Introducción

Autor:Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol
Páginas:17-18
 
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Justicia tardía, justicia baldía

reza el adagio popular. De la justicia se espera en efecto no sólo que sea justa, sino también que sea eficaz.

Una justicia eficaz debe intentar obtener la respuesta más acertada en el mínimo tiempo posible. Se produce así un binomio entre garantías y celeridad que las normas procesales deben intentar equilibrar de la forma más satisfactoria posible. El sistema debe procurar obtener el máximo índice posible de acierto en las resoluciones a los conflictos intersubjetivos y para ello establece un conjunto de procedimientos y garantías cuya aplicación requiere inexorablemente el transcurso de tiempo. Los juristas, y de forma especial los iusprocesalitas, han dedicado notables esfuerzos a estudiar dicha cuestión.

Pero, como servicio público que es, la administración de justicia no sólo debe intentar ser eficaz, sino también ser asimismo lo más eficiente posible. Los recursos públicos son por definición limitados. Todo euro que se dedique a la administración de justicia se está detrayendo de otros servicios públicos no menos trascendentes como pueden ser la sanidad, la educación o la seguridad.

Por otra parte, como han destacado las más importantes organizaciones internacionales de carácter económico como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, el Foro Económico Mundial o el Banco Mundial, existe una muy estrecha relación entre crecimiento económico y eficacia del sistema judicial. Junto a su dimensión jurídica, por su impacto económico, el correcto funcionamiento del sistema judicial constituye pues un tema de indiscutible interés para la ciencia económica.

A diferencia de lo que sucede respecto de la eficacia de la justicia, su eficiencia ha sido objeto de una atención mucho menor, quizás debida a la ancestral

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aversión de los juristas por los números. Sería injusto no destacar que existen algunos interesantes estudios al respecto, pero, en general, los juristas españoles han dedicado escasa atención a temas tales como medir el coste agregado de la justicia y su relación con la duración de los procesos, el índice de litigiosidad de las tasas de resolución de la Administración de Justicia, cuestiones prácticamente vírgenes entre los juristas y hasta la fecha...

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