Introducción

AutorAndrés M. González Sanfiel
Cargo del AutorProfesor de Derecho Administrativo

Las infraestructuras están de moda. El fenómeno liberalizador-privatizador ha generado la necesidad de encontrar un nuevo marco regulador para todas ellas, a fin de conseguir un mayor desarrollo del principio de competencia en el mercado. Ello las convierte en tema de especial atención desde los diversos sectores. Políticos, agentes sociales y económicos las ponen encima de la mesa como punto de debate y negociación; el legislador afronta las reformas necesarias para establecer las nuevas reglas del juego; los ciudadanos reclaman más, mejores infraestructuras y una mayor calidad-precio para los servicios que se prestan sobre aquéllas; en fin, la doctrina aborda su estudio y aporta sus propuestas para hacer más comprensibles esta compleja realidad. La cuestión no pasa desapercibida ni indiferente para nadie.

Políticamente las infraestructuras se presentan como un símbolo de progreso y bienestar para la sociedad, de ahí que, por ejemplo, el plan de infraestructuras se anuncie a bombo y platillo1 destacando los 19 billones de pesetas que se van a invertir durante el período 2000-2007, especialmente en materia de transporte y telecomunicaciones; o se convierta en tema de discusión electoral, como ha sucedido con la infraestructura aeroportuaria, proponiéndose desde el Gobierno su inminente privatización frente a las demandas de determinadas comunidades autónomas que reclaman su gestión.

Los distintos operadores económicos demandan, a su vez, una mayor presencia en sectores tradicionalmente publificados, dando lugar tanto a la generación de infraestructuras y servicios privados (p. ej. telecomunicaciones o energía), como a la búsqueda de nuevas fórmulas de participación en la financiación y gestión de infraestructuras públicas (p. ej. carreteras u obras hidráulicas); los sindicatos se mantienen cautelosos ante la reducción de puestos de trabajos que generalmente acompaña a la privatización de empresas públicas de infraestructuras y servicios; los ciudadanos exigen que, en cualquier caso, se garantice un conjunto de prestaciones consideradas básicas, asequibles a todos en condiciones de igualdad y continuidad (servicio universal), pero aumentando su calidad y abaratando su coste.

Nuestro legislador, bajo el impulso de la Unión europea, viene desarrollando una profunda transformación de los esquemas clásicos en esta materia. Como muestra cabe recordar la promulgación de distintas leyes liberalizadoras, como la del sector eléctrico (1997)...

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