Sistema Judicial, secreto económico y secreto de Estado

AutorLuis P. Salas
CargoUniversidad Internacional de la Florida, EE. UU.
Páginas91-121

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La práctica del secreto, para compartimentar información y limitar el acceso a aquellas personas que demuestran una clara necesidad de tener que conocer, dificulta la identificación de las personas responsables y pone en peligro el fundamento de una sociedad democrática y abierta. Esta práctica también genera una peligrosa tendencia a impedir el acceso a información a personas fuera del grupo insular, por el temor de comprometer las fuentes y la integridad de la inteligencia. Las consecuencias pueden ser desastrosas, como lo fuera señalado en el informe de la Comisión del 9/11, comentando que la necesidad estricta de tener conocimiento y el enfoque de las agencias del gobierno que asumen que son dueñas de la inteligencia impide el uso efectivo de nuestro inmenso almacén de información… La identidad de terroristas puede estarPage 92 bajo llave en los archivos de una agencia y no ser puesta al alcance de otras agencias o reportada a éstas y, si es que ésto ocurre, es proporcionada únicamente a los más altos mandos, negando el acceso a la información a aquellos que más la necesitan, los que están en los puntos operativos. El aislamiento de la información da lugar a la multiplicidad de agencias de inteligencia y todas ellas en competencia una con la otra protegiendo celosamente sus propias fuentes privadas de información1.

En lugar de señalar una norma específica que trata el secreto de Estado como lo hace Inglaterra en la Ley de Secretos Oficiales (Official Secrets Act), los Estados Unidos han promulgado un conjunto de normas que tratan temas específicos y que se encuentran en diversos capítulos de los códigos federales. El propósito de este trabajo es señalar los temas más importantes del esquema legislativo relacionados con la salvaguarda de secretos que afectan a la seguridad nacional.

Sancionar penalmente la obtención o revelación de información que el Gobierno ha clasificado como secreta requiere un balance entre el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos y la necesidad de proteger la seguridad nacional. Este análisis es especialmente difícil cuando la entidad que requiere o publica la información es la prensa y es notable que no haya casos donde un medio de comunicación haya sido sancionado por violar las normas que regulan los secretos de Estado.

1. La ley contra el espionaje

La legislación2 que establece formalmente el «secreto de Estado» en Estados Unidos tiene su origen en 1917. El Presidente Wilson, que había ganado las elecciones prometiendo neutralidad, utilizó el hundimiento de un barco de pasajeros por un submarino alemán como excusa para generar apoyo popular a la guerra y justificar la represión de aquellos que se oponían. En 1917, el Congreso promulgó la Ley de Espionaje que prohibió penalmente la «ob-Page 93tención de información sobre la defensa nacional con la intención o con razón para creer que la información va a ser usada para causar daño a los Estados Unidos o dar ventaja a cualquier nación extranjera» (Posner, 2007). Asimismo, la ley sancionaba el «formular o transmitir informaciones o declaraciones falsas con la intención de interferir con las operaciones o éxito de las fuerzas militares y navales de los Estados Unidos o promover el éxito de sus enemigos». Además, la norma también sancionaba cualquier «intento de causar insubordinación, deslealtad, amotinamiento» u obstruir el reclutamiento de soldados (Donahue, 2005). La veracidad de la comunicación no podía ser utilizada para justificar la publicación. Aunque el Congreso aprobó esta ley, al mismo tiempo rechazó varios artículos propuestos por el presidente que sancionarían cualquier publicación de información que el presidente estimara fuera útil al enemigo. Debido a la fuerte oposición de la prensa, el Congreso rechazó esta propuesta.

Un año después, el Congreso promulgó la «Ley Contra la Sedición» que prohibía cualquier expresión antipatriótica o desleal sin consideración de su efecto ni su inmediatez. Estas dos normas dieron como resultado los primeros fallos importantes de la Corte Suprema sobre la libertad de expresión. En 1919, en Schenck v. United States3, en un caso en el cual los detenidos fueron acusados de distribuir un panfleto que incitaba a los jóvenes a rehusar el cumplimiento del servicio militar obligatorio, la Corte Suprema estableció como canon constitucional para evaluar si una norma viola la Primera Enmienda de la Constitución el siguiente: «si las palabras son usadas en circunstancias, o son de tal naturaleza, que crean un peligro claro y presente que cause el mal sustantivo que el Congreso intentó prohibir». Ni la más absoluta garantía de libertad de expresión, añadió la Corte, «protege a un hombre que falsamente grita que hay un incendio en un teatro abarrotado4».

El miedo al comunismo fue utilizado para justificar nuevas medidas que limitaban los derechos de expresión y prensa. En 1940, el Congreso promulgó una ley que sancionaba a «cualquier persona que intencionalmente y con conocimiento aboga, incita, aconseja o enseña la necesidad o conveniencia de derrocar el Gobierno por medio de la fuerza». La ley preveía tambiénPage 94 la sanción de la publicación, edición, circulación, venta o distribución de material escrito o impreso con este fin5.

Otra norma exigió que individuos y organizaciones comunistas en Estados Unidos se registraran ante una nueva agencia que regularía actividades subversivas. En 1954, el Congreso ilegalizó al Partido Comunista y requirió que cualquier publicación o difusión radial o televisiva comunista incluyera en el texto o la emisión de una advertencia sobre su supuesta afiliación o relación con el partido comunista.

2. Las normas penales básicas USC §793 y §794

El Congreso se ha basado en la antigua Ley de Espionaje para promulgar normas penales que se aplican tanto al espionaje tradicional como a la obtención, transmisión y divulgación de información secreta sin ningún fin de espionaje. De éstas, las más importantes son las secciones 793 y 794 del Código Penal federal. Al analizar las diferentes normas se pueden notar diferencias sutiles pero notables. Ambas leyes tratan el manejo de información secreta, ambas utilizan el mismo lenguaje para definir el interés de seguridad nacional involucrado y las dos sancionan la divulgación de información secreta. Las dos leyes difieren al identificar al destinatario de la información. La sección 793 (d), la cual es usada con frecuencia en estos casos, prohíbe revelar información secreta a «una persona que no tiene derecho a recibirla», mientras que la Sección 794 sanciona una conducta mucho más grave al prohibir la trasmisión de información secreta a un agente de un gobierno extranjero. «En resumen, la sección 794 cubre espionaje clásico, mientras que las secciones 793 (d) y (e) tratan de un delito menos grave que el espionaje, la revelación de información a cualquier persona que no está autorizada a recibirla6.» En ambos casos la sanción es severa: pena de muerte o cadena perpetua para el espionaje clásico y un máximo de diez años de prisión por la revelación a personas no autorizadas.

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Un ejemplo del caso típico de espionaje7 es United States v. Truong8. Truong fue acusado de transmitir información secreta al Gobierno de la República Socialista de Vietnam. Truong recibió copias de cables diplomáticos de un empleado del Gobierno norteamericano. Truong argumentó que los cables no trataban temas militares y por lo tanto sólo indirectamente afectaban a la seguridad nacional. También alegó que él no tenía una intención perversa, ya que su propósito era promover la normalización de relaciones entre los Estados Unidos y Vietnam. El tribunal de apelaciones rechazó estos argumentos y determinó que el Gobierno solamente necesitaba probar que Truong actúo con la intención de violar la norma sin importar su motivación.

En United States v. Dedeyan, el Gobierno formuló cargos de espionaje contra un matemático asignado por su supervisor a trabajar en un proyecto para la Marina. Al completar el trabajo, Dedeyan llevó el informe a su casa para revisarlo, lo cual constituía una violación de las normas de seguridad aplicables a la información secreta9. Un primo suyo fotografió las primeras setenta páginas del documento y transmitió la información a la Unión Soviética. Posteriormente, el primo admitió que le pagó a Dedeyan para asegurar su silencio. Un jurado encontró a Dedeyan culpable de no informar a las autoridades de la sustracción del material secreto hecha por su primo.

Otro caso de espionaje es United States v. Squillacote10. Los Squillacote eran una pareja entrenada por el servicio de inteligencia de Alemania del Este. Theresa Squillacote estudió Derecho en los Estados Unidos y ocupó diversos cargos en agencias del Gobierno norteamericano. Eventualmente llegó a ocupar un cargo importante en el Departamento de Defensa con acceso a información secreta importante. Después de la caída del régimen ale-Page 96mán, los Squillacote intentaron vender la información que tenían a agentes del Gobierno de África del Sur. La pareja fue sentenciada a veintidós y diecisiete años de prisión.

Uno de los casos más controvertidos en los últimos años ha sido United States v. Rosen11. Steven Rosen y Keith Weissman estaban empleados como analistas y expertos en Medio Oriente de una agencia norteamericana dedicada a promover una imagen favorable de Israel (pro Israel lobby). Como parte de su trabajo, Rosen y...

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