Jurisprudencia ambiental en Andalucía (Primer semestre 2019)

Autor:Lorenzo Mellado Ruiz
Pàgines:1-17
 
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REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. X Núm. 1 (2019): 1-17
-Crónica-
[DOI: http://dx.doi.org/10.17345/rcda.2562] 1
JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN ANDALUCÍA
(PRIMER SEMESTRE 2019)
LORENZO MELLADO RUIZ
Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universidad de Almería
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Sumario. 1. Los convenios de cooperación no implican delegación de competencias: subsiste,
pues, la responsabilidad municipal en materia de vertidos y depuración de aguas; 2.
Procedimiento de deslinde y ampliación del plazo máximo para resolver por la Administración;
3. ¿Es recurrible el acuerdo de iniciación del procedimiento de modificación de la declaración
ambiental estratégica?; 4. ¿De quién es la competencia local para prestar el servicio público de
tratamiento de residuos sólidos urbanos en los municipios de menos de 5000 habitantes, de la
Diputación o del Ayuntamiento?; 5. Relevancia –y oportunidad temporal- de la información
pública en los procedimientos de Autorización Ambiental Unificada (AAU); 6. Los planes de
gestión de riesgos no tienen funcionalidad “urbanística”; 7. La competencia para el posible
establecimiento de restricciones frente a actividades en el espacio aéreo de espacios naturales
corresponde al Estado; 8. Una Orden autonómica por la que se dispone la publicación de un
Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones no tiene “valor normativo”; 9. Naturaleza jurídica y
viabilidad de la modificación sobrevenida de una Autorización Ambiental Unificada
La presente crónica abarca el período comprendido entre junio y diciembre de
2018.
1. LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN NO IMPLICAN DELEGACIÓN DE
COMPETENCIAS: SUBSISTE, PUES, LA RESPONSABILIDAD MUNICIPAL
EN MATERIA DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE AGUAS.
STSJA de 19 de junio de 2018, rec. 142/2016
STSJA de 19 de junio de 2018, rec. 144/2016
Resuelven las SSTSJA (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª,
Sede de Granada) de 19 de junio de 2018, recursos 142/2016 y 144/2016, los
recursos interpuestos contra las sanciones pecuniarias impuestas a dos
Ayuntamientos por la realización de vertidos de aguas residuales sin
autorización (y lógicamente sin depuración) al dominio público hidráulico.
Según las entidades locales, sin embargo, no existiría culpabilidad suya sino de
la Administración autonómica, al carecerse de las infraestructuras necesarias
por un incumplimiento previo de los acuerdos suscritos por la Junta de
Andalucía, junto con otras alegaciones accesorias. Recuerda el TSJA sin
embargo que la suscripción de dichos convenios de colaboración y cooperación
no exime a los Ayuntamientos responsables de sus obligaciones ni justifica la
renuncia al ejercicio de una de sus competencias atribuidas por la Ley
(principio de irrenunciabilidad de las mismas), sea cual sea la evolución fáctica
y normativa correspondiente. La suscripción de un convenio de colaboración no
supone una delegación de las competencias (en este caso, de saneamiento y
depuración de las aguas residuales) en favor de la Administración hidráulica
autonómica, por lo que no existe ninguna exoneración en su ejercicio, en tanto

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