Jurisprudencia constitucional: reforma de la ley de costas y convalidaciones legislativas

Autor:G. Valencia Martín
Páginas:365-435
 
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Jurisprudencia Constitucional: reforma de la Ley de
Costas y convalidaciones legislativas
GERMÁN VALENCIA MARTÍN
SUMARIO: 1. INTRODUCCION. 2. LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS
(STC 233/2015). 2.1. Introducción. 2.2. Sobre el “principio de no
regresión” y la interpretación sistemática de los arts. 45 y 132.2 CE. 2.3.
La delimitación del dominio público marítimo-terrestre. 2.4. Protección
(servidumbres) y utilización. 2.5. Régimen transitorio de la Ley de
Costas de 1988. 2.6. Prórroga extraordinaria de las concesiones. 2.7.
Regímenes especiales. OTROS TEMAS COSTEROS (SSTC 5, 57 y
92/2015). 3.1. Asentamientos rurales del litoral canario (STC 5/2015). A)
Antecedentes. B) La Sentencia. 3.2. La Ley del Plan de ordenación del
litoral de Cantabria (STC 57 y 92/2015). A) Las Sentencias. B) Una
reflexión sobre el carácter materialmente administrativo de la Ley. 4.
AGENTES FORESTALES (STC 214/2015). 5. MINERIA Y MEDIO
AMBIENTE (SSTC 45, 235 y 260/2015, y ATC 63/2015). 5.1. Gestión
de residuos mineros y rehabilitación de espacios afectados por
actividades mineras (STC 45/2015). A) Antecedentes. B) La Sentencia:
debilitamiento de las exigencias formales y materiales de la legislación
básica en materia ambiental y vuelta silenciosa a la STC 149/1991. 5.2.
La irregistrabilidad del territorio de las Islas Baleares a los efectos de las
Secciones C) y D) de la Ley de Minas (STC 235 y 260/2015). A)
Precedentes jurisprudenciales. B) La Sentencia. 5.3. La ley catalana
sobre el fracking (ATC 63/2015). A) La decisión cautelar. B) El tema
de fondo. 6. LEYES SINGULARES Y CONVALIDACIONES
LEGISLATIVAS (SSTC 50, 231 y 269/2015). 6.1. Tres eran tres… 6.2.
La estación de esquí de San Glorio (STC 50/2015). A) Antecedentes. B)
La Sentencia. C) El Voto particular. 6.3. El trasvase del río Castril (STC
231/2015). A) Antecedentes. B) La Sentencia. C) El Voto particular. 6.4.
La planta de Fresno de la Ribera (STC 269/2015). A) Antecedentes. B)
La Sentencia. 6.5. Unas breves reflexiones a modo de conclusión. 7.
LOS INCENTIVOS A LAS ENERGIAS RENOVABLES (SSTC 28, 48,
105, 106 y 270/2015). 7.1. Introducción. 7.2. Análisis puramente formal
OBSERVATORIO DE POLÍTICAS AMBIENTALES 2016
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de la problemática (SSTC 28, 48, 105 y 106/2015). 7.3. Análisis
sustantivo (STC 270/2015). 8. TRIBUTOS AMBIENTALES (STC
22/2015). 9. AGUAS (STC 13, 103 y 196/2015). 9.1. El Estatuto
aragonés y el trasvase Tajo-Segura (STC 13/2015). 9.2. La
“privatización” del Canal de Isabel II (STC 103/2015). 9.3. La atribución
de facultades de policía sobre el dominio público hidráulico a ciertas
Comunidades Autónomas (STC 196/2015)
1. INTRODUCCION
Una de las actividades intelectuales que aguardo con más
impaciencia todos los años es la redacción de esta pequeña crónica de
jurisprudencia constitucional en materia ambiental. Cumplo a veces con
excesivo retraso, poniendo a prueba la paciencia, que es mucha, de nuestro
coordinador, pero ello no obsta a que resulte siempre una tarea grata y
enriquecedora. El mérito es, por supuesto, del propio Tribunal y de quienes
con sus recursos y defensas hacen posible que haya siempre decisiones
interesantes.
Hacia el final del presente ejercicio se dictaron tres Sentencias
notables: la Sentencia 233/2015, de 5 de noviembre, sobre la Ley 2/2013,
de modificación parcial de la Ley de Costas; la Sentencia 231/2015,
también de 5 de noviembre, en materia de convalidaciones legislativas; y la
Sentencia 270/2015, de 17 de diciembre, que, por fin, entra en el fondo de
los problemas constitucionales planteados por las sucesivas reformas del
sistema de incentivos a la producción de electricidad a partir de fuentes
renovables. Tres importantes Sentencias, y las tres curiosamente sobre
cuestiones sustantivas, y no competenciales. Los temas de las dos primeras
dan título al trabajo de este año, no así el de la tercera, al que dedico menor
atención.
Junto a las referidas Sentencias, no faltan otras también de interés y,
como de costumbre, de temática muy variada: el Plan de ordenación del
litoral de Cantabria (SSTC 57 y 92/2015); los agentes forestales madrileños
(STC 214/2015); la gestión de residuos mineros y rehabilitación de
espacios afectados por actividades mineras (STC 45/2015), resolución que
revela, a mi juicio, una cierta tendencia al debilitamiento de las exigencias
formales y materiales de la legislación básica en materia ambiental; etc.
Como siempre, espero que el lector pueda encontrar atractivo,
siquiera de forma selectiva, alguno de estos resúmenes y comentarios.
XV. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL: REFORMA DE LA LEY DE COST AS…
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2. LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS (STC 233/2015)
2.1. INTRODUCCIÓN
La reforma de la Ley de Costas llevada a cabo por la Ley 2/2013, de
29 de mayo (Ley de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas), no fue en
general bien recibida. Ya durante su tramitación parlamentaria fue objeto
de agrias censuras por parte de grupos de la oposición y asociaciones
ecologistas, que le reprochaban suponer un retroceso y una grave
desprotección de nuestro litoral, y de atender a intereses espurios
1
; y, una
vez aprobada, tampoco la opinión doctrinal fue, en líneas generales, muy
favorable
2
. Nunca he compartido plenamente estas críticas, que, al menos
desde una valoración de conjunto, siempre me han parecido un tanto
excesivas. En mi opinión se trataba, y se trata, de una reforma de alcance
más bien modesto, que en modo alguno subvierte los pilares del sistema
establecido, sino que, sin perjuicio de algunos extremos ciertamente
discutibles, lo que pretendía esencialmente, y lograba con mejor o peor
fortuna, era corregir algunas de las rigideces de la legislación de costas de
los años ochenta. Porque, en efecto, la justamente alabada Ley de Costas
de 1988, en su afán de transformación y uniformidad, presentaba, a mi
juicio, algunos extremos de excesivo rigor e inflexibilidad. Para empezar,
algunos apartados del régimen transitorio, como el relativo a la
transformación de propiedades en concesiones por treinta más treinta años,
aunque declarados constitucionales por la STC 149/1991, habían dado
lugar a una aplicación lenta, por tanto desigual y muchas veces traumática.
Ciertos extremos de la delimitación de la ribera del mar, como el que
determinaba el alcance de la zona marítimo-terrestre hasta donde llegaran
las olas en los “mayores temporales conocidos”, eran, en su literalidad, de
aplicación imposible (repárese en no lejanos temporales del Cantábrico).
Por otro lado, y esta vez no a causa directamente de la legislación de
costas, sino de algunas recientes reformas estatutarias, que igualmente
superaron el juicio de constitucionalidad (STC 31/2010, FJ 92), se habían
consagrado diferencias competenciales en relación con el otorgamiento de
autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre,
conducentes, en la práctica, a una desigual aplicación de otras
1
Vid., por eje., el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, X Legislatura,
núm. 81, de 13 de diciembre de 2012, págs. 32 y sigs.
2
Vid., por eje., el conjunto de excelentes trabajos incluidos en el libro La nueva
regulación de las costas (Actas del IX Congreso de la Asociación Española de
Profesores de Derecho Administrativo, celebrado en Santiago de Compostela, el 7 y 8
de febrero de 2014), INAP, Madrid, 2014.

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