Los jueces

Autor:Eloy Colom
 
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1. La función judicial

Los jueces son los encargados de ejercer la función judicial. Función que como ya vimos en el capítulo anteriorsólo es entendible en los países anglosajones en cuanto se ejercita con absoluta independencia por personas de un alto prestigio profesional y humano (al menos en los tramos medios y altos de la judicatura) o por elementos legos de la ciudadanía. De lo contrario, el Estado carecería de credibilidad, porque el ciudadano se vería privado de una instancia arbitral capaz de decidir con autoridad entre él y los poderes sociales y políticos con los que pudiera entrar en conflicto.

Pero esa independencia que le distingue de otros órganos de la Administración pública, no puede significar que el juez esté legitimado para ejercer una función política, salvo que por el sistema de su nombramiento se le revista de tal legitimación. Algunos partidarios del activismo judicial señalan, sin embargo, que toda actividad judicial encubre necesariamente una actividad política, y por lo tanto proponen que se le dé carta de reconocimiento a la misma. Ello, en nuestra opinión, derivaría en unas consecuencias que estimamos no aceptables. Es cierto que toda actividad judicial tiene algo de actividad política, en cuanto a menudo aquella está dotada de un margen de discrecionalidad inevitable. Pero ello no ha de confundirse con la necesidad de que la actividad judicial haya de ser, al mismo tiempo, partidista, o sectaria, y, sobre todo, esencial o marcadamente política.

Los jueces, como último recurso de los ciudadanos frente al poder, sea éste público o privado, sólo justifican su existencia y la del sistema procesal cuando su finalidad es encontrar la respuesta más jurídica posible, aunque deba ser humana y generosa en grado sumo. En un Estado democrático de Derecho no se mantiene el aparato judicial para promover ideas ni revolucionarias, ni reaccionarias o de cualquiera otra índole, sino para que hagan valer el Derecho y el sentido común825.

Sin duda, se puede argüir en contra de esto, que tal posicionamiento puede resultar a la postre considerablemente conservador, pero si el sistema político es de estructura parlamentaria, es el único admisible en buena lógica política. Muy distinto es abogar por una mayor flexibilidad del sistema jurídico y de los poderes del juez, pero dentro de un espíritu constitucional y aceptable para la generalidad de la ciudadanía.

Para lo que aquí nos interesa, vamos a clasificar a los juzgadores en dos grandes grupos (aunque luego veamos que cada uno de ellos se puede dividir, a su vez, en otros dos): los jueces profesionales (dotados de formación jurídica y de inamovilidad en el cargo), y los jueces legos (que ejercen el cargo ocasionalmente o por un período relativamente corto de tiempo, y a los que no se les exige una formación jurídica, aunque nada impida que la posean).

Unos y otros, sin embargo, comparten una serie de características peculiares, que se encuentran en todos los países dotados de una organización judicial mínimamente estructurada.

La función primaria de todo órgano judicial es “administrar justicia” -esto es, dicho de un modo simple-: dar a cada uno lo suyo según Derecho.

Pero inmediatamente surge la duda de si tal clase de función realmente es la que interesa al poder político, a la sociedad, y hasta al propio juez y a los justiciables, o se trata tan solo de una declaración retórica, cargada de buenas intenciones, pero que oculta la verdadera labor que se busca en los jueces: imponer la paz entre los particulares y entre éstos y el Estado; en otras palabras, imponer el orden826.

Lo cierto es que la cultura jurídica occidental jamás renunció, tanto en el terreno teórico como en el práctico, a combinar dos funciones del juez que se consideran esenciales: administrar justicia e imponer el orden jurídico, aún en los períodos históricos mas oscuros, bien que la idea que unos tengan de lo que es la justicia no sea coincidente con la de otros, y bien que la balanza para equilibrar justicia y orden público padezca casi siempre de algún defecto de nivelación que la haga caer hacia el lado de este último.

La manifestación más propiamente antiautoritaria y antiestatista de administrar justicia es el arbitraje -entendido en su sentido propio, técnico-jurídico-, mediante el cual se trata de conseguir la máxima satisfacción posible de los litigantes, y se reduce al mínimo o se elimina la preocupación por el mantenimiento del orden público. La función del árbitro se compara a menudo con la judicial, y efectivamente es comparable en muchos aspectos, puesto que jueces y árbitros resuelven disputas de naturaleza semejante. Pero las diferencias son muy grandes y las consecuencias de ellas -tanto jurídicas como de otra índoleson igualmente importantes.

El árbitro puede estar rodeado de toda la auctoritas del mundo (autoridad moral, ascendencia sobre los demás), pero no ha sido colocado en la situación de resolver las disputas por el poder público, como el juez: depende su nombramiento entera y exclusivamente de las partes. Cosa que no es nada censurable, sino todo lo contrario. Recuerda al iudex de los romanos. Pero su función, más humana que la del juez y más cargada de connotaciones iusfilosóficas y populares que jurídicas, no es propiamente jurídica. El juez siempre tiene que justificar su sentencia en el Derecho, aunque tenga que inventarlo por primera vez (“descubrirlo”, utilizando un eufemismo); el árbitro, no -al menos, no necesariamente-.

Como el juez viene impuesto por el Estado a los justiciables y el árbitro es elegido por éstos, las resoluciones de los árbitros tienden a complacer a los litigantes, buscando la mediación, el compromiso, o las soluciones más aceptables para ambos. Dado que el árbitro busca dejar satisfechas a las dos partes litigantes, la dirección de los debates y sus resoluciones suelen ir mucho más allá del problema central debatido, buscando resolver todas las cuestiones que irritan a los contendientes pero que subyacen al litigio. De ese modo, se trata de recuperar una paz global y duradera entre aquellos. En realidad, la función del árbitro es tan compleja que suele incorporar una cierta mediación, a través de la cual el árbitro intenta que sean precisamente las partes enfrentadas las que busquen y alcancen una solución. Los antropólogos han destacado desde hace mucho tiempo el superior carácter terapéutico de esa forma de hacer justicia, en la que el árbitro en las sociedades primitivas hace hablar libremente ante la tribu a las dos partes de todos los problemas que los tienen enfrentados, hasta que ambos contendientes alcanzan una pacificación real827.

De ahí la necesidad de facilitar un sistema arbitral extenso a los justiciables, y de aproximar el sistema judicial al arbitral. El juez adornado con las virtudes del árbitro se configura, por lo tanto, como un posible excelente terapeuta, individual y social, como un órgano antipositivista, y como una defensa contra el normativismo. No es de extrañar, por tanto, que el juez-árbitro, es decir, el juez cargado de auctoritas, flexible y buscador de justicia y compromiso, se corresponda muy bien con el idealmente preconizado por el Estado antiautoritario puro, y que la República romana y -en menor intensidad y con todas sus limitacionesla Inglaterra pre-benthamista intentaran una aproximación a semejante modelo.

Una vez que el Estado se desarrolla y se impone, tiende a relegar el arbitraje a los asuntos sin trascendencia política o social. Pero lo prohíbe o lo somete a ulterior revisión en las áreas que tiene por conveniente. Y lo que es peor, al juez no sólo le niega que actúe con la flexibilidad de un árbitro, sino que le prohíbe ser elegido como tal. Impone su rigidez conceptual por todas partes, bajo las razones más inconsistentes. Y -todavía peoren el Estado autoritario, al rodearse la función judicial de todo tipo de corsés y controles, incluído el ejercido en el proceso por un omnipresente Ministerio Público, no caben maniobras procesales que se salgan lo más mínimo de los trámites preconcebidos por el legislador. En tal sistema político nadie puede pensar en que el juez pueda suspender el procedimiento para volver -sin salirse del mismo procesosobre lo discutido, o que proponga soluciones intermedias o nombres de intermediarios828, sin que alguien se oponga a ello.

Con el alejamiento -a veces innecesarioentre el arbitraje y la justicia judicial, se perjudica gravemente el entendimiento de ésta por parte de la ciudadanía, se priva al justiciable de las ventajas pedagógicas y terapéuticas de aquél, y se contribuye al disgregamiento de la sociedad a límites mucho más notables de lo que a veces pensamos829. Ya en el siglo XVIII decía David Hume que los árbitros privados hallan con frecuencia que uno de los litigantes tiene tanta razón como el otro, porque la realidad de la vida es compleja y la justicia no presenta tan sólo una única cara, de manera que, siendo los árbitros los amos del arbitraje y no teniendo por tanto que someterse a otra norma que el consentimiento de las partes, pueden resolver el litigio buscando un camino intermedio entre las pretensiones de los contendientes, en tanto que los jueces se ven obligados a tomar uno de los caminos de los litigantes, para lo cual acuden a los razonamientos más frívolos: los half rights (medios derechos), tan comunes en la vida real y que son tan naturales, se convierten en absurdos en la lógica jurídica830.

Dicho lo cual, vamos ahora a dedicarnos a examinar más concretamente la función de los jueces profesionales, para pasar más adelante al estudio de los legos.

Convenido que en todos los países desarrollados el juez -sea al imponer el orden, sea al hacer justiciatiene por misión aplicar el Derecho, lo primero que vamos a examinar es la forma cómo se efectúa esa aplicación del Derecho al caso concreto sometido a su consideración.

Más que “aplicar el Derecho” -que es una expresión muy poco reveladora de lo que sucede...

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