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Introducción

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Vincent
AutorSantiago Lago Peñas/Xoaquín Fernández Leiceaga/Patricio Sánchez Fernández/Xoaquín Álvarez Corbacho
Páginas5-7

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Las diferencias interregionales en renta per cápita persisten en España. Desde la configuración del sistema autonómico, su ritmo de reducción se ha atenuado, al tiempo que se estancaba la movilidad interior de la población. Ni la igualación en la dotación de fondos para la provisión descentralizada de servicios básicos a la población, ni la instrumentación española y europea de las políticas de desarrollo regional han sido capaces de contrarrestar los factores de polarización, que operan ahora en un entorno más abierto.

La Constitución española de 1978 contempla el principio de solidaridad entre territorios, disponiendo la creación de un Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) destinado a gastos de inversión que debía ser distribuido entre las Comunidades Autónomas y las provincias por las Cortes Generales. El FCI ha sido central en la política regional española desde la primera mitad de los años ochenta. No obstante, en una primera fase (1984-1990) esta función se hizo compatible con la necesidad de dotar de recursos a todas las comunidades para la inversión en los servicios que asumían. El FCI era un mecanismo de financiación básica, que cubría deficiencias del proceso de transferencias (Melguizo, 1988; Borrell y Zabalza, 1990). Solo a partir de 1990 se configura como un instrumento exclusivo de política regional que convive con la política regional europea impulsada a finales de los años ochenta.

¿Por qué es necesario abrir ahora el debate sobre el FCI? En primer lugar, la dura recesión que ha azotado a la economía española desde 2008 ha disparado de nuevo el problema del desempleo, lo que generará consecuencias sobre el proceso de convergencia regional. Porque las altas tasas de paro en todas las regiones, que se mantendrán al menos en lo que resta de

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década, reducen los incentivos a la movilidad interregional y, por tanto, a la corrección de los desequilibrios vía movilidad de factores.

En segundo lugar, los fondos europeos de desarrollo destinados a las regiones españolas menos desarrolladas caerán sensiblemente en el periodo de programación 2014-2020. Y la caída será sustancialmente superior, sin duda, en el siguiente. Por tanto, la política regional europea se retirará de forma progresiva de la función que ha desempeñado en España en los últimos 25 años.

En tercer lugar, la última oleada de reformas estatutarias ha pretendido condicionar territorialmente las inversiones realizadas por la Administración General...

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