Introducción

Autor:Revista Lan Harremanak
Páginas:13-15
 
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INTRODUCCIÓN
El presente monográfico de Lan Harremanak recoge las intervenciones reali-
zadas en las jornadas que bajo el título «El reto de una sociedad inclusiva» se ce-
lebraron los días 19 y 20 de Septiembre de 2013 en el Auditorio Mitxelena del
Bizkaia Aretoa. Estas jornadas, coorganizadas por la Federación Sartu y la Es-
cuela Universitaria de Relaciones Laborales de la UPV/EHU, conmemoraban el
25 aniversario de la Federación Sartu, entidad que actúa en la CAPV en el ám-
bito de la inclusión social y laboral.
En estos 25 años, Sartu ha atendido a un total de 100.764 personas, más de
la mitad de las personas han sido derivadas de los Sistemas Públicos de Servicios
Sociales y Empleo. Ha contribuido a generar más de 15.000 empleos, 16 empre-
sas sociales y de inserción y 1.200 puestos de autoempleo. Ha trabajado con las
personas, desarrollando sus competencias y su autonomía, pero también lo ha he-
cho en el entorno social y económico, desde una perspectiva de desarrollo comu-
nitario y ello es particularmente relevante en un momento en que la crisis y el sis-
tema económico destruye mucho tejido social.
Impulsar la inclusión con las personas más vulnerables nos obliga a todos los
agentes a ir por delante en innovación, en metodologías, en visiones que ayu-
den desplegar todos los recursos que tienen a su alcance las personas y el en-
torno. Además, desde que comenzó la crisis ha crecido la desigualdad, el paro y
la exclusión a un ritmo y con una profundidad tal, que la inquietud social por el
riesgo de desvertebración social es muy grande.
La política de inclusión debiera de ser el núcleo de un proyecto de sociedad
cohesionada y justa, que desarrolle un modelo de inclusión social de carácter in-
tegral en el que el centro sean las personas.
En el primer artículo, el Ararteko Iñigo Lamarca Iturbe defiende que la ga-
rantía de los derechos sociales constituye una obligación jurídica para los pode-
res públicos y por consiguiente, todas las administraciones han de llevar a cabo
políticas económicas, fiscales y sociales que permitan la protección y la sosteni-
bilidad de los derechos sociales.

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