo teórico puede sugerir. Dicho de otra manera, las naciones
(o los nacionalismos) suelen trabajar con ambas dimensiones (objetiva y subjetiva), insistiendo más en una u otra en determinados
momentos, con mayor o menor intensidad también (Máiz, 2004).
8 Existen dos teorías principales que se disputan la datación del origen de las naciones: el primordialismo y el modernismo. El primero
estima que las naciones son anteriores a la época moderna y, con frecuencia, mantiene una concepción naturalista y orgánica de las
mismas. Por tanto, la nación se considera como algo previo y que otorga un fundamento a priori al nacionalismo. Exponentes de esta
teoría serían Seton-Watson (1977) o Amstrong (1982). Por el contrario, de acuerdo con el modernismo, las naciones son productos de
la modernidad —según los autores, el hito relevante sería la Revolución francesa (Hobsbawm, 1992) o la industrialización creadora
de nuevas relaciones sociales (Gellner, 1988)—. De este modo, es el nacionalismo el que crea o construye la nación.
En este artículo seguiremos esta segunda orientación, la mayoritaria entre la doctrina actual, puesto que entendemos que, si bien el
término nación ya aparecía en textos antiguos, su signicado difería del que se le adjudicará en época moderna —para una relación de
la evolución semántica experimentada por este vocablo, véase Zernatto (1944)—. En la modernidad, la nación pasará a desempeñar la
función de legitimar y dar cohesión a la comunidad política, cubriendo así el vacío dejado por el paradigma monárquico-divino anterior.
9 Es importante precisar que el carácter cticio o imaginado acompaña a todos los grupos, no únicamente a las naciones. La existencia
natural solo puede predicarse de los individuos de carne y hueso, pero los entes colectivos en los que se integran son cciones
jurídicas creadas a través del lenguaje de manera simbólica (Martínez García, 1992). Nótese, por lo demás, el paralelismo que puede
establecerse entre el relato nacionalista (ideológico) y el del liberalismo clásico desde nuestra posición como cientícos sociales:
si nos creemos el relato nacionalista, esto es, si lo entendemos como algo verosímil que realmente ha pasado en algún momento de
nuestra historia, acabaríamos pensando lo mismo que los nacionalistas (que las naciones preceden a los nacionalismos, que puede
haber naciones sin nacionalismo, etc.); es decir, estaríamos haciendo política, pero no ciencia social. Esta última obliga tanto a salir
del relato nacionalista como a abandonar el discurso del liberalismo clásico.
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Los procesos de nacionalización de poblaciones y territorios de lo más heterogéneos desde un punto de vista
cultural, lingüístico, religioso, etc., implicaron la puesta en marcha de políticas de asimilación o integración
implementadas por las élites estatales. Cada Estado nación, con su contexto, ritmos, dicultades y éxitos, irá
poco a poco consolidando la idea de nación común en todos los ciudadanos, que arrastra consigo toda una
serie de atributos y características que la denen. Es la idea, por ejemplo, de una nación francesa blanca,
católica y de lengua francesa, o de una nación estadounidense blanca, protestante y de lengua inglesa, de la
que tantos individuos podían parecer o sentirse excluidos (de ahí la asimilación entendida como necesidad)
hasta prácticamente el nal del siglo pasado.
Los procesos de construcción nacional llegan al siglo xx casi completados incluso en los casos más tardíos
o menos exitosos —como podría ser hasta cierto punto el de España—, lo que no ha de entenderse como el
n de la llamada construcción nacional. Todos los procesos iniciados en el siglo xix atraviesan el siglo xx
reforzándose, aanzándose y profundizándose (los habrá también que acaben fracasando y dando lugar, por
fragmentación, a otros procesos de construcción estatal y nacional). En este trabajo de consolidación del
proyecto nacional desempeñará, además, un papel central el desarrollo y la posterior evolución del Estado de
derecho y del bienestar (principalmente tras la II Guerra Mundial en la Europa continental) como factor que
ayudará a pasar cada vez más desapercibido el nacionalismo de Estado, esto es, el nacionalismo vehiculado y
transmitido por el Estado a sus ciudadanos por medio de todos los instrumentos de nacionalización (ejército,
escuela, medios de comunicación, etc.) que ha tenido siempre a su disposición. Pasada la II Guerra Mundial,
el desarrollo y consolidación de la democracia podía, en efecto, dar la impresión de que los Estados habían
dejado atrás un nacionalismo que —en opinión de muchos—10 había sido el responsable de esa trágica
primera mitad del siglo xx.
La ilusión operará, pero no dejará de ser una ilusión. Los Estados nación democráticos de la segunda mitad
del siglo xx seguirán nacionalizando —siendo “agencias nacionalizadoras”, como dicen Caminal y Requejo
(2011: 3)— a sus ciudadanos hasta nuestros días, utilizando en ese proceso de consolidación de la idea de
nación los mismos instrumentos (lengua, historia, símbolos, deporte,11 etc.) de que se sirvieron tiempo atrás
para construir la cción.
Los procesos de construcción nacional, extraordinariamente ecaces y potentes, han conseguido así alcanzar
plenamente un objetivo que podemos entender, al menos, doble (Billig, 1995): en primer lugar, que se
entienda el nacionalismo como algo necesariamente negativo y asociado a valores antidemocráticos12
etnicismo, violencia, intolerancia, etc.— y, en segundo lugar, que los ciudadanos (y los cientícos sociales,
quienes alcanzan siempre antes el estatus de ciudadano que el de cientíco) sean totalmente inconscientes o
ciegos ante el nacionalismo de Estado, esto es, ante su propio nacionalismo13 —el nacionalismo asimilado
10 Entre otros muchos, véanse Köhler (1997) y Fusi (2002). A pesar de que la literatura especializada haya denunciado esta tesis por
su marcado perl ideológico (Billig, 1995; Thiesse, 1999), sigue teniendo muchos adeptos en el debate público sobre la nación y
los nacionalismos. Y es que, para quienes así opinan, “el mito de la Nación es agresivo en su esencia misma y no tiene otro sentido
verdadero que la movilización bélica” (Savater, 1996: 45).
11 El deporte es un instrumento especialmente apto para fomentar los lazos de unión entre los miembros de la comunidad nacional
(Sanz, 2012, 2013) debido, entre otros factores, a la supuesta neutralidad política que se asocia a las actividades físicas. Por esta
razón, los símbolos nacionalistas exhibidos en los eventos deportivos de masas (banderas, himno) no provocan rechazo incluso en
aquellos ciudadanos que abominan del nacionalismo, y ello es aprovechado por los líderes políticos. Más aún, el apoyo a la selección
nacional o a un equipo o deportista español que dispute un torneo internacional suele interpretarse a menudo como un signo de
civismo, mientras que lo contrario se toma como una ofensa, incluso personal (Payero, 2009): imagínese la reacción que provocaría
en un bar lleno de atentos forofos el que una persona de nacionalidad española animase al equipo de Rusia el día en que la Roja fue
eliminada de la Copa Mundial de la FIFA de 2018.
12 Conviene señalar que la ideología nacional suscita un desprecio generalizado, tanto desde un punto de vista académico como
desde una perspectiva moral. Filosócamente, el nacionalismo, como decía Anderson, no ha contado nunca con grandes pensadores
propios: “ningún Hobbes, Tocqueville, Marx o Weber” (1993: 22). Al odium philosophicum, en palabras de MacCormick (1990),
que despierta el nacionalismo debe sumarse su miseria ética. En este sentido, resulta frecuente responsabilizar a la ideología nacional
de crímenes atroces como la limpieza étnica yugoslava o el genocidio del pueblo kurdo —véase, a modo ejemplicativo, Ferrajoli
(1999)—. Por tanto, si el nacionalismo es losócamente inconsistente y moralmente despreciable, resulta comprensible que los
políticos y también los ciudadanos rechacen o traten de ocultar —con términos como constitucionalismo, patriotismo constitucional,
etc.— su adscripción nacionalista. Este prejuicio negativo hacia el nacionalismo ha sido explicado detalladamente y denunciado
como tal (como un prejuicio ideológico) por la doctrina dominante en los estudios sobre el nacionalismo (entre otros, véanse Tamir,
1993; Billig, 1995; Taibo, 2014; Thiesse, 2010; Delannoi, 2018).
13 Billig denominó este fenómeno “nacionalismo banal” (1995). En su opinión, las naciones-Estado son diariamente reproducidas
sin que tal nacionalismo sea percibido y, en cualquier caso, su bandera no se interpreta como un símbolo amenazante o agresivo. En
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en los procesos de socialización, educación, politización, etc.—. Si lo primero es terriblemente ecaz para
luchar contra amenazas exteriores (piénsese en los Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001) o
movimientos nacionalistas rivales (sería el caso del nacionalismo catalán o vasco en España), intuitivamente
asociados por la ciudadanía a proyectos contrarios a los valores democráticos,14 lo segundo inclina a la
ciudadanía a razonar sobre lo nacional asumiendo su carácter natural (la nación ya estaba ahí cuando llegué,
nadie la ha hecho), lo cual desactiva en ella (en la ciudadanía) buena parte de su capacidad crítica sobre la
nación (la nación existe y su existencia no depende de que los ciudadanos sean nacionalistas) y sobre el
nacionalismo (no olvidemos que lo cierto es lo contrario: la nación no tiene nada de natural, sino que es
una construcción o cción útil). En nombre de la nación prácticamente todo vale y puede justicarse (lo
hemos visto estos últimos años a lo largo del proceso independentista catalán).15 Es decir, los ciudadanos son
condicionados nacionalmente —racionalmente—16 para reaccionar como lo hacen en aquellos casos en que
se entiende que la nación es contestada, puesta en tela de juicio o amenazada.
Esta ceguera que muestran generalmente los ciudadanos (y los políticos e intelectuales de los grupos nacionales
mayoritarios)17 en las democracias nacionales actuales respecto de su propio nacionalismo (el nacionalismo
que el Estado les ha inculcado a través de los diferentes procesos de socialización, escolarización, etc.)
es algo que obviamente afecta a la manera en que entienden también su relación con la(s) lengua(s) de
su entorno, sus derechos respecto de ella(s) y las políticas lingüísticas en general. Sobre todo allí donde,
como decíamos, encontramos una situación o contexto de pluralismo lingüístico profundo, derivado de la
existencia de cierta forma de pluralismo nacional —que convendría no confundir con la polietnicidad,18 por
decirlo con Kymlicka.
2 La naturalidad de la nación produce la creencia ciudadana en derechos lingüísticos na-
turales (individuales)
Entender que la nación es algo natural, en el sentido de que está ahí sin que dependa de la voluntad de
las personas,19 paradójicamente lleva al olvido de la nación en nuestro modo de razonar, a su desaparición
cambio, las naciones sin Estado realizan exhibiciones nacionalistas conscientes y notorias tratando de alcanzar la condición estatal;
ahora bien, si alguna vez la lograsen, automáticamente sus banderas pasarían igualmente a formar parte del paisaje. Sobre la teoría
de Billig, su recepción y su aplicación en España, véase Quiroga y Archilés (2018).
14 Aquí encontramos la presentación clásica (y no por ello menos deformadora o falaz) de un conicto que opone a nacionalistas
(catalanes, vascos) y a no nacionalistas (españoles), también autodenominados constitucionalistas —como si la Constitución española
no fuera nacionalista; lo es, y el nacionalismo que patrocina es el español (Bastida, 1998)—. En las presentaciones más amables,
tendríamos un conicto entre nacionalismo étnico (con todo lo negativo que se le supone: intolerante, excluyente, esencialista,
cerrado, antidemocrático, iliberal, vulnerador de derechos humanos individuales, etc.) y nacionalismo cívico (con todo lo positivo
que se le atribuye: tolerante, inclusivo, abierto, democrático, liberal, respetuoso con los derechos individuales, etc.). Un ejemplo que
ilustra correctamente esta distinción aplicada a la realidad política española puede leerse en Peces-Barba (2010).
15 Un ejemplo de ello serían los argumentos empleados para justicar, de una manera hiperbólica (hablando de “golpe de Estado”
para referirse al desafío secesionista planteado en Cataluña, de la amenaza que suponía para el Estado de derecho español el procés
—como si una eventual independencia territorial pactada pudiera ponerlo en peligro—, del perl excluyente, nazi o racista del
nacionalismo catalán, etc.), ciertas actuaciones (la represión policial de la consulta del 1 de octubre de 2017, el proceso penal por
rebelión, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, etc.) del Estado español en su gestión del conicto catalán. También el
nacionalismo catalán habría cedido a este tipo de exageraciones y deformaciones, como así se ha podido ver cuando se ha negado
repetidamente que el Estado español fuera democrático —como si hubiese habido una continuidad perfecta entre el franquismo y lo
que luego vino—.
16 En este sentido, se podría decir que el nacionalismo pasa de alguna manera a ser el software con el que el ciudadano procesa buena
parte de la información.
17 Wayne Norman utiliza una interesante frase para ilustrar esta ceguera: “al igual que los peces no son conscientes del agua en la
que nadan, tanto los ciudadanos de Francia como los de EE. UU. tienden a no ver sus culturas políticas como nacionalistas” (2006:
xiii —nuestra traducción—).
18 De acuerdo con Kymlicka, la polietnicidad resulta principalmente de los procesos migratorios: “al rechazar la asimilación,
dichos grupos [los inmigrantes] no pretenden instaurar una sociedad paralela, como sucede de forma característica con las minorías
nacionales” (1996: 31). En este caso, las demandas que surgen en el seno de las democracias tienden a querer pluralizarlas, a hacerlas
más acogedoras y amables frente a valores y prácticas culturales de otras sociedades, pero no contestan nunca, a diferencia de lo que
ocurre con el pluralismo nacional, el marco nacional estatal en el que se organiza la democracia.
19 No en vano es lo que se explica en no pocas democracias nacionales, como en España: la nación, su unidad, la pertenencia nacional,
no es algo sobre lo que los ciudadanos puedan decidir o expresarse. Quienes así opinan suelen autodenominarse invariablemente no
nacionalistas y su razonamiento discurre de la siguiente forma: las fronteras nacionales son arbitrarias y totalmente contingentes,
fruto de vicisitudes históricas variadas, pero paradójicamente su existencia presenta consecuencias tan relevantes desde el punto de
vista moral que no pueden modicarse —a modo de ejemplo, cabe citar a De Lora como defensor de esta idea (2018)—. De ahí que
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de nuestro radar racional. Un ciudadano podrá entonces pensar que sería exactamente la misma persona,
con absolutamente los mismos rasgos, carácter, etc., de haber nacido y crecido en cualquier otro país. Su
auténtico ser no cambiaría. La relación entre nación e individuo se acaba convirtiendo en algo contingente,
como el hecho de nacer en uno u otro punto del planeta. Y de esta contingencia se deduce su irrelevancia para
los seres humanos. Las naciones no hacen de nosotros las personas que somos, sino que somos lo que somos
con independencia de la nación que nos toque en esa particular lotería que es el nacimiento.
Pues bien, el caso es que sabemos que las cosas no funcionan así: las sociedades en las que nacemos y crecemos
inuyen necesariamente en nuestra manera de situarnos y entender el mundo que nos rodea. Son contextos
de signicado que nos ofrecen los instrumentos con los que nos movemos en el mundo (Kymlicka, 1996).
De hecho, sabemos que probablemente no se discutiría siquiera que una persona pudiera ser exactamente la
misma viniendo al mundo en una familia pobre o en una acomodada. Pero, por alguna razón que tiene mucho
que ver con lo que se comentó en la sección anterior, el determinismo que aceptamos en ciertos casos (que la
familia, por ejemplo, inuye en el tipo de persona que somos, en la educación que recibimos, en nuestro éxito
o fracaso escolar, etc.) cuesta más asumirlo en otros, como es efectivamente considerar que la persona que
somos ha sido moldeada por un proceso de construcción nacional sobre el que no controlamos estrictamente
nada, y que hace que veamos y entendamos ciertas cosas del modo en que lo hacemos. En efecto, se trata de
una manera de entender nuestra subjetividad que nos resulta molesta, acostumbrados como estamos a valorar
nuestra autonomía y soberanía racional, pero que seguramente describa y dé cuenta mucho mejor de nuestra
racionalidad (atravesada, quiérase o no, por emociones y representaciones aprendidas, heredadas) que la
imagen fría y descontextualizada que las primeras Luces y el liberalismo primigenio nos han legado. En ese
sentido, puede decirse que si los españoles fuesen suizos, en vez de españoles, su relación con las lenguas o
con los referendos sería muy diferente.
Jean Laponce es, en nuestra opinión, uno de los académicos que mejor ha explicado este fenómeno de
pérdida de lucidez o ceguera de los individuos que pertenecen a un grupo nacional lingüístico mayoritario
respecto de su propia lengua (1984, 2006). No olvidemos la situación de base a la que nos referíamos antes:
la existencia de sociedades nacionalizadas lingüísticamente en las que se ha impuesto a la población una
lengua común. Laponce alude a esta curiosa relación que tenemos con las lenguas hablando de “lenguas
diestras” y “lenguas zurdas”. A las lenguas (a sus hablantes) les pasaría lo mismo que a los individuos que
son diestros o zurdos (cada uno puede, por propia experiencia, ver en qué medida es cierto lo que relata
Laponce). Mientras que las personas diestras, muy mayoritarias, no se dan cuenta en su día a día de que lo
son, ni pueden por ello desarrollar reexión alguna al respecto, para las personas zurdas, minoritarias, lo
normal es percibir esa diferencia y encontrar en innumerables ocasiones algo que les haga pensar en ella.
Es muy conocido, por ejemplo, el caso de las sillas en las universidades españolas —probablemente pase lo
mismo en otros países—, dotadas de una mesa plegable por la parte derecha, no por la izquierda, puesto que
fueron pensadas para que en ellas escribieran personas con la mano derecha. Esa situación es normal para el
diestro y no llama su atención, pero el zurdo no puede dejar de preguntarse por qué demonios no ha pensado
alguien en hacer sillas para zurdos.20 En denitiva, como dice Laponce, “si somos diestros, no pensamos
en ello, no somos generalmente conscientes de serlo; pero si somos zurdos, aunque no pensemos en ello
constantemente, sabemos que tenemos una diferencia que nos hace particulares” (2006: 157).
Con las lenguas —o, más bien, con la percepción que tenemos de ellas— pasaría algo muy parecido: “el que
emplea una lengua dominante solo habla, mientras que el que utiliza una lengua minoritaria y se encuentra en
un contexto en el que se sabe minoritario no usa una lengua sino su lengua, lengua que no es solo un medio
de comunicación, sino también un instrumento inevitable de identicación y autoconstrucción” (Laponce,
2006: 157). De este modo, un hablante de una lengua mayoritaria, del grupo nacional hegemónico en un
Estado, tendrá una tendencia natural a pensar su lengua como algo universal, una simple herramienta de
en algunos contextos pueda considerarse también como algo natural la imposibilidad jurídica de organizar referendos por medio de
los cuales cuestionar la unidad nacional estatal.
20 Esta reexión es extensible a minorías en general o grupos que, sin ser minorías (las mujeres, por ejemplo), conocen problemas de
discriminación sistémica. La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie confesaba recientemente que descubrió que era negra
al llegar a los Estados Unidos —hasta ese momento se sentía igbo y cristiana— (citado por Rodés, 2017). La lógica, como se puede
ver, es la misma.
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comunicación que no le atribuye ningún tipo de particularismo étnico o cultural.21 Su lengua no incide en
absoluto en lo que es y en la manera en que percibe su lugar en el mundo. No resulta extraño que las personas
que tienen este tipo de perl gusten de presentarse como cosmopolitas, expresen hostilidad a todo lo que
tenga que ver con el arraigo, el sentimiento de pertenencia, las identidades, etc. Muy a diferencia de ellas,
el hablante de una lengua zurda o minoritaria es consciente de su diferencia y particularismo, de tener un
vínculo con una comunidad que da sentido a esa diferencia (y a su lengua) y que le inclina a pensar, al revés
del hablante de una lengua diestra, que sin esa identidad lingüística sería otra persona.
La situación descrita es la más extendida en nuestras democracias nacionales —o que se reconocen como
tales—. Tenemos Estados que, o bien imponen una lengua ocial, o bien patrocinan (o aceptan) varias cuando
existen grupos lingüísticos mayoritarios y minoritarios en su territorio; en este último supuesto, la relación
de fuerzas se encarga de colocar cada lengua en posición de dominante y de dominada o minorizada. Esto es
lo que sucede en España, por ejemplo, donde existe una lengua ocial para todo el Estado y diversas lenguas
coociales en los diferentes territorios. Pues bien, esta situación lleva a una gran mayoría de ciudadanos
españoles (de lengua diestra: castellano) a adoptar esa actitud inconsciente frente a su propio particularismo
y a entender mal los derechos lingüísticos. Para esta mayoría diestra, los derechos lingüísticos son derechos
individuales, del mismo modo que el habeas corpus o el derecho de todo individuo a un proceso justo.22
Pero, en realidad, los derechos lingüísticos no tienen mucho que ver con los derechos fundamentales o los
derechos humanos (individuales). Cualquier extranjero en cualquier país democrático del mundo puede exigir
un proceso justo, asistencia letrada, libertad de expresión, etc. Lo que ya no está autorizado a pedir es que se
le atienda en la Administración o se ofrezca a sus hijos educación pública en su propia lengua (extranjera).
En este sentido, cabría armar que los derechos lingüísticos responden a una lógica colectiva o comunitaria23
(nacional), de tal suerte que, si una persona vive fuera de su país, solo podrá demandar servicios en su lengua
cuando, por fortuna para ella, en dicho Estado haya una importante comunidad de su misma lengua a la que,
por su volumen, por justicia histórica o por cualquier otra razón, el Estado reconozca derechos lingüísticos.
La ceguera a la que nos referíamos antes lleva a los hablantes de lenguas dominantes a entender mal la
relación lingüística y la justicia entre grupos lingüísticos diferentes.24 Los de lenguas zurdas, acostumbrados
a ver la realidad como es y a tener que pelear con ella (a adaptarse a ella), la comprenden seguramente mejor.
El nacionalismo de Estado dominante deforma así la manera en que generalmente se percibe y entiende la
cuestión de las políticas lingüísticas, generando un estereotipo negativo sobre la regulación lingüística25 que
21 Una de las nalidades de la lengua que, de manera sorprendente, recogen De Shutter y Robichaud en un artículo reciente (2015)
es ser un instrumento de comunicación. Según estos autores, las distintas políticas lingüísticas pueden estar basadas en dos grandes
tipos de intereses: identitarios (identity interests) o no-identitarios (non-identity interests). De acuerdo con esta clasicación, el
constituir un medio de comunicación se incluiría en la segunda categoría de intereses. Y decimos que nos parece sorprendente (o no
tanto, después de lo ya explicado en este trabajo) porque no es fácil encontrar base empírica que conrme la existencia de ese enfoque
no identitario (no nacional) en las democracias nacionales. En nuestras sociedades no existe nada parecido a ese punto de vista
desconectado de la identidad, precisamente porque no somos individuos sin identidad capaces de entrar en un cálculo de intereses
(como lo es el lingüístico) en el que la identidad nacional que arrastramos quede al margen de dicho cálculo, de tal suerte que no
lo pueda condicionar de ninguna forma. Pasa más bien lo contrario. Llegamos a ese cálculo de intereses, en el que efectivamente
podemos valorar cuestiones como la eciencia comunicativa o la igualdad de oportunidades, desde una identidad lingüística ya dada
y que —dominante o dominada— inuye en nuestra manera de entender y ponderar los diferentes intereses en juego.
22 Es algo que se observa, por ejemplo en España, en la defensa que hacen algunos partidos políticos —como Ciudadanos o el
Partido Popular— de supuestos derechos lingüísticos individuales con el n de luchar contra las políticas lingüísticas (sus medidas
coercitivas) en las comunidades autónomas con lengua propia. En ellas, obviamente y mediante la aplicación directa del artículo
3 de la Constitución, se generan situaciones de asimetría de derechos con respecto a aquellos otros territorios donde no hay más
lengua ocial que el castellano. Se trata de un enfoque que, supuestamente en nombre de los derechos iguales de los ciudadanos,
busca reforzar al grupo lingüístico mayoritario (a un colectivo) en detrimento de aquellos otros grupos lingüísticos que se encuentran
territorialmente reconocidos y protegidos por la Constitución.
23 A pesar de que, como ya se advirtió anteriormente, la titularidad de los derechos lingüísticos no es necesariamente colectiva, su
reconocimiento se realiza en función de la pertenencia del individuo a un grupo lingüístico o nacional diferenciado, y su ejercicio
suele requerir la existencia de un colectivo.
24 Las teorías normativas sobre la justicia lingüística pueden dividirse en dos grandes grupos, en función de si consideran que la
lengua es meramente un instrumento de comunicación o también un marcador de identidad. De Schutter denomina a las primeras
teorías “instrumentalistas” y a las segundas “constitutivistas” (2007). Los trabajos de Ovejero (2000, 2008) y Martínez Gorriarán
(2008) patrocinan la primera orientación, mientras que las obras de Bastida (2014) y Riera (2016) se acogen a la segunda. En este
artículo seguiremos la teoría constitutivista.
25 Conviene tener en cuenta, como ya advirtieron De Schutter y Robichaud, que en cuestiones lingüísticas el debate no se centra en
determinar si es más conveniente la regulación estatal o la ausencia de ella, dado que esta última opción deviene imposible; lo que
se discute es qué tipo de política lingüística resulta más adecuado. Y es que “los funcionarios del Estado, para relacionarse con los
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viene siendo clásica en las democracias liberales: nos referimos al principio de territorialidad de los derechos
lingüísticos.26
3 La territorialidad de los derechos lingüísticos
No es extraño que en países atravesados por alguna forma de conicto lingüístico agudo, tras el cual
encontramos generalmente un conicto nacionalista (entre nacionalismos), los ciudadanos del grupo
lingüístico mayoritario (los castellanohablantes en España, por ejemplo) sientan que sus derechos
lingüísticos se están violando cuando se desplazan, ya sea de manera puntual —en algún viaje de trabajo o
de vacaciones—, ya de manera permanente —cuando por motivos académicos o laborales deciden instalarse
en algún territorio en el que, aparte del castellano, se habla otra lengua—. En estos casos se escuchan quejas
que denuncian la injusticia que entraña el no poder comunicarse sistemáticamente (al 100 %) en el idioma
común (el castellano) o la incapacidad de escolarizar a los hijos en lengua castellana, como se haría en
cualquier otro punto de la España monolingüe. Así presentado, el asunto tiene —a nuestro entender— difícil
solución (en el sentido de que los diferentes actores entiendan y acepten la importancia y la justicia de las
políticas lingüísticas concurrentes con la dominante estatal) si no se busca resolver la cuestión de fondo, que
es un conicto nacionalista y de justicia —llamémoslo así— plurinacional.
Si nos jamos, lo que los ciudadanos del grupo lingüístico castellanohablante reprochan a las políticas
lingüísticas catalana, valenciana, etc., no es que utilicen instrumentos poco convencionales, extraños o
desconocidos en el ámbito de las políticas lingüísticas, sino simplemente su existencia —que esos instrumentos
convencionales se usen—. El hablante de un grupo lingüístico dominante tiene serias dicultades para ver
y aceptar que lo que en realidad se hace en esos territorios es —casi—27 lo mismo que a nivel estatal, si
bien con menos medios de los que dispone el Estado en el desarrollo de su propia política lingüística y,
además, con la excepcional dicultad que plantea el tener en dicho territorio (comunidad autónoma) a la
lengua dominante como lengua concurrente. Philippe Van Parijs lo expresaba también de manera inequívoca
al armar que el principio de territorialidad es “aplicado de manera casi imperceptible en la mayoría de
los Estados nación monolingües (2015: 18 —cursiva añadida—). Nacionalismo lingüístico28 y principio de
territorialidad van, así, de la mano.
Parece, pues, normal que los ciudadanos del grupo dominante apelen en sus reclamaciones a derechos
lingüísticos fundamentales y a lo que podríamos llamar el paradigma de la libertad en materia lingüística.
ciudadanos, emplean la lengua en la que está escrita la Constitución, en la que se canta el himno nacional en las ceremonias ociales,
en la que se imprimen los pasaportes, con la que operan los tribunales de justicia, la que utilizan los medios de comunicación
públicos, en la que se imparte la educación primaria, etc. Y esta lengua se halla inevitablemente situada y no es neutral” (2015: 89
—nuestra traducción—).
26 El principio de territorialidad de los derechos lingüísticos parte de la consideración de que las lenguas se encuentran distribuidas
geográcamente; y postula que en cada territorio hay al menos un grupo lingüístico —pueden ser varios— al que reconocerle
derechos, y que es dicho grupo —o cada grupo territorialmente situado, en caso de que existan varios en un Estado— el que ha
de poder decidir democráticamente su propia política lingüística de manera autónoma, imponiendo coercitivamente normas que
lo protejan frente a otras lenguas o grupos lingüísticos. En palabras de Van Parijs, “bajo un régimen coercitivo (territorialmente
diferenciado) el derecho impone un idioma ocial, es decir, determina qué lengua (también pueden ser dos o más, pero siempre
un número reducido) será utilizada en la educación pública —entendida no solamente como aquella que se imparte en centros
educativos de titularidad pública, sino que puede incluir cualquier forma de enseñanza que cualique para obtener el título ocial de
los niveles educativos obligatorios— y en la comunicación pública: la lengua en la que se publican las leyes, con la que operan los
tribunales de justicia, la que emplean los medios de comunicación, en la que se difunde la información ocial, en la que se celebran
las elecciones y las reuniones de las asambleas locales, regionales o nacionales; en ocasiones, también es la lengua empleada en los
anuncios publicitarios colocados en espacios públicos y en los negocios de grandes empresas (2011: 134 —nuestra traducción—).
27 Las comunidades autónomas tienen una autonomía lingüística (reconocida en el artículo 3.2 de la Constitución y desarrollada por
sus estatutos de autonomía y leyes de normalización lingüística, amén de demás leyes sectoriales) que no es completa, a diferencia de
la del Estado. El principio de territorialidad se aplica así en las comunidades autónomas con restricciones (en razón del bilingüismo
ocial) para los gobiernos autonómicos que impiden el desarrollo de una territorialidad estricta, que es a la que se acoge el Estado
para sus propias instituciones (monolingües). En efecto, el Estado español solo tiene ocialmente una lengua (artículo 3.1 de la
28 El nacionalismo lingüístico es una ideología cuya nalidad es imponer la lengua nacional seleccionada como lengua natural de
la población de un Estado. Como indica Moreno Cabrera, “la ideología nacionalista intenta ocultar los aspectos manipulativos de la
imposición de la lengua estándar, superponiéndolos a los procesos de koineización, anteriores y posteriores a la estandarización, que
experimenta el dialecto que sirve de punto de partida para esa lengua estándar. De este modo, se quiere presentar la lengua estándar
nacional como una variedad común, conuyente e integradora cuyo predominio se debe fundamentalmente a procesos naturales de
convergencia lingüística y koineización por contacto de variedades lingüísticas próximas” (Moreno Cabrera, 2008: 64-65).
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Es decir, lo que reclaman los ciudadanos del grupo dominante es que sean los individuos —y no los poderes
públicos— los que decidan cuál es la lengua que preeren utilizar en sus relaciones privadas y en sus
relaciones públicas con la Administración. En una conguración como la descrita, con una lengua débil (en
número de hablantes, de prestigio internacional, de medios, etc.) y una lengua fuerte, lo más probable es que
la libre elección fragilizase todavía más la lengua débil y reforzase cada vez más la fuerte.29 Si lo pensamos
bien, lo mismo pasaría de adoptar esta lógica a nivel internacional. Es muy probable que lenguas prestigiosas
como el francés, el español o el alemán acabasen siendo abandonadas por sus propios ciudadanos, que verían
seguramente un mayor interés en adoptar sistemas educativos y políticas lingüísticas en inglés. Lo anterior no
se hace por razones que, obviamente, tienen más que ver con una lógica de tipo nacional identitaria (con su
proteccionismo clásico) que con una lógica instrumental comunicativa30 (que sería favorable al inglés). Pues
bien, esto que se rechaza sin ni siquiera plantearse a nivel internacional (parece todavía lejana la sustitución
del francés en Francia, o del castellano en España, por el inglés) se acepta sin ningún tipo de problema en el
orden territorial nacional o estatal. ¿Por qué? Nuevamente, por razones de tipo nacional o identitario.
De hecho, si nos jamos en los casos que han podido enfrentar la cuestión del pluralismo nacional y cultural-
lingüístico tratando de encontrar cierto equilibrio o justicia —y nos interesa aquí la cuestión de la justicia—
entre los diferentes grupos nacionales y lingüísticos (pensemos en Canadá, Suiza o Bélgica), podemos
observar que son supuestos en los que se ha recurrido sistemáticamente al principio de la territorialidad
lingüística, tanto en el nivel territorial inferior (provincia, cantón o región, respectivamente) como en el nivel
superior (estatal o federal).31 En nuestra opinión —y al revés de lo que a veces se dice—, en ambos niveles
no actúa una lógica diferente (individuo vs. colectividad, libertad vs. coerción), sino que se aplica la misma
(el principio de territorialidad de los derechos lingüísticos), pero de manera diversa. El resultado nal es
la existencia de un mayor pluralismo y exibilidad en el nivel territorial superior, con respecto al inferior,
donde predomina un grado de rigor y restricciones mayor (Cagiao, 2016). Es lo que permite que, como
lo entiende Van Parijs (2011), cada lengua o grupo lingüístico pueda tener un territorio en el que disfrutar
de los honores máximos (como lengua ocial) y, así, evitar una competición con otras lenguas en la que,
seguramente, perdería.
En países en los que, como España, no se han sabido —o querido— implementar políticas lingüísticas atentas
a la realidad, rápidamente delineada aquí, en que se mueven las lenguas y los grupos lingüísticos (la lógica
del pez grande que se come al pequeño), encontramos problemas que se deben principalmente a una falta de
comprensión o de aceptación de lo que la justicia lingüística requiere en contextos de pluralismo nacional y
lingüístico. Esas dicultades —a las que solo nos referimos de pasada, sin entrar en más detalle— nos están
indicando, al menos, dos cosas: la primera es que el nacionalismo de Estado, por todo lo comentado, impide
que los ciudadanos puedan entender correctamente la cuestión de la justicia lingüística, lo cual funciona en
provecho propio (de los privilegios del nacionalismo de Estado y de los ciudadanos del grupo lingüístico
29 Algunos autores señalan la necesidad de prestar atención al contexto sociohistórico concreto para no incurrir en viejas injusticias:
la discriminación inversa es, en ocasiones, la única medida justa para lograr la igualdad. Bastida ofrece el ejemplo del Proyecto
de decreto sobre el plurilingüismo, del gobierno de Núñez Feijoo para Galicia, que cristalizó nalmente en el Decreto 79/2010, de
20 de mayo, para el Plurilingüismo en la Enseñanza no Universitaria de Galicia. Si el objetivo nal es que los alumnos adquieran
un dominio paritario del castellano y el gallego, quizá sea necesario incrementar el porcentaje de horas lectivas en gallego, habida
cuenta de las desigualdades sociolingüísticas que históricamente han caracterizado a esta región. La igualdad formal, en este caso,
“implica consolidar la desigualdad de la que parte el gallego” (2010: 100). Por otra parte, la libertad de elección de los hablantes
se halla condicionada por años de represión y connamiento del gallego al ámbito privado: “En Galicia familias gallego hablantes
se dirigen a sus hijos en castellano y desean que se les eduque [en este idioma porque lo asimilan] a un futuro prometedor, a la
importancia social, al prestigio. [Ello se debe a que] históricamente se ha impedido que el gallego se incorpore a la educación, al
funcionamiento de las instituciones públicas y privadas y al poder público en general. […] Desear lo mejor para tus hijos implica en
este caso intentar educarlos en una lengua que los convierta en mejores” (2010: 101).
30 Por eso decíamos antes, al descartar las teorías instrumentalistas (o el enfoque no identitario del que hablan De Schutter y
Robichaud) como teorías cientícamente asumibles, que las lenguas no son únicamente instrumentos de comunicación. Lo son, pero
desde un trasfondo identitario evidente e inevitable. Con este ejemplo se ve meridianamente.
31 Convendría no entender la territorialidad lingüística como sinónimo de monolingüismo. El principio de territorialidad puede
llevar a políticas monolingües (como en el Estado español o en el cantón de Ginebra) o a políticas bi o plurilingües (como en Canadá,
Suiza, Cataluña o el cantón de Friburgo). Puede parecer también muy signicativo que entre los sistemas que podemos considerar
preocupados por la justicia lingüística encontremos Estados que han adoptado, por lo general, forma federal —como Canadá, Suiza
o Bélgica—. El federalismo tiene, en efecto, por tradición (al menos en una de sus principales escuelas, la pluralista —que concibe
el federalismo como un sistema de articulación jurídica y territorial del poder político de varios Estados o pueblos (demoi)—, una
marcada preocupación por nivelar grupos culturales y nacionales diferentes, la búsqueda de un equilibro entre unión y diversidad.
Sobre este extremo, véase Cagiao (2015, 2016).
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mayoritario) al situar reivindicaciones razonables y clásicas (la territorialidad)32 de los grupos lingüísticos
minoritarios como demandas extravagantes y antidemocráticas, propias de nacionalismos étnicos (así lo
entiende al menos generalmente la ciudadanía); la segunda es que solo desde el entendimiento y la aceptación
de la existencia de una realidad marcada por nacionalismos igualmente legítimos, con igual derecho a imponer
una lengua territorialmente —a que esta sea una reina (queen), como dice Van Parijs33—, puede abrirse paso
la justicia lingüística en contextos como los mencionados. En este sentido, creemos que casos como el belga,
el suizo o el canadiense son, de alguna manera, ejemplos de justicia lingüística, y muestran también que esta
es indisociable del principio de territorialidad, entendido como plena autonomía de los grupos lingüísticos
para decidir democráticamente su modelo. Lo mismo ocurre con el derecho, las políticas lingüísticas —que
no dejan de ser derecho— y los nacionalismos: todos necesitan un territorio en el que desplegar alguna forma
de monopolio. Y es que, por más que se insista en alternativas al principio de territorialidad —como hace,
por ejemplo, De Schutter (2007, 2008, 2011)—, la hipótesis de una política lingüística no territorializada
choca con la evidencia empírica y la experiencia comparada de las democracias liberales.34 Las políticas
lingüísticas en democracia son territoriales. Por ello es importante insistir en que la territorialidad, entendida
como autonomía o autogobierno lingüístico pleno y democrático, es el medio para alcanzar una situación
de justicia en contextos estatales complejos (federales —Canadá, Suiza, Bélgica— o descentralizados
España, Italia—), de tal suerte que los diferentes niveles territoriales (estatal e infra-estatal) puedan adoptar
las medidas que entiendan oportunas (monolingüismo o plurilingüismo) al efecto. Porque, normativamente,
en los conictos que reclaman justicia no es lo mismo que las decisiones y equilibrios sean impuestos por el
más fuerte (el Estado, su nacionalismo dominante, su grupo lingüístico hegemónico) a que se llegue a ellos
escuchando y respetando a cada una de las partes en liza.
4 Conclusiones
Los derechos lingüísticos se ejercen en un contexto determinado. Y ese contexto es nacional. De hecho, la
lengua constituye uno de los rasgos que se utilizan con frecuencia para denir un grupo nacional, es decir,
para construir una nación. Ahora bien, los ciudadanos que han sido socializados en un contexto nacional-
estatal determinado (los miembros de una nación hegemónica) tienden a naturalizar su nación y los símbolos
a ella asociados, y a ver únicamente los de las demás naciones. Reciben, por consiguiente, una educación
nacionalista sin percatarse de ello. Más aún, desprecian la ideología nacional, asociándola a contravalores
(fundamentalismo, limpieza étnica, imposición del interés colectivo sobre los derechos individuales, etc.)
ajenos.
Esto que ocurre con el nacionalismo de Estado sucede asimismo con las lenguas mayoritarias. Quienes
hablan una lengua de este tipo la conciben como un mero instrumento de comunicación que no les conere
ningún signo de identidad especial. Por el contrario, los hablantes de una lengua minoritaria, particularmente
aquellos que se hallan en un contexto nacional-estatal que emplea un idioma alternativo, son muy conscientes
de que se encuentran en inferioridad de condiciones con respecto a quienes utilizan la lengua hegemónica; en
este sentido, usar su lengua no supone únicamente realizar un acto comunicativo, sino que el gesto contiene,
además, un marcador identitario.
La situación anteriormente descrita se puede observar en Estados plurales —desde el punto de vista
nacional y lingüístico— que se enfrentan a conictos nacionalistas, como España. En estos casos, la política
lingüística se articula siguiendo el principio de territorialidad de los derechos lingüísticos. Esto hace que en
32 Como queda dicho, la territorialidad lingüística no se dene tanto por su preferencia por un régimen monolingüe o plurilingüe,
sino más bien por la autonomía plena (soberanía), esto es, el poder político de decisión que se reserva a las entidades territoriales
competentes (sea el Estado o una entidad subestatal) en materia de políticas lingüísticas, para que estas puedan adoptar “el régimen
[monolingüe o plurilingüe] que más y mejor se adapte a las preferencias expresadas en el juego democrático por sus ciudadanos, y
sin intromisión de la federación [o de un tercer Estado]” (Cagiao, 2016).
33 En palabras del lósofo belga, “un régimen coercitivo territorialmente diferenciado hace que sea posible que cada lengua local
sea y legítimamente permanezca como una ‘reina’ o, al menos, una ‘princesa’ dentro de los límites territoriales asignados por dicho
régimen” (Van Parijs, 2011: 147 —nuestra traducción—).
34 Es el problema que pueden arrastrar teorías normativas muy sosticadas, pero no lo sucientemente atentas a las realidades
sobre las que proyectan salidas justas para los conictos (véanse las críticas a Rawls, por ejemplo): consciente o inconscientemente,
reproducen aquellas injusticias de las que no han sabido hacerse cargo en su lectura del problema tal y como se maniesta
empíricamente. En los conictos nacional-lingüísticos esto es muy evidente.
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determinados territorios pueda “reinar”, en palabras de Van Parijs, una lengua minoritaria o que comparta
ocialidad con una lengua hegemónica (por ejemplo, en las comunidades autónomas con lengua propia). En
este último supuesto ha de admitirse la imposición de medidas coercitivas que privilegien la lengua débil
frente a la dominante a n de compensar injusticias históricas y evitar la fragilización todavía mayor —
cuando no la total desaparición— de la lengua tradicionalmente discriminada. La apelación a la libertad de
elección de los hablantes actuaría como un mecanismo en favor de la lengua más fuerte; de ahí que quienes
lo reclamen sean invariablemente sus hablantes.
Una política lingüística preocupada por la justicia, entendida como igual consideración y respeto, debería
permitir a la lengua propia (minoritaria) imponerse democráticamente (es decir, si gana en el juego
democrático) en su territorio de la manera que se entienda oportuna, y desplegar allí plenos efectos, tal y
como la lengua hegemónica hace en el suyo. Lo contrario signica privilegiar la lengua dominante y a sus
hablantes, lo que constituye —por más que se presente como un enfoque centrado en la libertad individual o
en intereses no identitarios— una opción claramente nacionalista —no neutral— y poco equitativa.
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