Jurisprudencia

Autor:Félix Benito Osma
Cargo:Profesor de Derecho Mercantil. Universidad Carlos III de Madrid. Abogado. Asesor Científico de SEAIDA
Páginas:215-228
 
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I Responsabilidad civil
A) Empresas
1. Banco

Responsabilidad del librado por no custodia del talonario de cheques. Firma falsificada.

Artículo/Norma: art. 156 Ley Cambiaria y del Cheque.

STS, Sala 1ª, de 4 de abril de 2014

Controversia: Pagos de cheques con firma falsificada de un empleado de la empresa que realizaba habitualmente gestiones bancarias y control de las obligaciones de control de autenticidad de firmas por la entidad bancaria.

La empresa interpone demanda frente al banco en reclamación de los pagos por cheques que ascienden a la cantidad de 373.836,65 euros que fueron autorizados por la entidad bancaria que no habían sido firmados por el representante de la demandante.

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El JPI estima la demanda.

La AP estima el recurso de apelación de la demandada y desestima la demanda. Argumenta la AP que existió una absoluta carencia de control por la empresa sobre la actuación de su empleado durante un dilatado tiempo, que los administradores le permitieron aparecer de manera habitual ante los bancos con plenas facultades para estas operaciones en términos análogos al conocido factor notorio de los artículos 286 y ss CCom. Y, por otra parte, no existió incumplimiento por la demandada de sus obligaciones de control de autenticidad de las firmas que dio lugar al pago indebido de los cheques falsificados. El empleado no sólo tenía acceso a los talonarios sino también al sello de la empresa, sin que ninguna de estas prácticas fuera advertida por la empresa en un plazo razonable pese a que todos los movimientos eran reflejados puntualmente en la cuenta bancaria de la demandante.

La Sala entiende que en aplicación del artículo 156 de la Ley Cambiaria y del Cheque la entidad bancaria no resultaba responsable por el pago indebido de los cheques. Como señala dicho precepto “el daño que resulte del pago de un cheque falso o falsificado será imputado al librado, a no ser que el librador haya sido negligente en la custodia del talonario de cheques, o hubiere proce-dido con culpa”. Se dan las circunstancias que conducen a la inexistencia de la responsabilidad de la entidad librada pues, por un lado, se trataba de cheques con apariencia de regularidad que eran presentados habitualmente al cobro por empleado de la demandante y, por otro lado, la propia literalidad de la norma conduce a dicha solución cuando libera al banco en caso de negligencia en la custodia del talonario, siendo en este caso tan significativa la negligencia del titular de la cuenta.

2. Laboratorios farmacéuticos

Contagio de la hepatitis C por la administración de productos hemoderivados

Artículo/Norma: arts. 1902, 1968 y 1969 CC; art. 28 Ley 26/1984, Consumidores; Ley 22/1994 de responsabilidad por productos defectuosos.

STS, Sala 1ª, de 21 de mayo de 2014

Controversia: Si el contagio de la hepatitis fue debido a la administración de concentrados a hemofílicos y constituía un riesgo inevitable y advertido. El transcurso del plazo prescriptivo teniendo en cuenta el dies a quo del plazo de la acción de responsabilidad extracontractual.

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La Asociación de hemofilia interpuso demanda frente a varios laboratorios en reclamación de daños y perjuicios como consecuencia de la infección del virus de la hepatitis c (vhc) al considerar que la misma vino ocasionada por la administración de los productos hemoderivados de la mercantiles codemandadas.

El JPI estima en parte la demanda. La AP revoca la sentencia, absolviendo a los laboratorios. Considera que el plazo de prescripción aplicable a la acción ejercitada es el anual previsto en el artículo 1968.2 CC y que el dies a quo debe establecerse desde el momento en que los afectados tomaron conocimiento de haber sufrido tal infección, es a partir de entonces cuando pudieron ejercitar la acción indemnizatoria (art. 1969 CC). No resulta de aplicación la Ley 22/1994 de responsabilidad por daños causados por productos defectuosos, pues según su DF establece el principio de irretroactividad. No siendo de aplicación a la responsabilidad civil de los daños causados por productos puestos en circulación antes de su entrada en vigor.

Es doctrina reiterada por la Sala TS que el plazo de prescripción para la acción de responsabilidad extracontractual por negligencia del laboratorio a través del medicamento suministrado es el anual previsto en el art. 1968 CC y que el dies a quo del plazo prescriptivo debe establecerse para la primera acción en el momento en que los afectados tomaron conocimiento de haber sufrido tal infección. También, la Sala concluye que se aplicaron los criterios de selección de donantes y los marcadores indirectos de hepatitis, así como las técnicas de inactivación viral que iban apareciendo en la investigación científica; de que se trataba de una situación beneficiosa para los hemofílicos demandantes afectados por la administración de concentrados de factor de coagulación y de un riesgo convenientemente advertido en los productos por la administración de los concentrados, conforme exigía el RD 3451/1977, de 1 de diciembre, sobre promoción, información y publicidad de los medicamentos y especialidades farmacéuticas y el artículo 13.1 f) LGDCU lo que hacía inevitable el contagio de VHC hasta que comenzaron a aplicarse técnicas de inactividad viral.

B) Profesional
1. Notario

Responsabilidad por no informar las cargas del inmueble antes del otorgamiento de la escritura pública de compraventa. Indemnización de daños y perjuicios.

Artículo/Norma: arts.146 y 175 Reglamento Notarial.

STS, Sala 1ª, de 18 de marzo de 2014

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Controversia: Comunicación entre el oficial de la notaría y el empleado del Registro de la Propiedad que hace responsable al notario frente al comprador, por no haber trasladado la información de cargas remitida por el Registro del Propiedad antes del otorgamiento de la escritura pública de compraventa.

La actora compradora del inmueble ejercita en su demanda dos acciones. Una frente a la vendedora por responsabilidad civil contractual y otra frente al notario por negligencia profesional, reclamando una indemnización por
2.450.000 euros, al haberse otorgado la escritura pública sin que se incluyera ni se pusiera en conocimiento del comprador el embargo trabado sobre la finca.

La escritura pública se otorgó el día 22 de septiembre. Para ello, el día 16 de septiembre un oficial de la notaría solicitó por fax al Registro de la Propiedad información registral continuada, facilitándose un número de fax. El día 18 de septiembre tuvo entrada en el Registro un mandamiento de embargo sobre esa finca. El Registro creó un documento para comunicar a la notaría por fax informático que había tenido entrada aquella orden de anotación de embargo, gene-rándose un informe que fue recibido por el destinatario el día 19 de septiembre (9:47 horas). Ese mismo día a las 11:30 horas el oficial de la notaría llamó al Registro para advertirles que no habían recibido la información solicitada. Desde el Registro de la Propiedad se reenvío la nota que se creó al principio antes del mandamiento de embargo, que fue recibida el día 19 de septiembre a las 11:46 horas.

El JPI estimó íntegramente la acción que dirigía contra la vendedora, a quien condena a pagar la suma de 2.450.000 euros, desestimándose la ejercida frente al notario, absolviéndole de las pretensiones formuladas en su contra. El pronunciamiento frente a la vendedora quedó firme. La AP estimó el recurso de apelación formulado contra la absolución del notario demandado, estimando la acción de responsabilidad ejercitada contra él y le condenó al pago solidario con la vendedora de la indemnización solicitada. La AP considera que existió un error de comunicación entre el oficial de la notaría y el empleado del regis-tro, pero éste no puede eximir de responsabilidad al notario frente al comprador, por no haberle trasladado la información de cargas que consta facilitada por el Registro, conforme a lo establecido en el artículo 175 del Reglamento notarial. El Registro facilitó la información relativa a la entrada de la orden judicial de anotación de embargo, constando copia del recibo (report) creado por el sistema informático, según el cual el fax informático fue recibido por la notaría sin que el demandado haya acreditado que el documento no llegó por razones técnicas que no le son imputables. La Audiencia argumenta que correspondía al demandado acreditar lo contrario o desvirtuar lo que...

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