Jurisprudencia del Tribunal Supremo

Autor:María del Carmen Figueroa Navarro/Abel Téllez Aguilera
Páginas:629-908
RESUMEN

Código penal. Artículo 2.2. Artículo 5. Artículo 8.3. Artículo 11. Artículo 12. Artículo 14.3. Artículo 16.1. Artículo 16.2. Artículo 20.1. Artículo 20.4. Artículo 20.5. Artículo 20.6. Artículo 20.7. Artículo 21.2. Artículo 21.4. Artículo 21.5. Artículo 21.6. Artículo 22.1. Artículo 22.2. Artículo 22.5. Artículo 22.6. Artículo 22.8. Artículo 23. Artículo 28. Artículo 29. Artículo 56. Artículo 57.... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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Page 629

Código penal
Artículo 2 2

Aplicación retroactiva y de oficio de la LO 7/1998, de 5 octubre por la que se suprimen las penas de prisión para los insumisos

Segundo.-No obstante ello, en el BOE, de fecha 6 de octubre de 1998, se publica la Ley Orgánica 7/1998, de 5 de octubre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se suprimen las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y se rebajan las penas de inhabilitación para dichos supuestos. Y en la disposición transitoria segunda de dicha Ley Orgánica se establece que «los preceptos contenidos en la presente Ley tendrán efectos retroactivos en cuanto favorezcan a los condenados mediante sentencia firme con arreglo a la legislación anterior. En las sentencias dictadas conforme a la legislación que se deroga y que no sean firmes por estar pendientes de recurso, las partes podrán invocar y el Juez o Tribunal aplicara de oficio los preceptos de la presente Ley». Y ciertamente la reforma operada en el artículo 604 del Código Penal, que tipifica el delito contra el deber de prestación del servicio militar, al rebajar la pena, en todos los supuestos, a la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a seis años, resulta más beneficiosa para el recurrente, por lo que se aplicará de oficio y con carácter retroactivo, considerándose ponderada a los hechos enjuiciados la pena mínima de cuatro años de inhabilitación especial.

    (Sentencia de 28 de enero de 1999)

Posibilidad de revisar auto firme de revisión de sentencia en atención al cambio jurisprudencial operado respecto al abono de la redención de penas por el trabajo: mayor relevancia del valor justicia

Primero.-(...) Denegada la revisión de la sentencia, con acuerdo del propio Letrado del ahora recurrente y de él mismo, en tiempo posterior, se produce elPage 630 importante cambio jurisprudencial que supuso la Sentencia de 18 de julio seguida por la de 13 de noviembre de 1996 en cuanto a las redenciones por trabajo penitenciario ganadas hasta la vigencia del actual Código Penal, las que por constituir un derecho ya adquirido por el recluso, no le impedía optar por la aplicación de las penas del nuevo Código si le era más beneficioso, criterio jurisprudencial que tuvo gran trascendencia y que finalmente, ya consolidada la nueva doctrina, motivó la Circular 3/1996 de la Fiscalía General del Estado que rectificó la anterior Circular 1/1996, precisamente a la vista de la nueva doctrina jurisprudencial representada en las dos resoluciones citadas que después han sido reiteradas en multitud de ocasiones.

El problema se plantea en casos en los que como el presente, existe una primera resolución contraria a la revisión, que deviene firme, y que tras la nueva doctrina jurisprudencial exigiría una revisión de la revisión al serle más beneficioso la aplicación al reo de las penas del nuevo Código Penal descontándole la redención adquirida hasta el día del inicio de la vigencia del actual Código Penal -25 de mayo de 1996.

Esta posibilidad de revisar lo ya revisado y que devino firme, plantea evidentes problemas tanto de derecho procesal como de derecho sustantivo algunos con claro contenido constitucional pudiendo aparecer afectados el derecho de igualdad y a no padecer discriminación -artículo 14 CE-, el de respeto al valor superior de la justicia -artículo 1.1.° CE- , pero también y en otro sentido, el de seguridad jurídica -artículo 9.3.° CE-, así como el principio de invariabilidad de las sentencias y autos definitivos -artículo 267.1.° LOPJ.

En todo caso, la mayor relevancia del valor justicia, valor superior, y por lo tanto fundamental y fundamentador del Ordenamiento Jurídico no parece que se concilie con hacer depender el tiempo de prisión efectiva de unos u otros penados de los diversos ritmos procesales según las resoluciones firmes no revisorías se hayan dictado antes o después de la consolidada doctrina de esta Sala ya citadas.

En este sentido, el informe del Ministerio Fiscal acepta la aplicación al caso de autos del artículo 2.2 del vigente Código Penal por estimar que los problemas de retro-actividad punitiva tienen naturaleza de garantía esencial, y consecuencia de ello es la aplicación del principio de retroactividad penal en lo favorable, no ya al propio Texto Legal sino también a la jurisprudencia tal y como ha postulado algún sector doctrinal, por ello y aun reconociendo lo difuso que supone determinar ese grado en el que la jurisprudencia puede tener un contenido normativo -lo que constituye un «prius», respecto a la naturaleza complementaria que le otorga el artículo 1.6.° Código Civil-, es lo cierto que en el caso que se estudia, resulta claro que la nueva tesis jurisprudencial en relación a los días de redención ganados y a su compatibilidad con la aplicación de las penas del nuevo Código, tiene un valor normativo que permite vía artículo 2.2.° la revisión de las causas ya revisadas anteriormente.

    (Sentencia de 2 de marzo de 1999)
Artículo 5

Dolo directo. Diferencias entre dolo eventual y culpa consciente

Tercero.-Como dice la Sentencia de 5 de mayo de 1998, y de acuerdo con la doctrina reiterada, entre otras, por las Sentencias de 24 de abril y 16 de enero de 1995, 27 de octubre y 20 de septiembre de 1993, el dolo criminal implica el conocimiento de la significación antijurídica del hecho y, a la vez, la voluntad para realizarlo. El dolo va enraizado enPage 631 la psiquis de la persona por medio de dos circunstancias distintas, una el requisito intelectual o capacidad cognoscitiva, y otra el requisito volitivo, de la voluntad, como desencadenante de todos los deseos y tendencias que se esconden en lo más profundo del alma humana.

El dolo directo (Sentencia de 29 de enero de 1992) existe cuando, de manera consciente y querida, la voluntad del sujeto se dirige directamente al resultado propuesto, incluidas las consecuencias necesarias del acto que se asumen, en tanto que el denominado dolo eventual concurre si habiéndose representado el agente un resultado dañoso de posible y no necesaria originación, no directamente querido y deseado, se acepta ello no obstante, sin renunciar a la ejecución de los actos pensados. En cualquier caso ambas modalidades carecen de trascendencia diferencial a la hora de calibrar distintas responsabilidades criminales. El conocimiento del acto y sus consecuencias, así como la probabilidad del resultado dañoso, aunque directamente no se deseare, comportan conforme a la más estricta legalidad la posibilidad de llegar a la imputación criminal.

Ese dolo, directo o indirecto, como querer (distinto del móvil como fin u objetivo perseguido), ha de inducirse lícita y racionalmente de cuantas circunstancias giren alrededor de la conducta enjuiciada, en cuyo análisis no puede faltar el amplio estudio de la personalidad del sujeto de que se trate, junto con todas aquellas (anteriores, coetáneas y posteriores) que estén en el hecho concreto acaecido, con apoyo siempre del razonamiento deductivo que impone el artículo 1253 del Código Civil.

Tratando de explicar las diferencias entre las conductas intencionales, especialmente indirectas, y las imprudentes (Sentencias de 25 de noviembre de 1991 y 20 de febrero de 1993), esta Sala Segunda ha seguido las teorías de la probabilidad, del sentimiento y del consentimiento, pero dando más relevancia a esta última por resultar, fundamentalmente, la menos equívoca. El conocimiento de la probabilidad del evento, junto al deseo o sentimiento de que el mismo no se produzca, no obsta para que el sujeto activo acepte porque consiente tal consecuencia (dolo eventual). Se erige así el consentimiento en el eje de la disquisición por cuanto que con él se define y concreta el dolo eventual (el autor...

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