Jurisprudencia ambiental del Tribunal Supremo

AutorGerardo García Álvarez
Páginas271-292
IX. Jurisprudencia ambiental del Tribunal Supremo
IX
Jurisprudencia ambiental del Tribunal Supremo
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ERARDO
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ARCÍA
Á
LVAREZ
Sumario Sumario
Página
1. Derecho al medio ambiente y proceso contencioso-administrativo ........... 272
1.1. La interpretación ampliatoria de la legitimación activa ...................... 272
1.2. La tutela cautelar ambiental ................................................................. 276
2. El derecho de acceso a la información ambiental ...................................... 277
3. El ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental ............... 282
3.1. La corrección de una postura inicial restrictiva .................................. 283
3.2. Una aplicación expansiva: evaluación de impacto ambiental y evalua-
ción estratégica ambiental .................................................................... 289
Bibliografía citada ................................................................................................. 292
* * *
El derecho a un medio ambiente adecuado, además de aspectos sustantivos
encomendados a la legislación sectorial, tiene también una dimensión de derechos
formales, de procedimiento, con carácter transversal. Precisamente, el repaso de
algunas de las cuestiones relacionadas con el reconocimiento de derechos procedi-
mentales en materia de medio ambiente por la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo es lo que se aborda en este trabajo.
Tres son los derechos procedimentales que habitualmente se agrupan bajo el
rótulo del derecho colectivo al medio ambiente: el derecho de acceso a la informa-
ción ambiental, el derecho de participación en las decisiones ambientales y un
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derecho reaccional, el llamado derecho de acceso a los recursos administrativos y
jurisdiccionales contra las decisiones ambientales
1
.
Respecto al acceso a los recursos, se tratarálo relativo a las especificidades en
la legitimación procesal y también un importante aspecto del proceso contencioso-
administrativo, fundamental para una tutela judicial efectiva, como es el de la justi-
cia cautelar. También se examinaráel estado de la cuestión en lo referente al
principio de libertad de acceso a la información ambiental.
De los tres, por último, el gran ausente hasta ahora en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo ha sido el derecho a la participación en las decisiones ambienta-
les, aunque es probable que esto cambie en un futuro próximo, en la medida que
las disposiciones del Derecho comunitario vayan permeando el Derecho español
2
.
No obstante, síencontramos muchos pronunciamientos judiciales, también del Tri-
bunal Supremo, sobre la evaluación de impacto ambiental, técnica transversal que,
entre otras cosas, supone un importante mecanismo participativo.
1. DERECHO AL MEDIO AMBIENTE Y PROCESO CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO
Un elemento muy característico del proceso contencioso-administrativo, tal
como tradicionalmente se ha configurado en la legislación española, es una inter-
pretación flexible, ampliatoria, de los requisitos de la legitimación procesal activa,
reforzada por el reconocimiento constitucional del derecho a la tutela judicial de
los intereses legítimos como derecho fundamental. En este punto, veremos como,
pese a que ciertos avances lo son con carácter indiscutible, el Tribunal Supremo
no ha ido tan lejos como hacían presagiar algunas afirmaciones un tanto enfáticas.
Otra de las grandes cuestiones de los últimos años ha sido la justicia cautelar,
instrumento relevante con carácter general, pero más en un orden jurisdiccional
caracterizado por los retrasos. Por ello, éste es un campo muy adecuado para medir
la sensibilidad de nuestro Tribunal Supremo hacia el derecho a un medio ambiente
adecuado, por más que no pueda aplicarse el calificativo de jurisprudencia en sen-
tido técnico a una serie de resoluciones judiciales que, como es lógico en este
campo, revisten la forma de autos.
1.1. LA INTERPRETACIÓN AMPLIATORIA DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA
En términos técnicos, el nudo central de ese acceso a los recursos administrati-
vos y jurisdiccionales residiría en la legitimación procesal, aspecto en el que la
1. LÓPEZ RAMÓN(1997), pág. 361.
2. La Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por
la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determina-
dos planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo
que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE
y 96/61/CE del Consejo, prevéun plazo de transposición que terminóel 25 de junio de 2005.
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