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Introducción

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Vincent
AutorEmilio Javier Verón Bustillo
Páginas23-24

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El tráfico ilícito de bienes culturales supone uno de los negocios más lucrativos para la criminalidad organizada en el plano internacional. Miles de estos objetos se encuentran expuestos diariamente a la acción de los delincuentes, interesados únicamente en su posible valor económico en el mercado negro y para los que este tipo de acciones delictivas se ha convertido en su modus vivendi.

Los bienes culturales son vulnerables ante una variedad de diferentes amenazas. El robo de obras de arte, el expolio de yacimientos arqueológicos terrestres o subacuáticos y la falsificación de estos objetos suponen sus actividades más habituales. Se trata de los riesgos más importantes que padecen no solo los profesionales dedicados al mundo del arte sino también los coleccionistas y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben investigar. Además, en los últimos años se les ha unido otro tipo de acciones muy preocupantes para la comunidad internacional: los daños intencionados contra el patrimonio cultural procedentes de civilizaciones antiguas, en auge en países dominados por grupos terroristas como el Estado Islámico, y daños también observados como parte de la limpieza étnica entre bandos rivales durante ciertos conflictos armados de extrema dureza y crueldad.

Analizado el riesgo al que están sometidos esta clase de objetos, los Estados y, de forma complementaria, la comunidad internacional ha pretendido en el último medio siglo aplicar una serie de medidas para proteger el patrimonio cultural de la humanidad.

En el plano nacional, el Patrimonio Histórico español forma parte del acervo cultural de nuestra sociedad y, por ende, conforma una de sus señas de identidad. De esta forma lo recoge la Constitución Española que atribuye la responsabilidad de la salvaguarda del Patrimonio Histórico español a

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los poderes públicos. Pero no sólo el patrimonio histórico se encuentra en peligro sino que también el artístico y el cultural, entre otros.

Como consecuencia, el Ministerio del Interior durante la X legislatura (2011-2015) se propuso, como séptima línea estratégica, impulsar la protección del patrimonio cultural en España. En desarrollo de este propósito, han sido muchas las iniciativas tomadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) así como por otros entes públicos y privados en los últimos años para intentar frenar el expolio de yacimientos arqueológicos y el tráfico nacional e internacional de los bienes culturales.

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