Introducción

Autor:Xabier Arzoz Santisteban
Páginas:11-21
 
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A menudo se entiende —y, sobre todo, se ha entendido en el pasado— que la Constitución y el Derecho de la Unión siguen órbitas distintas, que rara vez se acercan, de forma que los Tribunales Constitucionales de los Estados miembros pueden vivir con relativa comodidad evitando en el día a día el Derecho de la Unión. Todavía en 2011 el entonces presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala Sánchez, afirmó que las coordenadas en las que se mueve la aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea «no cuadran fácilmente con el papel del Tribunal Constitucional que en la singular función jurisdiccional que le corresponde no aplica el Derecho de la Unión, sino solo la propia Constitución»1. En la especificidad de la jurisdicción constitucional suele situarse su línea defensiva, en cuanto que, por regla general, el plano de la constitucionalidad no coincide con el de la aplicación del Derecho de la Unión. El presidente emérito del Tribunal Constitucional, Cruz Villalón, se ha referido a este respecto a «la profunda vocación estatal» y a la «dimensión introspectiva» de los Tribunales Constitucionales2. Y, ciertamente, los Tribunales Constitucionales se centraron en lo «suyo», esto es, en las cuestiones que consideraban importantes para garantizar la supremacía de la Constitución, y más bien parecieron aliviados de poder deferir plenamente a los órganos judiciales ordinarios la tarea ingrata de lidiar con la aplicación e interpretación del Derecho de la Unión. Solo ocasionalmente la garantía de la supremacía de la Constitución les lleva a intervenir en las cuestiones relacionadas con la integración europea, con el fin de regular las relaciones entre el ordenamiento jurídico estatal y el europeo, principalmente con ocasión de los procedimientos de ratificación de las reformas de los tratados constitutivos, y ello en mayor o menor grado según los casos3.

Ciertamente, no han faltado algunos intentos de recuperación del protagonismo perdido en virtud del Derecho comunitario por parte de los Tribunales

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Constitucionales. En la sentencia Simmenthal, de 9 de marzo de 1978 (as. 106/77)4, el Tribunal de Justicia rechazó el intento del Tribunal Constitucional italiano de reservarse para sí la declaración de invalidez de las leyes incompatibles con el Derecho de la Unión, con el argumento de que la infracción del Derecho comunitario constituía al mismo tiempo una vulneración constitucional5. En realidad, el Tribunal de Justicia negó la premisa de la que partía el Tribunal Constitucional italiano, la existencia de una controversia o conflicto constitucional, y entendió que solo existía un mero conflicto de leyes que debía resolverse en el marco de la jurisdicción ordinaria6. Por lo tanto, si se parte de la otra premisa, la inexistencia de conflicto constitucional, se concluye que no hay que promover la cuestión de inconstitucionalidad. Posteriormente, el Tribunal Constitucional italiano aceptó la necesidad de atender a las exigencias del proceso de integración y de, en consecuencia, deferir al plano aplicativo la resolución de una parte de las antinomias normativas entre el Derecho europeo y el Derecho nacional7. Ningún Tribunal Constitucional se ha empeñado después en mantener absolutamente concentrado el control abstracto de la ley, que le hubiera obligado a aplicar la «legalidad supranacional» como parámetro de enjuiciamiento8. Los Tribunales Constitucionales se resignaron a convivir con el poder conferido a los jueces y tribunales ordinarios de inaplicar normas con rango de ley incompatibles con el Derecho de la Unión, así como con la facultad de plantear cuestiones prejudiciales de validez e interpretación directamen-

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te ante el Tribunal de Justicia, aunque a veces ello pudiera originar contradicciones con sus propios pronunciamientos9.

Un segundo intento de preservar el protagonismo de la jurisdicción constitucional se ha originado más recientemente en Bélgica y Francia, en cuyos ordenamientos jurídicos se otorgó expresamente la prioridad ante la jurisdicción constitucional a las cuestiones de inconstitucionalidad que estuvieran basadas en razones de inconstitucionalidad, frente a las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia basadas en motivos de invalidez derivados del Derecho de la Unión10. Como consecuencia de una cuestión prejudicial presentada por la Cour de Cassation francesa, el Tribunal de Justicia salió al paso de esos intentos en la Sentencia Melki y Abdeli, de 22 de junio de 2010, con una doctrina muy matizada. Afirmó la prioridad de la cuestión prejudicial de validez cuando el contenido de la norma nacional en cuestión se limita a transponer disposiciones vinculantes de una directiva europea. En los demás casos, admitió la prioridad atribuida a la cuestión de inconstitucionalidad por el Derecho interno, siempre que se respeten varias condiciones: que el juez interno sea libre para plantear la cuestión prejudicial «en cualquier momento del procedimiento», para adoptar medidas necesarias a fin de garantizar la tutela cautelar de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión, y para inaplicar la norma nacional controvertida si considera que es contraria al Derecho de la Unión11.

No obstante, la era post-Lisboa puede alterar sustancialmente los presupuestos en los que se basaba el tradicional distanciamiento entre la jurisdicción constitucional y el Derecho de la Unión Europea. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009 trajo consigo dos eventos de calado: la entrada en vigor de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) y la ampliación de la jurisdicción del Tribunal de Justicia en materias como el asilo, la inmigración y la cooperación judicial en asuntos civiles y penales12. En un segundo estadio tendrá lugar la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos prevista por el art. 6.2 TUE, al menos si se resuelven los obstáculos señalados en el Dictamen 2/13 del

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Tribunal de Justicia relativo a la ratificación del proyecto de acuerdo internacional sobre la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo13. En la presente obra me limitaré a considerar el impacto de la Carta en el estatus de los Tribunales Constitucionales nacionales.

La Carta no es un tratado internacional más, ni un sistema más de protección de derechos: opera en un contexto supranacional y no meramente internacional14. Aunque naciera «con un papel enormemente deslucido»15, su entrada en vigor ha conferido a la protección de los derechos fundamentales en el Derecho de la Unión Europea una centralidad hasta entonces desconocida16. Algunos autores dieron la bienvenida a «una nueva era de los derechos fundamentales en la Unión Europea»17. Los siguientes datos permiten corroborar esa afirmación. El número de cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que versan sobre la Carta ha ido creciendo en progresión aritmética: 18 en 2010, 27 en 2011, 35 en 2012, 41 en 201318. Tampoco el Tribunal de Justicia espera a que los jueces nacionales le invoquen la Carta. En sentencias importantes, como las falladas en 2010 en los asuntos DEB (C-279/09) y Sayn-Wittgenstein (C-208/09), el Tribunal de Justicia evocó la Carta, sin que el juez nacional promotor de la correspondiente cuestión prejudicial la hubiera mencionada específicamente19. El número de sentencias de los tres órganos judiciales que componen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tribunal de Justicia, Tribunal General y Tribunal de la Función Pública) que citan directamente la Carta o la mencionan en su razonamiento ha crecido también en progresión geométrica: 43 en 2011, 87 en 2012,

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114 en 2013 y 210 en 201420. Llama especialmente la atención el incremento de procedimientos de infracción basados en los arts. 258-260 TFUE, incoados por la Comisión, en los que la Carta ha sido mencionada: cinco en 2013 y once en 2014, cinco de los cuales en materia de asilo e inmigración21.

Así pues, el control concentrado de constitucionalidad que tradicionalmente realizan los Tribunales Constitucionales no solo se solapa ampliamente con el control difuso de compatibilidad de las leyes internas con los derechos fundamentales de la Unión que realizan los órganos jurisdiccionales nacionales de cualquier nivel22, sino también con el control indirecto de compatibilidad de las leyes internas con los derechos fundamentales de la Unión que realiza el Tribunal de Justicia a través de la cuestión prejudicial de interpretación del Derecho de la Unión23. A veces el control del Tribunal de Justicia se produce con resultados muy llamativos, tanto por la celeridad del pronunciamiento como por la intensidad del nivel de protección aplicado, superior al derivado del propio derecho fundamental constitucional24. Por lo demás, el Tribunal de Justicia también ha utilizado la Carta como parámetro de control del Derecho derivado de la Unión25. Pero, más allá de lo anterior, con todo importante, el Tribunal de Justicia, en formación de Gran Sala, adoptó el 26 de febrero de 2013 dos sentencias

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(Ákerberg Fransson yMelloní) que, en opinión de la doctrina, «han establecido las normas básicas de un nuevo marco de derechos fundamentales en Europa»26. El Tribunal de Justicia funge así de forma decidida como un verdadero tribunal de derechos fundamentales27 y, en consecuencia, como un Tribunal Constitucional potencialmente «rival» de los Tribunales Constitucionales estatales28.

El modus vivendi de lo que la doctrina ha calificado de «distanciamiento deliberado»29, de «discreta indiferencia» o «prudente lejanía»30, de «espléndido aislamiento»31 e, incluso, de «solipsismo constitucional»32 respecto al Derecho comunitario por parte de los Tribunales Constitucionales resulta cada vez más difícil de mantener. Entre los Tribunales Constitucionales a los que se reprocha ese distanciamiento se incluye también el Tribunal Constitucional español33. Por

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ello, una parte de la doctrina española viene reclamando una reconsideración de la función jurisdiccional del Tribunal Constitucional ante la evolución del Derecho de la Unión y, especialmente, la incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales34. En general, la doctrina europea presta cada vez más atención al papel de los Tribunales Constitucionales en el espacio jurídico europeo35.

También los propios Tribunales Constitucionales se han abierto gradualmente al Derecho de la Unión36. En efecto, no deja de ser significativo que, a pesar de la tradicional doctrina en sentido contrario37, en los últimos años, varios Tribunales Constitucionales hayan salido de su «distanciamiento deliberado» y hayan presentado sus primeras cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia: el Tribunal Constitucional italiano en abril de 200838 y en julio de 201339; el Tribunal Constitucional español en junio de 201140 y el Consejo Constitucional francés en abril de 201341, en ambos casos inquiriendo sobre el nivel de protección de los derechos fundamentales aplicable a la orden europea de entrega; y, finalmente, incluso el Tribunal Constitucional Federal alemán en enero de 201442, en relación con una cuestión ajena a los derechos fundamentales.

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En este nuevo escenario se suscitan diversas cuestiones sobre la posición de los Tribunales Constitucionales: ¿cuál debe ser la función de los Tribunales Constitucionales de los Estados miembros con respecto a los derechos fundamentales de la Unión? ¿Los derechos fundamentales de la Unión, que vinculan a las autoridades de los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión (art. 51.1 CDFUE), vinculan también a los Tribunales Constitucionales cuando ejercen su jurisdicción sobre actos adoptados por los poderes públicos internos? ¿Cómo afecta el mandato europeo de los jueces y tribunales nacionales a la función jurisdiccional de los Tribunales Constitucionales? ¿O su función de garantes de los derechos se circunscribe por partida doble: por un lado, al ámbito jurídico puramente autónomo como objeto de control y, por otro, al catálogo constitucional de derechos fundamentales como parámetro de control? ¿Deben resignarse los Tribunales Constitucionales de los Estados miembros a quedar desplazados por la competencia jurisdiccional combinada del Tribunal de Justicia y de los órganos jurisdiccionales nacionales, convirtiéndose en una especie de «víctima colateral» de la entrada en vigor de la Carta?43

Todo ello no es más que una parte de las cuestiones que se suscitan con la transformación del papel de los Tribunales Constitucionales nacionales en el sistema jurídico-político de la Unión y de sus Estados miembros44. Una parte, en cualquier caso, sustancial, pues la protección de los derechos fundamentales ha sido y sigue siendo función central de la jurisdicción constitucional.

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La reflexión sobre el impacto que puedan tener los derechos fundamentales de la Unión en las funciones de los Tribunales Constitucionales no es teórica, como ponen de relieve el planteamiento por el Tribunal Constitucional español de las cuestiones prejudiciales formuladas en el ATC 86/2011, de 9 de junio, y la posterior respuesta dada a dichas cuestiones por dicho Tribunal en Gran Sala en su Sentencia de 26 de febrero de 2013.

El problema jurídico que interesa desde la perspectiva del presente trabajo es cómo condiciona la función jurisdiccional del Tribunal Constitucional —el ámbito de su jurisdicción, su parámetro de control— el hecho de que un derecho fundamental de la Unión sea aplicable ratione materiae a un supuesto de hecho objeto de un proceso constitucional (un proceso de amparo o un proceso de control de normas). Como el problema no es específico de la jurisdicción constitucional española, conviene que prestemos también atención a los planteamientos doctrinales y jurisprudenciales desarrollados en otros Estados miembros.

Para delimitar el objeto de la presente investigación conviene realizar tres precisiones metodológicas. La primera es que las reflexiones contenidas en este estudio parten de la tradicional distinción entre objeto de control y parámetro de control: qué controlan los Tribunales Constitucionales con arreglo a qué canon45. El parámetro de constitucionalidad que aplica la jurisdicción constitucional puede ser simple o complejo, esto es, integrado por disposiciones distintas a las constitucionales (p. ej., preconstitucionales, infraconstituciona-les y externas al propio ordenamiento)46. Los Tribunales Constitucionales están obligados a precisar el objeto y el parámetro de control aplicable en los asuntos vinculados al Derecho de la Unión47. La cuestión del objeto de control es la que ha atraído tradicionalmente la atención de la doctrina48. En este trabajo la dis-

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cusión girará en particular en torno a la aplicabilidad por los Tribunales Constitucionales de los derechos fundamentales reconocidos en el ámbito de la Unión Europea (el «canon europeo») como parámetro de control de los actos de los poderes públicos internos. Por «derechos fundamentales reconocidos en el ámbito de la Unión Europea» o «canon europeo» entendemos tanto los derechos fundamentales contenidos en la Carta (art. 6.1 TUE) como los derechos fundamentales reconocidos en su condición de principios generales del Derecho de la Unión (art. 6.3 TUE)49. No obstante, para simplificar, se hará a menudo referencia a la Carta, que da especial visibilidad a los derechos fundamentales de la Unión, aunque no los agota.

La segunda precisión es que, a los fines de la investigación, debemos prescindir de dos cuestiones muy relevantes en el espacio constitucional multinivel europeo: cómo se construye uno u otro canon y cómo se define el ámbito de aplicación de uno y otro50. Sin duda, la forma en que se elabora el canon europeo no es irrelevante: una elaboración del canon europeo que dé preferencia al criterio de la «armonía con las tradiciones constitucionales de los Estados miembros» es menos proclive a suscitar conflictos con las jurisdicciones constitucionales que una elaboración marcadamente autónoma (ya sea «a la baja» o «al alza»). La cuestión relevante desde nuestra perspectiva es si, una vez definido el canon europeo de protección de un derecho fundamental, dicho canon ha de ser tomado en consideración e incluso aplicado por la jurisdicción constitucional, y de qué forma.

Y la tercera precisión metodológica es que nuestro análisis partirá del actual sistema de relaciones entre el ordenamiento constitucional y el ordenamiento de la Unión. Una modificación en clave federal o en clave intergubernamental del sistema de relaciones entre ambos ordenamientos podría condicionar las conclusiones que obtengamos.

La estructura del trabajo es la siguiente. Comenzaré explorando en el capítulo I los eventuales condicionantes sobre la función jurisdiccional de los Tribunales Constitucionales derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Para ello examinaré, por una parte, el alcance de la doctrina Simmenthal y su aplicabilidad a los Tribunales Constitucionales y, por otra, las Sentencias Melloni y Ákerberg Fransson, ambas de 26 de febrero de 2013, sobre la rela-

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ción entre los derechos fundamentales nacionales y los derechos fundamentales de la Carta. Seguidamente, en los capítulos II y III, expondré los modelos de relación o comunicación entre parámetro de control de constitucionalidad y Derecho de la Unión Europea adoptados por varios Tribunales Constitucionales europeos, que se inclinan por soluciones distintas, así como la postura adoptada por el Tribunal Constitucional español en la reciente STC 26/2014. En el capítulo IV propondré una solución alternativa para la jurisdicción constitucional española. En el capítulo V se valoran las ventajas e inconvenientes de los modelos de relación entre la jurisdicción constitucional y los derechos de la Carta analizados a lo largo del libro. Finalmente, el estudio se cierra con unas conclusiones.

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[1] Sala Sánchez, P. (2012), 71.

[2] Cruz Villalón, P. (2004), 67-68.

[3] Claes M. y De Witte, B. (2013), 80

[4] El Tribunal de Justicia confirmó de nuevo su doctrina en la Sentencia de 27 de junio de 1991, as. C-348/89, Me cañarte, p. 1-3299 (apdo. 45). Vid. Komárek, J. (2013), 428-430,437-438.

[5] Doctrina afirmada en las Sentencias del Tribunal Constitucional italiano n.° 183, de 27 de diciembre de 1973, y n.° 232, de 30 de octubre de 1975.

[6] Figueruelo Burrieza, Á. (1994), 300.

[7] Sentencia n.° 170, de 8 de junio de 1984, Granital. En el plano aplicativo se resuelve solo una parte de las antinomias normativas. El Tribunal Constitucional italiano mantiene abierta la vía del control de constitucionalidad, a través del art. 11 de la Constitución, en tres casos: a) cuando existe una contradicción entre una norma interna y una norma comunitaria no directamente aplicable, en cuanto que el juez ordinario no puede por su propia autoridad inaplicar la norma legal interna; b) cuando la contradicción afecta a los principios constitucionales supremos, entre los cuales se encuentra la tutela de los derechos fundamentales (Sentencia n.° 232, de 21 de abril de 1989); y c) los recursos directos de inconstitucionalidad (Sentencia n.° 384, de 10 de noviembre de 1994, y n.° 94, de 30 de marzo de 1995). En los casos a) y c) se utiliza el Derecho de la Unión como parámetro de constitucionalidad. Sobre el caso c) vid. Claes, M. (2006), 461-462. Se desarrollará la cuestión infra en el capítulo II, epígrafe 2.3.

[8] Por lo que respecta al Tribunal Constitucional español, este aceptó expresamente esa doctrina, con reproducción parcial de la Sentencia Simmenthal, en la STC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 6, y fue corroborada en la DTC 1/2004, de 13 de diciembre, FJ 4, en el ATC 228/2005, de 1 de junio, FJ 5 y en la STC 145/2012, de 2 de julio, FJ 5. En esta última sentencia declaró que «los Jueces y Tribunales ordinarios de los Estados miembros, al enfrentarse con una norma nacional incompatible con el Derecho de la Unión, tienen la obligación de inaplicar la disposición nacional, ya sea posterior o anterior a la norma de Derecho de la Unión (...) con independencia del rango de la norma nacional, permitiendo así un control desconcentrado, en sede judicial ordinaria, de la conformidad del Derecho interno con el Derecho de la Unión Europea (...)». Vid. también SSTC 64/1991, de 22 de marzo, FJ 4 a); 130/1995, de 11 de septiembre, FJ 4; 120/1998, de 15 de junio, FJ 4; y 58/2004, de 19 de abril, FJ 10.

[9] Vid. Claes, M. (2006).

[10] Sobre la cuestión prioritaria de constitucionalidad regulada en Francia vid. Belloir, P. (2012); Dupic, E. y Briand, L. (2012).

[11] STJ [Gran Sala] de 22 de junio de 2010, as. ac. C-188/10 y C-189/10, A/e/fó y Abdeli, p. 1-567, apdos. 56-57. Vid. Sarmiento, D. (2011); Bossuyt, M. y Verrijdt, W. (2011).

[12] Desde la perspectiva del presente estudio cabe destacar que la desaparición de la antigua división en «pilares» y de gran parte de las restricciones que operaban sobre la jurisdicción del Tribunal de Justicia en relación con los pilares intergubernamentales permite simplificar el marco normativo, pues anteriormente la doctrina tendía a diferenciar las relaciones entre el Derecho de la Unión y el Derecho interno en materia de derechos fundamentales en el pilar comunitario y en los pilares intergubernamentales, apreciando con respecto a estos últimos una mayor decisión por parte del Tribunal Constitucional a la hora de aplicar el estándar interno de protección a las medidas estatales de aplicación de los actos adoptados en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal. Vid. en este sentido Alonso García, R. (2005c), 35-46 y Díaz Crego, M. (2009), 241-267 (pilar comunitario) y 268-274 (pilares intergubernamentales).

[13] Dictamen 2/13 del Tribunal de Justicia [Pleno] de 18 de diciembre de 2014. Sobre el tema de la adhesión puede verse Gragl, P. (2013, 2014a y 2014b).

[14] Guillen López, E. (2011), 335, 340 ss.

[15] Cruz Villalón, P. (2004), 115-129, donde califica a la Carta como «convidado de piedra», pero no descarta «que la Carta cobre vida propia, acaso por obra y gracia de los jueces, y adquiera el protagonismo que tanto empeño se ha puesto en negársele. Mayores prodigios se han visto en los avatares del constitucionalismo». La visión escéptica, si bien ya minoritaria, persiste en algunos autores: Weisse-Marchal, C. (2013).

[16] Morano-Foadi, S. y Andreadakis, S. (2011), 610 (paving the wayfor a new era ofintegra-tion based on rights); Iglesias Sánchez, S. (2012a y 2012b); Sarmiento, D. (2013a), 1268; Len-aerts, K. y Gutiérrez Fons, J. A. (2014), 1560; y Requejo Pagés, J. L. (2015), 497 -^

[17] White,R. (2011).

[18] Komárek, J. (2013), 421; y «2013 Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights», Bruselas, 14.4.2014, COM(2014) 224 final.

[19] Morano-Foadi, S. y Andreadakis, S. (2011), 600.

[20] «2014 Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights», Bruselas. 8.5.2015 COM(2015) 191 final, p. 2.

[21] Vid. «2014 Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights», Bruselas, 8.5.2015 COM(2015) 191 final, p. 7.

[22] El control difuso de compatibilidad puede ser ejercido por toda autoridad nacional que encaje en el concepto de «órgano jurisdiccional nacional» elaborado por el Tribunal de Justicia: esto es, también por los tribunales económico-administrativos o, eventualmente, por los tribunales independientes instaurados para la resolución de recursos administrativos en materia de contratos del sector público. Algunos autores abogan por excluir por regla general la facultad de plantear la cuestión prejudicial de interpretación a los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones sean susceptibles de ulterior recurso —vid. Komárek, J. (2007)—: ello tendría importantes consecuencias para la cuestión que se analiza en el texto. Sobre el control descentralizado de compatibilidad con el Derecho de la Unión vid. Ferreres Cornelia, V. (2004 y 2009, capítulos 10-12). Sobre la aplicación de la Carta por los órganos judiciales de los Estados miembros vid. el informe final, preparado por Diez-Picazo Giménez, L. M. y Fraile Ortiz, M. (2012), del XXIII Coloquio de la Asociación de Consejos de Estado y de las Jurisdicciones Administrativas Supremas de la Unión Europea (Madrid, 25-26 de junio de 2012).

[23] Algunos autores ni siquiera lo contemplan como un control indirecto. Vid. Morano-Foadi, S. y Andreadakis, S. (2011), 601: «The ECJ has now to assess the compliance between the natio-nal law, within the scope of application of Union law, and the Charter».

[24] Vid. en este sentido, por ejemplo, la reciente STJ (Sala Primera) de 17 de julio de 2014, as. C-169/14, Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García y Banco Bilbao Vizcaya Argentaría, S.A. Lo cual puede servir de contraste a las opiniones, a mi juicio un tanto apresuradas, que denuncian una supuesta construcción sin rigor y a la baja de los estándares europeos de la Carta.

[25] SSTJ de 9 de noviembre de 2010, as. ac. C-92/09 y C-93/09, Schecke, p. 1-11063; de 1 de marzo de 2011, as. C-236/09, Test-AchatsASBL, p. 1-773; de 17 de marzo de 2011, as. C-221/09, AJD Tuna, p. 1-1655; y de 8 de abril de 2014, as. ac. C-293/12 y C-594/12, Digital Rights Ireland, no publicada aún en la recopilación oficial. Al respecto puede verse en la doctrina Muir, E. (2014); Marinas Suárez, D. (2015), 176-192.

[26] Sarmiento, D. (2013), 1269. Otra sentencia post-Lisboa a la que la doctrina atribuye un significado constitucional, cuyas implicaciones van más allá del objeto del presente estudio, es la STJ de 21 de diciembre de 2011, as. ac. C-411/10 y C-493/10, N.S. Así, para Canor, I. (2013), esa sentencia representa una especie de «Solange horizontal», pues en virtud de ella determinadas políticas nacionales, en el ámbito de la soberanía retenida por los Estados, quedan subordinadas al contenido nuclear de los derechos fundamentales europeos y se sujetan al escrutinio de los órganos judiciales de los demás Estados miembros.

[27] Brkan, M. (2013), 145; De Burea, G. (2013); y Requejo Pagés, J. L. (2015), 495. Desde su misma creación el Tribunal de Justicia ya ejercía funciones típicas de los Tribunales Constitucionales, como ha sido subrayado por la doctrina europea. Vid. a este respecto Pescatore, P. (1965); Schwarze, J. (1983); Lenaerts, K. (1991), 32-35; Rodríguez Iglesias, G. C. (1992); Saiz Arnaiz, A. (1999b); Rodríguez Iglesias, G. C. y Baquero Cruz, J. (2006); Azoulai, L. (2008); Manthey, L. y Unseld, C. (2011); Marica, A. (2013), 171-300; y Martín y Pérez de Nanclares, J. (2013). 173-177.

[28] Sobre el argumento vid. en detalle Claes, M. (2006), 399-423.

[29] González Campos, J. D. (2002), 500.

[30] Azpitarte Sánchez, M. (2008), 192.

[31] Entre otros, Millet, F. X. (2012), ya desde el título de su trabajo, y Requejo Pagés, J. L. (2015), 493. En el siglo xix la expresión splendid isolation reflejaba la concepción popular sobre la política exterior británica.

[32] Baquero Cruz, J. (2009), 148-149, 153-154.

[33] Sobre su «desencuentro» y su «incomodidad» con el Derecho comunitario vid., por ejemplo, las palabras de Huelin Martínez de Velasco, J. (2011), 377-378: «Creo que nuestro Tribunal Constitucional no ha sabido encontrar su sitio en el entramado institucional de la Unión Europea. Aunque su incomodidad ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, durante muchos años ha dado la impresión de que la dimensión jurídica del proceso de integración en el Viejo Continente no fuera con él». En similar sentido, Requejo Pagés, J. L. (2015), 493-495, 499 se refiere a la actitud de «espléndido aislamiento» e «indiferencia imperdonable» del Tribunal Constitucional para con el Derecho comunitario, e incluso de «un cierto prurito de defensa de la posición de supremacía del Tribunal Constitucional», y a la «grave desorientación (...) en lo que hace a su lugar en el entramado institucional de la Unión» que late en la STC 26/2014. Igualmente, Arroyo Jiménez, L. (2013), 140: «cierta indiferencia» y «relativa incomunicación». Más áspero es el diagnóstico de Roldan Barbero, J. y Diez Peralta, E. (2006), 105: «la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en lo concerniente al Derecho comunitario es decididamente errática y, por tanto, también imprevisible» (p. 105); «Muchas de las crónicas sobre la aplicación judicial del Derecho comunitario en España editadas en esta Revista [RDCE] y en su antecesora, la Revista de Instituciones Europeas, y otros muchos comentarios doctrinales que sobre esta materia se han publicado desde nuestra adhesión a las Comunidades Europeas, albergan severas y fundadas críticas sobre el corpus jurisprudencial elaborado por el Tribunal Constitucional en relación con el ordenamiento jurídico comunitario» (p. 112).

[34] González Campos, J. D. (2002), 504-506; Mangas Martín, A. (2005), 970-971; Saraza Ji-mena, R. (2006), 17; Azpitarte Sánchez, M. (2008), 197; Guillen López, E. (2011), 340; Huelin Martínez de Velasco, J. (2011), 391 ss.; Torres Pérez, A. (2011), 173, 179; García Roca, J. (2012), 215; Ugartemendia Eceizabarrena, J. I. y Ripol Canilla, S. (2014), 121-149.

[35] Cruz Villalón, P. (2004), 65-81; Claes, M. (2006), 452-464; Pérez Tremps, P. (2009); Bobek, M. (2012); Komárek, J. (2013 y 2014); Claes, M. y De Witte, B. (2013); Torres Pérez, A. (2013).

[36] Cartabia, M. (2015), 52 afirma que la tradicional actitud de indiferencia de los Tribunales Constitucionales hacia la jurisprudencia de los tribunales europeos ha quedado obsoleta, y que la dimensión europea ha entrado definitivamente en el horizonte de acción y cognitivo de los guardianes de las constituciones nacionales, para ser protagonistas activos de una construcción común. En la misma línea, Sarmiento, D. (2013b), 889 señala que los Tribunales Constitucionales se han dado cuenta de que la indiferencia o la hostilidad hacia la integración europea son estrategias perdedoras.

[37] Como botón de muestra de la postura tradicional en la doctrina puede verse Ortiz Vaamon-de, S. (2001), 319: «Teniendo en cuenta que, según el propio TC, el Derecho comunitario, originario o derivado, no constituye canon de constitucionalidad en los procesos constitucionales, es difícil pensar que surja la necesidad de plantear la cuestión prejudicial de interpretación o validez». En el mismo sentido se manifestaba López Castillo, A. (1998), 201, 205: «hipótesis, altamente improbable por cierto, de un posible planteamiento de cuestión prejudicial ex artículo 177 TCE por parte del TC».

[38] Mediante el Auto 103/2008. Sobre los motivos y la fundamentación del planteamiento vid. Fontanelli, F. y Martinico, G. (2010). Sobre la respuesta del Tribunal de Justicia vid. Di Comité. V. (2011).

[39] Mediante el Auto 207/2013, de 18 de julio. Vid. Pollicino, O. (2014).

[40] Sobre el ATC 86/2011 y la posterior Sentencia del TJ en Gran Sala de 26 de febrero de 2013 vid. las referencias citadas en las notas 67 y 75, respectivamente.

[41] Sobre la cuestión prejudicial del Conseil Constitutionnel y la posterior Sentencia del TJ de 30 de mayo de 2013 vid. Dyevre, A. (2014) y Millet, F. X. (2014).

[42] BVerfG, 2 BvR 2728/13 de 14.01.2014; . En la doctrina puede verse Azpitarte Sánchez, M. (2014); García-Andrade Gómez, J. (2014); López Castillo, A. (2014); Pernice, I. (2014); Wendel, M. (2014).

[43] Hay quien así lo considera: «The national constitutional courts' authority and legitimacy is to a considerable extent built on the fundamental rights protection they offer. Dislocating fundamental rights protection from the national arena may undermine and erode the functioning of these courts in the national constitutional spheres and therefore affect the national trias política. This is all the more because it is ordinary courts that refer questions to the ECJ, which in turn determines the applicable fundamental rights standard, and finally it is ordinary courts that apply European law, side-stepping national constitutional issues as they might have played out in constitutional courts» —Reestman, J. y Besselink, L. (2013), 171, énfasis en el original—.

[44] Vid. al respecto Komárek, J. (2014). El autor sostiene que el proceso de transformación de los Tribunales Constitucionales nacionales se ha visto acelerado por varias sentencias recientes del Tribunal de Justicia (Sentencias MeIki y Abdeli, Winner Wetten, Krizan, Ákerberg Fransson y Melloni) y por la propia aproximación de tales tribunales hacia el Derecho de la Unión (Sentencia del Tribunal Constitucional austríaco de 14 de marzo de 2012). El resultado sería el desplazamiento de los Tribunales Constitucionales nacionales de su lugar en el derecho y la política constitucionales y su sustitución por los tribunales ordinarios. El autor argumenta que el mantenimiento de una posición especial de los Tribunales Constitucionales nacionales constituye un interés vital tanto para la Unión como para los Estados miembros: la misión primordial de los Tribunales Constitucionales nacionales en el marco de lo que denomina la «democracia constitucional europea» sería promover y tutelar los intereses de quienes son sistemáticamente ignorados por el Derecho de la Unión, que son básicamente los que no hacen uso de las libertades económicas (y que denomina los immobile locáis). Señala que «we need to acknowledge the important place national constitutional courts have in its institutional estructure, not as guarantors of certain rights and freedoms, but as important parts of comunicative arrangements which genérate deci-sions that remain open to further revisión, and are subject to communicatively generated legitimacy» (p. 542).

[45] Vid., por ejemplo, en los arts. 27.2 y 28.1 LOTC la distinción entre objeto de control y parámetro de control en los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad regulados en la LOTC.

[46] El art. 28.1 LOTC establece las normas cuya infracción puede acarrear la inconstitucionalidad de una ley. No obstante, el Tribunal Constitucional ha admitido también a los reglamentos parlamentarios como parámetro de constitucionalidad de la leyes (siempre que se altere de modo sustancial el proceso de formación de voluntad en el seno de las Cámaras), aunque no están mencionados en el art. 28.1 LOTC [SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 11 a); 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 4; 227/2004, de 29 de noviembre, FJ 2; y 138/2011, de 13 de septiembre, FJ 6]. La STC 227/2004 (FJ 2) señala que los reglamentos parlamentarios «en algunos supuestos pueden ser considerados como normas interpuestas entre la Constitución y las leyes y, por ello, en tales casos, son condición de la validez constitucional de estas últimas». Sobre la necesidad de un parámetro complejo de constitucionalidad y los falsos parámetros de constitucionalidad en el sistema constitucional español vid. Requejo Rodríguez, P. (2006). Vid. también, desde la experiencia italiana, Dal Canto, F. (2006).

[47] Ya Streinz, R. (1989), 472; en relación con el Tribunal Constitucional Federal alemán vid. ibidem, 293-304.

[48] Sobre el Derecho de la Unión como objeto de control por los Tribunales Constitucionales vid. López Castillo, A. (1988); Streinz, R (1989); Cienfuegos Mateo, M. (1998), 561, con abundantes referencias; Azpitarte Sánchez, M. (2002 y 2014); Alonso García, R. (2005c), 25-30; Claes, M. (2006), 559-594 (perspectiva europea), 594-645 (perspectiva nacional).

[49] Sobre los problemas de delimitación y articulación de las distintas fuentes de derechos fundamentales en la Unión Europea vid. Ludwig, T. C. (2011); Schütze, C. B. (2011);Hoffmann, H. y Mihaescu, B. C. (2013); Streinz, R. (2013a).

[50] En relación con ambas cuestiones estamos asistiendo a los primeros movimientos tácticos del Tribunal de Justicia. Iglesias Sánchez, S. (2013), 1172, ha sugerido que el Tribunal parece renunciar a tener el monopolio interpretativo sobre el estándar de protección de los derechos de la Carta. De momento puede parecer más interesado en garantizar el ámbito de aplicación de la Carta que en afirmar un eventual monopolio interpretativo. En realidad, todo depende del contenido de las cuestiones prejudiciales que se le planteen. De hecho, el Tribunal de Justicia no renuncia a fijar el estándar de la Unión cuando ello es necesario, como por ejemplo en el asunto Melloni.

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